La secuencia es atroz por su precisión: primero desaparece el hijo; apenas tres horas y media después, un grupo armado entra a una privada residencial y se lleva al padre de la cochera. No fue una irrupción en un monte remoto: ocurrió en Culiacán, en una ciudad militarizada hasta el cansancio, donde aun así la violencia parece trabajar con reloj, rutas y permiso implícito.
A Sergio Yahir lo reportaron como desaparecido desde las 17:00 horas de ayer 30 de septiembre. Tres horas y media más tarde, alrededor de las 20:30, cuatro hombres o más entraron a una privada del sector Punta Azul, al sur de Culiacán, sometieron a Lucas Abel, carpintero de 42 años, y lo subieron a una SUV roja desde la cochera de su propia casa.
Así de limpia, así de brutal funciona la cadena de producción del terror en Sinaloa: una desaparición primero, otra después; padre e hijo convertidos en dos expedientes antes de que termine la noche. Como si la ciudad tuviera un servicio de recolección criminal más puntual que cualquier autoridad: pasan por uno, regresan por el otro y dejan a la familia con la casa abierta, la cochera vacía y la vida suspendida.
Ya casi son 4 mil 500 personas privadas de la libertad en poco más de dos años, según el conteo exhibido en la imagen: un promedio cercano a seis al día. Es decir, en Sinaloa desaparece gente con una regularidad de fábrica. No es una racha, no es una excepción, no es “un hecho aislado”: es una maquinaria que entrega cuotas diarias de ausencias.
Para ponerlo en perspectiva, 4 mil 433 personas privadas de la libertad equivalen a llenar varias veces un teatro mediano o a borrar de golpe a toda la población de una pequeña comunidad.
Pero aquí ni siquiera ocurre de golpe: sucede cucharada tras cucharada, con la ventaja política de que la barbarie fragmentada parece menos escandalosa. Un hijo a las cinco; un padre a las ocho y media. Mañana, otra familia. Pasado mañana, otro boletín. Y así, el espanto administrado como estadística.
Todo esto ocurre con soldados hasta debajo de las piedras. Retenes, patrullajes, convoyes, operativos, sobrevuelos, corporaciones federales, estatales y ministeriales. Una presencia militar tan visible que parece escenografía de guerra, mientras los grupos criminales conservan la capacidad de entrar a fraccionamientos, seleccionar personas, levantarlas y desaparecer por la misma ciudad por la que circulan las fuerzas de seguridad.
La pregunta ya no es dónde están los uniformados. Están por todas partes. La pregunta incómoda es cómo, con semejante despliegue, los criminales siguen operando como si tuvieran carriles exclusivos: entran, levantan, se van y dejan a la autoridad llegando después a levantar indicios, contar minutos y redactar la cronología de lo que no pudo impedir.
Lucas Abel y Sergio Yahir no son sólo dos nombres en una lista que ya roza los 4 mil 500 desaparecidos. Son la prueba de una eficiencia criminal obscena: primero uno, luego el otro; primero la ausencia, luego el silencio; y al final, como siempre, la autoridad haciendo presencia cuando ya no queda nadie a quien proteger.
Con información: NOROESTE/

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