En 2014 la Marina solicitó al Congreso recursos para adquirir diez pantallas destinadas a sus clubes navales, bajo el procedimiento de invitación a cuando menos tres proveedores.
En realidad, la dependencia compró 86 pantallas con sobreprecio (en promedio cada una por 24 mil pesos), mediante adjudicaciones directas, sin estudios de mercado y dos meses antes de que incluso se formalizaran los pedidos.
En realidad, la dependencia compró 86 pantallas con sobreprecio (en promedio cada una por 24 mil pesos), mediante adjudicaciones directas, sin estudios de mercado y dos meses antes de que incluso se formalizaran los pedidos.
Es un ejemplo del cúmulo de anomalías que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en la revisión de los bienes adquiridos por la Secretaría de Marina en 2014, a través de proveedores que según reveló la investigación, están relacionados con ex servidores públicos de la Armada.
Para hacer parecer legítimas las operaciones, se simularon procesos de invitación a otras empresas que, o no existen, o cuyas firmas fueron falsificadas para hacer parecer que hubo competencia de por medio.
En 2014, la Marina destinó en total más de 10 millones de pesos solamente para la adquisición de aparatos electrónicos, electrodomésticos y línea blanca (pantallas, vajillas regaderas, etc) destinados fundamentalmente a sus clubes navales y unidades administrativas.
Los auditores concluyeron que por lo menos la tercera parte de ese dinero fue movido de forma irregular lo que originó un quebranto de los recursos públicos, mientras que otra tercera parte carece, por lo menos, de una justificación adecuada.
Cabe señalar que por estas irregularidades, la Auditoría Superior de la Federación recomendó al Órgano de Control Interno de la Armada el inicio de seis expedientes de investigación con el objetivo de fincar responsabilidades a los funcionarios que resulten involucrados.
Caros y por adelantado
La adquisición de aparatos electrónicos y electrodomésticos en 2014 por parte de la Marina, rebasó el monto que originalmente se tenía planteado para estos rubros, concluyó la auditoría financiera practicada a la Marina.
Por ejemplo, dicha dependencia tenía planteada originalmente la compra de únicamente diez pantallas, pero terminó adquiriendo 82 en total lo que requirió una inversión de dos millones 101 mil 300 pesos. Se trata, en promedio, de 24 mil pesos pagados por cada una de las pantallas adquiridas.
El argumento para adquirir dicho número de pantallas esgrimido por la dependencia es que se recibieron solicitudes extraordinarias para los clubes navales.
Luego de este primer hallazgo, los auditores visitaron en total a seis de los proveedores de la Secretaría de Marina a través de los cuales se adquirieron tanto las pantallas como varios de los electrodomésticos.
La información proporcionada por dichos proveedores fue comparada con precios en el mercado, lo que permitió descubrir que los artículos fueron pagados con sobreprecio. En la mayoría de los casos no hubo licitación y ni siquiera un análisis de mercado apropiado. Esto significó un quebranto de por lo menos un millón 800 mil pesos, solo de sobrepagos a este grupo de proveedores.
Pero además de los pagos por encima de lo normal, los auditores descubrieron que los televisores y otros aparatos fueron entregados por uno de los proveedores 66 días antes de que el pedido fuera siquiera formalizado, y 68 días antes de que se realizara el acta administrativa de que lo bienes fueron recibidos.
“Lo anterior significa que dos meses antes de que se hiciera oficialmente y conforme a lo establecido en la ley la solicitud de los aparatos, estos ya se habían pedido y entregado con arreglos previos, fuera del procedimiento”, señala el dictamen de la auditoría.
Mediante un acta entregada por solicitud expresa de la ASF para esclarecer esta situación, los proveedores señalaron que “es habitual” que la Secretaría de Marina solicita bienes sin que haya un proceso aun formalizado, y que luego las cotizaciones que se presentan se modifican de conformidad con lo que pide la dependencia.
En este contexto la Auditoría solicitó expresamente a la Marina el inicio de procedimientos administrativos de investigación para los funcionarios que autorizaron la adquisición de bienes y su recepción, sin que existiera una solicitud formalizada por los mismos.
Proveedores sospechosos
Como parte de la auditoría se realizaron visitas de inspección a empresas involucradas en los supuestos procesos de adjudicación que realizó la Marina, situación que arrojó también graves irregularidades.
Por ejemplo, uno de los proveedores que supuestamente emitió cotizaciones según lo asentado en los documentos, no pudo ser localizado en la dirección que proporcionó y al verificar con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), este respondió que la supuesta compañía no aparece en sus registros.
En el caso de otros dos proveedores, negaron ante los auditores que hubieran hecho cotizaciones y desconocieron las firmas que aparecían en los documentos. Una de las empresas incluso dijo que la persona que aparece como responsable de las cotizaciones en los papeles no trabaja ahí.
La revisión a profundidad permitió concluir a los auditores que la Marina en realidadseleccionó directamente a los proveedores que le vendieron los aparatos de la cartera con la que ya contaba, sin proceso real de invitación o licitación, lo que resulta limitativo para otras compañías y afecta la transparencia.
Además las solicitudes fueron hechas para modelos y marcas muy específicas de equipos, lo que permite presumir que la adjudicación pudo estar dirigida. Por si fuera poco, los equipos adquiridos fueron comprados con estos proveedores que los vendieron a un precio mayor que el fabricante, el cual, directamente los comercializa al público en general.
Sumado a la falta de un estudio mínimo de mercado, la Auditoría descubrió que varios de estos proveedores seleccionados en realidad directamente, tienen como único cliente a la Armada y están ligados con ex funcionarios de la misma dependencia.
“se detectaron algunos casos en los que los proveedores y/o prestadores de servicios profesionales que comercializaron bienes o prestaron servicios a la SEMAR en el ejercicio 2014 correspondieron a personal que estuvo adscrito a la dependencia, por lo que se considera que en estas adjudicaciones directas a dichos proveedores, la SEMAR no se ajustó cabalmente al criterio de imparcialidad” indica la auditoría.
Por todas estas observaciones, que no fueron solventadas por la Marina, se solicitó expresamente a esa secretaría que a través de su órgano de control interno inicie por lo menos tres procedimientos de investigación en contra de los funcionarios potencialmente responsables,
Usan fondo urgente para vajillas y regaderas
El dictamen de la auditoría financiera revela también que uno de los proveedores que abasteció a la Armada de múltiples electrodomésticos y línea blanca como vajillas o regaderas, presentó facturas por pagos de tres millones de pesos.
La irregularidad es que el origen de ese dinero provino de un fondo rotario de la Marina, el cual es en realidad un mecanismo financiero que la Secretaría de Hacienda autoriza a las dependencias para que se cubran gastos de operación urgentes, por lo que los auditores concluyeron que no era procedente usarlo para las adquisiciones mencionados
“Asimismo, se observó que dichas adquisiciones rebasan 300 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, por lo cual debieron formalizarse mediante un contrato o pedido en el que se indicara el área requirente y el uso de dichos bienes”, subraya el dictamen.
La Marina justificó la compra de los bienes argumentando que en parte estaban destinados al Hospital General Naval de Alta Especialidad, y supuestamente eran necesarios como “parte de la atención médica integral” que se proporciona en dicha instalación.
Los auditores establecieron que dicha aumentación no tenía fundamento legal, por lo que pidieron el inicio de una investigación más para sancionar a los responsables de haber usado recursos del referido fondo para bienes que no son urgentes, y que además se hiciera sin respetar proceso de adjudicación alguno y sin el contrato correspondiente.
Fuente.-ANIMALPOLITICO
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