Ante su inminente extradición,
cunde el temor entre sus principales vínculos en la política y el tráfico de
drogas por los nombres que el capo narco quiera revelar a la justicia
La inminente
extradición del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán
Loera a Estados Unidos representa para ese gobierno la oportunidad de tener
acceso a información sobre el tráfico de drogas y los nombres de algunos de los
involucrados en al menos 54 países.
Información del gobierno de
Estados Unidos divulgada hace dos años reveló que el Cártel de Sinaloa,
liderado por Guzmán Loera, tenía operaciones en 24 de los 31 estados mexicanos,
en aproximadamente 200 ciudades latinoamericanas y 54 países.
Analistas consultados por
Infobae aseguran que "El Chapo" optaría por dar, en primer lugar,
nombres de funcionarios municipales, y conforme avance el proceso judicial y la
oferta de conmutación de penas, vendría la data de políticos y empresarios de
más alto rango.
En México, después de tres arrestos
y dos fugas de penales de alta seguridad, Guzmán Loera se ha negado a revelar
los nombres de altos funcionarios y empresarios que pudieran colaborar o
recibir sobornos de su organización, sin embargo, en caso de ser extraditado,
esa información será su activo más valioso para reducir su condena o tener
acceso a privilegios en prisión.
"Estados Unidos tiene la
mejor red de informantes en el mundo y 'El Chapo' sería un eslabón muy valioso
en esa red", afirma Eduardo Guerrero, experto en temas de seguridad de
Lantia Consultores, un think tank mexicano.
Algunos nombres de altos
funcionarios que, presuntamente, tuvieron algún tipo de contacto con el capo
empezaron a surgir desde el año pasado, cuando se dio a conocer que en
junio de 2011, mientras se encontraba prófugo, "El Chapo" se habría
reunido con 20 gobernadores en el hotel Pueblo Bonio Emerald Bay, en Sinaloa,
su estado natal.
Información publicada por el
periodista estadounidense Wayne Madsen en el sitio Infowars.com y divulgada por
el semanario mexicano Proceso, uno de los medios más prestigiosos de México,
destaca que entre los asistentes se encontraban los gobernadores de
Sinaloa, Mario López Valdéz; el gobernador de Querétaro y actual
Ministro de Agricultura, José Eduardo Calzada Rovirasa; de Guerrero, Ángel
Aguirre Rivero –quien tuvo que dejar el cargo en 2014 tras el
escándalo de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa-; Rodrigo
Medina, entonces gobernador de Nuevo León –actualmente bajo proceso
judicial por presunta corrupción-; Guillermo Padrés Elías, quien
recién terminó su periodo en Sonora, acusado de presunta corrupción, y sobre
quien pesa una orden de captura de la Interpol; Javier Duarte de Ochoa,
de Veracruz, actualmente también prófugo de la justicia, y Rafael
Moreno Valle, de Puebla, aspirante a la candidatura presidencia de 2018,
por mencionar algunos.
La mayoría negó en su momento la
información, sin embargo, ninguno emprendió acciones legales en contra del
reportero o del medio informativo.
Sin embargo, a juicio de
Guerrero, el narcotraficante sería muy cuidadoso al proporcionar información
tanto sobre la estructura y operaciones de su cártel como de los funcionarios
que han colaborado con él, sobre todo los de las más altas esferas.
"Es un hombre respetuoso de
los códigos de honorabilidad, va a soltar poco, pero muy valioso. Tiene muy
buena información y puede acabar con la reputación de muchos empresarios y
políticos, va a ser muy selectivo porque si empieza a soltar nombres sin
sustento no va a ser valioso para el gobierno de Estados Unidos y eso le va a
quitar privilegios", agrega Guerrero.
Alejandro Hope, un reconocido
analista mexicano en temas de seguridad, tiene una visión distinta: opina que
el riesgo mayor de la extradición se corre al interior del cártel porque
dependiendo del acuerdo al que pudiera llegar con EU empezaría a surgir
información desconocida sobre Ismael "El Mayo" Zambada, otro de los
líderes, y la pieza más importante de la organización, ahora que "El
Chapo" está en prisión.
Más nombres
El alcance que puede tener el
capo lo demostró el expresidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, quien en una
audiencia judicial confesó que en 1993 había rechazado un soborno de 800.000
dólares para dejarlo escapar.
Apenas en abril de este año,
fuerzas policíacas de Estados Unidos y Colombia ejecutaron la llamada
"Operación Neymar" –ya que los sospechosos usaban el nombre del astro
brasileño del fútbol- cuyo esquema de operaciones alcanzaba a 17 países
(Colombia, México, Guatemala, Venezuela, Estados Unidos, Canadá, España,
Holanda, Gran Bretaña, China y Australia).
El principal operador de esta
red sería Juan Manuel Álvarez Inzunza "El Rey Midas", a quien se
señala como el principal lavador de dinero de "El Chapo". El presunto
capo fue detenido en México y sobre su cabeza también pesa un pedido de
extradición.
Guzmán Loera podría dar información
que facilitara su envío a EU. El "Rey Midas" lavó, presuntamente,
entre 300 y 400 millones de dólares al año durante casi una década.
El gobierno de Estados Unidos
también buscaría información de los colombianos Iván Alfredo Castro Santana –ya
detenido en su país- e Iván Andrés Lizarazo Mendoza, ambos sospechosos de ser
enlaces del cártel de Sinaloa en Cali.
Hope afirma que en el caso de
Estados Unidos ya hay procesos en contra de agentes de la Patrulla Fronteriza
por vínculos con el Cártel del Sinaloa –incluso el año pasado, un testigo
protegido reveló que este cuerpo policial vendió a la organización al menos 30
rifles WASR-10, una variante del AK-47- sin embargo, "no sabemos la
naturaleza de las revelaciones que vaya a hacer Guzmán Loera".
Los ojos sobre México
Hope y Guerrero concluyen que
México está obligado a entregar al capo a Estados Unidos, principalmente para
quitarse el peso de una posible tercera fuga.
Para los dos países es un
"tesoro de información", pero para México, sería menos costoso pagar
el precio de las revelaciones de "El Chapo" que el enfrentarse a las
críticas por una nueva fuga.
Cuando Guzmán Loera fue
recapturado, el 8 de enero de este año, fue internado en la Cárcel de Alta
Seguridad del Altiplano, en el Estado de México (contiguo a la Ciudad de
México), el mismo del que se había fugado unos meses atrás a través de un túnel
que conectaba a su celda con la calle. Tres meses después fue trasladado a una
prisión en Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera con Estados Unidos, según
Guerrero, luego de haberse detectado señales de un nuevo intento de fuga.
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