Especialistas en seguridad nacional y promotores de derechos humanos alertaron sobre la posibilidad de que el Congreso le dé a la Fuerzas Armadas un marco jurídico, para llevar a cabo tareas de seguridad pública, que sistematice la violación a los derechos humanos y para que se extienda la mano dura castrense en el país.
En entrevista con La Silla Rota, los especialistas y académicos hicieron un llamado al Congreso para que no aprueben al vapor este marco jurídico que están exigiendo los militares, pues consideran indispensable que antes se dé una revisión profunda que no extralimite la función de los militares en las calles.
René Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinador de análisis sobre violencia de la UNAM, reconoció que sí existen riesgos de que este marco jurídico castrense valide abusos contra población civil.
“(Este marco jurídico que piden) es un riesgo y lo hemos visto en varios capítulos que se han dado en diferentes partes del país, donde no solamente hay ejecuciones por elementos de las Fuerzas Armadas, sino violaciones de los derechos humanos”, explicó.
El académico añadió que este debate llega 10 años tarde, pero reconoció que es necesario que haya una definición sobre el papel que desempeñan los elementos castrenses, pues si se les quiere como policías deben cambiar toda la estructura que los respalda.
“No pueden ser policías con las atribuciones de las Fuerzas Armadas; para que no se dé una regresión en este tema es necesario mantener la realidad y respetarla tal cual ¿para qué fueron educados los policías y para qué fueron educados los militares? Si quieren cambiar a policías, cambien las atribuciones porque no pueden hacerlo con el respaldo de las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas, continuó, fueron instruidas para otras acciones y al hacerlos policías se corre el riesgo de que sigan dándose procesos de militarización en distintas regiones del país.
Para el especialista en temas de violencia, la discusión que se está generando en este momento demuestra un debilitamiento del gobierno federal, pues se entiende como una acción fallida en materia de seguridad.
Sin carta abierta
Para el especialista en seguridad nacional, Gerardo Rodríguez, las Fuerzas Armadas sí necesitan un marco legal que legitime su acción, pero bajo los preceptos constitucionales y bajo ningún motivo se les debe dar “carta abierta” para violar derechos.
“Cualquier legislación que aprueben debe respetar el principio pro-persona y la reforma de derechos humanos que enmarca la actual Constitución mexicana. En ese sentido, cualquier intento de suspender de manera regional o temporal las garantías individuales y los derechos humanos tendría que tener como principio básico de garantía, mecanismos de supervisión desde el propio Congreso y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.
El académico del Centro de Estudios sobre la Impunidad y Justicia de la UDLAP agregó que si hay elementos y matera para pensar que de no hacer una legislación integral, se pueden caer en excesos que peguen directamente en la imagen y credibilidad de las Fuerzas Armadas.
“Por ningún motivo se les puede dar carta abierta para suspendan garantías individuales; si lo permitimos estamos dando entrada a un Estado militarizado como ya hubo en el continente Americano”, reiteró.
En ese sentido, Gerardo Rodríguez se prenunció para que el Congreso se tome el tiempo necesario para analizar esta iniciativa y donde participen especialistas en la materia.
Recordó que en 2004, los especialistas en seguridad nacional intervinieron para que no se aprobará “fastrack” la Ley de Seguridad Nacional, logrando 20 cambios y evitando que se legislara al vapor.
Insistió en que esta reforma es tan trascendental para la vida pública del país que debe salir por consenso y por unanimidad, de lo contrario será un marco legal cuestionado a nivel nacional e internacional.
“A nadie le ayudará que salga de noche y a través de madruguete”, consideró el especialista.
Más violencia
El académico del CIDE y promotor de derechos humanos, Alejandro Madrazo, coincidió en la posibilidad de que se agudice en distintas regiones del país la militarización de la seguridad pública.
“Los riegos que existen con esta exigencia del Ejército para regular el marco legal es que agudice la militarización del país con todo lo que ha conllevado a esa militarización”, dijo.
Explicó que 10 años de la participación del Ejército en tareas de seguridad pública en los municipios que hubo este tipo de trabajo ha aumentado la violencia, en lugar de disminuirla.
Fuente.-LaSillaRota
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