El Estado mexicano no puede
pactar con la delincuencia porque se convertiría en parte del crimen
organizado, advirtió el secretario de la Marina, Francisco Soberón.
Tanto el titular de la Semar como
el de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, descalificaron la propuesta de
Andrés Manuel López Obrador de darle amnistía a los lideres del narcotráfico.
"A mí me parece que no sería
lo más conveniente para México", afirmó.
El titular de la Sedena sostuvo
que López Obrador debería consultar a las víctimas que se han quedado sin sus
familiares hechos por los que delincuentes deberían estar en la cárcel. Fuente.-
Todos los días y a cada rato la violencia se enseñorea en Tamaulipas,pero los señores de la prensa llamada prensa tradicional que tradicionalmente recibe apoyo$ del gobierno,sistematicamente callan las expresiones que hablan de esa barbarie que muestra un estado "Sin Ley" y gobernado por el Narco,quienes deciden todos los dias la agenda de muerte,quien vive y quien muere, que extorsiona y secuestra, que levanta y pone cuotas ante una prensa que se acobarda para señalarlos a ellos y al gobierno con quienes si se tornan "melosos" y gustosos de publicar boletines maquillados donde la verdad dejo de ser importante por que esta sigue siendo negocio gracias a un gobierno que prometio y sigue prometiendo seguridad,el de los "Vientos de cambio que no cambian",el que acusa el presente es culpa del pasado tal y como lo acusaran a el en el futuro, el que simula que le pega al narco,pero le pega donde no le duele y donde en la seguridad no se nota.
Hoy el único reducto de información yace en la redes sociales empoderadas por el periodismo ciudadano, esas que todos los días dan cuenta de la violencia, de los muertos y descuartizados que la PRENSA CALLA a cambio de una recompensa mensual tan jugo$a que recién exhibio a Tamaulipas como la entidad donde mas se les paga, donde el gobierno se gasta en prensa casi la mitad de lo que se gasta en seguridad dejando en claro sus prioridades,es una verdad lastimosa donde el gobierno controla a los medios con el dinero de los impuestos, es decir engaña a ciudadanos con recursos de los propios contribuyentes.
"Nací para ser buchona. El problema es que fue sin darme cuenta y no me quedaba claro de qué tipo sería", dice Carolina, protagonista de Lady Metralla (Ediciones B), de Juan José Rodríguez.
La novela cuenta la historia de una bella y humilde sinaloense que conoce a El Rojo y de inmediato queda deslumbrada por su atractivo peligroso. Sin saberlo, se interna así en el mundo del narcotráfico que habrá de transformarla de forma radical.
¿Por qué hacer una novela sobre el narcotráfico con una mujer como protagonista?
El narcotráfico es un fenómeno global y la sociedad mexicana cambia a cada momento. Un factor interesante en esta inercia es la integración del entorno femenino a un universo que esencialmente era masculino. En principio los hombres dirigían y las mujeres solo eran parte del acompañamiento. Con esta novela quería mostrar lo que ha sucedido en Sinaloa, donde sus habitantes han dejado de ser testigos ciegos para convertirse en elementos claves.
En Lady Metralla, muestra que incluso en este terreno la mujer ha tenido que pelear también por un lugar.
Así es. A veces se nos olvida que el narcotráfico es parte del capitalismo y también es patriarcal. Las cosas han cambiado en parte por la tecnología y por el mismo desarrollo de la mujer. Con el libro quería hablar de la enorme cantidad de gente implicada, incluyendo a las mujeres que son víctimas por el simple hecho de ser parejas de un narcotraficante o por pasar por el lugar equivocado; y esto nos lleva a los feminicidios, que no son más que un síntoma de la descomposición que vivimos. Desgraciadamente, esto no es nuevo; sucede desde hace mucho tiempo.
En términos de literatura, ¿el cine o la televisión no están cayendo en la apología del narcotráfico?
A veces uno cae en la apología sin querer. Cuando Gabriel García Márquez o Carpentier tocaban el tema del Dictador, no faltaba quien decía que glorificaban a quien supuestamente odiaban. El asunto es que la literatura pone el dedo en la llaga. Nuestra obligación como escritores es contar la realidad social. Mis compañeros escritores tocan el tema desde diferentes puntos de vista y diapasones, como lo hacen Fernanda Melchor o Élmer Mendoza.
¿Pero usted percibía que faltaba un personaje femenino en el contexto del narcotráfico?
Sentí que había un vacío en el tema de la mujer, porque normalmente se le trata como una heroína. Soy amigo de Gustavo Bolívar, el autor de Sin tetas no hay paraísos y es un fundamentalista porque está en contra del consumo. Es decir, debemos tocar una nota y armar un rompecabezas con diversos puntos de vista históricos, geográficos y generacionales; solo así podremos entender el fenómeno del narcotráfico.
Aunque Pérez-Reverte ya había escrito La reina del sur y Orfa Alarcón, Perra brava.
Desde La reina del sur, han cambiado las cosas. La situación del narco es distinta a partir de que tenemos celulares y acceso a las redes sociales. Perra brava tocaba el tema de las mujeres halconas o enlace entre los grandes capos, pero ahora la posición de las mujeres es distinta: son más proactivas. Me cuentan que las venganzas perpetradas por mujeres son más brutales que las de los hombres. Tenemos una nueva generación de mujeres que están luchando y retando los valores de la entelequia del narco.
Usted ha dicho que quería escribir una novela de buchonas. ¿Así de plano?
La buchona, te guste o no, ahí está. Vivimos un momento en el que los valores del narcotráfico se han vuelto parte de la cultura popular. En mi novela no me meto tanto en el tema de las cirugías; sin embargo, quería una novela sobre la educación de una mujer, hija de padres ejecutados en la guerra sucia de los años setenta del narco, que crece y vive en ese mundo.
Hablar de Pablo Emilio Escobar Gaviria es hablar de un episodio muy oscuro en la historia moderna de Colombia.
Considerado el arquetipo por excelencia de un capo de la droga, Pablo Escobar dejó escrito su legado con letras de sangre.
Primeros pasos
El jefe del Cártel de Medellín nació en Rionegro, Antioquia, el 1 de diciembre de 1949.
Su padre era un administrador de fincas y su madre maestra del pueblo, por lo que si bien Pablo no creció en medio de lujos, tampoco lo hizo en medio de una brutal pobreza.
Sus primeros pasos en el hampa los dio como ladrón de coches, más grande realizó pequeños contrabandos bajo las órdenes de Alfredo Gómez López, El Padrino, hasta que, finalmente se acercó al tráfico de la marihuana y la cocaína.
Aunque muchos no lo saben, el narco más famoso del mundo, era una joven inteligente y perspicaz. Su madre, Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, detectó estas cualidades en Pablo desde que era muy pequeño.
Sin embargo, aunque fue admitido en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, donde estudiaban varios de sus familiares, entre ellos José Obdulio Gaviria, un importante político colombiano, Pablo lo dejó todo por seguir el camino de la delincuencia.
Familia de buen nombre
La familia de Gaviria contaba con buena reputación en Antioquia, entre sus antepasados figuraron personalidades de la talla de Isabel Gaviria Duque, primera dama de Colombia, esposa del presidente Carlos E. Restrepo entre los años 1910 y 1914.
Cabe destacar que el padrino de bautismo de Pablo Escobar fue el reconocido diplomático e intelectual colombiano Joaquín Vallejo Arbeláez, por lo que su discurso de conocimiento de los males de la pobreza sólo fue una excusa para justificar su labor criminal.
Colombia se escribía con sangre
Con paso lento pero inexorable, Escobar Gaviria, se fue haciendo de un nombre en el mundo del hampa a base de sangre y fuego.
Su entrada a los grandes negocios de la droga se dio en la década de 1970 cuando se asoció con Gonzalo Rodríguez Gacha alias El Mexicano, Carlos Lehder, Jorge Luis Ochoa y los hermanos Fabio y Juan David, con los que fundó el temido y legendario Cártel de Medellín.
“Masacre en Colombia” de Fernando Botero (Museo de Antioquía)
A partir de entonces, y hasta su muerte acontecida en el año de 1993, las calles colombianas se vieron envueltas en una estela de dolor y sangre. Cientos de jóvenes sicarios obedecían ciegamente al jefe del Cártel de Medellín, haciendo que sus deseos fueran ley a cualquier precio.
Pablo, la realidad del mito
Ríos de tinta se han escrito acerca de este oscuro personaje. Desde sus obras de caridad en los barrios más marginados del país cafetalero, hasta la forma cruel y sanguinaria con la que se desenvolvió para posicionar su imperio.
Por un lado, Escobar se mostraba como un benefactor, como un padrino benevolente que financiaba diversos planes de desarrollo para los suburbios de Medellín. Llevó a cabo un proyecto denominado Medellín sin Tugurios o barrio de Pablo Escobar, que era un conjunto de 780 viviendas para la gente de bajos recursos. Además de hacer donaciones para diversa causas, construyó 60 campos de futbol con la intención de que los niños se alejaran del camino de la delincuencia.
Gracias a este manejo de su imagen, consiguió el beneplácito del pueblo y pudo conseguir un escaño en el senado de Colombia por el movimiento Alternativa Liberal.
Tan grande era su prestigio que fue invitado por un importante empresario a la toma de posesión de Felipe González en 1982. Pero tan solo era una fachada, detrás de este hombre generoso que decía ser se encontraba un hombre sanguinario, dispuesto a sobornar o matar a todo aquel que se interpusiera en su camino.
“Plata o plomo” era la ley de Escobar.
Poder y gloria
Pablo logró reunir una fortuna que lo llevó a ser considerado, por Forbes, como el séptimo hombre más rico del mundo. La máxima expresión de su riqueza fue la Hacienda Nápoles, un lugar lleno de lujos que rayaba en lo absurdo. En ella había desde animales exóticos hasta carros lujosos y avionetas, todo logrado a base de sobornos, cocaína y balazos.
Escobar era dueño de numerosos predios, casas, edificios… Era tan grande su fortuna que es difícil saber el total de bienes que poseía.
Para salvaguardar su integridad, tenía a su disposición una pléyade de jóvenes sicarios dispuestos a dar su vida por él. En 1981, creó el grupo paramilitar Muerte a Secuestradores, para salvaguardar sus negocios, esquema que posteriormente copiaron otros Cárteles, incluidos los mexicanos.
Una sangrienta caída
Toda parecía indicar que el poder de Escobar no tenía límite, pero en 1982, el diario El Espectador publicó diversas notas escritas por Guillermo Cano Isaza, director del periódico, que ventilaban la fachada detrás del hombre al que todos tenían por filántropo y honorable. Ante estas acusaciones, el Congreso suprimió su fuero y le abrió una serie de investigaciones para comprobar el origen de su inmensa riqueza.
El 30 de abril de 1984 fue asesinado el Ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, por órdenes de Escobar, ya que él sí pudo comprobar sus nexos con el narcotráfico. Esto desató un periodo amargo que se conoció como Narcoterrorismo que llenó, literalmente, de terror y balas a Colombia.
Secuestros de políticos y de importantes mafiosos, atentados terroristas hasta Hungría, bombazos en centros comerciales y aviones… de todo hizo Pablo para no perder su poder y ser extraditado a Estados Unidos. Incluso llegó a ingresar voluntariamente a la cárcel.
Aún encerrado, Pablo daba muestras de su poder al ampliar la cárcel donde estaba y modificarla de tal manera que se le conoció como La Catedral. Argumentando que la seguridad en esa cárcel no era la adecuada para él, Escobar huyó y se convirtió en el fugitivo número uno de Colombia.
“La muerte de Pablo Escobar” de Fernando Botero (Museo de Antioquía)
El 2 de diciembre de 1993, a los 44 años, Pablo Escobar fue abatido por quince policías del Bloque de Búsqueda en el tejado de su casa del barrio de América en Medellín mientras intentaba huir. Esta escena quedó inmortalizada en un cuadro del reconocido pintor colombiano Fernando Botero.
Su captura se debió a la que tal vez fue su única debilidad: su familia.
Nace una negra leyenda
Acontecida la muerte de Escobar, diversos rumores se esparcieron sobre su deceso. Su familia decía que se había suicidado y otros más dijeron que logró escapar y vivir en el extranjero. Lo cierto es que a su funeral acudieron miles de personas que lo veían con la imagen que supo vender a mucha gente: la de un filántropo.
Naturalmente, para el Gobierno de Colombia esto fue un gran triunfo y el principio del fin de la lucha contra el narcotráfico, algo que estaba muy lejos de suceder.
Al paso del tiempo, el pueblo convirtió a Pablo Escobar en una especie de santo. Es tal la idolatría hacia su persona que hoy en día su fotos se venden al lado de personajes como el Che Guevara o el papa Juan Pablo II.
Su tumba es un sitio de peregrinaje donde, cada año, miles de visitantes y admiradores le depositan flores. Libros, series, películas, todo lo que lleve el nombre de Pablo Escobar augura un gran éxito, algo paradójico si se tiene en cuenta que fue el responsable de la muerte de cientos de personas.
¿Por qué es tan atractiva para ciertos jóvenes la imagen de Escobar?
Tal vez el origen de su devoción consiste en que fue visto como uno más del pueblo que pudo salir de la pobreza y obtener (de la manera más violenta) todo lo que los ricos poseen: carros, dinero y poder.
Desgraciadamente, para muchos chicos a los que el sistema ha fallado (y viven en la marginación), Escobar se ha vuelto un ejemplo y están dispuestos a hacer lo que sea con tal de obtener aquello que, de otra manera, no lo lograrían… aunque solo sea por unos instantes.
¿Es la devoción a Escobar un logro del manejo que hizo este capo en vida de su imagen pública?, ¿o es el síntoma de un sistema que no permite que los millones de niños marginados puedan aspirar a obtener los lujos que disfruta el 1% más rico de la población mundial? Fuente.-
La nueva Ley de Seguridad Interior (LSI), que mañana se discutirá en el Senado de la República, obligará a las entidades a justificar de forma detallada, por qué requieren de la intervención de las Fuerzas Armadas en sus territorios para combatir al crimen, y además, se deberán comprometer a colaborar para atender los riesgos que reportan. Asimismo, obliga a los estados a cubrir con su presupuesto parte de los gastos que se generen por las acciones de protección que demanden.
La legislación que fue aprobada el jueves pasado en San Lázaro, ha sido denunciada por organismos nacionales e internacionales de Derechos Humanos, que acusan de que contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que busca regular la labor del Ejército y la Marina en las tareas de seguridad en las entidades.
El artículo 13 de la LSI indica que, en las peticiones de Declaratoria de Protección, las Legislaturas locales, o el gobernador, deberán presentar al Poder Ejecutivo federal las consideraciones que las motivan, así como una descripción detallada de los hechos o situaciones que constituyan una “amenaza” a la Seguridad Interior.
Para ello, los estados tendrán que especificar la “amenaza identificada” y el impacto de la misma, así como el área geográfica, sector poblacional e instituciones vulneradas, además de presentar estadísticas de actos o hechos de naturaleza similar. Las entidades también deberán precisar cuáles son sus áreas de “insuficiencia” operativa, técnica y logística para enfrentar la amenaza y suscribir un compromiso para contribuir a su atención.
Asimismo, el segundo párrafo del artículo 1 de la LSI establece que las autoridades estatales y municipales colaborarán con la Federación en la tarea de la garantizar la seguridad nacional, en tanto que el artículo 14 señala que se tendrán que precisar las acciones que se requieran de las entidades federativas o municipios y de las fuerzas federales participantes.
“La Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrá determinar la realización simultánea de Acciones de Seguridad Interior en diversas áreas geográficas del país, cuando, por la naturaleza y características de la amenaza o de los agentes que participan en su comisión, no sea materialmente posible circunscribir sus causas, manifestaciones o resultados a una entidad o área específica”, precisa la LSI
En otro artículo se establece que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior deberá fijar la vigencia de la intervención de la Federación, la cual no podrá exceder de un año. También se indica, en un segundo artículo transitorio, el reparto de los gastos por las acciones para atender las amenazas a la seguridad de las entidades.
“Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente Decreto para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal se cubrirán con cargo a su presupuesto aprobado para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes, y en su caso, con los recursos que aporten las entidades federativas y municipios afectados […] Las entidades federativas darán cumplimiento a las obligaciones establecidas en este Decreto, con cargo a sus respectivos presupuestos”, indica.
El pasado viernes, el vocero del Gobierno federal, Eduardo Sánchez Hernández, enfatizó que quien afirme que la LSI implica la militarización del país es “ignorante” de la legislación, ya que afirmó que dicha iniciativa no sólo beneficia a las Fuerzas Armadas para tener un marco legal de acción, sino también a los ciudadanos para conocer cuáles son sus garantías.
“Es bien importante que tengamos la conciencia los mexicanos de que las Fuerzas Armadas, que están haciendo un trabajo muy importante para colaborar con los gobiernos estatales, necesitan tener garantías en la ley”, dijo el vocero presidencial.
En Guanajuato también se anunció una “limpia”. Apenas en junio pasado corrió como pólvora un video que mostraba a dos jóvenes asaltantes a los que les habían rebanado las orejas.
La sangre les bajaba dramáticamente por el cuello y el pecho. Sostenían una cartulina:
“Esto les va a pasar a todos los ratas, violadores y extorsionadores. Atentamente La Limpia”.
Alguien, una voz, los interrogaba:
—¿Quién les compra todo lo robado, todo lo que roban. ¿A quién se lo venden?
—No, pues normalmente en las casas de empeño.
—Cuál y cuál. En qué lugares se venden.
—La que queda allá por…
—¿Ellos saben que es robado?
—A lo mejor no.
—¿Tienen algún socio adentro?
Pocos días antes un grupo de encapuchados vestidos de negro y que portaban armas cortas subió un video a Facebook:
“Se les comunica a estas ratas que mejor se retiren de estos oficios, ya que los vamos a estar buscando hasta debajo de las piedras, se les van a mochar las orejas, los dedos no para que se enseñen a trabajar”.
El 27 de septiembre pasado, una manta supuestamente firmada por el Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, señaló que había asignado a una de sus células la tarea de “erradicar todo grupo o personas que con sus acciones lastimen a la sociedad”.
“Nos declaramos abiertamente en contra del secuestro, extorsión, rateros, cobra cuotas o pago de piso. Dejaremos la ciudad en calma!!”.
“A todos los rateros, secuestradores y extorsionadores les advertimos: salgan de la ciudad, no vamos a permitirles ni una víctima más. Sabemos quiénes son y vamos por ustedes”, se leía en el narcomensaje.
En la entrega de ayer me referí a una supuesta “limpia” de delincuentes comunes que el Cártel Jalisco lleva a cabo en Guadalajara.
Esa “limpia” ha encontrado su espejo en Guanajuato, entidad que enfrenta la crisis de violencia e inseguridad más grave en su historia moderna. El tráfico de drogas, el robo de hidrocarburos y los robos a mansalva configuran el nuevo paisaje cotidiano.
Cifras del Observatorio Nacional Ciudadano dadas a conocer esta semana ubican a Guanajuato con la tasa más a alta a nivel nacional de homicidios culposos.
Según el Observatorio, en octubre de 2017 la tasa de víctimas de homicidio culposo por cada cien mil habitantes fue 226.03% mayor que la tasa nacional. Y la tasa de carpetas de investigación por robo a negocio abiertas por cada cien mil habitantes fue 19.86% mayor que la del resto del país.
Desde hace tiempo Guanajuato es víctima de matanzas en cadena. Ocurren en León, Celaya, Irapuato, Silao y la ciudad de Guanajuato. El pasado 13 de septiembre el país se conmovió con un video obtenido en las cámaras de seguridad del centro botanero “La Parranda”, de la ciudad de Irapuato, en el que se observa la ejecución de cinco personas.
Aquella noche, desconocidos que llevaban capuchas y pasamontañas descendieron de un vehículo, armados con “cuernos de chivo”, ingresaron en el bar y se dirigieron a la mesa en la que convivían tres mujeres y dos hombres. Abrieron fuego contra ellos prácticamente a quemarropa. En un gesto brutal, uno de los agresores recogió los billetes que quedaron en la mesa y se los guardó en la bolsa. Luego, los atacantes dieron media vuelta.
En 2016 Guanajuato se convirtió en la entidad con mayor número de homicidios: tres mil 121. Entre enero y agosto de 2017 se registaron dos mil 52 casos (más incluso que en el Estado de México).
En el último mes (con relación a la tasa de los 12 meses previos) el homicidio se disparó 37.32%. La extorsión creció 199.43%. El robo con violencia aumentó 10.60%. El robo a negocio registró un ascenso de 3.40%, y el robo a transeúnte se disparó 33.14%.
En ese contexto el CJNG anuncia que también aquí asumirá las funciones de la seguridad pública.
El gobierno panista de Guanajuato puede respirar con alivio. Un día de estos, los delitos del fuero común llegarán a cero.
Y el gobierno federal, no sé qué dirá. Ya no sé qué dirá.
El juez de control y excandidato de Morena por la alcaldía de Jiménez en Chihuahua Guillermo Gómez Cortés, agredió físicamente y en público a su hermana, con quien sostiene pleitos familiares y legales por predios heredados.
El juzgador fue captado en un video cuando él grababa un altercado con Carolina Gómez Cortés, su hermana. Ella le quitó a su hermano el celular que sostenía al grabarla frente a su rostro.
Él se enojó y le gritó, luego la arrojó al piso para quitarle el aparato telefónico.
Guillermo Gómez denunció en el 2014 que el exgobernador César Horacio Duarte presionaba a jueces para que resolvieran casos judiciales “a modo”, según le beneficiaran al exmandatario priista.
El juez fue removido a Ciudad Juárez y posteriormente a Guadalupe y Calvo (localizado en el Triángulo Dorado de la Sierra Tarahumara). Actualmente resuelve los casos a través por videoaudiencias desde la ciudad de Jiménez (ubicada a unas ocho horas por tierra de Guadalupe y Calvo).
Gómez Cortés promovió un amparo en septiembre de 2014 y dijo a Apro que su cambio obedecía a represalias en su contra porque no acató órdenes en resoluciones judiciales que le incomodaron el jefe del Ejecutivo en aquel momento, César Duarte.
El juez, quien actualmente tiene 48 años, aseveró en ese tiempo que las órdenes que recibía eran para beneficiar al Ministerio Público, aunque éste no hiciera correctamente su trabajo, o bien, para resolver a favor de imputados conocidos de las autoridades.
En aquella ocasión, el juez aseveró:
“Por ejemplo, en un fraude me decían que no se podía agravar porque era conocido, me pedían no dictar prisión preventiva o al revés. En una ocasión, el abuelo de un político estaba acusado de violar a cuatro menores, me pidieron no dictarle prisión preventiva a pesar de que el 19 constitucional y el 173 dicen que esos delitos se persiguen de oficio y es prisión preventiva. No podía acceder”.
Aseguró que ese 2014 se registraron más casos que cualquier otro año, de solicitudes de aplicación del protocolo de Estambul en Parral, precisamente cuando se incrementó la violencia en aquella región. Las autoridades presentaban detenidos ante los medios de comunicación cuando no se ha demostrado que son culpables, principalmente por el delito de secuestro.
Los años siguientes, antes de terminar el anterior sexenio en octubre de 2016, el juez aseguró que su hermana utilizaba sus influencias como recaudadora de rentas del municipio de Camargo, como gente de César Duarte, para quitarle unas propiedades y acusarlo de despojo, como ella lo ha sostenido hasta ahora.
El video en el que él aparece golpeando a su hermana, causó indignación entre usuarios de redes sociales, quienes reprueban que cómo funcionario público y como hombre, utilice la ventaja que le da la fuerza física y en el poder para agredirla.
Fiscalía abre investigación
La Fiscalía General del Estado informó que hoy abrió una investigación por la agresión mutua que sostuvieron el juez de control Guillermo Gómez Cortés y su hermana, Carolina Gómez, en las instalaciones de la agencia del Ministerio Público en Ciudad Jiménez.
De acuerdo con un comunicado de prensa, el fiscal general César Augusto Peniche Espejel instruyó a la fiscal de la Zona Sur, Lilia Maldonado, para indagar el caso así como el video que circula en redes sociales y que exhibe las agresiones.
Asimismo, dieron vista a la Fiscalía de Asuntos Internos para investigar y determinar una probable responsabilidad del personal administrativo y sustantivo de esa agencia del Ministerio Público.
El juez Guillermo Gómez y sus hermanos sostienen un pleito legal ante Tribunal Superior de Justicia por un rancho que les heredaron sus padres, confirmó el comunicado.
“La Fiscalía General del Estado investigará y actuará con estricto apego a la ley con respecto a las denuncias interpuestas por ambos hermanos sobre los hechos suscitados en Ciudad Jiménez”, destacó la dependencia.
Hallan en la estación de Autobuses TAPO de la CDMX a una mujer que llevaba el cuerpo de su hijo de cinco años envuelto en cobijas y bolsas de plástico.
Agentes de la Policía capitalina informaron que Silvia Reyes Batalla, de 25 años, declaró que llevaba el cuerpo del menor a Puebla, de donde es originaria, a inhumarlo.
El infante, según informó la madre, falleció alrededor de las 02:00 horas de ayer domingo, por una enfermedad que padecía desde hace tiempo.
De acuerdo con el diario La Razón, los agentes capitalinos pidieron ayuda de paramédicos en el lugar, sin embargo, cuando estos llegaron confirmaron el fallecimiento del pequeño de nombre Miguel.
Tras lo ocurrido, la Procuraduría General de la Justicia de la Ciudad de México inició una investigación de los hechos; en la que buscarán determinar las causas exactas de la muerte del niño.
