Estará usted de acuerdo conmigo en que en un tema tan sensible como es la seguridad pública, que tiene a su cargo el Estado, éste debiera propiciar espacios de deliberación informada en los que dé cuenta a la sociedad en su conjunto de las repercusiones que acarrea una reingeniería en un ámbito de sus facultades que implica el uso legítimo de la fuerza para salvaguardar el orden público y el respeto a la convivencia pública en paz.
En el ejercicio del poder en nuestro País, es muy común que se le olvide al gobernante en turno la observancia de esta regla de oro. Se explica claro, en el conocimiento que tiene de la población en lo general, con respecto a la factoría de leyes, toda vez que no es asunto que le quite el sueño. Y es que los gobiernos priístas dan por sentado que quien tiene el bastón de mando –válgase la analogía– pues puede hacer lo que le venga en gana con la venia y sin la venia de quienes le pagan la dieta.
Este preámbulo viene a cuento por la iniciativa de ley con la que el Presidente Enrique Peña Nieto –bueno, la nomenclatura que lo mueve– pretende crear el mando único policial en nuestro País. Me voy a permitir compartirle lo que dice la ley actualmente. En el artículo 115, fracción III inciso “h” de nuestra Carta Magna, relativo a la regulación del Municipio, se establece con toda claridad que estos tienen a su cargo la seguridad pública, en los términos del artículo 21 constitucional. El 21 prescribe que esta función no solo está a cargo de los municipios, sino también de la Federación y las entidades federativas, y que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala (sic). También, y lo destaco, mandata que: “El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno DEBERÁN COORDINARSE ENTRE SÍ para cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Pues ya no le gustó al priato, y ahora quieren reforma. Las “razones” que esgrimen es que las corporaciones policiales municipales no han tenido la solidez que se requiere para hacerle frente a la delincuencia organizada, y pretenden por ello quitárselas y entregarla al gobernador de la entidad federativa, pero no presentan evidencia contundente para sustentar que el mando único estatal policial, va a resolver los problemas multifactoriales del fenómeno, y además lo apuntan como un problema generalizado, Y NO ES ASÍ. Derivado de esto, lo razonable es que la intervención se dé solamente cuando se amerite.
La propuesta presidencial, a más de que constituye un riesgo para el federalismo, le quita la función de Policía de proximidad y fuerza pública al Municipio. Parte, además, de una premisa falsa, subrayando que los problemas de seguridad son fundamentalmente provocados por la delincuencia organizada en los municipios.
La realidad es que la infiltración del crimen toca TODAS las estructuras, las estatales y las federales no se libran. Es a todas luces una nueva forma de intervencionismo y no un mecanismo subsidiario, pues pasa por alto al Congreso estatal, como lo apuntó el senador Roberto Gil.
No se vale pretender meter con calzador que el mando único es una panacea para la seguridad pública, porque NO LO ES, verbi gratia, en Estados Unidos hay 13 mil agencias de aplicación de la ley y tal dispersión ni las hace ineficaces ni les impide coordinarse. El asunto no es el Mando Único. El problema e s la falta de voluntad política y de responsabilidad de los gobernantes. La subordinación de los municipios no va a resolver NADA; la coordinación SÍ, tal como lo establece la legislación actual. No hay razón para alterar la Constitución. En mucho lo que debe solventarse es el problema presupuestal en municipios a los que han tenido en el abandono.
Los expertos señalan que la pérdida de interlocución del ayuntamiento ante la sociedad se recrudecerá, al no poder ofrecer directamente condiciones de orden y de seguridad y destacan el peligro de conflictos político-administrativos en el caso de autoridades estatales y municipales que pertenecen a diferentes partidos políticos al tomarse decisiones operativas que no se compartan. Y otro problema a combatir, el de la corrupción inmersa en las corporaciones, ¿los va a solucionar el mando único? Si el Gobierno peñista cuerpeado con su mayoría parlamentaria variopinta se aferra en imponer su dizque reforma policiaca, porque puede y repuede hacerlo, quienes pagarán con creces tal perversión, serán…Usted, estimado leyente, sabe perfectamente quienes son los destinatarios. El priato quiere el control absoluto del País, y va hacia allá, se lo van a garantizar virreyes como el de casa.
Fuente.-Esther Quintana
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