La Secretaría de Seguridad
Pública del Estado, informó que en la mesa de negociaciones que tuvieron
funcionarios estatales con siete integrantes de la Policía Comunitaria, éstos últimos
aceptaron liberar a 17 de los retenidos y entregarlos a las autoridades
ministeriales para que se les investigue sus presuntos vínculos con Los
Tequileros.
En el caso de la señora Félix De
Almonte, madre de Reybel Jacobo Almonte, jefe de la banda de Los Tequileros, se
hará un intercambio con el ingeniero Isauro de la Paz Duque quien se encuentra
secuestrado por el grupo delictivo.
El acuerdo es de que los
funcionarios y policías estatales permanecerán en el lugar hasta que se realice
el intercambio.
El grupo de autodefensa
detuvieron el lunes a 24 personas, pero durante la madrugada de este martes,
seis fueron liberadas.
Los que están retenidos, según el
grupo de autodefensa, realizan tareas de "halconeo" para Los
Tequileros.
Este martes llegaron a esta
localidad en un helicóptero del Gobierno estatal, el subsecretario de Asuntos
Políticos de la Secretaría General de Gobierno, Martín Maldonado, el
vicefiscal, Alejandro Santos Morales y el director de Gobernación estatal, Jesús
Vargas quienes están negociando la liberación de los 18 retenidos.
También acudió al lugar la
Primera Visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Violeta Parra
Reynada, quien la tarde de este martes se regresó a Chilpancingo en el
helicóptero.
Por su parte, el Gobernador
Héctor Astudillo aseguró que este martes se reforzó el operativo en San Miguel
Totolapan con 220 elementos del Ejército Mexicano, Policía estatal y Policía
Federal.
"La misión es evitar una
confrontación y la liberación de las personas tanto de una parte como de la
otra", afirmó Astudillo.
Se arman
En tanto, luego de que en San
Miguel Totolapan varias decenas de sus habitantes se armaron, gente de los
pueblos de El Coco y La Laja, del Municipio de Ajuchitlán del Progreso, también
formaron su grupo de autodefensa para enfrentar al grupo delictivo de Los
Tequileros.
"Ya estamos hasta la madre,
Tequilero, aquí te esperamos para rompernos la madre", señala un
encapuchado en un video que circula en las redes sociales.
Otro grupo de autodefensa que se
constituyó hace varias semanas es el de la comunidad de San Jerónimo, de este
mismo municipio luego de que a ocho vecinos fueron secuestrados por el grupo
armado.
Sin embargo, días después fueron
dejados en libertad luego de que sus familiares pagaron un rescate. fuente.-
La petrolera estatal mexicana demandó y perdió contra 23 compañías estadounidenses por su supuesta participación en la compra de combustible robado por carteles de la droga.La demanda reveló además hasta qué punto las organizaciones criminales se beneficiaron.
Las compañías estadounidenses que supuestamente compraron el combustible robado figuran en los registros de la corte como: BASF, BASF FINA, Murphy Energy Corporation, Bio NU Southwest, U.S. Petroleum Depot, Continental Fuel, and High Sierra Crude Oil.
Otras demandas incluyen otras compañías como: Big Star Gathering, F&M Transportation, Joplin Energy, Plains All American Pipe Line, Saint James Oil, Superior Crude Gathering, TransMontaigne Partners, Western Refining Company, Conoco Phillips, Superior Crude Gathering, Plains Marketing y otros .
En México, la perforación y refinación de petróleo está controlada por Pemex, una empresa estatal.Como Breitbart Texas ha informado, los carteles mexicanos como el Golfo y Los Zetas han estado utilizando el robo de combustible y otros subproductos para hacer una gran parte de sus respectivos ingresos.
En ciudades fronterizas como Reynosa o Matamoros, el cartel del Golfo ha estado aprovechando oleoductos para robar remolques de tractores llenos de combustible.En ciudades como Piedras Negras, Coahuila o Veracruz, Veracruz, Los Zetas han hecho lo mismo.
Parte del combustible se vende en las esquinas a los automovilistas que pagan menos de la mitad del precio de la gasolina carísima de México.Las ventas han tenido consecuencias mortales cuando algunos miembros del cártel mueren incendiados al intentar escapar fuerzas militares.
En 2009, las autoridades mexicanas trabajaron una investigación conjunta con sus homólogos de los EE.UU. buscando la forma en que grandes cantidades de productos derivados del petróleo robados fueron trasladados ilegalmente a Texas, de México La Jornada informó en ese momento.Mediante el uso de falsos documentos de importación y con la supuesta ayuda de empresas estadounidenses, los cárteles mexicanos pudieron transportar el combustible hacia el norte para su venta.Como resultado de esa investigación, el gobierno mexicano recibió más de $ 2 millones en restitución.
En 2010, Pemex demandó cinco empresas en relación con la compra de combustibles y otros productos derivados del petróleo robados por los miembros del cartel, The Monitorinformó en ese momento.
Las compañías estadounidenses involucradas en la demanda fueron acusadas de haber "sacadoprovecho de un esquema que comenzó con el desvío de miles de galones de producto, moviéndola a través de los puertos de Rio Grande Valley de entrada y recogerla en el Puerto de Brownsville antes de su envío a los compradores a través de el estado ", informó el monitor.
Más recientemente, de México Animal Politico informó que con el tiempo, Pemex demandó un total de 23 compañías estadounidenses que buscan recuperar $ 300 millones en tres demandas, incluyendo el caso de 2010.Pemex perdió la mayoría de los casos y sólo ganó un premio de 71 millones de dólares de cinco compañías, sin embargo no tenían los fondos para pagar la sentencia.
Con zapatos blancos, pantalón oscuro y playera polo también blanca, el secretario charla con sus amigos en el campo de golf. Lleva una gorra roja en la mano. No le hace falta ponérsela: a su lado, un hombre alto y flaco sostiene una sombrilla para que al ministro no le importune el sol del Club de Golf de Puerto Cancún, en Quintana Roo. La sombrilla tiene el logotipo de la asociación profesional de golfistas estadounidense, PGA por sus siglas en inglés.
Aquello parecería un torneo de élite, a no ser porque el funcionario y sus invitados han decidido no caminar los 18 hoyos: alineados para iniciar el juego, veinticinco carritos de golf en perfecto estado aguardan a los participantes que llegan, abrazan al del cumpleaños y ríen a carcajadas.
Eso sólo fue en el día.
Por la noche, un salón del hotel JW Marriot se decoró con gran lujo para recibir a aproximadamente 500 personas que conmemoraron al secretario, y bailaron y cantaron con el ambientazo del grupo Matute, uno de los más cotizados de la actualidad.
A los invitados les recogían el teléfono celular antes de entrar. Nadie quería evidencias de lo que sucedía ahí dentro, en el colofón del sábado de juerga que se organizó el secretario de Planeación y Finanzas del estado de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández, al que a las 11:04pm se incorporó el nuevo gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González, postulado por la alianza PAN-PRD.
La invitación que recibieron los convidados era doble.
Con el número 50 cruzado por dos palos de golf y un cuervo de perfil —al funcionario le apodan como este pájaro—, la primera convocatoria era para el torneo este sábado 10 de diciembre a las 9 de la mañana, en Puerto Cancún, “Salida Pre Escopetazo. Formato Medal Play 100%”.
La segunda era para la fiesta: “Acompáñame en este momento tan importante en mi vida, eres parte de ello… Juan Vergara”, para el sábado a las 8 de la noche en el JW Marriot de Cancún.
Todo esto me lo confiaron distintas personas que fueron testigos o invitados.
Apenas el 23 de noviembre pasado, Joaquín y Vergara anunciaron que su administración entraba en un plan de austeridad para hacer frente a las carencias financieras que les dejó una deuda de 19 mil millones de pesos contratada por la administración del corrupto ex mandatario priísta Roberto Borge.
Juan Vergara, secretario de Finanzas de Quintana Roo, es dueño del canal México Travel Channel, en alguna época intentó ser alcalde de Huauchinango, Puebla, postulado por el PRI, y recientemente se le vinculó a los escándalos financieros que llevaron a la cárcel al ex gobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat.
Si Vergara es un hombre rico y tiene cómo pagarse este fiestón de 50 años, y su fortuna es legal, no hay delito que perseguir. Si no usó su poderoso cargo para conseguir cosas gratis para su fiesta, no hay denuncia que interponer. Si no recibió de sus invitados regalos que superan lo permitido por la ley, no hay queja. Pero todo eso tendrá que ser investigado exhaustivamente, transparentado y aclarado, porque el fiestón despierta todas las sospechas.
Lo que indudablemente es para reprocharse, lo que exhibe falta de sensibilidad política y tacto, es manejar las finanzas de un estado prácticamente en quiebra, ser la cabeza de un plan de austeridad que afecta gravemente a la población y organizarse un guateque de estas dimensiones.
Para el catedrático del CIDE, Alejandro Madrazo Lajous, el saldo de 10 años del Ejército en las calles realizando tareas de seguridad pública es altamente negativo, pues en estos dos últimos sexenios se han disparado las estadísticas sobre ejecuciones extrajudiciales, tortura, toques eléctricos, asfixia y golpes.
En entrevista con La Silla Rota, el especialista en política de drogas advierte de los riesgos que existen al aprobar al vapor un marco jurídico como el que exige el Ejército mexicano.
En la charla consideró indispensable y necesario que el primer paso para elaboración de una ley como la piden los militares, es que las FuerzasArmadas rindan cuentas sobre su actuación en los últimos 10 años en el que han realizado tareas de seguridad pública.
Es necesario, añadió el defensor de derechos humanos, que las Fuerzas Armadas informen cuántas personas mataron en el ejercicio de sus acciones de seguridad pública y que den detalles sobre el gasto de los recursos públicos que han ejercido.
Añadió que el riesgo de darle a los militares lo que quieren, sin una discusión a fondo, sería como permitirles hacer brutalidades con el amparo de la Constitución y de la fuerzacastrense.
¿Qué implica aprobar un marco jurídico como el que pide el Ejército sin una discusión a profundidad y sin tomar en cuenta el tema derechos humanos? ¿Qué riesgo se ven?
El riesgo real es que se profundice aún más la militarización en el país. Es bastante claro a estas alturas que la violencia aumentó en los municipios donde se realizaron operativos conjuntos con el Ejército, en lugar de disminuirla.
Pero más allá de eso de eso, que es inferencia estadística bastante explorada, que habla de una correlación sobre la presencia del Ejército y del incremento de homicidios en el país, lo que es innegable es que han aumentado estrepitosamente las violaciones a los derechos humanos, perpetradas por el propio Ejército.
Todos los estudios, con todos los datos confiables que existen, hablan de un incremento de violaciones graves. Hablan, por ejemplo, de un incremento de la tortura.
La primera encuesta de población carcelaria federal que se hizo en 2012 habla de un brinco importante en los casos reportados por la población sentenciada y detenida por el Ejército. Para dar un ejemplo, hay un incremento de casos de toques eléctricos.
Antes de que el (ex presidente Felipe) Calderón declarara la guerra contra las drogas y militarizara al país, se reportaba un 7.8% de casos de toques eléctricos realizados por integrantes del Ejército, pero después de esa declaración presidencial en 2006 y hasta 2012, el brinco es 44%. Esto habla de la degeneración de las prácticas del propio Ejército.
Están proveyendo de un marco legal que lejos de regular el uso de la fuerza del Ejército, se legitima un uso desregulado de la fuerza, es decir, no hay mecanismos evaluación ni de los resultados y ni de las prácticas del propio Ejército.
Hay dos leyes sobre la mesa ¿Qué opinión merecen estas propuestas?
Tanto la propuesta del senador panista Roberto Gil, como la del priísta César Camacho, son cheques en blanco para que el Ejército haga lo que ha venido haciendo hasta ahorita, lo cual es muy alarmante en materia de derechos humanos y al debido proceso.
Por otra parte, el tema es altamente alarmante porque no ha mejorado la seguridad en el país; al contrario empeora con la presencia del Ejército. No en todos los casos, pero la tendencia es que cuando hay presencia del Ejército en un operativo conjunto, incrementan los homicidios.
¿Qué es lo grave que pudiera pasar con este marco jurídico?
Que continuemos estos procesos muy degenerativos de las prácticas de las funciones castrenses, es decir, más violaciones a derechos humanos, más ejecuciones extrajudiciales, las cuales ya se han documentado.
En este tema también hay otro caso muy importante, pues en la medida que normalicemos el uso de las Fuerzas Armadas como fuerzas de seguridad pública, estamos no sólo retirando los incentivos, sino también el presupuesto para poder mejor nuestras policías, es decir, es una especie de círculo vicioso.
También hay otra paradoja, pues los militares piden más facultades legales y cuando se les den, va a requerir más presupuesto para realizar dichas facultades y ese dinero saldrá de las fuerzas civiles.
En ese sentido, podríamos asegurar que estamos destripando a las policías para darle lo que le correspondía al Ejército y de esta forma iremos acabando con el carácter civil del propio gobierno.
Vemos a un Ejército que cada día asume más funciones. Se le acaba de otorgar la capitanía de puertos a la Armada, lo que significa que el tráfico comercial marítimo de este país no lo supervisa un cuerpo civil.
Las policías están cediendo su lugar al Ejército sin que tengamos mejoras en la seguridad; el Ejército realiza funciones que debería estar haciendo el Ministerio Público; la Conadic ya puso al Ejército a prevenir las adicciones, es decir, todas son funciones que no le competen.
No hay que olvidar que el Ejército está entrenado para matar a quien amenaza existencialmente al Estado y la verdad de las cosas es que el Estado no está amenazado existencialmente y no lo estaba en 2006.
Bajo esa lógica lo que hicimos fue renunciar a la enorme deuda que teníamos en crear instituciones civiles confiables y se lo endosamos al Ejército y el resultado a 10 años de distancias es patente: no tenemos mejor seguridad; tenemos muchas más violaciones a derechos humanos; un marco jurídico mucho más confuso y ahora lo pretenden hacer más confuso si se aprueba esta ley de seguridad interior.
Estamos dañando la imagen de muchas instituciones, especialmente la del Ejército, el cual ha pedido puntos en la reputación que tiene en la población civil.
Antes de la guerra contra la drogas, la aprobación del Ejército estaba en 70 por ciento, ahorita ronda en un 50 por ciento.
No le hace bien al Ejército, no le hace bien a la policía y no le hace bien al país el que estemos militarizando la seguridad pública y es responsabilidad, sin duda alguna, de los mandos políticos: del ex presidente Felipe Calderón y del presidente Enrique Peña Nieto.
Es evidente que si se pone al Ejército a realizar labores de coacción ante la población civil habrá violaciones de derechos humanos, porque es inherente al actuar del Ejército con un tipo de fuerza que no respeta derechos, porque ellos están equipados y preparados para una guerra y no un ciudadano que está infringiendo la ley.
Fue un error lanzar al Ejército a las calles y después mantenerlos en las calles, y quienes están pagando ese costo del error del Calderón y de Peña Nieto son los ciudadanos, quienes tenemos menos garantías legales y cada vez estamos expuestos a prácticas más brutales por parte del Ejército.
En segundo lugar, quien paga este error es el propio Ejército, quien está teniendo una merma importante en la legitimidad.
¿Y los gobernadores? ¿Qué responsabilidad tienen en profesionalizar a sus policías?
La responsabilidad mayor es del Presidente de la República. Es muy fácil responsabilizar a los gobernadores, pero si uno ve cómo sube el presupuesto del Ejército y lo comparas con los fondos federales que van para la mejora de la seguridad pública, ha crecido 35 mil millones de pesos.
También hay responsabilidad de los gobernadores, pues se han desentendido de la materia de seguridad y no han podido crear policías confiables.
Cuando hablamos de violaciones graves a derechos humanos, ¿A qué nos referimos?
Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, tortura, toques eléctricos, asfixia, y golpes.
La reforma constitucional de mando mixto que está atorada en San Lázaro, ¿Sirve de algo en esta discusión?
Tenemos que flexibilizar nuestros esquemas de seguridad pública, pues hay municipios que son perfectamente capaces de tener policías, pero hay otros que son incapaces y se sigue creyendo que hay un sólo modelo de municipios, pero todas las discusiones que se han dado han venido excluyendo a los municipios. Sin embargo un mando mixto civil es mejor que un mando único militar.
¿Qué se puede hacer para que no se apruebe al vapor una reforma así?
Nos tenemos que oponer a que haya un periodo extraordinario para que en la época navideña, cuando la gente está conviviendo con su familia, una vez más vayan a los oscurito a pactar entre las cúpulas partidistas y aprobar lo que se les dé la gana.
Las Fuerzas Armadas llevan 10 años en las calles sin autorización constitucional, pero ahora nos dicen que es urgente y apremiante aprobar una reforma en los próximos 15 días. ¡Perdón! Pero están asustando con el petate del muerto.
No se puede aprobar una reforma así al vapor. Se debe dar una discusión con calma y primerísimo que debería de haber es un informe puntual que transparente la actuación del mando militar en tareas de seguridad pública a lo largo de los últimos 10 años.
Los militares deben de entregar toda la información y que no diga cuánta gente ha matado en el ejercicio de la seguridad pública.
No se puede hablar con seriedad si no se informa con transparencia cuál ha sido el desempeño de las Fuerzas Armadas y que además haya una evaluación independiente sobre cuáles han sido los resultados de la decisión de ex presidente Calderón de militarizar al país. Sin esas dos piezas resulta una farsa que estén discutiendo cualquier cambio legislativo.
¿Qué pueden hacer las ONG´S?
Primero que nada exigir que se rindan cuentas de lo que pasado en los últimos 10 años, incluido al Ejército y el uso que le ha dado los recursos públicos.
El gobernador panista de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca sigue atestiguando la violencia que vive la entidad,ahora en su visita a Tampico para encender mas "pinitos navideños",nuevamente la violencia se hizo presente con enésimo asalto bancario y donde dos de tres hombres irrumpieron en la sucursal Avenida Hidalgo de Banorte, obteniendo un botín de dinero en efectivo y documentos bancarios.
Tampico,Tam.-13/Dic/2016 Este nuevo ilícito se registró a las 14:15 horas de este martes en la Avenida Hidalgo, esquina con Zacatecas de la colonia La Florida.
Una vez que los sujetos lograron conseguir el objetivo, los empleados bancarios dieron aviso a las autoridades, desplazándose al sitio elementos de la Gendarmería Nacional, Sedena, Fuerza Tamaulipas y Policía Estatal Investigadora.
De acuerdo a versión de los empleados, como ya es común, los sujetos entraron haciéndose pasar como clientes y al percibir el momento propicio, sacaron de entre sus ropas sendas pistolas con las que encañonaron al personal y clientes.
Luego de exigir el dinero de las cajas registradoras, así como las pertenecías de los clientes, salieron de la sucursal abordando un carro habilitado como taxi, en donde ya les esperaba un tercer sujeto.
Especialistas en seguridad nacional y promotores de derechos humanos alertaron sobre la posibilidad de que el Congreso le dé a la Fuerzas Armadas un marco jurídico, para llevar a cabo tareas de seguridad pública, que sistematice la violación a los derechos humanos y para que se extienda la mano dura castrense en el país.
En entrevista con La Silla Rota, los especialistas y académicos hicieron un llamado al Congreso para que no aprueben al vapor este marco jurídico que están exigiendo los militares, pues consideran indispensable que antes se dé una revisión profunda que no extralimite la función de los militares en las calles.
René Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinador de análisis sobre violencia de la UNAM, reconoció que sí existen riesgos de que este marco jurídico castrense valide abusos contra población civil.
“(Este marco jurídico que piden) es un riesgo y lo hemos visto en varios capítulos que se han dado en diferentes partes del país, donde no solamente hay ejecuciones por elementos de las Fuerzas Armadas, sino violaciones de los derechos humanos”, explicó.
El académico añadió que este debate llega 10 años tarde, pero reconoció que es necesario que haya una definición sobre el papel que desempeñan los elementos castrenses, pues si se les quiere como policías deben cambiar toda la estructura que los respalda.
“No pueden ser policías con las atribuciones de las Fuerzas Armadas; para que no se dé una regresión en este tema es necesario mantener la realidad y respetarla tal cual ¿para qué fueron educados los policías y para qué fueron educados los militares? Si quieren cambiar a policías, cambien las atribuciones porque no pueden hacerlo con el respaldo de las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas, continuó, fueron instruidas para otras acciones y al hacerlos policías se corre el riesgo de que sigan dándose procesos de militarización en distintas regiones del país.
Para el especialista en temas de violencia, la discusión que se está generando en este momento demuestra un debilitamiento del gobierno federal, pues se entiende como una acción fallida en materia de seguridad.
Sin carta abierta
Para el especialista en seguridad nacional, Gerardo Rodríguez, las Fuerzas Armadas sí necesitan un marco legal que legitime su acción, pero bajo los preceptos constitucionales y bajo ningún motivo se les debe dar “carta abierta” para violar derechos.
“Cualquier legislación que aprueben debe respetar el principio pro-persona y la reforma de derechos humanos que enmarca la actual Constitución mexicana. En ese sentido, cualquier intento de suspender de manera regional o temporal las garantías individuales y los derechos humanos tendría que tener como principio básico de garantía, mecanismos de supervisión desde el propio Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.
El académico del Centro de Estudios sobre la Impunidad y Justicia de la UDLAP agregó que si hay elementos y matera para pensar que de no hacer una legislación integral, se pueden caer en excesos que peguen directamente en la imagen y credibilidad de las Fuerzas Armadas.
“Por ningún motivo se les puede dar carta abierta para suspendan garantías individuales; si lo permitimos estamos dando entrada a un Estado militarizado como ya hubo en el continente Americano”, reiteró.
En ese sentido, Gerardo Rodríguez se prenunció para que el Congreso se tome el tiempo necesario para analizar esta iniciativa y donde participen especialistas en la materia.
Recordó que en 2004, los especialistas en seguridad nacional intervinieron para que no se aprobará “fastrack” la Ley de Seguridad Nacional, logrando 20 cambios y evitando que se legislara al vapor.
Insistió en que esta reforma es tan trascendental para la vida pública del país que debe salir por consenso y por unanimidad, de lo contrario será un marco legal cuestionado a nivel nacional e internacional.
“A nadie le ayudará que salga de noche y a través de madruguete”, consideró el especialista.
Más violencia
El académico del CIDE y promotor de derechos humanos, Alejandro Madrazo, coincidió en la posibilidad de que se agudice en distintas regiones del país la militarización de la seguridad pública.
“Los riegos que existen con esta exigencia del Ejército para regular el marco legal es que agudice la militarización del país con todo lo que ha conllevado a esa militarización”, dijo.
Explicó que 10 años de la participación del Ejército en tareas de seguridad pública en los municipios que hubo este tipo de trabajo ha aumentado la violencia, en lugar de disminuirla.
Hace más de medio siglo las comunidades chinas hallaron una mina en el país para obtener el codiciado “oro azul”. Hoy es un negocio también tocado por el narco y consumido por las élites.
El empresario Kam Wing Chan, de 61 años, fue uno de los tantos engranes: su mueblería angelina Kaven Company, en Estados Unidos, traficaba buche de totoaba del Alto Golfo a China, según el caso 14-CR-3662 de la Corte Federal Sur de California. Lo atraparon en julio de 2015.
Este ecotraficante lo pudo obtener al seguir la amplia cadena que da inicio con los pescadores (los que reciben menos dinero) que extraen de Santa Clara o Puerto Peñasco, Sonora; San Felipe o Puertecitos, Baja California. En ese polígono viven las vaquitas marinas, que quedan atrapadas en las redes. Después, traficantes-intermediarios burlan a las policías federal, estatal y a los marinos en la carretera. Otro modo son brechas en el desierto, según habitantes.
Y sigue la ruta narcobuchera: Mexicali-Tijuana-Ensenada. En los primeros dos puntos pasa por las garitas o los aeropuertos internacionales; la tercera, en cruceros que zarpan a San Diego y San Francisco. Llegar a esos puntos desde las reservas requiere de “corrupción”, dice Jorge Figueroa, ex alcalde de San Luis Río Colorado.
Cada buche del pez cuesta entre 500 y 4 mil dólares [en México 8 mil dólares el kilo; en EU, 16 mil, y en Asia, 60 mil], dijo en 2015 la subprocuradora de San Diego, Melanie Pierson.
México figura en este escenario: en los últimos 16 años se intentaron traficar desde este país 4 mil 50 buches, equivalentes a 291 millones 600 mil pesos, así como casi 19 toneladas de entero, filete, cola, garganta y hueva —cuyos costos fuera de la carta en restaurantes gourmet alcanzan casi 2 mil pesos para un cuarto de filete—, de acuerdo con un cruce elaborado de ocho oficios de PGR, Profepa y Semar obtenidos vía Ley de Transparencia.
Los aseguramientos se concentran en los pases fronterizos, no en la reserva donde vigilan los marinos, según los reportes.
Si los esfuerzos no se intensifican para prohibir las redes totoaberas e impulsar programas de bienestar social para los pescadores, la vaquita marina se extinguirá, alertan en entrevista con EL UNIVERSAL la embajada de Estados Unidos, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Greenpeace, el Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita (Cirva), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y académicos de la UABC y UABCS.
El subprocurador de Recursos Naturales de Profepa, Ignacio Millán, y Joel González, director de Vida Silvestre en la misma institución, consideran que se trata de revertir “un problema de décadas en un periodo corto”, donde por primera vez hay acciones de “transversalidad”.
En julio de 2016 el presidente Enrique Peña Nieto se comprometió en la Casa Blanca a intensificar la protección. El ministro en Ciencia y Tecnología de la Embajada de EU, Pablo Valdez, menciona que una de las acciones fundamentales es que las aprehensiones deriven en procesos judiciales. Según oficios, desde la veda decretada en abril de 2015 van 72 detenidos –los resultados de los procesos no fueron entregados vía Transparencia y no hay consignación de ellos en sus registros públicos—, donde no se reportan empresarios, altos funcionarios ni redes del crimen organizado. A pesar del alcance trasnacional, la PGR negó en un oficio tener coordinación con Interpol.
“Parecemos los chivos expiatorios”, denuncian por su parte los comités de pescadores de Santa Clara, San Felipe y la etnia Cucapá, quienes afirman que el gobierno protege a las cabezas, pues entregaron a Profepa una presunta lista de los principales cabecillas narcobucheros y aún permanecen libres. Al cierre de esta edición, la PGR y la Semar no atendieron las peticiones de entrevista para conocer su postura.
Tráfico de fauna silvestre, entre los primeros
El tráfico de fauna silvestre es el cuarto delito trasnacional que más opera en el mundo (después de drogas, armas y falsificaciones), según la UNODC. La totoaba, señala el organismo, es la principal especie que sale de México y su costo ha superado al oro, los diamantes y a la cocaína, cuyo precio de salida es de 2 mil 500 dólares, frente a 8 mil dólares para la totaba, ambos con medida por kilo.
A medida que su economía escaló en los últimos años, la dieta del dragón se volvió exigente. La República Popular de China se convirtió en el mayor consumidor de productos marinos a nivel mundial. Los comensales de las altas esferas sociales no se conforman con camarones azules o langostas para amenizar las bacanales. Su poder adquisitivo los llevó a exigir vejiga natatoria de totoaba, un pez que alcanza los dos metros y se extrae del Alto Golfo (Baja California y Sonora), para ser transportada a través de Mexicali-Tijuana y Ensenada.
Desde esos puntos puede llegar a EU vía terrestre, así como marítima y aérea hacia China, según confirman oficios de Profepa y PGR.
Según el reporte La demanda china de productos marinos de lujo y las pesquerías mexicanas 2014, de Caplog Group en colaboración con Defense Fund de México, platillos exóticos como la sopa de aleta de tiburón, pepino de mar y buche de totaba pueden alcanzar un precio de más de 200 dólares el platillo (unos 4 mil pesos). “Los precios de los productos en presentación seca, tales como el buche, la aleta de tiburón y el pepino de mar, han aumentado más rápido que los precios de especies frescas, congeladas o vivas. [El costo] del buche es el que más han aumentado: se estima que su precio ha crecido entre seis y siete veces en los últimos cinco a 10 años, mientras que otros productos marinos deshidratados han aumentado alrededor de dos a tres veces en el último año”, señala el informe.
La totaba es una especie protegida e incluida en la lista del Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas y en Peligro de Extinción (Cites) que, cuando la pescan, se lleva entre las redes a la vaquita marina (en peligro de extinción y de la que quedan 57, según el Cirva). Pero sus supuestos beneficios afrodisiacos y medicinales —según la medicina tradicional china— han podido más.
En sus crónicas sobre San Felipe, el historiador Ernesto Sosa narra que en la década de los 20 los asiáticos compraban las vejigas para venderlas en Mexicali, las secaban como chicharrón. Su similitud a la corvina amarilla oriental [Bahana] generó una sobrepesca entre 1930-1940. De acuerdo con el libro Pesquerías globalizadas , en 1945 se capturaron más de 2 mil toneladas y tres décadas después fueron 58. Por ello se declaró la veda. Despúes de 1990 los precios se dispararon.
En febrero de 2016, las autoridades mexicanas y estadounidenses ofrecieron pruebas a China del tráfico ilegal que llegaba a sus puertos. Aceptaron cooperar. Establecieron la firma de una carta de buenas intenciones en 2017 para desarrollar programas conjuntos de vigilancia y protección, recuerda Joel González, funcionario de Profepa, quien detalla que ofrecieron capacitar a oficiales chinos para la detección de totoaba. A principios de 2016 rechazaron la colaboración, decisión que atribuye a posibles cuestiones políticas o vergüenza por reconocer la problemática. Y aseguró que aún intentan convencer al gobierno de Xi Jinping de apoyar el combate al tráfico ilícito de buche.
Pablo Valdez, ministro de Ciencia y Tecnología de la Embajada de EU en México, afirma que su gobierno mantiene conversaciones diplomáticas con China, pero recalca la necesidad de reconocer el problema y su impacto para generar soluciones multilaterales. La embajada de China en México rechazó emitir cualquier comentario sobre el tema a este diario.
Detenciones arbitrarias
En mayo de 2010 se detuvo a dos pescadores en la isla Montague, BC, pues tenían en su poder una totoaba muerta atrapada en su red. A Emilio Hurtado y Juan Antonio Guerra, de la etnia cucapá, los trasladaron al Ministerio Público de San Felipe, y luego al Centro de Readaptación Social de Mexicali, sin el debido proceso. Desde 1993 el gobierno impidió la pesca en el núcleo de la reserva de la biósfera del Alto Golfo de California, aunque su pesca es válida de acuerdo con usos y costumbres que no dañan el medio ambiente. Un mes después los liberaron.
En contraste, las desarticulaciones de redes del crimen organizado son mínimas debido al presunto contubernio. Un inspector de la Profepa de BC, que por seguridad pide anonimato, asegura: “Llegué a ver cuando los llevaban al Ministerio y los soltaban. Sólo pagaban multa”.
Sólo 72 personas fueron detenidas desde abril de 2015, de acuerdo con oficios. La Semar informó en el folio 0001300043215 que de 526 operativos se aseguraron 36 embarcaciones y dos vehículos. La PGR desconoce la cifra de averiguaciones previas abiertas y sentencias.
Los pescadores golfeños dicen que en el negocio de totoaba hay cárteles de la mano de altos funcionarios y empresarios. Servidores de Conapesca lo confirman: “Son cárteles de la droga vinculados con los chinos”. El caso del Cártel de Sinaloa con Samuel Gallardo, El Sammy, en Santa Clara es un ejemplo.
Felipe de la Torre, asesor regional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, de la UNODC, reconoce que “se están generando cambios en la dinámica de pueblos pescadores, que generalmente son humildes y tienen lo básico para subsistir. Pero ahora resulta que muchos de ellos tienen botes de alta tecnología, armas que no habían tenido antes, con las que muchas veces amedrentan a los funcionarios ambientales [...] es característica de grupos delictivos organizados que tienen cierto nivel de poder [...] ¿Cómo se explica que los cargamentos vayan en buques y lleguen a Asia? Tiene que haber una fuerte inversión de recursos para movilizar este tema”, dice.
González coincide: se necesita una red que cuesta entre 40 mil y 50 mil pesos y mínimo una embarcación con un motor de 200 caballos de fuerza, pues si lo detectan autoridades un motor de 90 caballos no sirve para una fuga.
Criaderos, posible solución
EL UNIVERSAL visitó dos criaderos de totoaba que podrían ser una respuesta contra el tráfico. Habría manejo sustentable, regulado y con miras al repoblamiento. En Universidad Autónoma de Baja California nacen cada año 40 mil, luego las liberan en el Alto Golfo.
Pablo Konietzko, titular de Earth Ocean Farms en La Paz, BCS, dice que la producción (no se comercializa el buche) va a restaurantes del país y a las costas sudcalifornianas.
Javier García, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, dice que esto deteriora los cuadros genéticos de la especie.
La esposa de un hombre presuntamente secuestrado en el municipio de San Miguel Totolapan afirmó que tiene retenida a la mamá de Raybel Jacobo de Almonte, 'El Tequilero', líder de Los Tequileros y acusado de secuestros masivos en Guerrero.
En un video la esposa de Isauro de Paz Duque dijo que a su marido se lo llevaron el domingo pasado a las 5:30 de la tarde.
"Las personas que lo secuestraron amenazan con matarlo, nosotros tenemos aquí a su mamá, a la mamá del señor que es el llamado 'Tequilero'", dijo.
El domingo, habitantes del municipio de San Miguel Totolapan, en Guerrero, se declararon en autodefensa contra el grupo delictivo encabezado por "El Tequilero".
La mujer dijo que quiere hacer un intercambio: "Yo le entregaré a su mamá y así como me entregue a mi esposo, así le entregaré a su mamá, pero lo quiero sano y salvo y lo que llegue a pasar a mi familia y a todo el grupo que estamos aquí".
Responsabilizó al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo de lo que pueda pasarle al grupo que se nombró autodefensa.
"Lo responsabilizo a usted, Héctor Astudillo, ya que nunca ha hecho nada por este pueblo, se ha hecho de la vista gorda ya estamos cansados, todo el pueblo está cansado de que se lleven a gente inocente", dijo.
Retienen a seis
No sólo la mamá de 'El Tequilero' está retenida. Integrantes de la autodefensa que ha surgido en San Miguel Totolapan y Ajuchitlán del Progreso mantienen en ese estado a otras cinco personas, quienes son familiares del presunto delincuente y una regidora priista.
En la cárcel de la comisaría de la comunidad de La Gavia permanecen retenidas cinco personas acusadas de formar parte de la estructura delictiva que encabeza Jacobo de Almonte.
De acuerdo con los integrantes de la autodefensa, además de fungir como halcones los retenidos son familiares del jefe de la banda.
Entre las personas detenidas está la regidora del PRI, María del Carmen Barrera Delgado, originaria de la comunidad de La Gavia.
Se espera que en el transcurso del día llegue a San Miguel Totolapan un grupo de representantes del gobierno estatal.
