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miércoles, 12 de julio de 2017

MEXICO ZONA de GUERRA,CRECE y "SE le CRECE" el NARCO a PEÑA NIETO....de 9 a 20 grandes Carteles,como si los hubieran "abonado".

Imagen.-Twitter/

Como si estuviera planeado, el mismo día que el general John Kelly, secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, visitó al presidente Enrique Peña, la Frontera Norte de México se convulsionó por una violenta jornada.
Y es que ese 5 de julio, supuestos integrantes del Cártel de Sinaloa y la organización criminal La Línea se enfrentaron en Chihuahua durante horas y dejaron como saldo 15 personas ejecutadas.
Kelly había venido precisamente a dialogar con el presidente Peña y otros representantes del gobierno mexicano sobre la seguridad hemisférica. En particular, sobre la que más le interesa a Estados Unidos: la seguridad fronteriza. La escena de Chihuahua de ese mismo día es reflejo de una de las peores crisis humanitarias en la historia reciente de México, algo que le debió quedar claro al secretario estadunidense.
De la inseguridad mexicana, por cierto, Estados Unidos tiene mucha responsabilidad, pues gracias a su financiamiento (recuérdese la Iniciativa Mérida, pactada desde el gobierno del panista Felipe Calderón para “legitimar” su espurio gobierno) se ha recrudecido la violencia a lo largo y ancho del país.
Los 2.6 mil millones de dólares dados en armamento y equipo militar, capacitación y demás “asistencia” de Estados Unidos a la guerra contra el narcotráfico de nada han servido para acabar con ese negocio. Por el contrario, el crimen organizado explota nuevas “áreas de oportunidad” delictiva en un clima de terror para el resto de la sociedad.
Pero nada de esto es desconocido para los patrocinadores de la guerra contra el narco. El Congressional Research Service de Estados Unidos publicó recientemente su análisis Mexico: organized crime and drug trafficking organizations 2017, en el que da cuenta del desastre de esta política pública.
Según el informe, es altamente probable que ya no sean nueve las principales organizaciones criminales que controlan el narcotráfico en México. Ahora, indica, podrían ser hasta 20 grandes cárteles que no sólo mueven droga, sino que manejan células criminales y pandillas dedicadas a otros ilícitos, como la extorsión, el secuestro y el robo de combustibles.
El análisis destaca que las organizaciones mexicanas de tráfico de drogas han estado en constante flujo. “En 2006 había cuatro cárteles dominantes: Tijuana, Arellano Félix, Sinaloa, Juárez –Vicente Carillo Fuentes– y Golfo. Desde entonces, las grandes organizaciones más estables se han fracturado”.
Agrega que posteriormente “la DEA [Agencia Antidrogas] identificó como dominantes a Sinaloa, Los Zetas, Tijuana, Juárez, Beltrán Leyva, Golfo y La Familia Michoacana”.
El informe indica que estas siete organizaciones se fragmentaron y llegaron a ser nueve, incluidos los Caballeros Templarios y el Cártel Jalisco Nueva Generación. Pero ahora, detalla, podrían ser hasta 20 las organizaciones importantes.
“Nuevos grupos de delincuencia han surgido desde que inició el gobierno de  Enrique Peña Nieto, en diciembre de 2012, quien se ha enfrentado a una situación delictiva cada vez más compleja.”
Los grandes cárteles y los nuevos grupos delictivos “han promovido su expansión en actividades ilícitas, como la extorsión, el secuestro por rescate y el robo de combustibles, lo que plantea un desafío para el gobierno del presidente Peña Nieto”, apunta.
Hasta ahora, el gobierno mexicano reconoce que en el país operan nueve, y no 20, grandes cárteles de la droga, de los cuales se desprenden otras 36 organizaciones criminales, a las que denomina células o pandillas según sus características. Los nueve son: Sinaloa, Los Zetas, Tijuana, Juárez, Beltrán Leyva, Golfo, La Familia Michoacana, Caballeros Templarios y Jalisco Nueva Generación.
En el caso de Chihuahua, que sufrió el enfrentamiento que coincidió con la visita del general Kelly, la información de la Procuraduría General de la República (PGR) indica que operan ocho grupos criminales –dos de ellos, dominantes– que se disputan el control territorial, el mercado local de drogas y el paso a Estados Unidos.
Según el oficio PGR/UTAG/00799/2017, en la entidad que gobierna el panista Javier Corral Jurado se enfrentan dos grandes cárteles: el de Sinaloa y el de los Carrillo Fuentes. De éstos se desprenden otras seis células y pandillas consideradas altamente violentas.
Con el Cártel de Sinaloa, también conocido como del Pacífico, están aliados Gente Nueva, Los Cabrera, y las pandillas de Los Artistas Asesinos y Los Mexicles; mientras que los Carrillo Fuentes controlan a La Línea –que según las autoridades de Chihuahua se habría enfrentado al Cártel de Sinaloa el pasado 5 de julio– y la pandilla de Los Aztecas.
El reporte del Congressional Research Service refiere que “la estabilidad de México es de suma importancia para Estados Unidos, y la naturaleza e intensidad de la violencia ha sido motivo de especial preocupación para el Congreso [estadunidense], pues México comparte una frontera de casi 2 mil millas con Estados Unidos, y los dos países tienen estrechos vínculos comerciales, culturales y demográficos”.
Sin embargo, la preocupación no es tanto porque consideren a México “socio estratégico” y “vecino cercano”, sino sobre todo porque temen que “la violencia se ‘derrame’ a los estados fronterizos de Estados Unidos (o incluso más adentro) a pesar de que se han reforzado las medidas de seguridad”.
El servicio de investigación del Congreso estadunidense destaca que “la brutal violencia relacionada con el narcotráfico en México ha sido dramáticamente marcada por decapitaciones, ahorcamiento público de cadáveres [los colgados en puentes, por ejemplo], coches bomba [sic] y asesinatos de decenas de periodistas y funcionarios gubernamentales. Más allá de estos crímenes, la violencia se ha extendido de la frontera con Estados Unidos al interior de México, ardiendo en los estados del Pacífico –Michoacán y Guerrero– y en los estados fronterizos de Tamaulipas, Chihuahua y Baja California”.
Agrega que, entre 2009 y 2011, “en las ciudades de Tijuana [Baja California] y Juárez [Chihuahua] la violencia aumentó a niveles de zonas de guerra”. 
Pero, por si los estadunidenses aún no lo notan, zona de guerra es todo México, lamentablemente para nosotros, que vivimos y sufrimos este país.
Fuente.-Nancy Flores


INCAPACIDAD de la PGR DEJA 7 de CADA 10 CASOS "SIN RESOLVER",ADMITE la DEPENDENCIA...entra sinceridad y el cinismo.

La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que carece de capacidades adecuadas de investigación para resolver la mayoría de las denuncias por delitos federales en el nuevo sistema penal: en promedio, 7 de cada 10 carpetas de investigación se quedan sin resolución.

Y de los casos que si logra “resolver”, 84% se mandan al archivo al concluir que no hay pruebas para proceder o “abstenerse” de proceder con la investigación.

Así lo revela un diagnóstico oficialrealizado por la PGR sobre su desempeño en el nuevo sistema penal acusatorio, en el que se reconoce que la dependencia está rebasada por las exigencias de la nueva norma.

Entre las fallas destaca la saturación que tienen de casos por la incapacidad para investigarlos y resolverlos.

El documento, firmado por el propio procurador Raúl Cervantes y que obtuvo Animal Político vía una solicitud de transparencia, hace un corte de caja del destino que han tenido las carpetas de investigación abiertas  entre noviembre de 2014 —cuando se comenzó a implementar el nuevo sistema a nivel federal— y diciembre de 2016.

En ese lapso se abrieron 63 mil 59 carpetas de investigación en los Ministerios Públicos Federales, de las cuales solo en 34.4%, que son 21 mil 728 casos, se ha tomado alguna determinación.

Las restantes 41 mil 331 carpetas de investigación se encuentran pendientes de determinación. Esto supone, según el análisis oficial, que 65.5% de los asuntos que ha conocido la PGR en los últimos dos años “se encuentran sin decisión alguna”.

“De los datos anteriores se percibe que una de las causas probables por las que no se atienden los asuntos puede encontrarse en una debilidad en las habilidades de investigación que impide una mayor prontitud en el desahogo de los asuntos que atiende la institución, aun en aquellos iniciados con detenido”, señala el diagnóstico denominado “Hacia un nuevo modelo de procuración de justicia”.

El documento de la PGR reconoce que, en el mejor de los casos, las carpetas donde hay personas detenidas desde un inicio son los que se resuelven en mayor medida. El problema es que estos casos apenas representan 19% de todas las averiguaciones abiertas a nivel federal.

“Las investigaciones que se realizan sin detenido no terminan por identificar a los presuntos responsables de los hechos que se persiguen, dejando las carpetas de investigación sin actuaciones que permitan resolverlas en algún sentido”, subraya el diagnóstico.

Prevalece la impunidad con el nuevo sistema

La Procuraduría reportó que en el periodo de análisis, el Ministerio Público logró tomar una determinación en 21 mil 728  carpetas de investigación. Pero los datos oficiales evidencian que de esos casos “resueltos” son una minoría los que terminan con una acusación ante el juez o con un acuerdo que beneficie a las víctimas.

De acuerdo con el desglose, hay 9 mil 857 carpetas en las que la resolución del Ministerio Público fue enviar el caso al “archivo temporal”, mientras que en 8 mil 380 casos lo que se determinó fue el “no ejercicio de la acción penal” al no haber pruebas suficientes, y en 114 ejerció una facultad de “abstenerse de investigar”. Se trata de 84% de los casos.

En tanto, hay 3 mil 126 casos en los que se consignó la averiguación ante el juez y se resolvió el caso sin llegar al juicio oral por un acuerdo entre las partes; hay otros 60 casos que sí llegaron a un juicio oral y 40 resueltos durante el proceso.

Solamente en 151 casos, la PGR consiguió resolver el caso mediante los mecanismos alternativos que contempla el nuevo sistema penal, lo que representa apenas a 0.6% de los casos resueltos.

La Procuraduría reconoció que la mayor parte de las carpetas de investigación que se han resuelto corresponden a casos en los que hay una persona detenida, es decir, se depende en gran medida de que las policías o los militares presenten el caso ya con el probable responsable. De lo contrario los resultados son escasos.

Animal Político publicó el 28 de junio que, de acuerdo con datos del Poder Judicial Federal, 85% de los casos consignados por la PGR ante jueces federales son hechos en flagrancia y no corresponden a investigaciones.

“Es posible inferir que la efectividad de la conducción de la investigación en la procuración de justicia en el ámbito federal se supedita principalmente a la detención en flagrancia y puesta a disposición de parte del primer respondiente (policías o militares) ante el Ministerio Público de la Federación” señala el diagnóstico.

Fallas y carencias

El análisis de la PGR reconoce que los pobres resultados en la resolución de los casos obedecen a deficiencias en la investigación que fueron heredadas del sistema penal anterior y que poco o nada han cambiado luego de que entró en funcionamiento el nuevo sistema penal con herramientas que no se están aprovechando.

Por ejemplo, se establece que los Ministerios Públicos no están usando las herramientas de análisis e investigación que proveen las Unidades de Análisis Criminal instaladas en todas las delegaciones de PGR y que contienen datos que podrían ayudar en la investigación de los casos.

La mediación, que ayudaría a resolver casos antes de llegar al juez, prácticamente no se busca ni se aplica. Una de las causa es que los “facilitadores, que son personas especializadas en impulsar este tipo de soluciones, no cuentan con un perfil adecuado.

“Las carencias que presentan los facilitadores no se resuelven con la capacitación que se les está dando. La formación continua que reciben dista mucho de ser la adecuada para el cabal desempeño de su labor, pues no garantiza el fomento de las habilidades que requiere un facilitador”, dice el análisis.

A esto se suma que apenas 4 de las 35 unidades de mediación que la PGR instaló en el país cuenta con salas de conciliación. Y aunque 31 unidades cuentan con un espacio físico, dichos espacios “no cumplen siquiera con los requerimientos mínimos establecidos en el modelo arquitectónico de la Secretaría Técnica para la implementación de la Reforma”.

Los protocolos de mediación también son inexistentes, reconoce la PGR.
La Procuraduría señala que los recursos humanos con los que cuenta son insuficientes para las exigencias del nuevo sistema penal, sobre todo por debilidades en la capacitación, la cual es calificada como “aislada y disociada”

Un problema que agrava esto, reconoce el documento del procurador Raúl Cervantes, es que 1 de cada 3 fiscales de la PGR llegan al puesto por “designaciones especiales”, es decir, no son funcionarios profesionales provenientes del servicio.

No sólo eso. La PGR detectó que hay un total desorden en normas internas que rigen el funcionamiento de la dependencia, pues se han emitido un sinfín de circulares que carecen de la mínima organización.

Los sistemas tecnológicos, que son clave en el nuevo sistema, también se encuentran aislados entre distintas áreas de la propia PGR sin que haya al menos una comunicación entre todos, y sin que cuenten con una protección adecuada.

“Esto ha traído como consecuencia que los sistemas sean funcionales para la operación específica para la que fueron diseñados pero que no responden a las condiciones mínimas de seguridad, trazabilidad, comunicación entre sistemas ni alimento de información a una sola base de datos estructurada”.

Finalmente se identifican unas condiciones laborales desfavorables para el personal de base de la Procuraduría, pues no hay políticas claras de desarrollo, lo peor es en el área de servicios periciales donde no hay ninguna posibilidad de mejora, ni siquiera salarial, lo que desincentiva el desarrollo de un trabajo adecuado.



En este contexto, el diagnóstico concluye que es urgente el diseño de “un nuevo modelo de arquitectura institucional” que haga posible afrontar las exigencias del nuevo sistema penal, pues el actual no responde a la tarea de procurar justicia pronta y expedita.

Fuente.-Animal Político

LA POLICIA FEDERAL y el "NEGO$IO de los UNIFORME$"...entre el que no arriesga no gana y el que no transa no avanza.

A finales de 2015 una empresa envió miles de “uniformes” a la Policía Federal por concepto de un contrato cuyo proceso de adjudicación y firma se celebró… hasta mediados de 2016. Sí, Antes de que incluso se establecieran oficialmente y de acuerdo con la ley las características de las vestimentas, la empresa, de pura casualidad, ya tenía en sus bodegas los atuendos adecuados. El monto del negocio para nada es despreciable: más de 730 millones de pesos.
Para explicar lo ocurrido, el representante legal de la empresa dijo a los enviados de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que los uniformes fueron entregados “bajo el riesgo de perder la mercancía si no ganaba el procedimiento que posteriormente se celebraría”. ¡Vaya arrojo de estos empresarios que ponen en práctica aquella consigna que reza: el que no arriesga no gana! Pero su temple fue premiado por la providencia, pues qué creen: ¡ganó el proceso de licitación! Y para el 9 de julio de 2016 firmó el contrato que asciende a 730 millones 890 mil 800 pesos.
Se arriesgaron, porque incluso enviaron a ciegas los productos, ya que ni siquiera sabían el costo que cobrarían por ellos o la cantidad de dinero que estaría dispuesta a pagar la dependencia del gobierno federal. Si los auditores detectaron que habían enviado los productos antes de que se firmara el contrato, fue porque en el Almacén Central de la Policía Federal encontraron, entre otras cosas, notas de entrada de mercancías con valores unitarios de 1 peso. Bajo ese precio “momentáneo” ingresaron 696 artículos: uniformes de gala, quepís, pantalones, camisas y thalís. Ya después se cobrarían las cantidades “reales”.
Así lo explicó el “proveedor 2” –como solamente se identifica a la empresa– en el documento de la ASF: “En las primeras entregas no se establecía precio de los documentos de entrega, ya que no se contaba con un contrato, por lo que sólo se ponía el valor de 1.00 peso, y posteriormente se inició el procedimiento de adjudicación del cual fue ganador, y todas las entregas realizadas antes de la firma del contrato se formalizaron con las cantidades solicitadas en el contrato y en las actas entrega-recepción” (sic).
Así que, supuesta y casualmente, la empresa tenía en bodegas uniformes con las mismas características que requeriría meses después la Policía Federal. Por ello se los envió con el riesgo de que no los recuperaría. Y ni siquiera anotó el precio de tales atuendos. Y luego se hizo de un contrato de 730 millones… ¿Muchas suerte, verdad? Y muchos millones.
El contrato en cuestión se identifica con el número SEGOB/PF/CSG/DRM/C040-A/2016, con vigencia del 9 de julio al 31 de diciembre de 2016. Sólo el año pasado se le pagó a la empresa 450 millones. Los restantes 280 millones 890 mil se le pagarán en este 2017.
Se trató de una masiva compra en la que no solamente fueron adquiridos estrictamente uniformes, sino miles de bienes: 10 mil pares de zapatos de charol; 22 mil 700 lámparas de mano; 24 mil chalecos tácticos negros; 21 mil fundas para arma y piernera; 8 mil guantes; 20 mil pantalones TDU; 17 mil camisas azules; 17 mil camisas blancas; 550 gorras; 24 mil 500 camisolas TDU; 6 mil cinturones; 200 pantalones tácticos; 200 sombreros canadienses de cuatro gajos; 200 pañoletas con anillo plástico; 200 cinturones tácticos; 200 fornituras con seis accesorios; 200 camisas color kaki; 1 mil 300 zapatos de charol para dama; 800 tenis para dama color azul; 2 mil 300 tenis para caballero color azul; 6 mil cinturones de piel con hebilla metálica; 2 mil pares de botas federicas; 5 mil 100 pares de botas tácticas; 500 pares de zapatos de charol de gran gala; 500 cinturones para fajillas; 2 mil uniformes (de gran gala, rurales y turísticos)… la lista sigue con sacos, pantalones de caballería, thalís…
Las irregularidades no pararon en que se entregaron todos estos bienes antes de que se iniciara el proceso de licitación. La ASF detectó que, además, muchos de los artículos adquiridos no corresponden con las características estipuladas en el contrato; tampoco coinciden las cantidades entregadas con las disponibles en el Almacén; muchos de los bienes se entregaron a destiempo (y no se le aplicó a la empresa la penalización económica correspondiente). Y, por si fuera poco, gran parte de la normatividad que rige la adquisición y administración de bienes está desactualizada: siguen utilizando la del sexenio anterior.
La empresa que “ganó” esta licitación se llevó el 99.57 por ciento del total del presupuesto de la Policía Federal de 2016 para la adquisición de vestuario, uniformes, materiales de seguridad y prendas de protección. El total de lo asignado a este rubro fue de 451 millones 908 mil 800 pesos y, como señalamos, se cubrieron ya 450 millones.
Los otros proveedores de la Policía Federal en este rubro fueron el “proveedor 1”, con el contrato SEGOB/PF/034/2015 por 115 mil 600 pesos; el “proveedor 3” con el contrato SEGOB/PF/CSG/DGRM/C129/2014 por 879 mil 100 pesos y, nada más y nada menos, que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con el contrato SEGOB/PF/SG/CSG/DGRM/C045/2016 por 914 mil 100 pesos.
El dinero ejercido el año pasado por la Policía Federal –para todas sus funciones– ascendió a 2 mil 100 millones 43 mil 700 pesos.
Fragmentos
¿Y qué le vendió la Sedena a la Policía Federal que cuadre en el rubro “Vestuario, Uniformes, Materiales de Seguridad y Prendas de Protección”? Dos agentes químicos para usarse contra la población que se manifiesta en las calles: humo rojo (gas lacrimógeno) y Low II.

fuente.-Zósimo Camacho


CHOCAN "GOBERNADORES y JUECES",ACUSAN DEFICIENCIAS en NSJP,los DEFICIENTES son ELLOS",REVIRAN JUECES...sistema penal de primer mundo con policías de cuarta,el problema.

Ante la alarma que levantó Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sobre el regreso a las calles de miles de presos, ha encontrado respuestas críticas de partes de jueces en reclamo a las fallas de los mandatarios estatales en la aplicación del presupuesto que se otorgó para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Mancera, en representación de los gobernadores del país, lanzó un duro ataque en contra del nuevo Código Penal que ellos presumen ha llevado al aumento de las cifras de delitos en los últimos meses, a un año de su entrada en vigor
Para los gobernadores, el nuevo sistema ha abierto las puertas de las cárceles para que salgan libres los delincuentes debido a la presencia de un modelo "híper garantista", el cual permite a criminales de bajo impacto seguir su proceso judicial en libertad pese a ser detenidos in fraganti.
"Mientras las cárceles se vacían, las calles se llenan de delincuentes", comentan los mandatarios en voz baja, según detalla de El País.
En contraparte, jueces han respondido a los gobernadores acusándolos de malversar fondos millonarios que se les entregaron desde 2008 para alistarse ante la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal.

Conago busca reforma al nuevo Sistema de Justicia

 El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, aseguró que estudian propuestas de reforma al nuevo sistema penal acusatorio, para evitar "hipergarantismo"

En total, el Estado destinó casi 15 mil millones de pesos para construir salas orales y capacitar a la policía y al Ministerio Público en su trabajo pericial, sin embargo, los jueces señalan que ocho años no les alcanzaron para cumplir con dichos requisitos.
Otro de los problemas que presenta la implementación del nuevo sistema de justicia penal, según el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), un 25 por ciento de los policías no sabe rellenar un informe policial y el 75 por ciento de los ministerios públicos presenta fallas graves en la recolección de evidencias.
"Tenemos un sistema judicial de primer mundo que se apoya en una policía de cuarta", indicó un magistrado citado por El País.
José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), comentó que los gobernadores "no están haciendo autocrítica y echan la culpa a otros. Los jueces somos el último eslabón de la cadena judicial y parece que lo resuelto por el juez es lo único que está mal y que todo lo anterior está bien y eso es injusto e irresponsable".
El ministro agregó que "mucha gente dijo que como era una reforma judicial se trataba de un asunto exclusivamente de los jueces, pero la reforma implica a muchos actores que debían aprender cosas nuevas y nadie pensó en eso. Se creyó que el sistema penal era cambiar a unos jueces, ponerles unas togas, darles salas de audiencia y que todo lo demás, por una extraña razón, se iría ajustando solo. Cosa que no ha sucedido".
A los gobernadores también les alarma la situación con las personas detenidas por portación de armas, delito que en el nuevo sistema se considera "no grave", por lo que estos delincuentes pueden seguir su proceso en libertad.
Otra preocupación es la decisión de la SCJN para permitir a los presos condenados revisar su caso de acuerdo con el nuevo código, lo que les abriría la puerta de la calle.
fuente.-LaSillaRota

BALCONEAN SENADOR PANISTA HIJO de "GOBER" de VERACRUZ en FOTO con "LIDER ZETA"...al estilo Tamaulipas.


Un par de fotos fueron difundidas ayer por los medios locales, en las que se aprecia al senador Fernando Yunes Márquez, hijo del actual gobernador de la entidad, conviviendo en un evento con el “Comandante H”, líder de Los Zetas, según la Procuraduría General de la República.

Hernán Martínez Zavala, el“Comandante H", fue capturado recientemente y fungía como líder de la región sur del estado del grupo criminal. Según el ahora alcalde, la foto se dio el 13 de agosto del año pasado, aunque negó haber organizado dicha reunión.
Esta reunión se dio en un salón de la Quinta Cañaveral, en el municipio de Cosoleacaque. Martinez estaba ahí como uno de los empresarios de la región y Yunes estaba dando un discurso. En donde sólo conocía a los regidores de la zona.


El dirigente estatal de Morena, Manuel Huerta Ladrón de Guevara asegura que el hecho de que estas fotos circulen es “faramalla y circo” y duda que se abra una investigación sobre ella. 
fuente.-

DETIENEN POLICIAS MINISTERIALES "DEDOS" INVOLUCRADOS en EJECUCION de POLICIAS...habrian filtrado informa$ión.


Durante la investigación por el homicidio de José Manuel D. Ortiz y César Francisco Quezada López, integrantes de la Agencia de Investigación Criminal, que fueron hallados calcinados el 28 de junio pasado en Apaseo el Alto, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guanajuato dio a conocer que por lo menos seis elementos activos han sido detenidos y serán sujetos a investigación.

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Cuatro elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y dos elementos de la Policía Ministerial en activo fueron detenidos por filtrar información de operativos oficiales a delincuentes y estar  vinculados aparentemente en el asesinato de los dos elementos ministeriales.

La PGJE, junto a la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, informó por medio de un comunicado que además de los elementos en activo, se tienen a cuatro ex policías ministeriales implicados también en estos ilícitos.

“Se pudo detectar dentro de las pesquisas registradas la filtración de información sensible, que era información clasificada de diferentes operativos tácticos y de rutinas de diferentes elementos; por ello se comisionó a los grupos de inteligencia de ambas instituciones para que realizaran la investigación concerniente a identificar a los emisores de esta información, y se pudo constatar de manera fehaciente, hasta este momento, que por lo menos seis elementos activos lo hacían y quienes al encontrarse en flagrante delito fueron detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público, quien integra las carpetas de investigación respectivas”, señaló la dependencia.

En este sentido, la PGJE no descarta que existan más elementos que estén infiltrados en las corporaciones estatales, por lo que agregó que los trabajos de inteligencia e investigación de campo continúan “ininterrumpidamente con motivo de la investigación del homicidio de dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal  en Apaseo el Alto, hasta detectar a todos y cada uno de los elementos policiacos activos que se encuentren involucrados”, concluye el escrito.

Fuente.-Quadratín