LES DEBEMOS MUCHO,PERO ELLOS YA DEBEN MUCHAS:
Por eso se establece en la Constitución (aunque los armados también tienen la costumbre de deshojarla para envolver papayas) que el jefe de Estado o de Gobierno electo es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas; y en las democracias, se pone una muy enfática atención en reforzar el principio de subordinación de los militares a los civiles colocando a estos últimos, y no a soldados, a la cabeza de los ministerios de defensa.
En algunos países con tradición militarista, en los que la oficialidad ha creado ricas tradiciones de derribar gobiernos civiles, el temor de provocarlos conduce a aceptar que generales y almirantes se manden a sí mismos como titulares de las carteras militares. Pero sólo en algunos de ellos, porque hacen lo posible por superar ese estado de chantaje permanente.
Uno de los más queridos y respetados estudiosos del peso del Ejército en la sociedad mexicana es el Dr. Lorenzo Meyer, historiador próximo a López Obrador, que hace unos años, en una entrevista que le hice para nuestro documental “MirarMorir”, me dijo: “en otros países, lo raro, lo extraordinario sería tener un secretario de Defensa que fuera militar, sería casi impensable; en México es impensable que pudiera ocurrir lo que en Chile, que no solamente tiene a un ministro de Defensa civil, sino que antes tuvo a una mujer civil, la presidenta Michelle Bachelet. Y que conste que Chile tiene una tradición militarista. México no tiene esa tradición y sin embargo es casi impensable que hoy, en el 2015, se quite al general secretario y se ponga un civil”.
El general secretario al que se refería el Dr. Meyer era Salvador Cienfuegos. El mismo que en 2021, con el escándalo desatado a su alrededor, ha vuelto a poner en evidencia que, en México, sigue vigente el pacto no escrito que les garantiza a los militares una autonomía tan amplia que los coloca, en los hechos, por encima del poder civil y por encima de la Constitución.
México se precia de no haber seguido la ruta de golpes de Estado y asonadas militares que caracterizó a otros países latinoamericanos. Pero esto ha tenido un alto precio, que seguimos pagando en pleno siglo XXI sin que haya señales de un cambio significativo: con el PRI, con el PAN o con Morena, las fuerzas armadas son intocables.
NI SOÑAMOS CON LA NORMALIDAD
Michelle Bachelet no es la única mujer civil que ha mandado a los militares. En España, por ejemplo, Margarita Robles Fernández es actualmente ministra de Defensa. Pero ese país ya no es el mismo de la dictadura de Francisco Franco y, después del fracasado golpe del coronel Antonio Tejero de 1981, la oficialidad ha tenido que dar varios pasos atrás.
El de Bachelet es un caso especial en dos importantes aspectos: uno es que su país no ha superado la influencia de los generales, que mataron a miles de personas desde el golpe que dieron en 1973 y hasta el fin del gobierno dictatorial de Augusto Pinochet, en 1990, y que se aseguraron el poder de vetar los cambios de profundidad a través de la Constitución de 1980, que sigue vigente y que sólo será sustituida próximamente, a resultas del poderoso movimiento popular de 2019. El segundo aspecto es que Bachelet es hija de un general de Brigada que fue considerado enemigo por el ejército porque se opuso al golpe de 1973, fue encarcelado, torturado y asesinado por sus propios compañeros de la Fuerza Aérea. Con su madre, Ángela Jeria, Michelle fue arrestada, torturada y obligada a marchar al exilio, de donde regresó para convertirse, en 2002, en ministra de Defensa, superior de los mismos oficiales que dirigieron la represión, y luego presidenta en 2006 y de nuevo en 2013.
¿Sería posible imaginar que la hija de una víctima de la guerra sucia de los años 70, acaso de un torturado y asesinado por el coronel y luego general Mario Arturo Acosta Chaparro, fuera nombrada secretaria de la Defensa por el presidente López Obrador?
A nadie se le ocurre algo así. Ni AMLO en sus momentos de mayor recalcitrancia opositora planteó poner a un civil en SEDENA y a otro en SEMAR.
¿Qué pasa en México que ni siquiera nos atrevemos a soñar con una normalidad democrática?
EXONERACIÓN… DEL EJÉRCITO
Las actitudes de los civiles en el affaire Cienfuegos han sido erráticas. La DEA decidió arrestarlo de súbito, sorprendiendo a mexicanos y estadounidenses. A juzgar por las evidencias que entregaron al gobierno mexicano y que éste publicó –750 páginas de conversaciones interceptadas– su caso no era nada sólido. Pero deben tener mucho más, que no les enviaron a los mexicanos porque no confiaban en ellos y pues, a final de cuentas, con razón, porque publicaron lo que recibieron. En todo caso, aunque alguien puede argumentar que el sistema judicial de EU es tan maleable con el mexicano –se puede afirmar cualquier cosa–, su prestigio en general es muy superior y la DEA no podría haber logrado tanto sólo con ese expediente: en primer lugar, que los fiscales de Nueva York aceptaran el caso; y sobre todo, que el juez que lo valoró decidiera no sólo que tenía méritos para abrir el juicio, también para negarle la libertad bajo fianza al acusado.
La actitud del gobierno mexicano no fue de analizar las evidencias sino de utilizarlas para exonerar al general Cienfuegos. Debió asumir que le entregaron sólo una parte de ellas, que faltaba mucho, pero con eso le bastó.
Por lo menos, debió considerar que mínimamente eran pies de líneas de investigación que conducían tal vez a Cienfuegos y sin lugar a dudas al Ejército. Pero no quiso investigar por su cuenta.
¿Cómo es que no se están haciendo las preguntas elementales? Cómo: Si Cienfuegos no es el llamado “Padrino”, el alto jefe militar que los estaba apoyando, ¿entonces quién es? Si el entonces secretario de la Defensa no fue quien les dio al H2 y sus secuaces la información de inteligencia militar que utilizaron, si no fue él quien los ayudó a evadir operativos militares y policiacos, ¿entonces quien fue?
Las 750 páginas de la DEA pueden ser descalificadas en cuanto a que no prueban lo que se dice de Cienfuegos, pero ¿qué pasa con lo que sí indican, con la protección militar a esta banda?
Aparentemente, quien fue exonerado fue el general Cienfuegos… pero al rehusar abrir las líneas de investigación que se desprenden de este expediente, el gobierno está garantizando la impunidad de los oficiales del Ejército posiblemente relacionados con estos hechos criminales.
EL CIENFUEGUISMO REFORZADO
En realidad, Cienfuegos y sus subordinados no sólo deberían ser investigados por su posible relación con el H2 y otros grupos de Nayarit y alrededores. También por casos como Tlatlaya y Ayotzinapa, y al respecto de este último, por violaciones de derechos humanos y además porque el enorme montaje que fue la investigación de la PGR sobre Iguala tuvo como fin encubrir una red internacional de tráfico de heroína en la que abundan las pistas que conducen a militares.
Cada vez queda más claro no sólo que militares intervinieron en septiembre y en octubre de 2014 en crímenes relacionados con el caso Ayotzinapa; que detuvieron a estudiantes, los metieron al cuartel de Iguala, los interrogaron y después los entregaron a los criminales armados que los desaparecieron; que protegieron operaciones de “sembrado” de pruebas y evidencias; que para esto utilizaron recursos del Ejército, desde las instalaciones del cuartel de Iguala hasta camiones que llevaron al basurero de Cocula para ayudar en la simulación. Y se conocen algunos documentos oficiales que permiten establecer que el coronel –y ahora general– José Rodríguez Pérez, comandante del cuartel, estuvo activo y pendiente de los eventos de la noche de Iguala e informando en tiempo real a su superior inmediato, el general Alejandro Saavedra Hernández, en Chilpancingo.
HASTA EL CHONGO Y PROTEGIDOS POR EL PODER CIVIL:
Pero el Ejército no se está dejando investigar. Al cierre del año pasado, la justicia sólo alcanzaba a un capitán, José Martínez Crespo, y a nadie por encima de su rango. No se meten con los altos oficiales, son intocables, permanecen ajenos a las indagatorias.
Y el general Saavedra, no se nos debe escapar, es muy, muy cercano al general Cienfuegos, al grado de que, al concluir el sexenio de Peña Nieto, se lo presentó a AMLO como uno de los dos generales que proponía como sucesor, pero López Obrador escogió a otro militar.
Ahora, que el general Cienfuegos ha visto su poder confirmado y reforzado, es más que improbable que la justicia toque a sus allegados.
PRI, PAN… Y AHORA MORENA
Esto, sólo en el ámbito de la justicia. En el espacio económico y de instalaciones estratégicas, el gobierno les ha entregado a las fuerzas armadas posiciones que hubieran escandalizado si se las hubieran dado otros presidentes, como el aeropuerto de Santa Lucía, tramos del Tren Maya, el control de puertos y aduanas, etcétera. Decenas de miles de millones de dólares en contratos.
De la misma forma en que nunca ha habido un civil secretario de la Defensa en México –mucho menos una mujer–, desde 1946 todos los presidentes mexicanos han sido civiles y los militares los han respetado. Parece un pacto equitativo.
Pero no lo es: la Constitución establece la superioridad del poder civil sobre el militar, y lo hace porque es necesaria para garantizar la soberanía popular. Cuando los civiles no son capaces de imponerse al poder armado, éste les roba autoridad, y lo hace amenazando. El poder civil queda subordinado.
Esto no depende de partidos. Es un acto de cinismo que algunos opositores presenten al de AMLO como el primer régimen que se rinde ante los generales, como si todos sus antecesores no lo hubieran hecho. Es un status quo al que se han sometido tanto el PRI, que lo creó, como el PAN, que lo sostuvo, y ahora Morena, aunque lo criticaba y denunciaba:
Hay situaciones de crisis que lo ponen en evidencia. Estamos en una de ellas.
Fuente.-@temoris/
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