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miércoles, 2 de enero de 2019

EL GLOSARIO de la CORRUPCION del "LENGUAJE de CORRUPTOS"...para entender mejor a los que no entienden y no nos atienden.

La mejor manera para controlar la corrupción y disminuir la impunidad es construir una ciudadanía informada, participativa y activa. Desarmar la corrupción es un espacio que busca contribuir a este fin. Sin embargo, en este proceso existe un primer paso que muchas veces se da por sentado: el lenguaje que utilizamos para hablar sobre corrupción. El objetivo del siguiente glosario, que se actualizará regularmente, es abonar a que la conversación parta de un entendimiento común.

Actuación bajo conflicto de interés ⌄
Servidor público que intervenga en asuntos en los que tenga un interés privado.
Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Abuso de funciones ⌄

Servidor público que se extralimite en sus funciones para generar un beneficio adicional
Esto puede suceder en los casos donde ilícitamente se otorgan concesiones, permisos, licencias, adjudicaciones o deducciones sobre ingresos fiscales; ilícitamente se contrata deuda o colocan fondos y valores con recursos públicos, se dan o se reciben mordidas, o se utilizan funciones para amenazar.
Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

México: Anatomía de la CorrupciónMexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Abuso de poder ⌄

Tiene lugar cuando un dirigente, un superior o una autoridad se aprovecha de su cargo y de sus atribuciones frente a alguien que está ubicado en una situación de dependencia o subordinación.
Esto sucede en casos donde se utilizan corporaciones de la fuerza pública para impedir la ejecución de la ley, una resolución judicial o el cobro de impuestos; se retrasa o niega un servicio a un particular cuando se tiene la obligación de otorgarlo; se obtiene o solicita sin derecho o causa legítima parte del sueldo o remuneración de sus subalternos; y en la coalición de servidores públicos para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento
Fuente: México: Anatomía de la CorrupciónMexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Acarreo ⌄

Participación forzada de un grupo de personas en un acto político. Por ejemplo, obligar la asistencia a una mitin.
Fuente: Diccionario de mexicanismos. Academia Mexicana de la Lengua.

Carrusel ⌄

Es cuando un ciudadano vota más de una vez por el mismo candidato. La técnica consiste en que un grupo de ciudadanos vota en diferentes casillas apoyados con credenciales falsas.

Catafixia ⌄

Es similar al carrusel pero tiene sus variaciones pues consiste en entregar a un grupo de ciudadanos boletas marcadas por un candidato para que, después, el elector meta en la urna la boleta previamente tachada y entregue al operador político la boleta en blanco que le dio el funcionario de casilla. La operación se repite todas las veces que sea necesario.

Chayote ⌄

Se refiere al dinero o los regalos que dan los políticos a periodistas para que los favorezcan.
Fuente: Diccionario de mexicanismosAcademia Mexicana de la Lengua.

Clientelismo ⌄

Tendencia a favorecer, sin la debida justificación, a determinadas personas, organizaciones, partidos políticos y otros para lograr su apoyo.

Cochupo ⌄

La manera en que un particular y un funcionario se ponen de acuerdo para cometer un acto ilegal

Cohecho ⌄

Obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones de su labor como servidor público.
Solicitar o recibir ilícitamente cualquier beneficio para hacer o dejar de hacer un acto propio de su función. Esto puede incluir intercambio de favores durante el proceso de aprobación del presupuesto de egresos.
Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas
México: Anatomía de la CorrupciónMexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Colusión ⌄

Cuando un individuo, o un grupo, se pone de acuerdo con otros individuos para celebrar contratos, convenios o arreglos cuyo objeto o efecto sea obtener beneficios o ventajas indebidos.
Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Compra de votos ⌄

La definición legal deja la carga de la pena lega exclusivamente en el “comprador del voto”, De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, es un delito solicitar votos a cambio de pagos, promesa de dinero u otra contraprestación, penado con multas de hasta cien días y prisión de hasta tres años. La ley prevé que también es delito es la solicitud para abstenerse de votar por un candidato
Fuente: Ley General en Materia de Delitos Electorales, Art. 7, Fracc. VII.

Contratación indebida ⌄

Autorizar la contratación de alguien que está inhabilitado o impedido de realizar esa función.
Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Desacato judicial ⌄

Aunque no existe en sí un delito de desacato judicial, el delito de desobediencia civil sucede cuando un subordinado no sigue un mandato legítimo de autoridad de un superior, o en el caso de que un particular, empresa o servidor público no cumpla una orden establecida por un juez a causa de algún amparo. Es decir, cuando un servidor, empresa o individuo no cumplen una orden establecida por alguna autoridad judicial pueden ser acusados de no respetar la autoridad a pesar de que el juez no haya agotado sus facultades para hacer cumplir la orden.
Para desacato, la definición es retrasar, obstruir o mentir en las investigaciones de la autoridad fiscalizadora o la autoridad judicial.
Fuente: Suprema Corte de Justicia Nacional, Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Desfalco ⌄

Es cuando un funcionario público toma recursos del erario para beneficio personal. Los ejemplos más claros de esto son los de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz; y Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo.

Desvío de recursos ⌄

Desviar recursos públicos para un destino distinto del que estaban previstos según la ley o norma.
Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas

Ejercicio indebido de funciones ⌄

Es un conjunto de delitos dirigidos a la forma de actuar de los servidores públicos. El delito puede suceder cuando un servidor ejerza funciones que no tiene legalmente, abuse de su autoridad, intente impedir o suspender las funciones públicas; utilice su poder para otorgar concesiones o utilizar recursos públicos en ventaja personal; aproveche su poder para intimidar o traficar influencias o para obtener favores o dinero indebidamente; distraiga objetos, dinero o propiedades públicas en su favor; o cuando el servidor no pudiere acreditar un incremento en su patrimonio encima de lo que pueda acreditar legalmente.
En pocas palabras, es un conjunto de delitos dirigidos a castigar los abusos de los servidores públicos en cuanto usen su poder para beneficio personal ilegítimamente, ya sea para enriquecerse, obtener favores e influencias, impedir funciones públicas o intimidar para obtener una posición favorable.
Fuente: La responsabilidad de los servidores públicos en un estado de DerechoRevista de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Empresas fantasma ⌄

Es una compañía que simula operaciones, no tiene activos reales y se crean a partir de fachadas corporativas para ser utilizadas por los políticos y gobiernos con el objetivo de desviar recursos públicos. Generalmente son contratadas para realizar tareas o proveer bienes y servicios inexistentes
Técnicamente, las empresas fantasma no son empresas y no son fantasma. Se trata de empresas cuya existencia es legal, pues se constituyen ante notario público y están inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Tienen cuentas de cheques y los pagos los reciben mediante transferencias bancarias. Sus facturas no son falsas, en el sentido formal del término, en tanto que cumplen con los requisitos fiscales y se emiten a través de la plataforma del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Su objetivo es facilitar la evasión fiscal y la corrupción. No generan empleos ni riqueza. En la actualidad, las empresas legalmente constituidas ya no falsean facturas, sino simulan la venta de bienes o la prestación de servicios. Sus operaciones son inexistentes, por lo que los CFDI emitidos en la plataforma del SAT son ilegales. Por ello, a esas empresas se les sigue calificando como fantasma.

Encubrimiento ⌄

Ocultar actos u omisiones que constituyan faltas administrativas.
Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Enriquecimiento ilícito ⌄

 Cuando el servidor no pudiere demostrar un incremento en su patrimonio encima de lo que pueda acreditar legalmente.
Fuente: La responsabilidad de los servidores públicos en un estado de DerechoRevista de la Facultad de Contaduría Pública y Administración de la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Extorsión ⌄

Es cuando se le obliga a una persona, a través de actos de violencia o intimidación, a realizar actos, con la finalidad de obtener beneficios, ya sea económicos o para comprometer el voto.

Financiamiento ilegal ⌄

El financiamiento ilegal o financiamiento ilícito electoral sucede cuando los partidos reciben o gastan una cantidad mayor a la aprobada del tope legal de financiamiento privado o cuando reciben aportaciones o donativos en dinero o en especie de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial (local y federal), dependencias públicas, partidos políticos, iglesias, organizaciones civiles o mercantiles; al igual que personas físicas con actividad mercantil, personas morales, mexicanas o extranjeras, colectas públicas, o personas no identificadas.
Fuente: Fiscalización: Proceso Electoral Federal y Local 2015. Instituto Nacional Electoral (INE).

Fraude ⌄

Delito que comete quien, engañando a uno o aprovechándose del error de alguien, se hace ilícitamente de algún beneficio o alcanza un lucro indebido (Código Penal Federal, art. 386). Los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil deben contar con canales eficaces de notificación interna y mecanismos de seguimiento para detectar el fraude, la corrupción y la mala gestión en el seno de una organización.
Fuente: Glosario. Integridad Corporativa 500.

Fuero ⌄

Se trata de la inmunidad judicial de la que gozan ciertos funcionarios públicos como senadores, diputados, gobernadores o el presidente, y que los exime de ser detenidos o presos. Esto, en muchas ocasiones, les da garantía de actuación ilícita porque se saben conscientes de la protección por parte de las autoridades.

Funcionario público ⌄

Es aquel que por disposición de la ley, elección popular o por nombramiento de alguna autoridad ocupa algún grado superior de la estructura del gobierno para administrar en base a su decisión y mando o para representar a los ciudadanos.
Fuente: Naturaleza jurídica del servidor público.Contraloría del Distrito Federal.

Hueso ⌄

Es el dicho coloquial para referirse a los cargos públicos o empleos obtenidos por influencias.
Fuente: Diccionario de mexicanismos. Academia Mexicana de la Lengua.

Lavado de dinero ⌄

Proceso de ocultar el origen, la propiedad o el destino del dinero obtenido de manera ilegal o deshonesta en actividades económicas legítimas para hacerlo parecer legal. Las políticas específicas para prevenirlo deben establecer acciones o requisitos necesarios para asegurarse, en la medida de lo posible, que los recursos recibidos de algún tercero no son de procedencia ilícita. Estas acciones ayudan a proteger a la empresa en caso de necesitar explicar alguna transacción ante las autoridades.
Fuente: Glosario. Integridad Corporativa 500.

Mapache ⌄

Es el encargado de dirigir los delitos electorales o algún tipo de fraude durante las elecciones. Se le llama así presuntamente porque los mapaches tienen el borde de los ojos oscuros, como tradicionalmente se retrata a los delincuentes. En otros términos, el mapache es el operador político corrupto.

Moche ⌄

Originalmente de mochada, se refiere generalmente a una contribución con algo para determinado fin. El léxico está asociado a alguna cuota ilegal otorgada a un superior o un soborno. Usualmente se refiere los mercados secundarios de sobornos o extorsiones dentro del poder legislativo o del poder ejecutivo al legislativo durante el presupuesto de egresos.
Fuente: Diccionario de mexicanismos. Academia Mexicana de la Lengua.


Nepotismo ⌄

Se trata de una forma de favoritismo, basada en vínculos sociales y familiares, en la que una persona que ocupa un cargo oficial aprovecha su poder y autoridad para conceder un empleo o favor a un familiar o amigo, aun cuando posiblemente no sea la persona más preparada para dicho cargo o tarea.

Obstrucción de facultades de investigación ⌄

Cuando una persona, que tiene información vinculada con una investigación de faltas administrativas, proporciona información falsa, retrasa deliberada la entrega de información o no responde a los requerimientos o resoluciones de las autoridades.
Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Obstrucción de justicia ⌄

Impedir el proceso de investigación o sanción de faltas administrativas. También se considera obstrucción de justicia cuando se revele la identidad de un denunciante anónimo
Fuente: México: Anatomía de la CorrupciónMexicanos Contra

la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Padrinazgo ⌄

El padrinazgo es una forma de favoritismo en la cual una persona resulta seleccionada para un empleo o beneficio del gobierno en función de su afiliación política o sus contactos y con independencia de su formación o mérito. Similar al nepotismo.

Pago facilitador ⌄

Son montos relativamente pequeños pagados a funcionarios o proveedores de servicios que garantizan, facilitan o agilizan la ejecución de una acción gubernamental rutinaria a la que el ordenante tiene derecho, y constituyen una forma de soborno. Estas prohibiciones deben contemplarse en el código de conducta o de ética de la empresa o, en su defecto, en su política anticorrupción.

Fuente: Glosario. Integridad Corporativa 500.

Participación ilícita en procedimientos administrativos ⌄

Cuando un particular participe en procedimientos administrativos mientras se encuentra impedido o inhabilitado por disposición de la ley o resolución de autoridad competente.
Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Peculado ⌄

El servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo legal sobre el uso indebido de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de denigrar a cualquier persona.
Apropiaciones de recursos públicos
Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Prestanombre ⌄

También llamados testaferros, son las personas que prestan su identidad para operar recursos de otra persona. Generalmente los prestanombres son utilizados para actividades ilícitas como el enriquecimiento indebido o el lavado de dinero.

Soborno ⌄

Promesa, oferta o entrega de cualquier beneficio indebido a uno o varios particulares o servidores públicos, directamente o a través de terceros, a cambio de que realicen o se abstengan de realizar un acto relacionado con sus funciones o con las de otro particular o servidor público, o bien, abusen de su influencia real o supuesta, con el propósito de obtener o mantener, para sí mismo o para un tercero, un beneficio o ventaja, con independencia de la aceptación o recepción del beneficio o del resultado obtenido.
Fuente: Glosario. Integridad Corporativa 500.

Tráfico de influencias ⌄

Sucede cuando cualquier persona, particular o servidor público, tiene la capacidad de influir sobre otro actor para que lleve a cabo un acto en beneficio de él o de un tercero.

Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Utilización de información indebida ⌄

Utilización de información privilegiada para incrementar su patrimonio.
Fuente: Ley General de Responsabilidades Administrativas.

LA "GAVIOTA" se COMPRO CASA de 63 MILLONES de DOLARES en LOS ANGELES como PAGO de la "NOVELA SEXENAL"...ya los perdonamos.

Usuarios de redes sociales polemizaron por la residencia que supuestamente Angélica Rivera se compró en Los Ángeles, California.

NOTA RELACIONADA:

De acuerdo con la revista TV Notas, la esposa del ex Presidente Enrique Peña Nieto adquirió una casa con un valor superior a los 63 millones de pesos, en la Avenida Highland, cerca de Hollywood.

La publicación asegura que fuentes cercanas a la actriz revelaron que el 12 de diciembre se mudó, e incluso un día después los reporteros la vieron salir del lugar.


Se asegura que en esa zona se paga un predial de hasta 768 mil pesos al año, y su renta está cotizada en 140 mil.

Las fotografías muestran amplias recámaras, las cuales, se detalla, son cinco, así como sala, cocina y closets.

La hija de Rivera, Sofía Castro, pasa gran parte de su tiempo en Los Ángeles.

TV Notas afirma que la ex Primera Dama tiene varios escoltas.

De acuerdo con las fotografías publicadas recientemente sobre Rivera llegando a Los Ángeles, son los mismos que el Estado Mayor Presidencial le había asignado.

Fuentes cercanas al ex Presidente informaron que su esposa no vive con él, sin embargo, desconocen si están separados de manera formal.

Fuente.-(Imagenes/twitter)

LA SEGURIDAD NACIONAL y la SEGURIDAD PUBLICA "EXPLICADAS" con "LECHUGAS y CEBOLLAS"...que sigue haciendo llorar al país.

Para entender de manera sencilla la Seguridad Nacional, la tendríamos que describir como un vegetal que tiene varias capas; por ejemplo una cebolla o una lechuga. 
Entonces tenemos que conceptualizar a la Seguridad Nacional como la primer capa que engloba de manera general el país y sus problemas, la segunda capa sería la seguridad interior, que es acotada al espacio y territorio que tiene el país, la tercer capa es la seguridad pública, que está relacionada con la prevención y persecución de los delitos y por último la cuarta capa sería la seguridad privada, que es aquella que auxilia y complementa a las demás bajo su supervisión ejercida por particulares por concepto de honorarios.
El reto es entender, diferenciar y profundizar en cada una de estas capas de Seguridad Nacional, ya que esto nos dará perspectiva y prospectiva del tema en un sentido y otro; probablemente esto permita a los legisladores argumentar y delimitar la creación de la Guardia Nacional.
Es prioritario, que todos nos involucremos en generar un proyecto compartido de Seguridad Nacional, en otras latitudes ha ocurrido con gran éxito, ejemplo de ello son países como España y Argentina. El proyecto de construcción del Sistema de Seguridad Nacional requiere de importantes esfuerzos por parte de múltiples actores que deben estar alineados entre sí (sociedad, fuerzas armadas, fuerzas del orden, policías, políticos, legisladores, académicos, etc.) para fomentar la sinergia entre las diferentes acciones. Su carácter dinámico nos debe hacer aprender con la realidad del día a día e ir ajustando su interrelación con el resto de la Administración.
El mandato democrático del primero de julio de 2018, obliga a quienes votamos y por quienes se votó a establecer una colaboración entre lo público y lo privado, así como el apoyo del ciudadano son imprescindibles. Esta implicación será posible si se fomenta una cultura de seguridad sólida. La Seguridad Nacional garantiza la libertad y prosperidad de los ciudadanos. La Seguridad Nacional es un baluarte de nuestro modo de vida conforme a los postulados del Estado social y democrático de Derecho. Está dirigida a proteger la libertad y el bienestar de sus ciudadanos, a garantizar la defensa del país, sus principios y valores constitucionales, con implicaciones internacionales basados en los compromisos derivados de instrumentos, convenios y mecanismos de cooperación.
Si consideramos que Seguridad simplemente es la ausencia de peligro, daño o riesgo y los traspolamos a la Seguridad Nacional, resulta más fácil de entender, ejemplos de los ámbitos de aplicación: Defensa Nacional, Seguridad Marítima, Ciberseguridad, Lucha contra el Crimen Organizado, Lucha contra el Terrorismo, Contrainteligencia, Seguridad Económica y Financiera, Seguridad Energética, Protección de infraestructuras críticas, No proliferación de destrucción masiva, Protección ante emergencias y catástrofes.
De tal suerte que la segunda capa de la Seguridad que sería la interior, es entender evitar el riesgo a la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes de un lugar determinado, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal que está reconocido en el Constitución. Entonces podemos entender que la Seguridad Interior, implica el empleo de los elementos humanos y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la Nación a fin de alcanzar el resguardo del orden constitucional en un ámbito espacial (territorio, aguas, espacio aéreo) basado en la coordinación entre niveles de poder (Federal, Estatal y Municipal) cuya organización se basa en la colegiación de instituciones (Consejo de Seguridad, CONAGO,etc.) con roles, responsabilidades y acciones específicas.
El fin de la Seguridad Interior, debe ser determinar las políticas de seguridad, planificar, coordinar, dirigir, controlar y apoyar el esfuerzo nacional de las fuerzas  policiales y de seguridad de la Nación, dirigido al cumplimiento de esas políticas. En donde el entendimiento básico, del más amplio consenso posible y participado por la ciudadanía genere la construcción del Sistema de Seguridad Pública que sería la Tercera Capa, que es el que afronta el desafío más grande, el de desarrollar un proyecto capaz de suscitar ilusión y confianza también a los sectores público y privado.
La Seguridad Pública, debe ser entendida como un servicio universal que debe brindar el Estado, para garantizar la integridad de todos los ciudadanos y sus bienes; ello implica que podamos convivir en armonía, cada uno respetando los derechos individuales del otro. Es decir, ejercer tus derechos y libertadas hasta donde los derechos y libertades del otro no se contrapongan con las propias. Si ello no se cumple, el Estado provee de fuerzas de seguridad (como los policías). Las fuerzas del orden público, deben prevenir la comisión de delitos y reprimir estos una vez que están en curso o se ha producido; también es función de las fuerzas de seguridad perseguir a los delincuentes y entregarlos a la Justicia.
La última y cuarta capa es la seguridad privada, que consiste en ser un conjunto de bienes y servicios brindado por entes privados, para proteger a sus clientes de la comisión de delitos, daños y riesgos, que trabaja de forma auxiliar y complementaria a la Seguridad Pública y requiere autorización, licencia, permiso y concesión de la autoridad competente del sistema de seguridad para poder actuar.
Cómo organicemos cada capa de esta cebolla o lechuga,  quién los tenga bajo su mando, no debe ser el problema, sí se construye de como un proyecto compartido; en donde todos entendamos las capacidades y competencias de los elementos involucrados en hacer la estrategia del Sistema Nacional de Seguridad con Guardia Nacional incluida, con policías de los tres niveles de gobierno coordinados; esa será una labor titánica de la administración de Andrés Manuel López Obrador, es una cuestión de forma que hace fondo. Feliz 2019!!!

ESCLARECER EJECUCIONES "IMPUNES" DEMORARIA 124 AÑOS y "NO HAN EMPEZADO"...las nuevas rebasan a las "viejas" y nuevas se vuelven viejas.

Hace años que Laura dejó de contar muertos. “Ya los dejamos pasar”, según dice. Es solo otro más.

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Laura es policía de investigación en la Fiscalía de Homicidios de Nuevo León. Su misión, se supone, es recabar las pruebas que permitan esclarecer un crimen y detener al culpable. Es una detective.
“Pero he llegado a tener cinco homicidios por día y la investigación requiere tiempo, así que se van quedando”.
Ella nunca tuvo capacitación sobre cómo indagar un asesinato. Ni siquiera necesitó años de experiencia o algún estudio especial, como se pide en Estados Unidos o Canadá. “Basta con que ahí te pongan, como pasó conmigo”, reconoce.
Ella gasta buena parte de su semana en escribir “memos” para que le compren gasolina o una refacción para su patrulla o en buscar militares para que le vendan municiones que sobren de algún decomiso. También va a Office Depot a comprar hojas, plumas o papel carbón que necesita para escribir sus informes o quizá toner para la impresora. “No siempre hay recurso para comprarlo así que también ahí andamos mendigando toner para poder imprimir o agitándolo a ver si sale algo”.
Y en medio de todo esto, intenta atender tanto los casos que se le acumulan como los nuevos homicidios que le asignan.
“No se archivan ni se cierran (los casos), pero no hay ninguna diligencia. Solo el informe de los hechos y la identificación del muerto… y así se quedan”, reconoce Laura.
No por nada esclarecer un homicidio en México es una excepción y no la regla. En Nuevo León, la tierra de Laura, como sucede en otros 26 estados, 9 de cada 10 crímenes quedan impunes.
Laura (alias para proteger su identidad) dice que no recuerda los homicidios que le han asignado y que quedaron impunes. Las estadísticas pueden ayudarle: según los datos oficiales, si contamos los 6.237 homicidios pendientes de resolver en Nuevo León, ocurridos entre 2010 y 2016, y los juntamos con los 98 policías de investigación adscritos a homicidios, veríamos que a cada uno le tocarían 64 homicidios por investigar.
En Guerrero, con el mismo ejercicio, a cada uno de los policías de homicidios le tocaría investigar más de 1.000 homicidios que siguen impunes.
El promedio nacional es de 102 crímenes sin respuesta para cada policía de investigación.
Solo de 2010 a 2016 fueron asesinadas 154.557 personas en México y en 94,8 por ciento de esos casos no hay un culpable sentenciado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
En 27 de 32 estados el porcentaje de casos que no terminan con un responsable sentenciado supera 90 por ciento. Solo se “salvan” Jalisco con 88.9 por ciento de casos no resueltos, Ciudad de México con 76,5 por ciento y Yucatán con 56.6 por ciento, entre otros estados.
Esto significa que nuestro país tiene una tasa de 5 sentencias por cada 100 víctimas de homicidio, cuando en el continente americano la tasa promedio es de 24 por cada 100 víctimas. En Asia son 48 y en Europa 81, según datos de la ONU.
Y estos números no se justifican por falta de dinero. En México, el presupuesto para seguridad interna ha aumentado un promedio de $2.000 millones cada año. De 2008 a 2015 pasó de $27.000 a $43.000 millones.
Entrevistas con más de 60 funcionarios de una decena de estados y con víctimas y abogados, además de una revisión de los equipos con que cuentan los peritos, las herramientas de la policía, diversos procesos penales, expedientes y recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, desnudan las causas que dan como resultado estos niveles de impunidad.
Hay lugares, por ejemplo, donde el dinero no llega y faltan desde ambulancias forenses para trasladar cuerpos, hasta morgues y laboratorios para estudiarlos. En otros sitios el dinero llega, pero se desperdicia en comprar equipos que no se utilizan.
La capacitación de policías y agentes también es prácticamente nula. En casi 95 por ciento de los municipios se carece de una fuerza policial capacitada aunque sea para resguardar la escena del crimen, según la información de INEGI.
Y hay más problemas. Los fiscales y policías entrevistados revelan que no existe un protocolo homologado obligatorio que diga cómo investigar un homicidio y la mitad de los estados no tiene fiscalías especializadas que lo hagan.
Peor: hay casos que sí se investigan, pero donde no importa buscar la verdad, sino detener a quien sea, aunque no sea culpable. Lo resultados se miden por detenidos y eso lleva a que encarcelen inocentes.

Las fallas en el proceso de investigación

En México, el proceso para investigar un homicidio involucra a los policías preventivos, de investigación, peritos y agentes del ministerio público.
En el caso de los fiscales, los datos oficiales dicen que si dividiéramos los asesinatos sin respuesta de 2010 a 2016 y el número de fiscales de homicidios en el país, a cada uno le tocarían 227 casos en promedio. Y si consideramos que cada agente del ministerio público consigue resolver apenas 1.8 casos al año, como arroja el cruce de los datos de INEGI con el estado de fuerza reportado en cada entidad, se necesitarían 124 años para acabar con el rezago.
Pero ese es solo un promedio nacional.
En Guerrero, una de las entidades con mayores tasas de homicidio, cada agente tendría en promedio 906 casos pendientes.
Otro promedio nacional: cada fiscal de homicidios en México tiene menos de dos policías de investigación para ayudar a investigar.
¿Ayudaría a dichos fiscales tener más detectives para resolver con mayor rapidez los casos? Laura dice que sí, sobretodo si se toma en cuenta que, por ejemplo, en Nuevo León hay 1.600 policías de investigación pero menos de 100 dedicados a homicidio. Y eso sin contar —según Laura— los que están asignados como escoltas de mandos y funcionarios.
Samuel Castillejos, exfiscal de Oaxaca, dice que en su estado han llegado a tener 300 órdenes de aprehensión por casos de homicidio no ejecutadas porque no hay quién lo haga.
¿Cuánto ganan quienes tienen la responsabilidad de esclarecer homicidios? Para los agentes del MP, el salario promedio en el país es de $22.000.
Los policías de investigación tienen un salario promedio, en 20 estados revisados, de $13.963 (US$979).
Comparado con otros países tenemos detectives mal pagados. En Brasil, por ejemplo, los agentes ganan más del doble que los mexicanos (US$2.285 al mes por US$979 que perciben en nuestro país) y en Estados Unidos ganan nueve veces más (US$8.650).
Un dato no menor: Laura aclara que, aunque en Nuevo León el sueldo del policía —$21 mil— es mayor a otros estados, tienen que poner de su bolsa para compensar carencias que enfrentan como falta de balas o de gasolina para sus autos.
El fiscal mexiquense Gutiérrez González calcula que varios de sus compañeros gastan hasta la mitad de su salario en transporte o gasolina para sus autos y en otras carencias materiales que tienen en sus agencias.
Pero si ésta es la situación de los fiscales, los policías preventivos están peor.
Ellos no investigan los homicidios, pero sí tienen una función considerada vital para la resolución de un caso, según el Código Nacional Penal: resguardar la escena de un crimen para que la evidencia no se pierda.
Y de esos policías nos faltan, al menos, el doble. Según el informe Modelo Óptimo de la Función Policial, México debería tener una tasa de 1.8 policías estatales por 100.000 habitantes para estar al nivel de promedios internacionales, pero apenas tiene 0.8.
En promedio, México tiene ocho policías preventivos para reaccionar por cada homicidio y cuidar el lugar de la evidencia, pero hay contrastes: en Yucatán —el estado con menor impunidad— tienen un promedio de 81 policías para reaccionar por cada homicidio, mientras que en Colima o Guerrero hay dos.
Bernardo León Olea, jefe de la policía de Morelia, dice que reclutar nuevos policías no es sencillo y una de las razones es el sueldo. Datos de INEGI señalan que 40 por ciento de los policías ganan entre $5.000 y $10.000.
Pero en realidad uno de cada cinco policías municipales en el país ganan menos de $5.000 mensuales. Hay 4.900 policías municipales que no perciben siquiera un sueldo fijo.
¿Y la capacitación? De acuerdo con la Secretaría de Gobernación todos los policías locales recibieron un taller de 40 horas para saber cómo resguardar la escena de un crimen, pero esto contrasta con los datos oficiales de INEGI, que revelan que solo 135 de los 2.463 municipios del país cuentan con una policía local con las capacidades suficientes para “preservar el lugar de los hechos”.
Una jueza en Nuevo León, entrevistada para este reportaje, cuenta que de los casos que ha recibido en los últimos dos años, 70 por ciento se caen en la fase inicial —ni siquiera llegan al juicio— por errores cometidos en la escena del crimen que deberían haber resguardado los policías.

Ni peritos, ni morgues

En la investigación de un homicidio el rol de los peritos es clave, explica Héctor Hawley, perito criminalista de Ciudad Juárez. “Nuestro trabajo es establecer la verdad histórica científica de un hecho. Se trata de buscar la relación que existe entre la escena del crimen, el agresor y la víctima con evidencias”.
El problema es que no hay peritos suficientes.
Tuxtepec, la segunda ciudad más poblada de Oaxaca, es un ejemplo. El cuerpo de la señora Avelina García estuvo dos horas tendido en el suelo de un bar sin que se pudiera hacer nada, porque solo hay dos peritos en criminalística, uno de ellos que en realidad estudió arquitectura. Y ambos en ese momento estaban en otra emergencia en una localidad contigua.
Además, el cuerpo lo tendría que haber recogido un perito en medicina de campo, que es el experto indicado para analizar su posición y características. Pero no hay en Tuxtepec, por lo que el levantamiento del cadáver lo hacen los empleados de la funeraria Triunfo, sin trajes especiales o botas para no contaminar la escena, y sin bolsas especiales para preservar el cuerpo y protegerse también ellos.
El cadáver de Avelina García fue llevado al panteón municipal porque en Tuxtepec tampoco hay una morgue para la necropsia de los cuerpos.
Sergio Palacios, coordinador de balística forense de Guadalajara, asegura que requieren el “doble de plazas”.
Según los datos oficiales, mientras Ciudad de México tiene un promedio de 9 homicidios nuevos por año por cada perito criminalista y 23 casos nuevos por perito químico, en Guerrero el promedio es de 51 homicidios por criminalista y 115 casos por perito químico.
“Mi agencia no tiene un médico legista, no tiene un perito en criminalística, no tiene instalaciones para poder atender a una mujer lesionada, carecemos de absolutamente todo. Ahí, en esa agencia, yo soy agente del MP, y el que recoge la basura. No hay nadie más que yo”, dice Gabriel Gutiérrez, el agente del MP mexiquense.
fuente.-




GOBERNADOR "MORENO" de CHIAPAS NOMBRO ASESINO como AUDITOR SUPERIOR en la ENTIDAD...le vio atributos "matones".

El Congreso del Estado dominado por Morena eligió como Auditor Superior de Chiapas a José Uriel Estrada Martínez, preso en 2006 acusado de participar en la tortura y ejecución del líder campesino Reyes Penagos Martínez.

Con 34 votos a favor, los legisladores eligieron a Estrada de una terna que incluía a los Contadores Públicos José Alberto Zamora Díaz y a René Cruz Montalvo.

Durante la sesión extraordinaria de esta madrugada, los legisladores tomaron protesta al nuevo Auditor para un periodo de ocho años, en sustitución de Alejandro Culebro Galván, primo del ex Gobernador Manuel Velasco, tras renunciar por asuntos personales.

El ahora responsable de fiscalizar las finanzas públicas es cercano al Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, de Morena, pues se desempeñó como Coordinador de Administradores del Sistema Acusatorio durante la gestión de éste al frente del Poder Judicial del Estado.

El Auditor fue detenido en febrero de 2006, junto a otros tres servidores, señalados como autores materiales del homicidio del dirigente de la Unión Campesina Popular Francisco Villa (UCPFV), por órdenes del entonces Procurador de Justicia de Chiapas, Jorge Enrique Hernández Aguilar.

El dirigente, que también fue señalado de la muerte del doctor Rito Solís Martínez, fue detenido en 1995 tras un desalojo de un bloqueo carretero en el Municipio Ángel Albino Corzo cuando los integrantes de la UCPFV demandaban recursos para el campo.

La prisión del servidor ocurrió 11 años después del asesinato, perpetrado en 1995 cuando Estrada era funcionario de la PGJE, por la insistencia de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El nuevo Auditor también fue contratista de la Administración del ex Gobernador Manuel Velasco, pues aparece como representante legal de la empresa Trejeo Construcciones S.A de C.V en el padrón público.

fuente.-

GOBIERNO de AMLO "QUITA" SEGURO de GASTOS MEDICOS "MAYORES" a FEDERALES...hay que ahorrar dinero aunque gastemos mas sangre.

No solo los empleados del SAT, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores empezaron 2019 sin el seguro de gastos médicos mayores, porque nos dicen que los elementos de la Policía Federal recibieron un correo en punto de la medianoche para informarles que ya no tenían esta prestación. 

Sin embargo, nos adelantan, no todos los servidores públicos del SAT, la Condusef, la CNBV y la Policía Federal se quedarán tan tranquilos y con los brazos cruzados: muchos buscan asesoría para saber qué tan viable es promover un amparo y así poder conservar este seguro. ¿Lo lograrán o tendrán que acudir a los servicios médicos del ISSSTE?.

fuente.-Bajo Reserva/