Las últimas semanas han sido incendiarias en el país por el repunte de la violencia en varias regiones del territorio nacional, ante la cual el gobierno de Enrique Peña Nieto se encuentra rebasado, pasmado a tal punto que todas sus estrategias de seguridad están inconclusas o, de plano, fracasaron.
Un estudio del Índice Global de Paz correspondiente a 2016 indica que México se halla muy cerca de entrar al grupo de naciones con “índices de paz muy bajos”, como Siria, Afganistán, Irak, Paquistán, Libia, Ucrania y Somalia, entre otros.
Apoco más de dos años para que acabe su gobierno, Enrique Peña Nieto está igual que su antecesor: rebasado por la violencia. Su gestión ha seguido la tendencia que en una década ha hecho de México uno de los países más violentos e inseguros del mundo.
Expertos y mediciones internacionales, así como las propias cifras oficiales mexicanas, indican que la actual administración ha sido incapaz de revertir el conflicto interno derivado de la disputa de los grupos de delincuencia organizada por el control del territorio y los mercados ilegales y de la propia respuesta armada gubernamental.
A pesar de los compromisos de Peña Nieto al inicio de su administración de que se enfocaría en reducir la violencia del narcotráfico, combatir la corrupción y rediseñar las políticas contra el tráfico de drogas, muy poco es lo que se ha alcanzado, asegura la investigadora Vanda Felbab-Brow, del Centro para la Seguridad e Inteligencia del Siglo 21, perteneciente al Programa de Política Exterior del centro de pensamiento Brookings Institution, de Washington.
Experta en el estudio de conflictos internos e internacionales y en el de amenazas no tradicionales a la seguridad, como la delincuencia organizada, las economías ilegales, la violencia urbana o la insurgencia, Felbab-Brown no duda en recurrir a las experiencias de Colombia y Afganistán para referirse al conflicto interno que padece México.
No es la única comparación internacional respecto a la situación violenta del país. El Índice Global de Paz (IGP) 2016 ubica al país en el lugar 140 de una lista de 163 países analizados por el Instituto para la Economía y la Paz, lo que, al estar en los últimos sitios, significa que se halla en un “bajo estado de paz” debido al número de personas muertas cada año. Esa institución tiene en México una de sus cuatro oficinas en el mundo. Las otras están en Sídney, Nueva York y Bruselas.
De acuerdo con esa lista de mayor a menor índice de paz, México, con más de 17 mil decesos violentos anuales en promedio en lo que va de la gestión de Peña Nieto, está a sólo ocho lugares de quedar dentro del grupo de naciones con índices de “paz muy bajos”, como Siria, Afganistán, Irak, Paquistán, Libia, Ucrania y Somalia, entre otros.
Es el más violento de América Central y el Caribe, por encima de Guatemala, El Salvador, Honduras y otros países que han registrado una gran violencia a causa de la inseguridad. Explica que México se encuentra en el fondo como resultado de un ligero deterioro ocasionado por una creciente presencia armada y policial y el incremento en el número de desplazados por la actual guerra contra las drogas.
Incluso las cifras más conservadoras, las del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), demuestran con claridad el nivel de violencia alcanzado en México desde hace una década, cuando a principios de 2007 el entonces presidente Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico. Según los números oficiales, de entonces a la fecha se han registrado en el país 165 mil homicidios dolosos.
De esa cantidad, 104 mil 844 corresponden al sexenio anterior y 50 mil 156 al actual, hasta junio pasado. En los dos primeros años del gobierno de Peña Nieto, ese registro tuvo una tendencia a la baja, pero a partir del año pasado repuntó y en lo que va del actual las estimaciones son todavía a la alza, en circunstancias cercanas a los peores años de Calderón.
En los datos oficiales, el promedio hasta ahora con Peña Nieto ha sido de 17 mil 187 muertos al año; con Calderón fue de 17 mil 474. Con esas cifras, a excepción de Siria, México es el país del mundo con el mayor incremento en el número de muertos por conflictos internos.
De acuerdo con el IGP 2016, una decena de países se encuentran en esa condición. Después de México están Irak, Nigeria, Afganistán, Nigeria, Yemen, Sudán del Sur, Ucrania, República Centroafricana y Paquistán, mientras que otros como Colombia, Chad, Etiopía y Sri Lanka han visto reducciones significativas en el número de muertos por conflictos internos.
El estudio del Instituto para la Economía y la Paz revela un panorama devastador: “México tuvo una explosión de la violencia después de que el gobierno inició el combate a la actividad de los cárteles de la droga en 2007, y aunque el país ha comenzado a ser más pacífico en los años recientes, el conflicto aún costó más de 30 mil vidas entre 2013 y 2014” (33 mil 985, según el SNSP).
Continúa: “Esa cifra está justo debajo del número total de personas asesinadas por actos terroristas en todo el mundo. La formación del llamado Estado Islámico de Irak y el Levante (ISIL, por sus siglas en inglés) llevó al resurgimiento de las muertes en Irak, a más de 32 mil, y hubo también un re-escalamiento del ambiente conflictivo en Afganistán, que pasó de cuatro mil 210 en 2008 a 22 mil 170, una cifra similar al número de muertos que hubo en México en el último año de Calderón: 21 mil 786.
La misma política de Calderón
Poco se modificó con la llegada de Peña Nieto para detener la violencia en México. Vanda Felbab-Brown señala que el actual gobierno ha mantenido la estrategia y cometido los mismos errores de Calderón: Se enfocó principalmente en dar seguridad inmediata en áreas donde la pelea entre los grupos del narcotráfico ha surgido de nuevo, como en Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México.
Además, a menudo ha provocado sin advertirlo estos brotes de violencia. A pesar de la retórica de sus ambiciones iniciales, la administración de Peña Nieto volvió a confiar en la combinación de las Fuerzas Armadas con la Policía Federal para enfrentar a la violencia delictiva, escribió la experta en un texto titulado “Cuidado: La inescapable necesidad de un mejor cumplimiento de la ley en México”.
El análisis de Felbab-Brown forma parte del reporte Después de las guerras de las drogas, publicado en febrero de este año y elaborado por un grupo de expertos en la economía de la política pública contra las drogas de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, conocida como LSE por las siglas en inglés del London School of Economics, una de las universidades más reconocidas en el mundo en el área de ciencias sociales.
La experta no pudo ser más clara: Peña Nieto ha seguido con “una, en esencia, análoga falta de planeación y propuesta y esencialmente el mismo diseño operativo que la previa administración de Felipe Calderón”.
En particular, abunda, el actual gobierno adoptó el mismo “objetivo no estratégico” de detener a cabezas del narcotráfico, definido por su antecesor. La única excepción la encuentra en el caso de Los Zetas y Los Caballeros Templarios.
Sostiene que la postura de intervención del gobierno mexicano continúa siendo tomada principalmente sobre bases no estratégicas en espera de tener una inteligencia oportuna. Pero actúa, dice, sin la reflexión, la planeación y las propuestas que se requieren para evitar nuevos ciclos de violencia peligrosos y una respuesta renovada de los grupos del narcotráfico.
“El recrudecimiento de seguir objetivos de alto valor (jefes de grupos narcotraficantes) es parcialmente el resultado de la inercia institucional por la ausencia de una estrategia alternativa, y de la relativa simplicidad operativa de ese modelo, comparado con una política de mediano nivel, que es más efectiva pero también más demandante”, añade.
Felbab-Brown considera que la oportunidad de Peña Nieto para lograr una reforma en seguridad durante su sexenio “ha desaparecido prematuramente”. Es más, dice, los pilares claves de su política en la materia se le están cayendo fácilmente, incluida la Gendarmería, su supercentro de inteligencia y el mando único policial.
El proyecto inicial de Peña Nieto era hacer de la Gendarmería un cuerpo de 40 a 60 mil hombres para reemplazar a la Policía Federal (PF), pero los desacuerdos entre el Ejército y la Marina con la Secretaría de Gobernación y la propia inoperancia de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), de la que depende la PF, cuando estaba al mando de Manuel Mondragón y Kalb, acabaron con el ambicioso proyecto y la Gendarmería se redujo a una simple división más de la Policía Federal que inició con sólo cinco mil efectivos (Proceso 1970).
Peña Nieto también anunció la creación de un Sistema Nacional de Inteligencia, para integrar todos los trabajos en la materia del gobierno federal, tanto civil como militar. Además de la información del Ejército y la Marina, en el nuevo sistema estarían los trabajos de la propia PF, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional. El sistema tampoco ha funcionado y ni siquiera el Ejecutivo federal ha enviado al Legislativo las iniciativas para reformar las respectivas leyes.
La propuesta del Mando Único Policial, proveniente del gobierno anterior, tampoco se ha materializado en los casi cuatro años del gobierno de Peña. Es más, es poco probable que eso ocurra porque en el Congreso hay distintas iniciativas de ley para que el mando policial no sea único, concentrado en los gobiernos de los estados, sino mixto; es decir, que exista mando único en unos estados y que otros mantengan sus policías municipales.
Más aún, dice Felbab-Brown, la administración de Peña Nieto ha destacado por su poca coordinación entre las agencias de seguridad nacional y las unidades de los gobiernos locales, lo que ha sido determinante en el aumento de la violencia delictiva en México.
El gobierno ha dicho que la coordinación es un aspecto clave de su enfoque contra la delincuencia, como esta semana lo reiteró el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Pero ese discurso, dice la especialista, tampoco se enfoca en la sustancia de las políticas públicas de seguridad.
Doble actitud ante las autodefensas
Observa también que con Peña Nieto han surgido los grupos armados civiles o autodefensas. México experimenta una nueva forma de violencia, sobre todo en Guerrero y Michoacán, ante la que ha tenido un doble comportamiento. Ante algunos de esos grupos ha mostrado su voluntad de confrontarlos y hasta de procesarlos, como en el caso de José Manuel Mireles en Michoacán, quien acaba de cumplir dos años preso acusado de portación de armas.
Por el contrario, dice, después de una actitud negligente y de un ir y venir entre la línea dura y la aceptación de las milicias, el último plan fue plegarlas en Cuerpos de Defensa Rural, como la menos peor de las opciones. “Sin embargo, el gobierno ha fallado en hacer cumplir sus planes” respecto a estos grupos armados, pues en ambos estados se han convertido en importantes fuentes de conflicto y abuso, actuando como si fueran fuerzas estabilizadas.
Advierte que la opción de las milicias puede ser seductora a corto plazo en un momento de crisis, pero a largo plazo “trae problemas para la seguridad, el respeto a la ley y la legitimidad del Estado, como ocurre en gran medida en México y como ha pasado en Colombia y Afganistán”.
Otra política fallida de Peña Nieto que anota es el establecimiento de polígonos para la prevención de la delincuencia, a cargo también de la Secretaría de Gobernación a través de la subsecretaría de Seguridad Pública.
El programa de polígonos no se ha operado bien y no está integrado a los esfuerzos de la actuación policial. Discretos, los esfuerzos están dispersos: la teoría, la puesta en marcha y los parámetros de monitoreo de la estrategia nacional para la prevención de delito no están trabajando de forma adecuada, afirma.
Ante las fallas evidentes, hay quienes incluso buscan la restitución de la Secretaría de Seguridad Pública federal que funcionó durante los gobiernos del PAN de Vicente Fox y Felipe Calderón.
“El primer error en la política de seguridad del gobierno de Peña Nieto fue desaparecer la SSP federal y que la Secretaría de Gobernación reabsorbiera sus funciones”, dice el diputado del PRD por el distrito electoral 18 de la Ciudad de México, en Iztapalapa, Arturo Santana Alfaro.
En febrero pasado este legislador presentó ante el pleno de la Cámara una propuesta para restituir a la SSP federal, a pesar de los malos recuerdos que hay en el país de su último titular, Genaro García Luna, durante el gobierno de Calderón. Hay adhesiones del PAN y de otros partidos de izquierda, como Movimiento Ciudadano, para quitarle de nueva cuenta a la Secretaría de Gobernación las funciones policiales y de seguridad, comenta en entrevista.
“A pesar de que en el PRD estuvimos en muchas cosas en desacuerdo con García Luna, sabíamos que era necesaria la consolidación de una secretaría de Estado encargada exclusivamente de la seguridad en el país, incluidos los sistemas penitenciario y de inteligencia. La SSP federal estaba en un proceso de transición y evolución y Peña Nieto vino a truncarla creando una supersecretaría de Gobernación que no ha podido con esa tarea”, asegura el legislador.
Secretario de la Comisión de Justicia, Santana Alfaro señala que como consecuencia quedaron de lado proyectos importantes como la Plataforma México, el sistema de interconexión que en teoría integraba todas las bases de datos para el combate a la delincuencia de todas las instituciones de seguridad y procuración de justicia en el país.
Se dejaron de pedir recursos para esta plataforma y todo se integró al Cisen, también dependiente del secretario de Gobernación, además de que tampoco se avanzó en el servicio civil de carrea policial, se creó una versión “tropicalizada” de las gendarmerías europeas y sudamericanas y ni siquiera se ha concretado la propuesta del mando único policial propuesto por Peña.
Aunque el diputado perredista aclara que en este último caso se trata de un tema complicado por las diferentes visiones que hay en el Congreso, asegura que el gobierno de Peña Nieto está ya desde ahora reprobado en las tareas de seguridad.
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