La publicación simultánea de los resultados de la investigación llamada #PanamaPapers causó una conmoción mundial. Fue condenada unánimemente, en un principio, por casi todos los medios de comunicación del mundo que no habían participado en el proyecto. Pero poco a poco los efectos han empezado a sentirse y su aceptación aumenta. Durante algo más de un año, 376 periodistas de más de cien medios del mundo trabajaron en secreto para desentrañar ese laberinto de empresas fantasma donde quisieron ocultar bienes muchos jefes de Estado y de gobierno, sus familiares y amigos, traficantes de armas, narcotraficantes, comerciantes de arte, futbolistas…
En febrero de 2015 el periódico Süddeutsche Zeitung (SZ), de Múnich, Alemania, dio la exclusiva: las autoridades alemanas estaban investigando cientos de casos de evasión de impuestos y de probable lavado de dinero. Varios bancos alemanes habían sido ya objeto de operativos en busca de evidencias.
En especial uno, el Commerzbank. El segundo banco más importante de Alemania había sido intervenido en sus oficinas centrales de Frankfurt por 150 abogados fiscalistas, inspectores y detectives.
Los reporteros del diario supieron que el gobierno de Alemania había comprado un paquete de documentos de la firma de abogados Mossack Fonseca, establecida en Panamá y dedicada a la creación de empresas offshore que estaban operando con el apoyo de bancos alemanes.
Otros gobiernos europeos se sumaron a la investigación porque esas compañías offshore alcanzaban a cientos de sus ciudadanos y a sus sistemas financieros. También estaban dispuestos a pagar.
Adelantado en la cobertura del caso, el SZ recibió de forma anónima un primer paquete de información sobre Mossack Fonseca. Eran correos electrónicos, documentos en formato word, imágenes y bases de datos internas del despacho. En total 80 gigabytes.
La filtración siguió creciendo y pronto rebasó la base de datos que el gobierno alemán había comprado, según pudieron saber los periodistas del SZ de sus fuentes. El número de países, bancos y clientes involucrados fue creciendo.
Los periodistas alemanes entraron en contacto con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Washington y que acababa de publicar una investigación conjunta de medios de varios países, SwissLeaks, la historia de las cuentas secretas de políticos, empresarios y celebridades de todo el mundo en el banco HSBC en Ginebra, Suiza.
La información entregada al SZ siguió creciendo. Hacia mediados de 2015 alcanzaba ya los 2.4 terabytes. Prácticamente todo el mundo estaba implicado. Junto con el diario, el ICIJ decidió convocar a periodistas del mayor número de países para que indagaran en esa enorme y compleja base de datos.
Algunos de los medios que habían trabajado en SwissLeaks y antes en WikiLeaks decidieron separarse del proyecto ante la masiva incorporación de periodistas. Para el ICIJ no había otra manera de descubrir lo que había en todo ese tipo de documentos. La condición: acuerdos, firmados, de confidencialidad.
En septiembre siguiente, decenas de periodistas de todo el mundo se reunieron en Múnich, en la sede del SZ. Proceso fue el único medio mexicano presente. Para entonces, ya era claro que asistían a la filtración más grande de la historia.
Durante dos días, los reporteros de investigación del diario alemán Frederich Obermaier y Bastian Obermayer y los directivos del ICIJ compartieron el alcance de la investigación e instruyeron a los periodistas cómo investigar de mejor manera para no perderse en el mar de datos.
Los periodistas que ya habían comenzado a indagar en los documentos compartieron las historias que se empezaban a perfilar: presidentes, primeros ministros, reyes, sus familiares y amigos, traficantes de armas, narcotraficantes, comerciantes de arte, futbolistas y empresas reconocidas, además de un sinnúmero de entidades financieras, participaban en un complejo entramado internacional que comenzaba en las oficinas en Panamá de Mossack Fonseca con el propósito de ocultar sus identidades y la ruta del dinero.
Se formaron grupos de periodistas por regiones y por temas de interés. Se definieron agendas de trabajo y se compartieron también orientaciones para mejorar las búsquedas.
Los periodistas de Panamá explicaron lo que es Mossack Fonseca: una gran maquinaria que opera en 35 países con 48 oficinas y la manera en que ha sofisticado sus operaciones a través de instrumentos legales para ocultar el origen del dinero. En México, Mossack Fonseca no tiene oficinas. En su lugar, cuenta con decenas de despachos de abogados que les presentan a los prospectos que buscan sacar dinero del país.
“Maestros del secreto”, se definió en esa reunión al despacho fundado por Jürgen Mossack, hijo de un funcionario de la Alemania nazi y posterior agente de la CIA en América Central, y Ramón Fonseca, un escritor egresado de la London School of Economics y asesor de la presidencia de Panamá hasta que se revelaron los secretos de su firma. Semanas antes ya había pedido licencia cuando un grupo de periodistas coordinados por el ICIJ fueron a Panamá para entrevistar a los socios.
Durante meses, 376 periodistas de más de cien medios se comunicaron e intercambiaron resultados de sus búsquedas en los 11 millones y medio de documentos que resultaron al final, contenidos en 2.6 terabytes. En el foro habilitado por el ICIJ, al que sólo se podía acceder con códigos de seguridad, convergieron periodistas de casi 80 países y de 25 lenguas diferentes.
Para la cobertura México, además de Proceso participaron Aristegui Noticias, Univisión y Grupo McClatchy, que edita varios periódicos en Estados Unidos.
Cada medio definió sus historias, acordando fechas para no adelantarse en el caso que dos o más estuvieran interesados en el mismo tema. Durante meses se habían mantenido las medidas de seguridad, con el temor constante de que la investigación se filtrara antes de las 13:00 horas, tiempo de México, del domingo 3.
Dio la una de la tarde en la Ciudad de México. En Islandia se terminaba la tarde; los moscovitas se preparaban a dormir y en Seúl, los madrugadores se levantaban para iniciar la semana. Al mismo instante salieron las primeras notas de lo que desde el año pasado se llamó PanamaPapers.
Un par de horas antes de la caída del embargo, algunos medios y organizaciones habían advertido de la inminente publicación de revelaciones a nivel internacional. Aun con un público preparado, la dimensión de la noticia rebasó las expectativas. Pronto la información rebotó de celular en celular, sacudiendo las redes sociales; no sonaban las 14:00 horas y #PanamaPaper ya era “trending topic” a nivel mundial.
La experiencia fue prácticamente igual para todos los colegas en el mundo. El tema PanamaPapers generó muchas reacciones a nivel político y en redes sociales; sin embargo, se observó una actitud de distancia del resto de la prensa respecto a los trabajos de los medios nacionales; México no fue la excepción.
Los islandeses sabían que algo extraño ocurría. El pasado 15 de marzo, la esposa del primer ministro publicó en sus redes sociales que poseía una empresa offshore a su nombre, y afirmaba que no había nada ilegal detrás de ello. Cuatro días antes, Reykiavik Media y SVT –dos medios socios de ICIJ– habían preguntado, en entrevista con el primer ministro, sobre la existencia de la empresa offshore.
En la noche del domingo 3, poco tiempo después de darse a conocer la noticia mundial, Reykiavik Media difundió su reportaje en la televisión. Prácticamente seis de cada diez islandeses –58%– estuvo frente a su pantalla. El día siguiente, 22 mil personas –en un país de 329 mil habitantes– se amasaron frente al Palacio de Gobierno, exigiendo la renuncia del primer ministro con plátanos en la mano, los cuales simbolizan las derivas de las élites.
Luego de la revelación, el presidente del Peñarol, de Uruguay, Juan Pedro Damiani, renunció el miércoles 6 como presidente de la Comisión de Ética de la FIFA. Además, el martes 5, al siguiente día de la publicación de las relaciones del organismo internacional con Mossack Fonseca, la policía suiza allanó las oficinas de la UEFA en Nyon, en busca de los contratos firmados entre el organismo del futbol europeo y la sociedad Cross Trading. El contrato fue firmado por el actual presidente de la FIFA y el entonces director de asuntos legales de la UEFA, Gianni Infantino.
En Paquistán se abrió ya una investigación sobre los tres hijos del premier, mientras que en el Reino Unido, el primer ministro David Cameron está sometido a una severa crítica porque terminó por admitir su participación en una empresa offshore de su padre. En Argentina, al presidente Mauricio Macri se le abrió un proceso judicial por su participación en una empresa creada por Mossack Fonseca.
Tono geopolítico
El martes 5 la organización WikiLeaks publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter mediante los cuales insinuaba que el ICIJ servía los intereses del gobierno de Estados Unidos, pues una de las historias más destacadas revelaba las operaciones offshore del círculo cercano a Vladimir Putin.
Las críticas de WikiLeaks se cristalizaron sobre el Proyecto de Investigación sobre Crimen Organizado y Corrupción (OCCRP, organización de periodistas de investigación que reportan los vínculos entre el crimen y el poder en Europa Oriental y Asia Central.
El hecho de que el OCCRP recibe financiamientos del Instituto Open Society –propiedad del multimillonario George Soros– y de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) hacía sospechosa la revelación sobre Putin, según WikiLeaks.
“Gobierno de Estados Unidos financió la historia ofensiva de #PanamaPapers sobre Putin a través de USAID. Algunos buenos periodistas pero ningún modelo de integridad”, publicó la organización de Julian Assange como parte de sus comentarios en la red social.
El miércoles 6, sin embargo, WikiLeaks corrigió su versión. “Aseverar que #PanamaPapers son en sí mismo un complot contra Rusia es un sinsentido. Sin embargo, el cártel, la organización de (Washington) DC y el dinero de la USAID hacen parcial la cobertura”, publicó.
El medio progubernamental Russia Today difundió ampliamente la interpretación según la cual la investigación periodística era un ataque de los gobiernos occidentales contra Putin. La cadena insistió que el nombre de Putin no apareció en ningún documento de PanamaPapers.
En internet también surgieron cuestionamientos sobre la ausencia de políticos, criminales o multimillonarios estadunidenses en las investigaciones, así como sobre el carácter anónimo de la fuente, lo que alimentó la versión según la cual Washington orquestó la filtración al SZ para dañar a su rival ruso.
El portal estadunidense Fusion fue de los pocos medios de Estados Unidos en participar a la investigación, la cual destapó la presencia de 211 estadunidenses entre los clientes de Mossack Fonseca –aunque el ICIJ asumió que esta cifra era “completamente subestimada”–.
Explicó que Estados Unidos tiene de por sí estados “onshore” –como Wyoming, Delaware o Nevada–, donde imperan reglas de secrecía más laxas que en las Islas Vírgenes Británicas y en los cuales se pueden abrir empresas fantasma para llevar a cabo actividades ilegales.
Según tres expertos entrevistados por Fusion, Delaware permite la formación de fideicomisos y 49 estados autorizan la incorporación de “empresas de responsabilidad limitada”, las cuales garantizan el anonimato de sus propietarios. Mossack Fonseca incluso tiene una filial en Nevada.
Muchos de los 11 y medio millones de documentos desembocan en callejones sin salida, ya que la información del beneficiario final de las estructuras se encuentra en Suiza, en las Islas Vírgenes Británicas, en Bahamas, en Seychelles o en Estados Unidos, donde el secreto es absoluto, incluso para Mossack Fonseca.
El Instituto Brookings, uno de los think tanks liberales más antiguos e importantes de Washington, emitió una interpretación opuesta a la de WikiLeaks: publicó el miércoles 6 un artículo titulado “¿Estarán en realidad los rusos detrás de los PanamaPapers?”, en el que estimó que el verdadero ganador de las investigaciones es el gobierno ruso, pues Putin no está directamente señalado en los documentos, mientras que la información tiene el potencial de desestabilizar los gobiernos y empresas occidentales.
WikiLeaks también cuestionó al ICIJ sobre su rechazo en publicar toda la información en internet, como la organización de Julian Assange suele proceder al obtener documentos.
“Somos una organización de periodismo de investigación y, como tal, publicamos historias de interés público. Los PanamaPapers exhiben los fracasos sistémicos y significativos en la economía offshore”, respondió el ICIJ, al añadir: “Otras partes de la base de datos tienen un carácter privado y no son del interés público”.
El ICIJ también insistió que no proporcionará la base de datos a ningún gobierno.
Vía sus cercanos, Peña Nieto queda tocado
Aunque no aparece en los #PanamaPapers, el presidente Enrique Peña Nieto está ligado a numerosas personas cuyos nombres sí figuran en los documentos del despacho Mossack Fonseca. Se trata de colaboradores, contratistas o familias mexiquenses cercanas a la del mandatario. Están ahí Emilio Lozoya Austin, los Alcántara, Carlos Hank Rhon y, en primer lugar, Juan Armando Hinojosa Cantú, el artífice de la Casa Blanca.
El presidente Enrique Peña Nieto resultó tocado por los #PanamaPapers. Sin estar directamente mencionado, los nombres de allegados suyos que surgieron de entre los archivos del despacho Mossack Fonseca lo colocaron en la lista de dirigentes políticos referidos en la revelación más grande hasta ahora de quienes esconden su dinero en paraísos fiscales.
El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que coordinó la investigación periodística internacional en la que participó la revista Proceso, realizó un interactivo sobre los líderes mundiales que directa o indirectamente están relacionados con la creación de empresas offshore por parte de la firma panameña.
Después de 12 presidentes, primeros ministros en funciones o retirados, y reyes de los países árabes que compraron empresas offshore a Mossack Fonseca, el presidente de México aparece en una lista de 18 mandatarios cuyos familiares o cercanos pidieron el apoyo de ese despacho para crear complejos esquemas financieros con el propósito de esconder su identidad y la ruta del dinero.
El presidente mexicano está en esa lista con el ruso, Vladimir Putin; la exmandataria argentina Cristina Fernández; y el expresidente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo. En esos casos identificados en la investigación global se trata de personas cercanas a los mandatarios o exmandatarios que no forman parte de su familia y que compraron empresas offshore.
Peña Nieto fue enlistado gracias al contratista Juan Armando Hinojosa Cantú, el hombre que se ha convertido en símbolo sexenal del enriquecimiento a partir de la obra pública y su relación política. Las estimaciones que refiere el ICIJ a partir de investigaciones periodísticas son de 750 millones de dólares obtenidos en contratos con el gobierno.
Las operaciones de Hinojosa Cantú fueron conocidas el pasado domingo 3, cuando los más de 100 medios participantes en la investigación dieron a conocer de forma simultánea los primeros resultados luego de casi un año de trabajo. Proceso lo difundió en su portal al igual que Aristegui Noticias, el otro medio mexicano que tuvo acceso a los archivos de Mossack Fonseca.
El constructor de la llamada Casa Blanca para Peña Nieto en Las Lomas de Chapultepec –inmueble cuyo valor se estima en 7 millones de dólares de acuerdo con la investigación de Aristegui Noticias– buscó movilizar en julio del año pasado 100 millones de dólares, producto de sus “ahorros” y apenas una parte de su riqueza, según las referencias de los despachos que gestionaron la creación de sociedades, empresas y fundaciones para esconder el dinero.
Con ese manejo de dinero, Mossack Fonseca incluyó a Hinojosa Cantú en la categoría de Individuo de Fortuna Neta Elevada (UHNWI, por sus siglas en inglés) por tener activos que rebasan los 30 millones de dólares.
Esa misma información, producto de la filtración de documentos de la firma panameña al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, deja en claro las relaciones con Peña Nieto y sus gobiernos en el Estado de México y la Presidencia de la República.
Un documento presentado por sus asesores financieros para la creación de las empresas offshore señala como fuente de ingresos de Hinojosa Cantú los contratos que ha tenido con las administraciones de Peña Nieto.
Fechado el 30 de junio de 2015, el documento enlista 11 de “los proyectos más significativos” del Grupo Higa, propiedad de Juan Armado Hinojosa en los últimos años. Casi todos están relacionados con los gobiernos de Peña Nieto. Sin mencionar un monto total, destacan el proyecto carretero Aeropuerto Toluca-Naucalpan y el contrato por 945.5 millones de pesos para remodelar el hangar presidencial.
También el Aeropuerto Internacional de Toluca y el libramiento Acambay, y numerosas obras carreteras en el Estado de México. Además dice que para junio pasado competía para ganar la construcción de una parte (17%) del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que dicen será el más grande del mundo.
El documento también menciona las diferentes empresas de Hinojosa: la compañía aeronáutica Eolo, Constructora Teya, Mezcla Asfáltica de Calidad, Impresión Publicitaria, Consorcio IGSA Medical del Perú y Bienes Raíces H&G S. A. de C. V.
Esta última fue la que le vendió su casa de descanso al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, en Malinalco, Estado de México, según reveló el diario The Wall Street Journal. Primer responsable de la recaudación de impuestos en el país, Videgaray se negó a hacer comentarios sobre la presencia de Hinojosa Cantú en #PanamaPapers.
Proceso buscó al departamento de Comunicación del Grupo Higa para la investigación, con el propósito de conocer sobre sus ingresos y lo que ha reportado al fisco, sin obtener respuesta. Una semana después de que se dieron a conocer los #PanamaPapers seguía sin responder.
La Presidencia de la República también se negó a comentar el tema. Consultada en los días previos a la publicación, aseguró que se trataba de “un asunto un poco añejo” y remitió a la investigación de la Secretaría de la Función Pública que en agosto pasado negó la existencia de conflicto de interés, justo cuando Hinojosa ya tenía un esquema financiero para mover esos 100 millones de dólares.
Los demás
La referencia al presidente de México en la investigación global se debió también a que Emilio Lozoya Austin fue otro de sus allegados que apareció en los #PanamaPapers. Lozoya, quien fue el primer director de Pemex en el gobierno de Peña Nieto, hasta febrero pasado, está en los archivos de Mossack Fonseca.
La información disponible hasta ahora no demuestra que en efecto haya creado una empresa offshore. Al día siguiente de que proceso.com.mx dio a conocer que en los datos filtrados estaba una copia de su pasaporte, el exdirector de Pemex usó su cuenta de Twitter para emitir un supuesto desmentido.
“Es posible que en alguna transacción, antes de ser funcionario público, cierta contraparte empresarial con la que haya tratado a nivel internacional, intentó crear esta estructura. Lo cual, de ser el caso, nunca se concretó”, escribió Lozoya en su cuenta de Twitter @EmilioLozoyaAus.
“Nunca he tenido trato, de ninguna índole, con el despacho Mossack Fonseca”, escribió el exfuncionario en la misma cuenta en la que Proceso lo había buscado para consultarlo, antes de la publicación de #PanamaPapers, sobre su relación con la firma panameña.
En lo que presentó como un desmentido, que en realidad era un deslinde del escándalo, señaló: “Niego categóricamente haber registrado o creado empresa alguna en Panamá, o que haya tenido o tenga cuentas bancarias en ese país”. Aseguró que siempre ha cumplido con el pago de impuestos “en todas las jurisdicciones en que he debido hacerlo”.
El entorno de Peña Nieto también fue alcanzado con la revelación de que Mossack Fonseca tiene como sus clientes a integrantes de una familia que durante décadas ha sido cercana al presidente de la República: los Alcántara Rojas.
De acuerdo con los documentos de Mossack Fonseca revisados por Proceso, Aurora Rojas Alcántara y su hija Melissa Flores Alcántara son beneficiarias de fideicomisos creados en Nueva Zelanda y Hong Kong para realizar inversiones y operaciones empresariales en distintas partes del mundo.
El creador de estas estructuras es el abogado Luis Doporto Alejandre, esposo de Melissa Flores Alcántara. En los archivos de Mossack Fonseca, Doporto es uno de los mexicanos con más presencia. Su nombre aparece en la creación de numerosas empresas, incluidas las suyas.
Su participación ha sido clave para la reestructuración del mercado de distribución de medicamentos en México a través de presuntas prácticas de connivencia entre competidores y que pone a prueba al gobierno de Peña Nieto para evitar las prácticas monopólicas en ese sensible mercado.
Los Alcántara Rojas son originarios de Acambay, un poblado de 56 mil habitantes en el Estado de México, vecino de Atlacomulco y de donde también proviene la familia de Peña Nieto, cuyo abuelo fue alcalde en cuatro ocasiones.
El jefe del clan es Roberto Alcántara Rojas. Nacido en Acambay, Estado de México, el 19 de abril de 1949, es hijo de Jesús Alcántara Miranda, quien fue presidente municipal de Acambay, dos veces diputado federal y senador (1988-1991), siempre por el PRI, en el que Roberto Alcántara ha participado como recaudador de fondos en campañas presidenciales.
Desde hace medio siglo los Alcántara se dedican al transporte. A la cabeza de los negocios está Roberto Alcántara, quien es dueño de VivaAerobús en México y director general del Grupo Toluca, que posee empresas de transporte terrestre.
Con la llegada de Peña Nieto a la Presidencia los Alcántara diversificaron sus negocios. Apenas había comenzado el sexenio, en 2013, Roberto obtuvo tres contratos por 4 mil millones de pesos para administrar la gestión del cobro electrónico de 49% de las casetas de México bajo el control de Caminos y Puentes Federales, a pesar de que se denunciaron irregularidades (Proceso 1974 y 1975).
Ese mismo año se convirtió en el mayor accionista minoritario de la española Prisa, editora del periódico El País, con una aportación de 100 millones de euros.
Su hermana Aurora Alcántara, quien aparece en los archivos de Mossack Fonseca, es esposa del exgobernador de Oaxaca, José Murat, quien a su vez es padre del actual candidato a gobernador de ese estado por el PRI, Alejando Murat, otro cercano a Peña Nieto.
Integrante del equipo de transición, Peña lo hizo director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, desde donde trabajó su candidatura al gobierno de Oaxaca, entidad que ya estuvo gobernada por su padre.
José Murat, además, fue el encargado por Peña Nieto para operar el Pacto por México. Con ese acuerdo, Peña Nieto logró generar un consenso entre los principales partidos políticos del país para adoptar las reformas hacendaria, laboral, educativa y energética.
Aunque no logró su propósito de crear empresas offshore con Mossack Fonseca, otro empresario cercano a Peña Nieto es mencionado en los #PanamaPapers.
Carlos Hank Rhon, accionista mayoritario del Grupo Financiero Interacciones, pretendió abrir una cuenta de 10.7 millones de dólares en un banco suizo a través del despacho panameño. La negativa de Mossack Fonseca a Hank se debió al desprestigio de su familia luego del escándalo internacional en el que estuvo involucrada cuando el gobierno de Estados Unidos emprendió a mediados de los noventa la llamada Operación Tigre Blanco.
Sin embargo, Interacciones Casa de Bolsa, propiedad de Hank Rhon, aparecía en los archivos de Mossack Fonseca como un “prospecto de cliente” en 1996, cuando ya estaba en marcha la investigación estadunidense contra la familia de Carlos Hank González, fundador del grupo político Atlacomulco, en el Estado de México, del que surgió el presidente Peña Nieto.
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