Un informe reciente sostiene que los terribles niveles de violencia y corrupción han convertido a Veracruz, México, en un "estado del terror", e indica que solamente una reforma integral podría generar un cambio.
El informe, elaborado por International Crisis Group (ICG), una organización no gubernamental que se dedica a la investigación y propone políticas para manejar las zonas de conflicto, señala que, para que Veracruz pueda reformarse, es necesario obtener datos precisos que revelen la cantidad total de violencia y corrupción y que el gobierno debe hacer una reforma de las instituciones del estado. (Vea el informe completo al final)
Según el informe, además de padecer una terrible ola de violencia y desapariciones, Veracruz ha estado "gobernado con la intención de ocultar o negar estos crímenes y garantizar que los culpables sigan actuando".
El informe señala que el gobierno federal sólo reconoce 681 casos de desapariciones que no han sido resueltos, aunque "se han denunciado 2.750 casos ante la Fiscalía General del Estado [FGE]".
Por otro lado, varias organizaciones de la sociedad civil estiman que en Veracruz puede haber hasta 20.000 casos de desapariciones, y que ninguno de ellos ha sido resuelto. En febrero de 2016, la estimación de desapariciones a nivel nacional era de 27.659, lo que indicaría que Veracruz aporta casi un 72 por ciento del total de las desapariciones en México.
La casi total impunidad permite que estos crímenes permanezcan ocultos. El índice de impunidad a nivel nacional en México es de 97.1 por ciento, y el informe descubrió que la tasa de impunidad de Veracruz supera esa cifra. Por otra parte, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 94.6 por ciento de los crímenes en Veracruz no se reportan.
Según el informe, esto hace "parte de la autoprotección que el estado de Veracruz y sus socios criminales se garantizaron entre 2004 y 2016".
México es el "país más corrupto de los estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)". Y, según el informe, Veracruz es el estado más corrupto del país.
Lo que esto refleja, dice el informe, es el mal uso de las agencias estatales y federales, lo que indica que faltan controles y equilibrios, así como un organismo "realmente independiente" que lleve a las élites políticas y a sus socios criminales a rendir cuentas.
Otro de los hallazgos del informe es que desde 2010 se han abierto investigaciones de corrupción contra 11 gobernadores de Veracruz, cuyos casos "ascienden a un total estimado de US$15 mil millones de dineros presuntamente malversados".
Los fondos públicos suelen ser los que más se roban en Veracruz. En particular, el informe señala que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, canalizó "fondos de contratos públicos hacia una cadena de corporaciones fachada que supuestamente estableció al inicio de su mandato en 2010".
Además, todos estos contratos fueron firmados por "altos funcionarios públicos", lo que señala el "grado de connivencia" y la "debilidad de los mecanismos de supervisión".
El informe dice que ninguna de estas anomalías fue detectada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).
Sin embargo, en octubre de 2016 el ORFIS acusó a la administración Duarte de malversar casi "US$650 millones, mediante contratos públicos asignados a empresas fachada (US$80 millones); créditos no contabilizados (US$300 millones); fondos destinados a municipios pero retenidos ilegalmente a nivel estatal (US$25 millones), y recursos desviados de los fondos de pensiones (US$150 millones)".
Duarte ha estado prófugo desde octubre de 2016, acusado de crimen organizado y lavado de dinero. El gobernador interino del estado, Flavino Ríos Alvarado, fue detenido y encarcelado por ayudar a Duarte a escapar.
Análisis de InSight Crime
Para que Veracruz pueda ser reconstruido, se debe revelar y cuantificar totalmente el nivel de corrupción: las agencias y oficinas corruptas del gobierno deben ser revisadas y "depuradas", como dice el informe.
La fase inicial de la depuración deberá enfocarse en la fiscalía del estado. Aunque el gobierno federal puede gestionar una gran parte de los principales procesos judiciales, será necesario contar con un poder estatal que lleve a los criminales ante la justicia. El informe sostiene que, antes de que la fiscalía estatal pueda reformar el estado, deberá reformarse a sí misma.
El ICG sostiene que "la posibilidad de que la fiscalía se convierta en el principal investigador del paradero de los desaparecidos de Veracruz y fortalezca el estado de derecho dependerá en gran parte de la capacidad de la institución de liberarse de sus funcionarios corruptos y cómplices de los criminales".
Las policías locales también deben ser reformadas. El nuevo gobernador, Miguel Ángel Yunes, ha revocado los planes para fusionar todas las fuerzas policiales de Veracruz en un Mando Único Nacional, argumentando que "una sola fuerza policial es más fácilmente corruptible". Por el contrario, Yunes busca reconstruir las policías municipales en sus respectivas localidades.
Si bien los cambios en las fuerzas policiales darán como resultado una gran reestructuración, Yunes ha hecho énfasis en un ritmo lento pero constante. A pesar de que durante su campaña prometió hacer cambios drásticos en las fuerzas policiales, Yunes ha dicho que "la depuración de las fuerzas policiales tiene que ser equilibrada" con el fin de mantener la "capacidad operativa". Una depuración total e inmediata dejaría las calles casi desprovistas de agentes, dado el nivel de corrupción que se ha reportado.
Las comisiones de la verdad jugarán un papel vital en este proceso. Sin embargo, los crímenes son extremadamente difíciles de investigar, principalmente debido a la participación del Estado, que además busca siempre protegerse a sí mismo. Todo esto lleva a la pregunta acerca de qué manera estas comisiones de la verdad les harán seguimiento a estos crímenes. Por ejemplo, con respecto al tema de las desapariciones forzadas, la Comisión de la Verdad de Veracruz estima que "el número total de desaparecidos en el estado durante las administraciones de Herrera y Duarte llegó a unos 5.000". Sin embargo, las estimaciones de otros grupos de víctimas "oscilan entre 4.000 y 20.000". Esas diferencias dan cuenta de la dificultad de la tarea.
Informe de International Crisis Group:
