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domingo, 15 de noviembre de 2015

EL "DEPARTAMENTO de TELECOMUNICACIONES del NARCO"...historias de "DESAPARECIDOS".



Podía haber sido una mañana cualquiera. Felipe de Jesús Pérez García se vistió, se despidió de su señora y de sus hijos y manejó hacia el trabajo. Era un viaje de dos horas desde su casa en Monterrey, Nuevo León, hasta Reynosa, Tamaulipas. Felipe buscaría en ese lugar posibles sitios para instalar torres de telefonía celular para una compañía de telecomunicaciones y luego volvería a casa durante la tarde.

Esta fue la última vez que alguien lo vio.
Tanya, la mujer de Felipe, está preocupada por su desaparición. "Todo este tiempo he buscado saber dónde está", me dijo. Felipe tenía 26 años cuando desapareció el 19 de Marzo del 2013, hace casi dos años.
Esta es una historia común en México. Las personas desaparecen y la mayoría de los casos no son resueltos por años, si es que alguna vez se resuelven. Tanya es parte de un grupo decidido a encontrar justicia para los desaparecidos. Están esperando que el teléfono suene.
Sólo que esta es historia no es sobre otro secuestro común.
¿Qué le sucedió a Felipe Pérez? Una teoría sugiere que fue secuestrado por un sofisticado sindicato criminal y luego forzado a ser parte de una brigada de hackers que construyen y administran la infraestructura comunicacional secreta de los carteles. Ellos son el escuadrón geek de una de las organizaciones criminales más grandes del mundo.
Al menos así es como lo percibe Tanya. Ella ha visto el aumento de casos de secuestro, muchos de los cuales suceden en Tamaulipas y son dirigidos específicamente a ingenieros, arquitectos y otros trabajadores de las tecnologías de la información; no puede dejar de pensar que Felipe fue uno de ellos. Casi 40 especialistas han desaparecido en México desde 2008, supuestamente a manos de los dos cárteles que controlan la región, el Cartel del Golfo y los Zetas.
Estos dos carteles ganan dinero a través de diversas formas: tráfico de drogas, robo de petróleo, extorsión y el tráfico de personas. Hablamos de ganancias descentralizadas dentro del mercado negro global, por lo que es difícil decir un número exacto de cuántas personas están empleadas por estos carteles y cuánto son sus ganancias anuales. El consenso general es que ganan miles de millones de dólares al año y tienen redes que llegan a varios miles de empleados. Para mantener la rueda girando a esta escala, el Cartel del Golfo y los Zetas usan sus propias redes encriptadas de comunicación para ponerse en contacto entre ellos sin que los escuchen las autoridades. Estas redes también interceptan comunicaciones de la policía, los militares y otras fuerzas de seguridad. Los carteles necesitan expertos para construir estas redes.
"Se menciona que agarraban mucha gente de este tipo", dice Tanya, refiriendose a los especialistas en telecomunicaciones como Felipe. Ella tiende a pensar que la desaparición de su marido "tiene que ver con su profesión, por ser profesional".
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Es difícil decir cuándo comenzó la "radio narco". Probablemente fue a mediados de la década del 2000, cuando los primeros reportes sobre la desaparición de trabajadores de telefonía celular comenzaron en el noreste de México.
Le sucedió a José Antonio Rebledo Fernández, un ingeniero que trabajaba para una compañía perteneciente a empresas mexicanas y estadunidenses cuando desapareció en enero del 2009. También le sucedió al ingeniero de IBM Alejandro Alfonso Moreno Baca, quien fue secuestrado mientras manejaba desde Monterrey a Laredo, Texas, en enero del 2011. El año 2009, en quizás el caso más conocido de secuestro de especialistas, nueve trabajadores en la instalación de antenas de teléfonos celulares desaparecieron en el pueblo fronterizo de Nuevo Laredo. Los secuestradores volvieron días después por los vehículos y el equipo de los secuestrados.De acuerdo con un reporte de Animal Político,
Tengo la esperanza bien grande que lo mantengan con vida porque a lo mejor los ocupan. Es gente útil.
No sabemos con seguridad cuantos hackers han desaparecido hasta el momento; es difícil encontrar números confiables. El periodista que escribió el reporte de Animal Político, Paris Martinez, me dijo que es porque la administración del ex presidente Felipe Calderón escondió esta información cómo parte de su guerra contra las drogas. "Ocultó toda esa información, se negó a divulgarla y por esa vía buscaba minimizar el problema", dijo Martínez. Y peor, la actual administración de Enrique Peña Nieto "ha manipulado la información existente", que no es mucha. "No hay fuentes confiables de información que no sean las víctimas".
Un militar mexicano de alto rango en inteligencia habló con nosotros bajo la condición de anonimato, dada la sensibilidad del tema, y nos dijo que las personas que han reunido evidencia e información relacionada con el secuestro de especialistas "no están autorizados para entregar ninguna información".
Lo que sí sabemos es que las personas han desaparecido y las autoridades han desmantelado las redes de comunicación clandestina. De acuerdo con un ex militar experto en narcóticos que habló con nosotros bajo la condición de anonimato, al que llamaremos "G", los militares "han destruido centros de comunicaciones, torres de comunicaciones e incluso de repetición de las comunicaciones, que están al servicio exclusivo de los narcotraficantes" en lugares como Tamaulipas, Coahuila, Veracruz y San Luis Potosí. 

Debido a que la mayoría de estas redes están instaladas en lugares que son difíciles de acceder (zonas rurales, no urbanas), destruirlas no es fácil. Las antenas y repetidoras han sido encontradas apostadas en las colinas y terrenos altos del noreste del país, un codiciado puerto de entrada a Estados Unidos utilizado por el Cartel del Golfo y los Zetas. (G considera que el Cartel del Golfo es el pionero en crear estas redes de comunicación y dice que los Zetas, una banda de ex militares originalmente contratados como los asesinos del Cartel del Golfo, aplicaron el conocimiento tecnológico de éste para construir sus propias redes de radio después de separarse y formar su propio imperio criminal). Puedes tardar cinco días caminando por la zona rural para encontrar estas antenas, de acuerdo son París Martínez; las estaciones son muy remotas y muchas sacan energía de paneles solares.
Sería considerablemente difícil para cualquiera el crear estaciones de radio en condiciones tan inhóspitas y a través de extensiones tan vastas, si no fuera por el hecho de que los carteles ya están ahí. Aquí es donde trabajan, aquí es dónde evaden a las autoridades, en lo profundo del patio trasero de México.
Entonces cuando los militares que patrullan estas áreas logran encontrar un grupo de equipos de radio, me dijo G, el objetivo es simple: desmantelar todo. "Destruir de la forma que se pueda dependiendo del material", me dijo. "No se guarda; no es para utilizarlo en las comunicaciones del gobierno. Se destruye nada más".
Cuando el ejercito mexicano encontró una red perteneciente a los Zetas en 2011, los oficiales confiscaron 167 antenas y más de 10 repetidoras, también confiscaron 1,450 radios, 1,300 teléfonos celulares y 1,350 equipos Nextel. Esta red de comunicación abarcaba cerca de 800 kilómetros a lo largo de la frontera con Texas y penetraba otros 800 kilómetros al interior montañoso de México, como reportó NPR en ese tiempo. Se necesitaban 70 computadores para controlar este extenso sistema de comunicación, que cubría tres estados: Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas.
Las autoridades mexicanas confiscaron 76 antenas, 81 repetidoras, 655 radios, 400 teléfonos celulares, 391 aparatos Nextel y 19 computadores en Reynosa y Tamaulipas durante el 2011, de acuerdo a Associated Press. En 2012, la marina y el ejercito mexicano destruyeron siete antenas y 20 repetidoras en Sonora, una antena y una repetidora en Chihuahua, 13 antenas en Veracruz, un par de antenas y una repetidora en Tamaulipas y una antena de 50 metros y otra repetidora en la carretera entre Monterrey y Nuevo Laredo.
Tanto la marina como el ejército mexicano declinaron nuestros pedidos de comentar esto. El gobierno mexicano tampoco respondió a mi pedido por el número total de especialistas desaparecidos, torres de radio y antenas confiscadas en el noreste de México entre 2012 y 2014, al momento de publicar este reportaje.red.
Oficiales de la marina mexicana muestran a la prensa los equipos de radio confiscados a los Zetas. Veracruz, 2011. Video: Reforma/YouTube
¿Para qué construir redes de radio escondidas que están muy extendidas y son difíciles de mantener? Es la misma razón por la que los carteles hacen lo que sea: las ganancias. Para los carteles, una buena comunicación significa más dinero, dice Tristan Reed, analista de seguridad en México que trabaja para la empresa de inteligencia global Stratfor. Administrar un sindicato criminal rentable "es un negocio donde es muy importante a quien conoces", me dijo Reed. "Para manejar un negocio donde es importante a quien conoces, la comunicación debe ser perfecta".
"Debes ser capaz de comunicarte en un entorno donde tus rivales están constantemente intentando matarte, mientras las fuerzas de la ley y los militares están intentando arrestarte", me explicó Reed. Desde capos de alto nivel coordinando los envíos de drogas y las ofensivas de estilo militar, hasta los pequeños jefes que necesitan comunicarse con los exploradores que monitorean el movimiento de militares y policías, Reed dice que los sindicatos criminales deben diversificar sus herramientas de comunicación si desean continuar ganando dinero. "Los carteles entienden las necesidades de esto".
No son sólo redes de radio, por supuesto. Estas son "sólo una de las maneras que tienen de comunicarse entre ellos, otras pueden ser muy técnicas, ya sean teléfonos satelitales, celulares, email o redes sociales", explica Reed. Incluso ha oído reportes de videoconferencias llevadas a cabo entre los carteles. "Está todo ahí afuera", me dijo, "pero las redes de radio improvisadas son muy impresionantes. Son un componente crítico debido a la necesidad de comunicación".
Para construir estas redes los carteles necesitan ingenieros.
*****
Felipe se graduó de arquitecto en la universidad metropolitana de Monterrey y siempre le gustó diseñar casas en AutoCAD, la aplicación de software de diseño asistido en 2D y 3D. Cada vez que veía una casa, le gritaba a Tanya "La voy a modificar".
Comenzó a trabajar en infraestructura comunicacional mientras se desempeñaba en una empresa que buscaba sitios para instalar torres de telefonía celular pertenecientes a una gran empresa de telecomunicaciones. Felipe fue despedido de esa compañía y llegó a Grupo Construgest S.A., otra compañía de telecomunicaciones. Ahí comenzó a trabajar haciendo planos de antenas para teléfonos celulares.
"Poco a poco fue tomando control de las obras", explica Tanya, "estaba supervisando algunas obras".
Felipe trabajó cuatro años para Grupo Construgest antes de desaparecer. Tanya me dijo que Felipe había hecho trabajos similares para otras grandes operadoras de telefonía en México, incluidas Telcel, Unefon y Movistar. Ninguna de estas compañías, incluida Nextel, respondió a nuestras preguntas y Jesús Tinajero Morales, el jefe de Felipe en Grupo Construgest, no pudo ser contactado.
Felipe era una persona seria, "muy centrada" en palabras de Tanya, pero debido a su trabajo tenía que conversar con muchas personas y moverse bastante por la región. "Él hacía todo este tipo de trámites", me explicó Tanya, desde negociar los permisos hasta dibujar el plano arquitectónico de los potenciales sitios de instalación de antenas. Antes que pudiera buscar sitios para instalar antenas el día que desapareció, Felipe acudió a la municipalidad para pedir permisos de construcción. También tenía que pedir firmas a los vecinos en los sitios donde Grupo Construgest quisiera instalar antenas; Tanya me dijo que muchos residentes no estaban felices con la idea de ver antenas de telefonía celular en sus tierras.
Felipe era una persona muy tranquila. En Monterrey, tocaba el bajo sexto (una guitarra de 12 cuerdas) en una banda tradicional norteña. Felipe no era agresivo, dice Tanya, "ni nada". Cada día después de llegar a casa del trabajo, lo primero que Felipe hacía era pasar tiempo con sus dos hijos. A veces los llevaba al parque, otras veces les ponía vídeos en YouTube.
Cuando salió esa mañana, su tarea era volver a Monterrey con las coordenadas en GPS de tres potenciales sitios para instalar torres. Fue una tarea de rutina: Felipe se dirigía a la parte rural, el corazón del territorio de los Zetas, donde la situación "es complicada", me dijo Tanya.
Felipe, entonces, haría el trabajo lo más rápido posible para regresar a Reynosa antes del anochecer.
"Si no encuentro nada me devuelvo", le dijo a Tanya. Luego partió.
Más tarde, alrededor de la 1PM, Felipe llamó a Tanya con noticias: encontró un buen lugar, ideal para instalar una torre, pero "No hay gente por acá", le dijo a su mujer, "ando muy solo".
Después del día de búsqueda, Felipe se dispuso a comenzar el viaje de dos horas y media de vuelta a Monterrey. Cuando Tanya lo llamó alrededor de las 3 o 4 PM para saber de él, su teléfono sonó un par de veces y luego entró al buzón de voz. Cuando lo intentó nuevamente, su teléfono fue directo al buzón de voz.
Eso fue lo último que supo Tanya. "Nunca nos hablaron para un rescate", explica refiriéndose a lo que muchas personas creen que es una falta de voluntad de las autoridades locales y nacionales a la hora de investigar los casos de secuestro. Ella dice que el automóvil sigue desaparecido.
Yo diría que tener de esclavos a escuadrones de hackers te puede meter en grandes problemas siendo un cartel, ya que estos individuos inteligentes e innovadores podrían dar vuelta a la situación a la primera opción que tengan.
En 2011 una comisión de seguridad del senado mexicano reconoció los casos de estos técnicos informáticos desaparecidos. Animal Político reportó cómo Felipe González González, presidente de la comisión del 2006 al 2012, se mantuvo firme durante una reunión sobre seguridad luego que la marina y el ejercito incautaran equipos de radio de los carteles: "Estoy seguro de que esos especialistas desaparecidos fueron obligados a desarrollar esa infraestructura", dijo González.
Eran "personas con el mismo perfil", me dijo González cuando le pregunté sobre qué lo llevó a creer que los carteles estaban secuestrando a especialistas como Felipe. González, que abandonó la vida publica en 2012, dice que la información sobre las condiciones en que están raptados estos hackers es clasificada.
Robert J. Bunker, un profesor de investigación adjunto en el Strategic Studies Insitute del US Army War College, no cree en la teoría de que los carteles estén secuestrando técnicos informáticos. No pudo darnos información definitiva sobre estos incidentes (no mucha gente puede) pero dice que carteles como los Zetas probablemente no quieran tener esclavos o incluso contratar a técnicos informáticos, porque estas pandillas no pueden permitir que un informante destruya toda la operación.
"Yo diría que tener de esclavos a escuadrones de hackers te puede meter en grandes problemas siendo un cartel", me dijo Bunker, "ya que estos individuos inteligentes e innovadores podrían dar vuelta la situación en la primera opción que tengan". Piensa en señales de auxilio u otras señales de socorro. "¿Podrían los zetas realmente confiar en esclavos que crean y mantengan la infraestructura de comunicación encriptada?", se pregunta, "Hay mucho riesgo envuelto".
Ademas, dice Bunker, "los hackers tienden a ser personas muy temperamentales y anti sistema; no funcionan bien en cautiverio. Se desmoronarían mentalmente si son brutalizados por los carteles".
Tristan Reed de Stratfor cree que sí es posible. "Existen tantos reportes que las probabilidades te hacen creer que puede ser verdad, ¿no?", dice. Claro que también ve con cautela las suposiciones que se hacen, porque la extorsión está "creciendo" en México, ya sea por no hacer pagos o como secuestro extorsivo.
"No hay grupo demográfico especifico que no sea blanco de extorsión o secuestro en México", me dijo Reed. "Los ingenieros pueden ser un blanco frecuente como todos".
De todas formas Reed dice que este tipo de hacking no está muy lejos del alcance de personas con un conocimiento básico sobre cómo funcionan las radios. "Si bien estas radios son muy técnicas, son eficientes y pueden propagarse por largas distancias y ser muy complejas, la tecnología utilizada no es realmente tan sofisticada. No es nada fuera de lo que sabe alguien que se especializa en comunicaciones radiales", explica. "Los carteles tienen miles de millones de dólares, no necesariamente necesitan raptar a alguien para que construya esta infraestructura".
Con esto damos un giro a la teoría: ¿Por qué raptar personas cuando alguien puede unirse voluntariamente al equipo? Como dice el oficial de alto rango: "Puedes especular que debido a las capacidades de corrupción y cooptación que tiene el crimen organizado, ellos podrían contratar a los mejores profesionales y técnicos del mundo".
Bunker dice que al parecer el "comprar talento", especialmente talento tecnológico, sería mejor que "esclavizarlo". Si un cartel piensa estratégicamente, explica, podría pagar por la educación universitaria en ciencias de la computación o seguridad computacional de algunos reclutas o parientes del cartel. Si financian cuatro o cinco años de una licenciatura en ciencias y otros pocos años más para una maestría, podrían tener un científico computacional a su disposición. Esta es otra forma en que el cartel se asegura de tener talento y lealtad, me dijo Bunker. ¿Cuál es la inversión total? Menos de 250 mil dólares en matrícula, alojamiento, comida y gastos, dice, dependiendo de la universidad. Es un pequeño gasto para un cartel que gana miles de millones de dólares anualmente.
Tanya está convencida de que Felipe fue secuestrado: "Simplemente no hay otra explicación lógica", asegura.
G, el ex-oficial del ejercito dedicado a perseguir a los narcos, dice que algunos especialista aun son "obligados" a trabajar para los carteles. Son desaparecidos contra su voluntad y forzados para trabajar en radio narco. Pero el número de personas atraídas por trabajar voluntariamente para los carteles está en aumento. El cartel paga por la educación de sus reclutas, les ofrece importantes salarios o las dos al mismo tiempo.
"No sólo hay secuestros", dice, "no me cabe duda que muchos de los criminales están enviando a sus hijos, a sus sobrinos, a familiares, a tanta gente y a integrantes del cartel, a jóvenes para poder prepararlos en ese tipo de conocimiento".
G dice que ser un informante podría provocar que termines muerto. Envía una señal de socorro y estás acabado. "Es cierto que clandestinamente el ejercito y las fuerzas de seguridad pueden interceptar esas redes", dice G, "pero quienes hacen uso de esas redes son los criminales, entonces un mensaje de auxilio a través de estas redes sería un suicidio".
Este mes Tanya y otros miembros del grupo de apoyo para las familias de los desaparecidos marcharán por las calles para exigir justicia.
Se hacen llamar Ciudadanos en apoyo a los derechos humanos y junto a un grupo similar en Nuevo León, marcharán hasta la procuradoría local. Tanya espera que 40 o 50 personas se unan a la acción publica. Uno por uno entrarán para preguntar por sus casos.
"Lo que pedimos es justicia, que se les haga justicia", dice ella, "que se aclaren sus casos, que les den resultados".
Tanya le está implorando al gobierno que averigüe qué sucedió porque ella no necesariamente cree que las compañías de telecomunicaciones sean las responsables de la desaparición de su marido y otros técnicos especialistas en informática. "La inseguridad corresponde al gobierno", dice ella, "Aquí, en Tamaulipas o donde sea, yo creo que es el gobierno al que le corresponde que tengamos la seguridad que necesitamos y poder salir a trabajar sin ningún riesgo".
Para G, el gobierno y las compañías de telecomunicaciones comparten responsabilidad, pero quizás no existe ninguna entidad que esté equipada para solucionar el problema. Las compañías de telecomunicaciones no tienen el dinero o la seguridad necesaria para protegerse contra los carteles que buscan a estos especialistas, me dijo.
"Tampoco pueden hacerlo de acuerdo con la ley", dijo, "es imposible que el gobierno tenga los medios. Ni en Estados Unidos ni en ningún país las fuerzas de seguridad son tantas como para estar dando protección a todos los técnicos en comunicaciones; es imposible".
Otra cosa también es segura, la radio narco continuará transmitiendo. G me habló sobre cómo los carteles reinstalan rápidamente las antenas luego de que el ejercito las destruye. Es un clásico Whac-A-Mole. Para detener la instalación ilegal de antenas y repetidoras, dice, "tendríamos que tener permanentemente gente diseminada por las zonas donde actúan los criminales, todo el tiempo, para vigilar que no lo hagan. Es imposible hacer eso".
Nunca sabremos cuántos de los desaparecidos siguen con vida. Se estima que entre 120,000 y 125,000 personas han sido asesinadas en México desde el 2006, de acuerdo al Trans-Border Institute, y es imposible saber si Felipe es uno de ellos. Por ahora, Tanya espera que suene el teléfono, con la esperanza que su marido siga vivo pese al tiempo que ha pasado.
"Tengo la esperanza bien grande que lo mantengan con vida porque a lo mejor los ocupan", dice Tanya, "es gente útil".
Con el reporteo adicional de Rafael Castillo, Bernardo Loyola y Camilo Salas.


as en México desde el 2006, de acuerdo al Trans-Border Institute, y es imposible saber si Felipe es uno de ellos. Por ahora, Tanya espera que suene el teléfono, con la esperanza que su marido siga vivo pese al tiempo que ha pasado.
"Tengo la esperanza bien grande que lo mantengan con vida porque a lo mejor los ocupan", dice Tanya, "es gente útil".

fuente.-

Con el reporteo adicional de Rafael Castillo, Bernardo Loyola y Camilo Salas.

LAS "BRONCOMONEDAS de PLATA" que estan "CAUSANDO BRONCA en N.L...esta "visto" el poder es el que los "deforma".



Monedas conmemorativas de plata, donde aparece el nombre del Gobernador Jaime Rodríguez y el logotipo de su campaña con la figura de un caballo, fueron regaladas a integrantes del equipo que lo apoyó cuando era candidato.

En el centro de la moneda se lee la frase "Bronco Independiente".

Las piezas son acompañadas con mensaje impreso del Mandatario, con el membrete de la Coordinación de Protocolo y Relaciones Públicas Institucionales del Gobernador.

"En conmemoración histórica de este gran triunfo ciudadano e independiente", dice el texto, "se acuñaron 100 monedas de plata pura, que son entregadas en distinción a los principales colaboradores del equipo. 

Al final del mensaje, a manera de firma, se lee: "Ing. Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón. Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León".

Al pie del texto está impreso el membrete de la Coordinación de Protocolo y Relaciones Públicas Institucionales, que encabeza Erfan Elbahra Alsabah.
Cuestionado, Rodríguez aseguró ayer que no hay recursos públicos aplicados en las monedas.
Aunque la hoja que acompaña las monedas tiene membrete del Gobierno, dijo que es un asunto particular de Elbahra.

"Es una iniciativa que hizo Erfan Elbahra", afirmó. "Él mandó hacer 100 monedas, se las está regalando a la gente que él cree. Es un asunto de él. Sí me preguntó y estuve de acuerdo.

"Es un asunto personal, no es un asunto del Gobierno. Nada, cero", recalcó.

Posteriormente, el Estado entregó una fotografía en la que se ven tres recibos de la empresa Richer a nombre de Elbahra por un total de 78 mil pesos, como parte del pago por 110 monedas "en plata Sterling ley 0.925".
Según archivos periodísticos, Elbahra, empresario y ex priista, originario de Kuwait, ha estado envuelto en polémicas. En el 2007, cuando representaba a Proterra, fue acusado de ofrecer moches de 150 mil pesos a regidores de Gómez Palacio para que su empresa ganara la concesión del servicio de limpia. Un edil admitió recibir un adelanto del soborno.
Advierten que viola ley

El reparto de monedas conmemorativas del Gobernador Jaime Rodríguez con un mensaje membretado por una dependencia estatal podría estar violando la Ley.

Especialistas consultados señalaron que si las piezas fueron pagadas con recursos públicos implicarían una promoción indebida de la imagen del Mandatario y un desvío de recursos, lo que se castiga por la vía penal.
Y si el dinero fue aportado por un particular, agregaron, la promoción de Rodríguez sería configurada electoralmente como acto anticipado de campaña porque es sabido que es considerado aspirante a la Presidencia.
"Si son recursos públicos es desvío", señaló uno de los expertos, "y no tiene vuelta de hoja que están violando la ley, porque con recursos públicos de ninguna manera pueden hacer una promoción personalizada".
El Artículo 134 Constitucional prohíbe la promoción personalizada de los servidores públicos -incluyendo nombres, imágenes, voces o símbolos- con recursos del erario.

Fuente.-

Ante las "DESAPARICIONES",la "HIPOCRESIA OFICIAL"


El gobierno federal alardea de su lucha contra las de­sapariciones forzadas. Pero los hechos desmienten su retórica: No ha multiplicado los esfuerzos para encontrar a 26 mil personas, sino que ha reducido los equipos especializados. No ha fortalecido la búsqueda: ha sobrecargado a los agentes ministeriales. Y no mejora sus labores de inteligencia ni contrata a más especialistas, sino que toma decisiones mediáticas y descobija a unas víctimas para intentar tapar a otras.
El miércoles 4, a las nueve de la mañana, Lucía de los Ángeles Díaz acudió como cada mes a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), en la calle de López, a informarse de los avances en la indagatoria por la desaparición de su hijo Luis Guillermo Lagunes Díaz, ocurrida el 28 de julio de 2013 en Veracruz.
Representante del colectivo El Solecito de Veracruz, Lucía esperó dos horas a ser atendida junto con otros familiares de diferentes entidades, a quienes también acompañaban abogados de Fundar, Centro de Análisis e Información.
Les llamó la atención que los atendiera en persona Miguel Severino Chávez, encargado de la Fiscalía Especializada para la Búsqueda de Personas Desaparecidas (antes llamada Unidad). De golpe les informó que tres de los agentes ministeriales que llevaban sus casos fueron comisionados a una nueva unidad de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, encargada de atender el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Esa determinación era producto de los acuerdos establecidos con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), formado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Uno de los reasignados era Benjamín Sánchez, quien indagaba la desaparición de Luis Guillermo. “Sin sensibilidad o mínima cortesía me dejaron sin Ministerio Público –cuenta Lucía-. Severino nos dice que fueron órdenes ‘de arriba’, que los mandaron llamar para que se fueran a la fiscalía (sic) de Ayotzinapa, y a mí no me dejaron ni un pedazo de papel para reportarme lo que se avanzó en este mes”.
Indignada, Lucía apunta en entrevista que el encargado de despacho justificó la omisión de avisar con anticipación a las familias afectadas. El funcionario dijo que la orden del subprocurador, Eber Omar Betanzos Torres, fue recibida un par de días antes de la reunión mensual, y que por eso no hubo tiempo de informar con tiempo.
Con esa determinación, apunta, “mínimo salieron afectados unos 80 casos, y además se llevaron a los mejores ministerios públicos. Indirectamente todo se reduce a que Ayotzinapa es prioritario”.
Lucía repite una y otra vez que ella no tiene nada contra los familiares de los normalistas. “Créeme, soy solidaria con Ayotzinapa, he marchado por los estudiantes, los he llorado, pero no es descobijando a unos como van a tapar a otros”.
Es la segunda vez que a Lucía le pasa algo similar en los dos años que lleva buscando a su hijo: Hace un año, tras el descubrimiento de fosas clandestinas en Iguala, el mismo Benjamín Sánchez fue enviado a Guerrero.
“Pasaron tres meses y mi asunto seguía sin ser atendido. Pedí audiencia con la entonces encargada de la Subprocuraduría, Eliana García, y presioné para que me regresaran a mi agente, a quien le tengo confianza y es muy activo, y me dijo: ‘Ese agente ya no sólo lleva su caso, sino 220 más’. Yo le respondí que no hay humano que se aprenda 220 nombres, mucho menos que pueda atender los casos.”
Después de que el miércoles 4 Lucía expresara su inconformidad, el subprocurador Betanzos le mandó decir con Ximena Antillón, de Fundar, que eligiera un agente para que llevara su averiguación. “¿Es como ir a una zapatería? ¿Va a haber pasarela? Y si elijo uno bueno, ¿después me lo van a quitar, cuando surja otro caso mediático? Se trata de la vida de mi hijo y de cientos de personas”.
Como la inconformidad seguía y era generalizada, el propio Eber Betanzos llegó a disculparse y a explicar que el movimiento de personal se debía a la obligación de cumplir con el acuerdo firmado con el GIEI el 19 de octubre en Washington. En ese pacto el Estado mexicano se comprometió a trasladar el caso de los 43 estudiantes de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) a la de Derechos Humanos, y crear una unidad para llevar a cabo las investigaciones.
El viernes 6, los integrantes del GIEI confirmaron que la víspera se había creado la Unidad Especial para Ayotzinapa, y que de entrada “va a tener cuatro funcionarios, pero se han proyectado 33” (Proceso 2036).
De acuerdo con información obtenida por este semanario, Betanzos no detalló al GIEI cuántos serían agentes ministeriales, cuántos policías de investigación y cuántos ocuparían otros puestos.
“Si Betanzos quería crear en los familiares un sentimiento contrario a los padres de los 43, no lo consiguió –apunta Ximena Antillón, presente en la reunión–. Los familiares que acompaña Fundar, de Guerrero, Veracruz, Michoacán y Sinaloa, entendieron que el problema no es Ayot­zinapa ni el GIEI: Es la PGR, que no ha dimensionado el problema. ¡Estamos hablando de 26 mil desaparecidos!”
Recuerda que, en mayo de 2013, en una reunión con madres de desaparecidos que se pusieron en huelga de hambre frente a la PGR, el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, se comprometió a crear la Unidad (“que ya sabíamos que se iba a formar”) y que cada agente del Ministerio Público “no llevaría más de 10 casos”.
“Hoy hay 21 agentes del Ministerio Público y sabemos que al menos hay mil averiguaciones previas –apunta la defensora–. Estamos hablando de una unidad o fiscalía que no tiene ni un dron, apenas tiene tres vehículos y carece de tecnología para búsqueda de personas, sin contar con que muchas de las diligencias tiene que solicitarlas a otras dependencias de la PGR, que responden cuando quieren.”
La profundidad del problema
Michael Chamberlain, del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, en entrevista por separado asienta: “Los agentes del Ministerio Público nos han confesado que para atender no los 26 mil desaparecidos sino las mil averiguaciones previas, necesitarían al menos 150 agentes y tienen 21, sin olvidar que la Unidad llegó a tener 30, número que se redujo a la llegada de Arely Gómez. Ahí se advierte cuál es la importancia que le da este gobierno al asunto”.
Chamberlain admite que hay funcionarios que “sí trabajan, pero lamentablemente lo llegan a hacer mal. Hay un caso reciente –que podríamos pensar que fue exitoso– de una menor que fue enganchada por Facebook en Querétaro y que fue rescatada dos meses después en Tapachula, Chiapas. Pero resulta que la menor estaba en una casa de seguridad donde había más niños y niñas que estaban siendo víctimas de trata, pero los agentes de la PGR sólo rescataron a la chica por la que había una denuncia, a los demás los dejaron en el abandono”.
Si esos yerros ocurren en la búsqueda, que es la función de la actual Fiscalía, en el rubro de acceso a la justicia la situación empeora, abunda Chamberlain. “Nosotros llevamos 75 casos y sólo conocemos el de un desaparecido en Coahuila en 2011 por el que fueron detenidas dos personas, en Coahuila”.
El defensor resalta que desde que se creó la Unidad, los familiares y las organizaciones han pugnado por un grupo de agentes que se encarguen del contexto en que ocurren las desapariciones, “así, en lugar de que se busque a uno por uno, un agente puede llevar casos en los que hay conexión. Sin embargo, no quieren hacer las conexiones porque entonces se demostraría lo que las organizaciones hemos denunciado durante años: que las desapariciones no sólo son generalizadas sino sistemáticas, en las que muy seguramente hay responsabilidad de agentes del Estado, y quien menos quiere saberlo es la PGR”.
El martes 10, familiares de los desaparecidos organizados en al menos 35 colectivos y aglutinados en el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México, hicieron pública su inconformidad por el “retroceso en las investigaciones” que estaban siendo llevadas en la Fiscalía Especializada, agravado por la canalización de agentes ministeriales a la Unidad Especial para Ayotzinapa.
En una carta enviada a la procuradora Arely Gómez, califican de insuficiente la respuesta que el subprocurador dio a sus reclamos, al regresar a la Fiscalía a sólo una de las agentes comisionadas al caso Ayotzinapa.
Los integrantes del movimiento recordaron a Gómez que el “Estado tiene la obligación de generar condiciones para que la búsqueda de los estudiantes desparecidos brinde resultados, al igual que en todos los miles de casos de personas desaparecidas en nuestro país”.
Pero los desatinos continuaron. El miércoles 11 agentes del Ministerio Público Federal asignados a la Fiscalía Especial faltaron a una reunión con familiares de víctimas en Querétaro, donde además estaban citados representantes de la Secretaría de Gobernación, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la procuraduría queretana.
“La reunión estaba fijada a las 10 de la mañana –cuenta Brenda Rangel, representante del colectivo Desaparecidos Justicia A.C. y quien busca a su hermano Héctor desde 2009–, pero no acudieron los de la Fiscalía. Llamé por teléfono, y me dijeron que los agentes estaban en Iguala y Tamaulipas, así que empezamos la reunión sin la parte más importante, los agentes que nos darían información de las investigaciones.”
Brenda detalla que su organización representa 23 casos, todos inscritos en la Unidad Especial de Búsqueda y ahora en la Fiscalía “me pidieron que comprendiera su situación, que estaban saturados, pero lo que nos preocupa es que no sabemos dónde están dejando todas las averiguaciones”.
Al igual que Lucía de los Ángeles Díaz, Brenda insiste en que no tienen “nada en contra de las víctimas ni los familiares de Ayotzinapa, simplemente pedimos que se nos dé la atención a todas las víctimas”.
Enlazados en un chat colectivo, Brenda pronto se enteró que a Iguala no llegaron ministerios públicos de la Fiscalía Especializada. Así lo confirmó a los integrantes del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos en México Mario Vergara, representante de Los Otros Desaparecidos de Iguala, y quien busca a su hermano Tomás desde 2012.
En entrevista, Mario da cuenta del abandono en el que la PGR dejó los casos, incluso los más mediáticos, como los ocurridos en Iguala.
“El domingo 8 subimos al cerro, encontramos un cementerio clandestino, escarbamos y encontramos restos, creemos que hay unas ocho fosas. Llamamos a la PGR y hasta ahora (viernes 13) no han venido ni siquiera a resguardar los huesos, contrario a lo que indica su propio protocolo.
“El martes 10 no llegaron los de la PGR a la reunión semanal que tenemos en nuestra organización, y a la que cada semana solían asistir para darnos avances de las 190 averiguaciones previas de familiares que se atrevieron a denunciar y que lleva un solo agente del Ministerio Público.”
Vergara, quien es beneficiario de medidas cautelares del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (Proceso 2030), asegura que cuando surgió la versión de que los estudiantes de Ayotzinapa podrían haber sido sepultados en Carrizalillo –a una hora de Iguala– todas las fuerzas federales se dirigieron a esa zona, descobijando los demás casos.
Molesto por el trato, dice convencido: “Ahora que encontremos restos vamos a decir: ‘Aquí puede estar un estudiante’ para que regresen a vernos, porque para el gobierno en México sólo hay 43 desaparecidos, y no quiere reconocer la dimensión del problema”.
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sábado, 14 de noviembre de 2015

EL "MANDO UNICO en SEGURIDAD" ?... otra PERVERSION ,siguen con el "Ensayo y Error".


Estará usted de acuerdo conmigo en que en un tema tan sensible como es la seguridad pública, que tiene a su cargo el Estado, éste debiera propiciar espacios de deliberación informada en los que dé cuenta a la sociedad en su conjunto de las repercusiones que acarrea una reingeniería en un ámbito de sus facultades que  implica el uso legítimo de la fuerza para salvaguardar el orden público y el respeto a la convivencia pública en paz. 
En el ejercicio del poder en nuestro País, es muy común que se le olvide al gobernante en turno la observancia de esta regla de oro. Se explica claro, en el conocimiento que tiene de la población en lo general, con respecto a la factoría de leyes, toda vez que no es asunto que le quite el sueño. Y es que  los gobiernos priístas dan por sentado que quien tiene el bastón de mando –válgase la analogía– pues puede hacer lo que le venga en gana con la venia y sin la venia de quienes le pagan la dieta.
Este preámbulo viene a cuento por la iniciativa de ley con la que el Presidente Enrique Peña Nieto –bueno, la nomenclatura que lo mueve– pretende crear el mando único policial en nuestro País. Me voy a permitir compartirle lo que dice la ley actualmente. En el artículo 115, fracción III inciso “h” de nuestra Carta Magna, relativo a la regulación del Municipio, se establece con toda claridad que estos tienen a su cargo la seguridad pública, en los términos del artículo 21 constitucional. El 21 prescribe que esta función no solo está a cargo de los municipios, sino también de la Federación y las entidades federativas, y que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala (sic). También, y lo destaco, mandata que: “El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno DEBERÁN COORDINARSE ENTRE SÍ para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Pues ya no le gustó al priato, y ahora quieren reforma. Las “razones” que esgrimen es que las corporaciones policiales municipales no han tenido la solidez que se requiere para hacerle frente a la delincuencia organizada, y pretenden por ello quitárselas y entregarla al gobernador de la entidad federativa, pero no presentan evidencia contundente para sustentar que el mando único estatal policial, va a resolver los problemas multifactoriales del fenómeno, y además lo apuntan como un problema generalizado, Y NO ES ASÍ. Derivado de esto, lo razonable es que la intervención se dé solamente cuando se amerite.  
La propuesta presidencial, a más de que constituye un riesgo para el federalismo, le quita la función de Policía de proximidad y fuerza pública al Municipio. Parte, además, de una premisa falsa, subrayando que los problemas de seguridad son fundamentalmente provocados por la delincuencia organizada en los municipios. 
La realidad es que la infiltración del crimen toca TODAS las estructuras, las estatales y las federales no se libran. Es a todas luces una nueva forma de intervencionismo y no un mecanismo subsidiario, pues pasa por alto al Congreso estatal, como lo apuntó el senador Roberto Gil.
No se vale pretender meter con calzador que el mando único es una panacea para la seguridad pública, porque NO LO ES, verbi gratia, en Estados Unidos hay 13 mil agencias de aplicación de la ley y tal dispersión ni las hace ineficaces ni les impide coordinarse. El asunto no es el Mando Único. El problema e s la falta de voluntad política y de responsabilidad de los gobernantes. La subordinación de los municipios no va a resolver NADA; la coordinación SÍ, tal como lo establece la legislación actual. No hay razón para alterar la Constitución. En mucho lo que debe solventarse es el problema presupuestal en municipios a los que han tenido en el abandono.
Los expertos señalan que la pérdida de interlocución del ayuntamiento ante la sociedad se recrudecerá, al no poder ofrecer directamente condiciones de orden y de seguridad y destacan el peligro de conflictos político-administrativos en el caso de autoridades estatales y municipales que pertenecen a diferentes partidos políticos al tomarse decisiones operativas que no se compartan. Y otro problema a combatir, el de la corrupción inmersa en las corporaciones, ¿los va a solucionar el mando único? Si el Gobierno peñista cuerpeado con su mayoría parlamentaria variopinta se aferra en imponer su dizque reforma policiaca, porque puede y repuede hacerlo, quienes pagarán con creces tal perversión, serán…Usted, estimado leyente, sabe perfectamente quienes son los destinatarios. El priato quiere el control absoluto del País, y va hacia allá, se lo van a garantizar virreyes como el de casa.

Fuente.-Esther Quintana

...y DIPUTADA del PRD "PROPONE CONSULTA MEDICA a DOMICILIO" a POBLACION mas "VULNERABLE".

La diputada Maricela Contreras Julián propuso reformar la Ley General de Salud, a fin de establecer consultas médicas a domicilio, para garantizar a los grupos más vulnerables el acceso a los servicios de salud.
Indicó que la propuesta, que modifica el Artículo 25 dicha ley, precisa que el gobierno federal y los estados, dispondrán de programas a través de los cuales se proporcionen servicios de salud a domicilio a mujeres embarazadas, personas adultas mayores, enfermos postrados o en situación terminal, personas con discapacidad y niños.
Conforme a las prioridades del Sistema Nacional de Salud, dijo, se garantizará la extensión cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables.
Esas acciones, explicó, permitirán que todas las personas tengan la posibilidad de acceder a este derecho y, de manera prioritaria aquellas que no cuentan con algún esquema de seguridad social.
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"CABEZA de VACA DUDA de la VIDEOVIGILANCIA OFICIAL" y PROPONE "LEY para REGULARLA".


Los avances y sistemas tecnológicos aplicados a fortalecer la seguridad requieren normas que regulen su funcionalidad y sancionen con el más estricto rigor su uso indebido, afirmó el senador Francisco García Cabeza de Vaca, que impulsa una iniciativa para expedir la Ley General de Videovigilancia.
Explicó que el objetivo de esa propuesta es regular la ubicación, instalación, utilización y operación de videocámaras y sistemas de videovigilancia para grabar o captar imágenes en lugares públicos o privados abiertos a la sociedad, así como su posterior tratamiento de manera exclusiva por las instituciones de seguridad pública.
Subrayó que la iniciativa busca contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad en la convivencia e incrementar la seguridad de la ciudadanía.
“En nuestro país, la instalación y operación de cámaras se ha incrementado de manera considerable en los últimos años en el ámbito público y privado, como medida de protección y prevención ante los elevados índices de inseguridad”, acotó.
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"CASO IGUALA": LA "PGR" HACKEO "REDES SOCIALES de CAPOS...."WhatsAPP,Facebook" sirvieron para "incriminarlos.


Para identificar y localizar a los probables responsables de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Procuraduría General de la República (PGR) trató de asirse de múltiples herramientas de investigación, entre ellas la revisión de redes sociales como Facebook, Twitter, MetroFlog, MySpace y WhatsApp, entre otras.
De acuerdo con información que consta en la versión pública de la averiguación previa de la PGR, fotos de Facebook sirvieron para identificar a Felipe Rodríguez Salgado, alias Cepillo y/o Terco, acusado de dirigir la operación que llevó a la supuesta muerte de los normalistas en el basurero de Cocula, y persona clave para sostener la llamada “verdad histórica” del ex procurador Jesús Murillo Karam.
En noviembre del año pasado, por medio del oficio PGR/SEIDO/UEIDMS/FE-D/10511/2014, la PGR solicitó a la Coordinación para la Prevención de Delitos Electrónicos de la Policía Federal (PF) que “de manera extraurgente y confidencial” designara elementos para que realizaran “un rastreo en la red social Facebook” de cuatro perfiles, entre ellos el de Terco.
El 14 de ese mes, ya con las imágenes en poder de la PGR, uno de los detenidos y presunto coautor material, Jonathan Osorio Cortés, El Jona, ayudó a identificar a sus compañeros del grupo criminal Guerreros Unidos.
De acuerdo con la averiguación previa, cuando le pusieron frente a sí las impresiones de la página de Facebook, El Jonano dudó en identificar a Rodríguez Salgado.
“Este sujeto que aparece en la imagen con el nombre de Felipe Rodríguez Salgado, alias Cepillo y/o Terco, pertenece a Guerreros Unidos”, sentenció el joven, quien más tarde también identificó en Facebook a otro integrante del grupo, de quien se testó su identidad, y por la foto en una credencial al lugarteniente Gildardo López Astudillo, El Gil. En total, El Jonaidentificó cuatro perfiles de Guerreros Unidos. Algunos de ellos podrían ser la misma persona.
Por los ojos del testigo pasaron 36 hojas con imágenes, la mayoría obtenidas del Facebook de Felipe Rodríguez Salgado.
En la actualidad, la página de Facebook del Terco ya no está disponible, pero en las copias de la indagatoria se pueden leer algunos de los últimos mensajes, publicados antes de la noche del 26 de septiembre de 2014, como: “Soy como yo quiero porque soy unico en esta vida y jamas cambiare siempre al millon” (sic); “la lealtad se premia y la traiscion se paga con la vida” (sic); “unos ban otros mueren y yo sigo igual al millon” (sic); … “mi compa, ellos piensan que estan locos pero lo que no saben es que nosotros somos unos dementes (sic)”.
Facebook también fue utilizado por la autoridad ministerial para seguirle el rastro a otros actores. En la contestación de los oficios SEIDO/UEIDMS/FE-D/16214/2014 y SEIDO/UEIDMS/FE-D/10584/2014, enviados el 5 y 18 de noviembre, respectivamente, a la Dirección General de Delitos Cibernéticos de la PF, requirieron la investigación de ocho nombres, uno de ellos testado. El resto de los indagados fueron: Patricio Reyes Landa, El Pato; Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Agustín García Reyes, El Cheje; Darío Morales Sánchez, El Comisario; Benito Vázquez Martínez; Salvador Reza Jacobo, y María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
“Se realizó la pesquisa del nombre ‘María de los Ángeles Pineda Villa’ en los motores de búsqueda en internet (google.combing.com y yahoo.com), incluyendo comillas, con la finalidad de ubicar sitios que contengan la cadena de caracteres en el estricto orden de los mismos, obteniendo resultados similares en los tres motores de búsqueda”, explica la PF. Informa que también se les buscó en los sitios spokeo.com y pipl.com, sin resultados satisfactorios.
El gobierno espulgó cualquier red social que supuso le podía ayudar a fortalecer su investigación. Pineda Villa ya había sido detenida junto con su esposo un mes atrás.
“Se realizó la pesquisa del nombre ‘María de los Ángeles Pineda Villa’ dentro de las principales redes sociales (facebook.comhi5.comtwitter.commetroflog.com, sonico.com. y myspace.com), obteniendo un resultado en la red social Facebook, tal como se muestra en la siguiente impresión de pantalla: (fecha y hora de consulta: 02/12/2014, a las 17:30 hrs)”.
Cuando se revisó el sitio, Pineda Villa tenía en su foto de portada un mensaje: “No te preocupes por lo que dicen de ti, recuerda que al árbol que más frutos da es al que más piedras le tiran”.
En la parte final del informe, la PF recomendó a la PGR que si deseaba obtener “información que no sea pública” se comunicara directamente con la empresa liderada por Mark Zuckerberg: “Es necesario dirigir una solicitud a la empresa estadounidense Facebook, inc… [ellos le pueden proporcionar] dirección IP de conexión, cuenta de correo electrónico, número de teléfono móvil, entre otros datos”, se explica, así como ubicaciones y demás actividades publicadas configuradas como privadas.
La PF le advierte al MP que Facebook no almacena la información relacionada con el equipo de cómputo desde el cual se realizan las publicaciones. Además, le recuerda que si quiere hacer la solicitud formal puede acogerse al “Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua”.
Intervinieron WhatsApps
La PGR obtuvo del Juez Quinto Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones Privadas la autorización para abrir un par de teléfonos móviles de presuntos delincuentes, de quienes no se reveló su identidad: un Samsung y un Sony Experia Z1. Esto, según una constancia ministerial fechada el 26 de octubre de 2014.
El único celular que fue útil en la indagatoria fue el Sony, ya que el primero no pudo ser desbloqueado. Del Experia Z1 sí se obtuvieron resultados que, según se asienta en la indagatoria, ayudaron a la pesquisa.
“La información contenida en el equipo de telefonía Sony Xperia Z1 contiene información que sí resultó útil para su investigación; en específico, refiere que obtuvo el número telefónico de El Cabo Gil, quien probablemente se encuentra relacionado con la organización criminal Guerreros Unidos y con la desaparición de los 43 estudiantes normalistas”, se explica.
Del aparato asegurado se extrajeron mensajes de texto, WhatsApp, Facebook, audio y video. También se pudo sacar una agenda con 830 contactos, de los que “se identificaron 54 nombres de contactos que pudieran resultar relevantes”, se lee.
Entre los mensajes SMS que se identificaron en el teléfono hay uno saliente, fechado el 10 de octubre de 2014, que dice: “Todo bien, no se preocupe ya pasó la tormenta todo en calma” (sic).
También ubicaron varias conversaciones de WhatsApp, como la del 3 de octubre de 2014:
—Me despertó el alboroto
—A de pasar algo
—Nadie sale entoy
—Entonces
—Pues quien sabe
—Me está diciendo (palabra testada) que publicaron algo así.
—No creo ya hubiese anunciado en el pueblo (sic).
Y otra más, el 17 de octubre de 2014:
—Eso esto cabrón hasta el final juntos hijos del pito (sic).
Positiva, revisión de redes
María Elena Meneses, experta en internet y cultura digital, afirmó que en materia de procedimiento es positivo que la PGR haya solicitado una orden judicial para abrir los teléfonos celulares de los presuntos delincuentes y descargar sus comunicaciones en WhatsApp, porque es sabido que los gobiernos realizan estas prácticas en secreto, sin mediar permiso y vulnerando derechos fundamentales. “Así debería de ser la vigilancia hacia las redes sociales, pero me temo que no siempre es así”, dijo.
Sobre la revisión a la página de Facebook de uno de los inculpados, explicó que no se puede decir que sea ilegal porque los datos utilizados son de carácter público.
En lo que se debe avanzar en el país, comentó la investigadora del Tecnológico de Monterrey, es en establecer los lineamientos de la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en sus artículos 189 y 190 habla de la necesidad de que las empresas de telefonía colaboren con la justicia. El problema viene, criticó, cuando se vigila a personas que no le agradan al sistema de poder.
“[Las redes sociales] son herramientas de vigilancia para los Estados, para casos graves de delincuencia y para vigilar a la disidencia política o a los incómodos”, expresó.
Usadas como pruebas judiciales
Aunque la investigación en redes sociales que hizo la PGR en el caso Ayotzinapa es básica, resulta positivo que se exploren estos métodos, opinó Raúl Benítez Manaut, académico especializado en temas de seguridad.
“El trabajo que hicieron dándole seguimiento a comunicados vía Twitter, Facebook, inspección de teléfonos celulares, etc., es un paso muy importante para que las investigaciones científicas de grandes crímenes se hagan con un rigor más científico y menos con interrogatorios no judiciales o tortura”, mencionó.
El presidente del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia explicó que en México aún hay una brecha que transitar en el uso de pruebas científicas, porque ni estamos acostumbrados a las investigaciones de este tipo ni hay los equipos necesarios para que se realicen de forma adecuada:
“En la vida cotidiana [las redes sociales] ya tienen un rol, es innegable, pero ahora empiezan a tener un rol importante en la vida legal de los países. Empiezan a ser usadas como instrumentos de verificación de pruebas judiciales”.
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ENTERATE: ¿Adiós al gimnasio? Una píldora podría sustituir al ejercicio


No más dinero "tirado" por culpa del abandono del gimnasio. No más esfuerzo sobre la bicicleta estática ni espasmódicos intentos de coordinación frente al espejo en una multitudinaria clase de zumba. 
Un grupo de científicos del Centro Charles Perkins, de la Universidad de Sidney, está detrás de una pastilla "mágica" que reemplazaría las bondades del ejercicio físico. ¿El gimnasio en una píldora? Suena demasiado bueno para ser verdad.
Lo único cierto hasta el momento es que el reciente estudio -cuyos resultados fueron publicados en la revista Cell Metabolism- logró determinar los más de mil cambios que se producen a nivel molecular en nuestros músculos al realizar actividad física. Y detrás de este hallazgo, según los expertos, se abre la puerta que posibilitaría replicar, a través de un fármaco, ese mismo comportamiento. Es decir, con un blíster en la mano y sin transpirar la camiseta.
Liderado por el profesor David James, el equipo del Centro Charles Perkins, en colaboración con la Universidad de Copenhague, analizó las muestras de tejido muscular de cuatro hombres saludables (pero sedentarios) durante la práctica de una actividad física intensa de 10 minutos.
"El ejercicio produce un conjunto extremadamente complejo de respuestas en el músculo humano. Desempeña un papel esencial en el control del metabolismo y la sensibilidad a la insulina -señaló el doctor Nolan Hoffman, co-autor del estudio-. Y aunque ya es sabido que el ejercicio provoca una complicada serie de cambios en el músculo, esta es la primera vez que hemos sido capaces de trazar un mapa de lo que sucede exactamente, lo cual es un gran avance ya que nos permite utilizar esta información para diseñar un fármaco que imite los mismos cambios causados por el ejercicio."
¿Cuándo esta pastilla estará disponible en las farmacias? La innovación, dicen, podría llegar en 10 años, pero la suscripción médica estaría indicada para pacientes que sufren, por ejemplo, problemas de obesidad, patologías cardiovasculares o diabetes tipo 2. "Podemos dar un gran salto en el terreno de la salud al mejorar la calidad de vida de aquellas personas que no pueden hacer ejercicio", dijo Hoffman.
Un sueño demasiado lejano
Para José Ghergo, médico del Hospital de Clínicas, el avance científico "podría ser un tratamiento discutible en los casos de pacientes con enfermedades degenerativas musculares o cuando realmente no pueden movilizarse, pero una persona con obesidad, problemas cardiovasculares o diabetes tipo 2 puede realizar una gran cantidad de ejercicios teniendo en cuenta su condición de salud. A una persona obesa no le puedo exigir que corra, pero sí que camine, una actividad sin impacto que le reportará grandes beneficios".
Sin embargo, lo que más le preocupa a Ghergo son los beneficios a nivel psíquico y social que reporta la actividad física, ya sea en el gimnasio, en el parque o en un club. 
"El ejercicio no sólo mejora el estado físico de una persona, también aumenta su autoestima y colabora con la red social que genera -insiste el experto-. Un fármaco que pueda estimular los cambios que a nivel molecular genera el ejercicio es una gran noticia en el plano científico, pero no hay que apresurarse. Aún su futuro es incierto."
Por otra parte, algunos especialistas en nutrición consultados comparan a la prometedora pastilla con los suplementos que intentan reemplazar a los alimentos. Según su criterio, es necesario cambiar los hábitos alimentarios y combatir el sedentarismo. Sin esfuerzos, insisten, es difícil ver los logros, y celebran los avances científicos, pero aseguran que la magia no existe.
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