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| De izquierda a derecha: Guillermo Zayas González, Facundo Rosas Rosas y Julián Leyzaola Pérez. Fotos: Cuartoscuro |
En los lugares donde hicieron carrera, estos jefes policiacos son señalados por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Pero brincan a otras plazas y les dan empleo…
La noticia que Hilda Barragán recibió a mediados de septiembre pasado no podía ser más desalentadora. El responsable de la muerte de su hija Isis Gabriela, que no sólo es un ex jefe policiaco consignado por homicidio culposo, estaba además por recibir un nuevo cargo.
–Van a nombrar a Guillermo Zayas González director de Seguridad Pública en Ciudad del Carmen –le dijo un amigo activista por teléfono.
La madre de familia cuenta en entrevista que no podía creerlo. Zayas González fue quien, como jefe del Sistema Unipol en la Delegación Gustavo A. Madero, ordenó y encabezó el operativo policiaco que provocó la muerte de doce personas en la discoteque News Divine en junio de 2008. Una orden suya, dice Barragán, hubiera permitido la salida de los jóvenes del lugar y su hija, de 16 años, tal vez estaría con vida.
Zayas González, en cambio, dice el informe elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, decidió mantener a cientos de adolescentes asegurados dentro del negocio como evidencia, precisamente, del delito de corrupción de menores.
“Esta aseveración cobra fuerza si se tiene en cuenta que, antes de ser llevados a la Agencia del Ministerio Público, las y los jóvenes fueron llevados al menos a tres sectores de la Secretaría de Seguridad Pública –Pradera, Quiroga y Aragón– para ser clasificados y fotografiados, dándoles trato de potenciales delincuentes; de hecho, para separar a los adultos de los adolescentes. Como consta en los testimonios, a quienes lograron acreditar su mayoría de edad en el sector al que les llevaron, se les dejó en libertad en ese mismo momento sin mayor trámite. En cambio, a los que no lo hicieron, se les presumió adolescentes y se les retuvo con la finalidad de que declararan ante el Ministerio Público”, dice el informe, de julio de 2008.
Dos amparos han permitido al ex jefe policiaco evadir durante siete años el proceso penal para el que lo consignó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ese mismo año. La última esperanza de justicia para las familias, por tanto, dice Barragán, era el ofrecimiento que les hizo desde 2013 el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, de crear una comisión que impulse el caso ante instancias internacionales.
El nombramiento en Ciudad del Carmen, sin embargo, acabó también con esa expectativa. “Es frustrante, decepcionante, no encuentro palabras más decentes para llamar a todo esto que esta pasando”, dice la madre de Isis Gabriela Tapia Barragán, de 16 años.
“Porque cuando esperábamos que alguien pague por habernos destrozado la vida, por haber vejado y humillado a tantos jóvenes, por el sólo hecho de pertenecer a una clase baja, puede hacer lo que quiere, se pueden ir por la libre… Entonces, las leyes ¿para qué son?”, cuestiona.
Zayas no es el único jefe policiaco acusado de graves violaciones a los derechos humanos que, en lugar de castigo, es elegido para ocupar otros cargos públicos. En enero de 2011, de acuerdo con El Diario de Juárez, el teniente coronel del Ejército Mexicano, Julián Leyzaola Pérez, fue acusado de haber ejercido, facilitado y permitido actos de tortura mientras fue titular de Seguridad Pública en Tijuana, Baja California, donde encabezó la Policía Municipal entre 2008 y 2010. En marzo siguiente, y pese al antecedente, el alcalde priísta Héctor Murguía lo nombró Secretario de Seguridad Pública en Juárez, donde de nuevo generó quejas por violentar las garantías individuales.
En noviembre de 2012, el nombre del ex comisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas Rosas, fue incluido en el grupo que el narcotraficante Édgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, acusó públicamente de recibir dinero de su parte y de otros grupos de la delincuencia organizada, al igual que el ex Secretario de Seguridad Pública Federal durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna. Cinco meses después, el Gobernador de Puebla, el panista Rafael Moreno Valle, nombró a Rosas Rosas Secretario estatal de Seguridad Pública.
Y, en septiembre pasado, poco después del primer aniversario de la desaparición de 43 estudiantes en Iguala, si bien el Cabildo rechazó la propuesta, el nuevo alcalde priísta Esteban Albarrán Mendoza quiso como jefe de Seguridad Pública a Crisóforo Bahena Tino, primer jefe policiaco que tuvo el ex alcalde José Luis Abarca, preso por el crimen contra los jóvenes normalistas.
Incluso el nombramiento de Zayas González en Ciudad del Carmen fue una recomendación del Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, de acuerdo con lo que el alcalde panista Pablo Gutiérrez Lázarus dijo a los medios cuando hizo el anuncio.
“Los políticos nombran a impunes como jefes de policía, y esos jefes de policías, a cambio, protegen a los políticos”, explica el investigador sobre corrupción y crimen organizado, Edgardo Buscaglia.
“México vive en todos los ámbitos un pacto de impunidad policial que deriva de un pacto de impunidad política (…) donde los gobernadores y candidatos no denuncian sus actos de corrupción para apoyarse; hay un pacto de no investigarse entre ellos, un quid pro quo; y el pacto de impunidad policial es un derivado de la impunidad política”, agrega.
Buscaglia, además de investigador de Economía y Derecho en la Universidad de Columbia, preside en México el Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia, una de las organizaciones que acompaña el reclamo de justicia de las familias de los jóvenes que perdieron la vida durante el operativo en el News Divine.
Y dentro de los miles de crímenes que existen en México, dice Buscaglia, éste ocurrido en la capital de la república y en el que el probable responsable ha obtenido dos amparos del Poder Judicial, ilustra la forma en la que participan los jueces en la construcción de la impunidad.
“El caso News Divine es un caso de delincuencia organizada de Estado, y de protección de impunes de Estado. Lo que están protegiendo estos impunes no es a los soldaditos policías que cometieron estos atropellos, sino a los patrones políticos de esos policías (…) que siguen siendo protegidos a través de un Poder Judicial que celebra la impunidad, y a través de un jefe de Gobierno que simula constituir una comisión de expertos cuando en realidad ponen obstáculos burocráticos para que no se formen”, dice el investigador.
“Lo que llama la atención en el caso mexicano, es que el sistema judicial está tan capturado por este pacto políticos, que es una situación diferente a países como Brasil o Colombia, donde también hay mucha corrupción, pero donde el sistema judicial reacciona ante la corrupción. A los ministros de Luiz Inácio Lula da Silva (en Brasil) se les sentencia; al primo del presidente Álvaro Uribe (en Colombia) se le sentencia. Es decir, hay corrupción en todos lados, en todo el mundo, pero lo que yo evalúo técnicamente es la reacción institucional del sistema judicial, y en el caso de México, el sistema judicial forma parte de la delincuencia organizada”, agrega.
Y debido a que la falta de consecuencias no hace más que expandir la impunidad, expone Buscaglia, de igual forma aumenta la alevosía con la que ésta se ejerce. “Y lo que estás viendo ahora bajo la administración Enrique Peña Nieto y Mancera, porque son parte del mismo pacto, es una expansión a mayor escala del mismo pacto de impunidad que operaba con Felipe Calderón, a mayor escala y con mucha mayor alevosía, como el caso del Presidente con la Casa Blanca”, dice.
“¿LA AUTORIDAD PUEDE HACER ESO?”
Porque aún tiene un hijo varón, Hilda Barragán dice que todos los días lucha por sobrellevar el duelo de haber perdido a su única hija. Con el matrimonio roto y sin empleo, fue una de las familiares de las víctimas que aceptó la oferta de trabajo que les hizo el Gobierno del Distrito Federal después de la tragedia. La decisión le generó críticas que toleró no sólo por la necesidad de generar ingresos económicos, dice en entrevista, sino por la de tener una ocupación que le permitiera mostrarse positiva ante su hijo, deprimido a su vez y, como ella y el resto de las afectados por los hechos, frustrado por la falta de castigo.
La cruzada contra esos sentimientos es diaria, afirma. Pero hay circunstancias que la hacen aún más insoportable. Sobre todo cada vez que se entera que algún participante en el operativo queda en libertad. Primero Zayas, en agosto de 2008, después de haber pasado sólo dos meses en prisión y de haber pagado una fianza. Luego, en abril de este año, los once policías consignados por el operativo que también fueron liberados con exoneración de la Suprema Corte de Justicia. Es entonces, narra la madre de familia, que se pregunta para qué seguir, para qué más gastos y reuniones en su reclamo de que alguien finalmente pague por el crimen y que haya justicia.
“Los policías estaban recibiendo órdenes, pero ¿no había capacidad de raciocinio, de arbitrio, de decir ‘es que si hago esto, puede pasar esto’? ¿Qué tenían dentro los servidores públicos? ¿Estaban drogados? ¿Por qué no les hicieron a ellos el antidoping y en cambio se los hicieron a los muchachos? ¿La autoridad puede hacer eso, un operativo a lo bruto? ¿No había un manual? ¿Se les ocurrió el mero día y sin tener una orden judicial, como maniquíes, violando la ley, porque se los está diciendo Zayas, que era el mando único?”, cuestiona.
“Y ahora Alfredo Maya (dueño del discoteque), es el único que está en la cárcel. Si no digo que no haya tenido responsabilidad, pero él no fue el responsable de los homicidios”, dice.
Enterarse del nombramiento de Zayas en Campeche le quitó también el sueño, dice. El plan acordado entre las familias fue que, ante el agravio, un grupo viajaría a Ciudad del Carmen, Campeche, para tratar de persuadir al alcalde de la designación y, personalmente, alertar a la población sobre los antecedentes de su futuro jefe policiaco.
El desvelo no sólo era por el dolor, la sorpresa y la impotencia de ver cómo se recompensaba al autor del mortal operativo policiaco, sino también por el temor de probables consecuencias. ¿Qué pasaría si quisiera hacerles algo?
Pero aun entre las dudas, dice, la idea de la injusticia y el dolor de no haber vuelto a ver o abrazar a su hija es aún más insoportable. “Fue muy doloroso cuando nos enteramos que había asumido el poder el 1 de octubre. No pudimos ir antes y llegamos el 7; dimos una conferencia de prensa, intentamos hablar con el alcalde, pero se burló de nosotros. Nos dijo que íbamos pagados por un partido político”, cuenta.
La abogada Claudia Cruz, directora del Instituto de Acción Ciudadana y una de las activistas que acompañó a los padres de Isis Gabriela y a Carmen Rivas Nájera, madre de Leonardo Amador Rivas, de 24 años, cuenta por separado que el Alcalde Gutiérrez Lázarus –que sólo las atendió en un parque, mientras realizaba una audiencia pública– desestimó la advertencia sobre el proceso abierto a Zayas y dijo que incluso conocía el expediente. Pero no pudo, dice Cruz, responder cuántos tomos tenía el caso.
“Fue ahí cuando los papás plantearon que habían hecho una gran lucha porque esto no se volviera a repetir, y que esa era su preocupación, que una persona como ésta, que le estaba dando vueltas a la justicia para no ser procesado, estuviera ahora supuestamente protegiendo la seguridad de Campeche. Pero siguió burlándose”, dice Cruz.
“También preguntamos en qué momento le quitaron la obligación de firmar, porque preguntamos al Juez XIX de lo Penal cuál es su estado jurídico e incluso si sigue firmando o no, pero nos explicaban que los jueces tienen que establecer si sigue firmando o no, y que es discrecional. Entonces, aun con mayor razón decimos que es un caso armado”, agrega Cruz.
El Alcalde Gutiérreza Lázarus reiteró a SinEmbargo, a través de su oficina de Comunicación Social, el respaldo de su Gobierno a su director de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito.
“Todos hemos enfrentado alguna cuestión de injusticia y el mismo tiempo nos ha ido dando la razón. En este caso particular, hubo una valoración y varias personas fueron puestas a prueba y conforme al desempeño que presentaron fue que tomamos la decisión”, dice la respuesta enviada a este medio.
Y, sobre la visita de los padres de familia de las víctimas a Ciudad del Carmen, dijo que “entendemos las cuestiones políticas. Las elecciones, como lo dijo el Gobernador en la toma de protesta, ya quedaron atrás, y sin embargo pareciera ser que algunas personas todavía les pesa”.
“NADIE ESTÁ EXENTO ”
El dolor de haber perdido a su Isis de manera violenta ha obligado a Barragán a revisar las circunstancias que lo provocaron. La semana previa se había separado de su marido e Isis, cuya pasión eran la música y el baile, salió a la tardeada diciendo que iba al cine. Ella se fue además a vender los productos con los que trataba de ganar un poco de dinero. ¿La hacía eso culpable? Pero, ¿cómo era posible que, aun cuando varios jóvenes yacían ya aplastados y asfixiados en el News Divine o en el exterior, el jefe policiacio mantuviera la orden de mandar a los sobrevivientes a una agencia del ministerio público para todavía ser interrogados.
“Sabemos que el señor fue quien ordenó el cierre de las puertas, y todavía viendo lo que estaba pasando tuvo el descaro de tomar a los jóvenes como prueba, subirlos a los camiones, llevarlos ante el ministerio público, llevarlos con un médico legista que las desnudó para verificar la edad, y ¿cómo, viendo todo lo que había pasado, se atrevieron a seguir violando los derechos humanos de todos los jóvenes? Eso es lo que no me cabe en la cabeza”, dice la madre de familia.
Y por eso, explica, es su exigencia de justicia: “Nadie está exento. Lo que estamos viendo no es raro que suceda, porque no se están tomando las medidas. La justicia no se maneja como debiera y en cualquier momento, a cualquier habitante de la Ciudad de México, sobre todo tratándose de jóvenes, les puede pasar lo mismo”.
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