La salida a la luz de un nuevo video revela que la Procuraduría de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León sabían que se planeaba una matanza en el interior del Penal del Topo Chico.
Un narcomensaje colocado sobre los cuerpos de una familia ejecutada en calles aledañas del Penal de Topo Chico advertía sobre la peor masacre en la historia de los penales de Nuevo León.
Un nuevo video en poder de Reporte Indigo revela una clara amenaza de que habría “derramamiento de sangre” si los internos del reclusorio seguían apoyando a Jorge Iván Hernández Cantú, “El Credo”, quien tenía el control de este penal.
Tres meses después, 49 reos fueron brutalmente asesinados en este reclusorio.
En la videograbación se muestra que un elemento de Fuerza Civil lee el contenido del mensaje a sus superiores por vía frecuencia.
“Esto es a los que apoyen al Credo… adentro y fuera del penal, si no quieren derramamiento de sangre sáquelo del estado”, dice el policía.
La lectura del narcomensaje ocurrió a finales de octubre de 2015. Este video evidencia que la Secretaría de Seguridad Pública, que encabeza el general Cuauhtémoc Antúnez, sabía que habría un ataque.
Sin embargo, ningún alto mando de esta corporación inició una investigación de inteligencia para tratar de evitar la masacre. El lema “proteger y servir” de Fuerza Civil no fue aplicado.
El inicio del ataque
El video que exhibe las entrañas de la matanza de los 49 reos, capta que alrededor de las 23:36 horas los internos comienzan a fraguar el ataque.
Se aprecia que se reúnen en pequeños grupos, pero esto no fue motivo para el celador que monitoreaba las cámaras presionar el voto de pánico.
A las 23:46 horas, en la videograbación se ve que dos internos ya estaban armados, y tampoco se inició un operativo antimotines por parte la Secretaría de Seguridad Pública.
Las pruebas de la Procuraduría de Justicia, presentadas en la vinculación a proceso de Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, excomisario de la Agencia de Administración Penitenciaria y Gregoria Salazar Robles, exdirectora del Topo Chico, establecieron el inicio de la riña fue a las 22:30 horas.
Esa versión que fue aceptada por el juez de control Miguel Ángel Eufracio, a pesar de que vio el video presentado por la defensa de los dos exfuncionarios.
Pese a que el penal cuenta con 96 cámaras de seguridad, la autoridad estatal no ha dado a conocer ninguna imagen de lo captado.
La Procuraduría sabía de mensaje
La Procuraduría de Justicia estatal, que encabeza Roberto Flores Treviño, también sabía sobre la amenaza de la delincuencia organizada de armar una matanza dentro Penal del Topo Chico.
En la audiencia de la semana para vincular a proceso a los dos exfuncionarios presos, el agente del Ministerio Público, Carlos Cruz, habló sobre los mensajes que habría derramamiento de sangre en el centro penitenciario. En los alegatos, el fiscal cuestionó a la exdirectora del Penal de Topo Chico si ella sabía la existencia de estos mensajes de la delincuencia organizada.
Gregoria Salazar Robles contestó que no tendría porqué hacer caso a los integrantes del crimen organizado. El fiscal insistió en que si ella estaba protegiendo a Jorge Iván Hernández Cantú, “El Credo”. La exfuncionaria contestó que no.
La Procuraduría de Justicia sabía que había una amenaza de una masacre en el Penal del Topo Chico, pero ni actúo ni advirtió sobre esta amenaza.
Mario Franco Villa, abogado de los dos funcionarios presos, dijo presentó en la audiencia oficios que alertaban sobre las condiciones en que operaba el Penal del Topo Chico.
Seguridad a cargo de policías estatales
El artículo 21 del Reglamento Interior de los centros de readaptación social de Nuevo León establece que el departamento de custodios tiene la obligación de ofrecer la seguridad en el interior y exterior de los centros penitenciarios.
Deben coordinar a los policías para evitar que se intente ingresar objetos prohibidos a cualquier penal, mantener el orden y la disciplina, custodiar a los internos y realizar inspecciones periódicas.
Mario Franco Villa, abogado de los exfuncionarios Jesús Fernando Domínguez Jaramillo, excomisario en Jefe de la Agencia de Administración Penitenciaria y Gregoria Salazar Robles, exdirectora del Topo Chico, dijo que sus clientes tenían labores administrativas.
“Los custodios son los encargados de la seguridad”, dijo el litigante.
Agregó que en este reglamento se especifica que los internos tienen derecho a ver televisión y tener objetos personales, además de realizar actividades recreativas deportivas y culturales.
“(…) los bates que señala la fiscalía son objetos que están en el centro penitenciario, y no se los entregó mis clientes”, consideró el abogado.
Dijo que también hay una bitácora donde alrededor de las 23:50 horas, el director de Seguridad del reclusorio dio aviso al C5 de la probable existencia de una riña.
“Se hace saber al C5 la probable existencia de una riña. Ya de ahí, nosotros no somos garantes de lo que hayan hecho (el C5)”, concluyó el litigante.
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