Ante el reciente fallo con cara de falla en el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que amplió las facultades discrecionales de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ,para ordenar bloqueos de cuentas bancarias con base en meros “indicios suficientes”, sin control judicial previo y bajo la calificación de medida administrativa preventiva ,que choca de frente con el principio de presunción de inocencia (art. 20, fr. I, Constitucion Política Estados Unidos Mexicanos) y la carga de la prueba debe correr a cargo de la autoridad (…para eso se le paga y bien), no del gobernado, decidimos compartirte algunas analogías para ejemplificar el autoritarismo usando la ironía del “reloj constitucional volteado” para exponer cómo la SCJN parece haber normalizado que el ciudadano pruebe su inocencia mientras el Estado actúa “por si acaso”.
En el México del “bloqueo preventivo”, todo funciona al revés. Imagínese usted un país donde el ciudadano, harto del abuso burocrático, adopta el mismo criterio que la autoridad… pero al gusto ciudadano:
Pago de impuestos “bajo indicio suficiente”: el contribuyente notifica al SAT que tal vez pagará su cuota fiscal, siempre y cuando encuentre pruebas convincentes de que el dinero público no terminará en sobrecostos, moches, fideicomisos opacos o ayudas del gobierno para conseguir votos como bien decia AMLO,cuando era un excelente opositor, antes de ser un pésimo «prejidente».
Cumplimiento de la ley bajo presunción de abuso: el ciudadano acepta portar licencia de conducir o emitir facturas sólo cuando Hacienda pruebe más allá de toda duda razonable que no lo va a extorsionar en una ventanilla.
Declaración administrativa preventiva: los gobernados registran a los funcionarios como “presuntos corruptos” y congelan sus sueldos hasta que acrediten su honradez patrimonial ante un comité de vecinos autónomos.
Congelamiento inverso de autoridad: toda cuenta pública queda bloqueada por precaución, hasta que el gobierno demuestre que ningún contrato, licitación o sobrerenta fue inflado bajo un gobierno humanista o de cualquier otro credo, pero con las mismas «mañas».
Carga de la prueba tributaria: el ciudadano presume su dinero limpio y legal, pero exige al Estado justificar por escrito y con evidencia técnica cada peso que intente recaudar.
Presunción de incompetencia: toda política pública se considera nula de origen hasta que el burócrata responsable demuestre que sabe lo que hace, con examen profesional incluido donde la eficiencia no sea sustituida por ninguna clase de lealtad a ninguna clase de animal politico.
Medida de gobernanza provisional: el pueblo suspende la obediencia civil durante 48 horas en tanto la autoridad acredite, ante notario, que no actúa por capricho o consigna.
Porque si la UIF puede tratar al ciudadano como culpable por prevención, ¿por qué no podría el ciudadano tratar al gobierno como culpable por hábito?
Con informacion: @Redes/Medios/
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