En lo que va de 2019, México y su ciudad más grande han experimentando un escalofriante incremento en la tasa de crímenes de alto impacto. En el trimestre enero-marzo se contabilizaron 8,737 homicidios dolosos a nivel nacional (Espino, 2019), la cifra más alta para un periodo similar desde la Guerra Cristera. En fechas recientes, la organización Semáforo Delictivo reportó que en el mismo periodo se observó en la Ciudad de México un aumento de 48% en homicidios, 474% en violaciones y 550% en secuestros (Fuentes, 2019).
Casi tan alarmantes como estas estadísticas, quizá, son las visiones que los últimos gobiernos han tenido sobre cómo remediar esta terrible situación. La falta de un modelo causal robusto sobre el fenómeno se ha traducido en soluciones simplistas basadas, con modestos matices, en el enfoque de seguridad pública. Si el Estado mexicano ha de garantizar un nivel mínimo de convivencia pacífica en las ciudades y pueblos del país, lo primero que tiene que hacer es actualizar su teoría operativa sobre la criminalidad, sus causas y sus consecuencias. En estas líneas se ofrecen algunas ideas para llenar algunos de los numerosos vacíos que hay en nuestra narrativa sobre las tragedias que hoy enlutan a decenas de miles de mexicanos.
Ilustración: Oldemar González
No hay una sola clase de criminal
Pese a la abultada literatura sobre delito, criminalidad y violencia, las explicaciones más escuchadas sobre estos fenómenos en México se basan en dos reduccionismos: los delincuentes son intrínsecamente malvados —esencialismo moral— o son personas comunes atrapadas por la necesidad —esencialismo racional—. Ambas nociones, así de maniqueas y chabacanas, no han sido tema sólo de discusiones entre ciudadanos de a pie. Los gobernantes en turno han tomado decisiones sobre estas ideas tan rústicas al grado de declarar una guerra contra la delincuencia o de sugerir que, tan sólo con generar bienestar, el problema quedará saldado.
Como he discutido en contribuciones previas a este medio, existen delincuentes de oportunidad, como los funcionarios corruptos, así como criminales sociogenéticos, como los feminicidas. Por su parte, dentro de la disciplina jurídica se reconoce una clase de delincuente que bien podría encajar en la visión racional-esencialista: aquel que comete hurto famélico. Estas tres clases son tipos ideales, pues la dinámica de la criminalidad con frecuencia genera cadenas de interacción en las que se combinan la necesidad, la oportunidad y el odio.
Para combatir eficazmente la criminalidad, lo primero que se tiene que comprender es la combinación de circunstancias que producen escenarios criminógenos, es decir, en los que confluyen motivos, lugares y situaciones para producir un homicidio, un secuestro, una violación, etcétera. Sin embargo, ello no es suficiente, pues las causas de la vorágine criminal que vive nuestro país no se gestaron en este sexenio, ni en el anterior y, ni siquiera, en este milenio. Durante décadas hemos sido omisos como sociedad y como Estado ante una constante erosión de las normas, las circunstancias socioeconómicas y las características territoriales que funcionan como sistemas de contención al impulso de ser los lobos de otros hombres (y mujeres, por supuesto). Estas omisiones son especialmente notables si nos enfocamos en los delitos de alto impacto como los feminicidios, los homicidios, las violaciones y los secuestros.
Por ello, a estas alturas, el problema no encontrará una solución en la militarización de la seguridad pública, y tal vez ni siquiera en la reestructuración y limpieza del sistema penal-judicial. Si alcanzáramos el ideal de cero impunidad, probablemente veríamos una modesta mejora en algunos indicadores. Sin embargo, la historia de tantas tragedias se empezó a escribir desde hace mucho tiempo, y en ello intervinieron una serie de factores que, de no ser atendidos uno a uno, seguirán generando las condiciones para que la criminalidad, especialmente la más violenta, encuentre el tiempo y el espacio para seguir lesionando a la sociedad.
La aberrante cadena del crimen violento
Nadie nace siendo un feminicida o un homicida. Desde la perspectiva individual, tienen que pasar varias cosas antes de que alguien decida destruir a otros seres humanos en tiempos de paz. Los primeros signos de problemas de adaptación social se presentan en la primera infancia, y de acuerdo con numerosos estudios en la materia, la causa de estas deficiencias puede ser rastreada incluso hasta la gestación. De acuerdo con el famoso estudio de Deborah Denno, Biology and Violence (1990), décadas de mediciones realizadas en poblaciones de riesgo han establecido una relación entre el estrés prenatal —definido como un proceso de gestación en condiciones de privación social y alimentaria— y una amplia gama de condiciones que dificultan la adaptación de los hijos al entorno, como déficit de atención, problemas de comprensión abstracta y lesiones cerebrales menores (p. 9).
Estas desventajas iniciales, enmarcadas en muchos casos en los estudios pedagógicos, tienen serios efectos en la socialización de los individuos. Una persona que no comprende el lenguaje de la misma forma que sus pares, por ejemplo, está condenada, casi de inmediato, a ser relegada del mundo social de los significados, los valores y la expresión de las emociones. No es difícil asociar esta circunstancia con un sentimiento de frustración y una condición de ostracismo inmerecido que impiden que el individuo se identifique con sus pares, lo que, en consecuencia, le dificulta desarrollar el sentimiento elemental de la convivencia social: la empatía.
Esta lotería del nacimiento, además, se encadena de forma perversa con sus propias condiciones de existencia. Un recuento de estudios pediátricos llevado a cabo en 2016 por académicos de la Universidad de Nueva York menciona que hay evidencia de que los individuos que crecen en la pobreza —la medición se llevó a cabo en personas de los cuatro a los 22 años— tienen una densidad menor de materia gris en los lóbulos frontal y temporal, así como en el hipocampo, que quienes no han experimentado carencias (Blair y Raver, 2016). Esta asociación resulta especialmente relevante, pues la evidencia científica reciente sugiere que hay una fuerte asociación entre la disfunción del lóbulo frontal y la tendencia a cometer crímenes violentos (Brower y Price, 2001, p. 720).
Aunado a esta relación entre la neurobiología y el entorno socioeconómico, una explicación sumamente individualista, la sociogénesis del crimen violento también encuentra explicaciones estructurales. Las condiciones de pobreza y subdesarrollo que detonan la cadena del ostracismo —de la incapacidad de adaptarse a la sociedad y de ser empático con el otro— son, a su vez, reproducidas y fortalecidas por la violencia. Un estudio realizado en la Universidad de Stanford sobre la relación entre desarrollo y violencia en México encontró que un ambiente violento —como el que se vive en centenas de municipios del país— obstaculiza a los pobladores a incorporarse al mercado laboral y a iniciar un negocio, lo que tiene efectos inmediatos y perdurables en su ingreso y bienestar (Robles et al., 2013). ¡Vaya! Al observar el efecto que tiene la práctica del cobro de piso en muchas comunidades de México, no se necesita un gran estudio para verificar esta asociación. Sin embargo, lo que no resulta tan evidente, es cómo un fenómeno estructural genera condiciones para establecer un ciclo de reproducción social.
La información que he citado para este artículo no es difícil de encontrar, ni se haya en la periferia de la academia. Estas asociaciones, que comienzan a dibujar una cadena causal de la criminalidad en México, son fáciles de comprender. Como parte de una nueva teoría operativa del combate al crimen en el país también deberían incluirse elementos de socialización a gran escala que por cuestiones de espacio no puedo tratar en estas líneas, como la influencia que ejerce el machismo como ideología político-civilizatoria (rebasada, opresora) en la epidemia de feminicidios (Villalpando, 2018), o el inescapable vínculo entre desigualdad y violencia generalizada (Marmot y Bell, 2009).
Sin embargo, en los últimos sexenios —diría que en todos, pero sería injusto dado el nivel de avance de las ciencia sociales— no hemos visto una transición, ni siquiera incremental, de un modelo de seguridad a un modelo de paz social. La noción misma de seguridad remite a modelos de intervención chatos, coptos, que apuestan por una solución gendarmeril, es decir, por poner soldados/policías en las esquinas. En el mejor de los casos, como en la administración federal anterior, se intentó concatenar esa visión con la teoría de las ventanas rotas, es decir, tratar de impedir que la gente se asesine pintando las casas y arreglando los parques. Hoy, lamentablemente, vemos que estas acciones han sido absolutamente insuficientes.
Si no se incorporan más elementos de esta compleja cadena causal al modelo de seguridad para convertirlo en un modelo de paz social, si continúa la práctica de divorciar el fenómeno de la violencia de sus causas profundas, entonces las tasas de crímenes de alto impacto en México, sus pueblos y sus grandes ciudades están en camino de volverse crónicas. Evitarlo implica generar, dentro del mismo modelo de paz social, mecanismos para atacar puntualmente cada cadena del eslabón, desde la desnutrición in-útero hasta el secuestro del aparato productivo y de la industria de servicios por parte del crimen organizado.
El objetivo de ésta y de las administraciones venideras debe ser retirar, uno a uno, los insumos, la materia prima, que hacen de México una fábrica de criminales violentos.
Referencias
Blair, C. y Raver, C.C. (2016). Poverty, Stress, and Brain Development: New Directions for Prevention and Intervention. Academic Pediatrics 16 (3, suplemento), pp. 30-36.
Brower, M.C. y Price, B.H. (2001). Neuropsychiatry of Frontal Lobe Dysfunction in Violent and Criminal Behaviour: a Critical Review. Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry 71, pp. 720-726.
Denno, D. (1990). Biology and Violence. Nueva York, Estados Unidos: Cambridge University Press.
Marmot M. y Bell, R. (2009). Inequality and Violence. 4th Milestones of a Global Campaign Violence Prevention[Ponencia]. Ginebra, Suiza.
Robles, G., Calderón, G. y Magaloni, B. (2013). The Economic Consequences of Drug-Trafficking Violence in Mexico. Poverty and Governance Series Working Paper, s.p.
