Para el catedrático del CIDE, Alejandro Madrazo Lajous, el saldo de 10 años del Ejército en las calles realizando tareas de seguridad pública es altamente negativo, pues en estos dos últimos sexenios se han disparado las estadísticas sobre ejecuciones extrajudiciales, tortura, toques eléctricos, asfixia y golpes.
En entrevista con La Silla Rota, el especialista en política de drogas advierte de los riesgos que existen al aprobar al vapor un marco jurídico como el que exige el Ejército mexicano.
En la charla consideró indispensable y necesario que el primer paso para elaboración de una ley como la piden los militares, es que las FuerzasArmadas rindan cuentas sobre su actuación en los últimos 10 años en el que han realizado tareas de seguridad pública.
Es necesario, añadió el defensor de derechos humanos, que las Fuerzas Armadas informen cuántas personas mataron en el ejercicio de sus acciones de seguridad pública y que den detalles sobre el gasto de los recursos públicos que han ejercido.
Añadió que el riesgo de darle a los militares lo que quieren, sin una discusión a fondo, sería como permitirles hacer brutalidades con el amparo de la Constitución y de la fuerza castrense.
¿Qué implica aprobar un marco jurídico como el que pide el Ejército sin una discusión a profundidad y sin tomar en cuenta el tema derechos humanos? ¿Qué riesgo se ven?
El riesgo real es que se profundice aún más la militarización en el país. Es bastante claro a estas alturas que la violencia aumentó en los municipios donde se realizaron operativos conjuntos con el Ejército, en lugar de disminuirla.
Pero más allá de eso de eso, que es inferencia estadística bastante explorada, que habla de una correlación sobre la presencia del Ejército y del incremento de homicidios en el país, lo que es innegable es que han aumentado estrepitosamente las violaciones a los derechos humanos, perpetradas por el propio Ejército.
Todos los estudios, con todos los datos confiables que existen, hablan de un incremento de violaciones graves. Hablan, por ejemplo, de un incremento de la tortura.
La primera encuesta de población carcelaria federal que se hizo en 2012 habla de un brinco importante en los casos reportados por la población sentenciada y detenida por el Ejército. Para dar un ejemplo, hay un incremento de casos de toques eléctricos.
Antes de que el (ex presidente Felipe) Calderón declarara la guerra contra las drogas y militarizara al país, se reportaba un 7.8% de casos de toques eléctricos realizados por integrantes del Ejército, pero después de esa declaración presidencial en 2006 y hasta 2012, el brinco es 44%. Esto habla de la degeneración de las prácticas del propio Ejército.
Están proveyendo de un marco legal que lejos de regular el uso de la fuerza del Ejército, se legitima un uso desregulado de la fuerza, es decir, no hay mecanismos evaluación ni de los resultados y ni de las prácticas del propio Ejército.
Hay dos leyes sobre la mesa ¿Qué opinión merecen estas propuestas?
Tanto la propuesta del senador panista Roberto Gil, como la del priísta César Camacho, son cheques en blanco para que el Ejército haga lo que ha venido haciendo hasta ahorita, lo cual es muy alarmante en materia de derechos humanos y al debido proceso.
Por otra parte, el tema es altamente alarmante porque no ha mejorado la seguridad en el país; al contrario empeora con la presencia del Ejército. No en todos los casos, pero la tendencia es que cuando hay presencia del Ejército en un operativo conjunto, incrementan los homicidios.
¿Qué es lo grave que pudiera pasar con este marco jurídico?
Que continuemos estos procesos muy degenerativos de las prácticas de las funciones castrenses, es decir, más violaciones a derechos humanos, más ejecuciones extrajudiciales, las cuales ya se han documentado.
En este tema también hay otro caso muy importante, pues en la medida que normalicemos el uso de las Fuerzas Armadas como fuerzas de seguridad pública, estamos no sólo retirando los incentivos, sino también el presupuesto para poder mejor nuestras policías, es decir, es una especie de círculo vicioso.
También hay otra paradoja, pues los militares piden más facultades legales y cuando se les den, va a requerir más presupuesto para realizar dichas facultades y ese dinero saldrá de las fuerzas civiles.
En ese sentido, podríamos asegurar que estamos destripando a las policías para darle lo que le correspondía al Ejército y de esta forma iremos acabando con el carácter civil del propio gobierno.
Vemos a un Ejército que cada día asume más funciones. Se le acaba de otorgar la capitanía de puertos a la Armada, lo que significa que el tráfico comercial marítimo de este país no lo supervisa un cuerpo civil.
Las policías están cediendo su lugar al Ejército sin que tengamos mejoras en la seguridad; el Ejército realiza funciones que debería estar haciendo el Ministerio Público; la Conadic ya puso al Ejército a prevenir las adicciones, es decir, todas son funciones que no le competen.
No hay que olvidar que el Ejército está entrenado para matar a quien amenaza existencialmente al Estado y la verdad de las cosas es que el Estado no está amenazado existencialmente y no lo estaba en 2006.
Bajo esa lógica lo que hicimos fue renunciar a la enorme deuda que teníamos en crear instituciones civiles confiables y se lo endosamos al Ejército y el resultado a 10 años de distancias es patente: no tenemos mejor seguridad; tenemos muchas más violaciones a derechos humanos; un marco jurídico mucho más confuso y ahora lo pretenden hacer más confuso si se aprueba esta ley de seguridad interior.
Estamos dañando la imagen de muchas instituciones, especialmente la del Ejército, el cual ha pedido puntos en la reputación que tiene en la población civil.
Antes de la guerra contra la drogas, la aprobación del Ejército estaba en 70 por ciento, ahorita ronda en un 50 por ciento.
No le hace bien al Ejército, no le hace bien a la policía y no le hace bien al país el que estemos militarizando la seguridad pública y es responsabilidad, sin duda alguna, de los mandos políticos: del ex presidente Felipe Calderón y del presidente Enrique Peña Nieto.
Es evidente que si se pone al Ejército a realizar labores de coacción ante la población civil habrá violaciones de derechos humanos, porque es inherente al actuar del Ejército con un tipo de fuerza que no respeta derechos, porque ellos están equipados y preparados para una guerra y no un ciudadano que está infringiendo la ley.
Fue un error lanzar al Ejército a las calles y después mantenerlos en las calles, y quienes están pagando ese costo del error del Calderón y de Peña Nieto son los ciudadanos, quienes tenemos menos garantías legales y cada vez estamos expuestos a prácticas más brutales por parte del Ejército.
En segundo lugar, quien paga este error es el propio Ejército, quien está teniendo una merma importante en la legitimidad.
¿Y los gobernadores? ¿Qué responsabilidad tienen en profesionalizar a sus policías?
La responsabilidad mayor es del Presidente de la República. Es muy fácil responsabilizar a los gobernadores, pero si uno ve cómo sube el presupuesto del Ejército y lo comparas con los fondos federales que van para la mejora de la seguridad pública, ha crecido 35 mil millones de pesos.
También hay responsabilidad de los gobernadores, pues se han desentendido de la materia de seguridad y no han podido crear policías confiables.
Cuando hablamos de violaciones graves a derechos humanos, ¿A qué nos referimos?
Estamos hablando de ejecuciones extrajudiciales, tortura, toques eléctricos, asfixia, y golpes.
La reforma constitucional de mando mixto que está atorada en San Lázaro, ¿Sirve de algo en esta discusión?
Tenemos que flexibilizar nuestros esquemas de seguridad pública, pues hay municipios que son perfectamente capaces de tener policías, pero hay otros que son incapaces y se sigue creyendo que hay un sólo modelo de municipios, pero todas las discusiones que se han dado han venido excluyendo a los municipios. Sin embargo un mando mixto civil es mejor que un mando único militar.
¿Qué se puede hacer para que no se apruebe al vapor una reforma así?
Nos tenemos que oponer a que haya un periodo extraordinario para que en la época navideña, cuando la gente está conviviendo con su familia, una vez más vayan a los oscurito a pactar entre las cúpulas partidistas y aprobar lo que se les dé la gana.
Las Fuerzas Armadas llevan 10 años en las calles sin autorización constitucional, pero ahora nos dicen que es urgente y apremiante aprobar una reforma en los próximos 15 días. ¡Perdón! Pero están asustando con el petate del muerto.
No se puede aprobar una reforma así al vapor. Se debe dar una discusión con calma y primerísimo que debería de haber es un informe puntual que transparente la actuación del mando militar en tareas de seguridad pública a lo largo de los últimos 10 años.
Los militares deben de entregar toda la información y que no diga cuánta gente ha matado en el ejercicio de la seguridad pública.
No se puede hablar con seriedad si no se informa con transparencia cuál ha sido el desempeño de las Fuerzas Armadas y que además haya una evaluación independiente sobre cuáles han sido los resultados de la decisión de ex presidente Calderón de militarizar al país. Sin esas dos piezas resulta una farsa que estén discutiendo cualquier cambio legislativo.
¿Qué pueden hacer las ONG´S?
Primero que nada exigir que se rindan cuentas de lo que pasado en los últimos 10 años, incluido al Ejército y el uso que le ha dado los recursos públicos.
Fuente.-LaSillaRota
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