En el Poder Judicial de la Federación también hay patrones, aunque aquí les llaman “criterios”. El Juez Primero de Distrito en Materia Penal en Nuevo León, Mario Jorge Melo Cardoso, ya suma una colección de resoluciones que, curiosamente, terminan beneficiando a personajes que el propio Gobierno federal coloca del lado del crimen organizado.
No es un caso aislado ni un desliz técnico: son varios episodios que, puestos en fila, empiezan a parecer tendencia.
Ahí está José Antonio Cortés Huerta, alias “Titán”, detenido en mayo en Portal del Huajuco y señalado como líder de una célula ligada al Cártel del Noreste dedicada al huachicoleo.
El viernes pasado, Melo Cardoso le concedió una suspensión de plano. Traducción práctica: el sábado ya estaba fuera de prisión y trasladado al Hospital Universitario para seguir su proceso, amparado en un cuadro médico que, según su defensa, incluye problemas cardiacos, probable rabdomiólisis, hipertensión y riesgo de insuficiencia renal aguda.
El detalle incómodo es que, según fuentes federales, cuando “Titán” ingresó al penal no presentaba problemas de salud y estaba en buen estado físico. Para esas mismas fuentes, el súbito deterioro clínico huele más a estrategia legal que a urgencia médica.
Pero el expediente no termina ahí. El 3 de junio se hizo público otro movimiento: el juez otorgó suspensión definitiva a Mario Alberto Cárdenas Medina, “El Betito”, sobrino de Osiel Cárdenas, exlíder del Cártel del Golfo. Resultado: libertad. Y no solo para él. La misma resolución alcanzó a su compadre, Raúl Ramírez, y a quien es señalado como su lugarteniente, Kevin Alberto Castro.
Más atrás, el 19 de diciembre, Melo Cardoso también intervino en favor de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano, accionista mayoritario del certamen Miss Universo y expropietario del Casino Royale, con una investigación abierta por delincuencia organizada y huachicol. El juez le concedió una suspensión que frenó, al menos temporalmente, la revocación de su calidad de testigo colaborador y su posible detención.
Cuatro días después vino el giro: le negó la suspensión definitiva, luego de que un tribunal colegiado le tumbara la provisional. Es decir, el salvavidas duró lo que tardó una instancia superior en corregir la jugada.
Según su currículum oficial, Melo Cardoso es juez de Distrito desde febrero de 2019 y ha hecho carrera dentro del Poder Judicial Federal. En los hechos, su paso por el juzgado también empieza a leerse como una secuencia de resoluciones donde los beneficiarios comparten algo más que buena defensa: todos están bajo la lupa federal por vínculos con estructuras criminales.
En un país donde el discurso oficial insiste en combatir al crimen organizado, las decisiones judiciales como estas no solo llaman la atención: la contradicen. Y cuando las excepciones se acumulan, dejan de parecer excepciones.
Coahuila no vota, Coahuila obedece. O al menos eso sugiere el último episodio de esta democracia de utilería donde el PRI no gana elecciones: las administra, las cocina y luego pasa a cobrarlas
El resultado es grotesco en su simpleza: carro completo. Dieciséis de dieciséis diputaciones. Morena, que presume músculo federal, en Coahuila quedó como espectador con boleto pagado: 26% de los votos y cero curules. Traducido: muchos votos, ninguna silla. La vieja alquimia priista sigue funcionando.
Pero lo verdaderamente interesante no está en el marcador final, sino en las costuras mal disimuladas del proceso. Porque cuando uno se asoma a los datos del PREP, aparecen las “maravillas estadísticas” que en cualquier otro contexto encenderían alarmas, pero aquí parecen parte del paisaje.
Casillas con más del 100% de participación. Sí, más votos que votantes. Urnas “embarazadas”, en el elegante argot político. Treinta de ellas, nada menos. Y como por arte de magia —o de operación territorial— el beneficiario recurrente es el PRI. No es que ganen: arrasan con disciplina quirúrgica.
En Frontera, Sabinas, Saltillo: porcentajes inflados y preferencias perfectamente alineadas. En una casilla vota el 128% del padrón y, sorpresa, el PRI se lleva la mayoría. En otra, 105% de participación y el guion se repite. No es anomalía, es patrón.
Luego están las casillas “entusiastas”, donde la participación supera el 70% sin rebasar el padrón —para no llamar tanto la atención— y aun así el resultado es monocolor. En Ramos Arizpe, con 93% de participación, el PRI obtiene 71% de los votos. En Matamoros, 82%. Democracia con coreografía: todos llegan y todos votan igual.
Y si alguien tenía dudas de dónde están los bastiones reales, el mapa los dibuja con claridad obscena: 203 casillas donde el PRI se lleva entre el 70% y el 100% de los votos. Torreón, Saltillo, Ramos Arizpe: territorios donde la pluralidad política es un concepto decorativo. Ahí Morena apenas rasca el 10% de lo que consigue el tricolor.
¿La oposición? Morena denuncia “elección de Estado”, pero sin pruebas contundentes. El problema es que, incluso si las presenta, la magnitud de la paliza hace que cualquier impugnación parezca anecdótica. El PRI no solo ganó: construyó un margen a prueba de escándalos.
Mientras tanto, los datos dejan otra pista más incómoda: no hay simetría. No existen casillas donde Morena o el PAN reproduzcan estos niveles de dominación total… salvo excepciones igual de sospechosas, como una donde Morena obtiene 852 votos en una urna con 169% de participación. Cuando todos los extremos son raros, el sistema completo merece revisión.
Al final, Coahuila confirma lo que ya era evidente: no es un bastión electoral, es un ecosistema cerrado. Una maquinaria donde la movilización, el control territorial y las inercias políticas pesan más que cualquier narrativa nacional.
Morena gobierna el país, pero en Coahuila ni siquiera ha logrado entrar al edificio.
Y el PRI, ese partido que en el resto del país sobrevive a duras penas, aquí no solo respira: aquí manda, organiza y, según los números, hasta multiplica votantes.
La pregunta no es quién ganó.
La pregunta es qué tipo de elección permite estos resultados… y por qué nadie parece capaz de desmontarla.
Lo peor,tambien lo hace Morena,solo que aqui le faltaron los narcos y mas dinero, aunque le sobró llanto.
La llamada “Ley Serrano” en San Luis Potosí no suena a norma moderna ni a avance legal; suena más bien a esos inventos del poder que se maquillan de innovación para esconder un viejo vicio: callar al que incomoda. Vendida como una reforma para regular el uso de inteligencia artificial, en realidad dejó la impresión de que en el Congreso potosino alguien confundió la protección de derechos con el diseño de un mecanismo elegante para perseguir voces críticas, periodistas incómodos y cualquiera que se atreva a exhibir las grietas del régimen local.
La iniciativa impulsada por Héctor Serrano Cortés, con penas que pueden llegar hasta seis años de prisión por el uso indebido de imagen, voz o contenidos generados o manipulados con IA, tiene todo el aroma de una ley escrita con la calculadora política en una mano y el manual de censura en la otra.
Y es que el problema no es únicamente el contenido de la reforma, sino el contexto político en que nace. En un estado donde la prensa ya ha denunciado amenazas, hostigamiento y presiones, pretender que una norma así es inocente equivale a pedirle a la gente que crea que un hacha es una herramienta de jardinería porque el gobierno así lo declaró.
La “Ley Serrano” parece diseñada menos para poner orden en el caos digital y más para abrirle una puerta jurídica a la represalia selectiva, con el pretexto perfecto de combatir la desinformación mientras se criminaliza el ejercicio periodístico y la crítica pública. En otras palabras: no huele a regulación, huele a garrote con membrete institucional.
Por eso el nombre le cae como anillo al dedo, aunque no por las razones que sus promotores quisieran. La “Ley Serrano” parece hecha por un poder que ya no distingue entre gobernar y blindarse, entre legislar y blindar sus nervios, entre defender derechos y castigar agravios.
En vez de ser una respuesta seria a los retos de la inteligencia artificial, terminó pareciendo una pieza más de ese teatro político donde la ley se usa como escudo para los amigos y como tolete para los adversarios. Si la intención era modernizar el marco jurídico, el resultado fue más bien una reforma con vocación de mordaza, con lenguaje de futuro y espíritu de pasado autoritario.
En resumen: no es una ley que regule la inteligencia artificial; es una ley que revela la inteligencia política de quienes la impulsan, y esa inteligencia, por lo visto, anda bastante escasa.
La nota de Proceso termina de exhibir lo que esta cosa es: la “Ley Serrano” no es regulación de IA, es un arma cargada apuntando directo a la prensa crítica.
La ley que nació “contra la IA” y acabó contra periodistas
La reforma al Código Penal de San Luis Potosí, bautizada como “Ley Serrano”, se vendió como una norma para sancionar el uso indebido de inteligencia artificial: suplantar identidades, manipular voces, imágenes o videos y generar “alarma social”. En papel suena moderna; en la práctica, terminó siendo el pretexto perfecto para llevar a la cárcel a periodistas que tocaron intereses del poder local.
Proceso documenta cómo la ley ya se usó contra dos reporteras, Eréndira Reyes y Alejandra Hermosillo, acusadas de “uso indebido de IA” y encarceladas tras la difusión de contenido vinculado a un video donde presuntos integrantes del Cártel del Golfo señalaban al gobernador Ricardo Gallardo y a la Guardia Civil de tener vínculos con el CJNG.
No es teoría conspirativa: es el código penal convertido en palo, y el discurso de “proteger la identidad” convertido en coartada institucional.
Del discurso de “protección” al garrote legal
Mientras el gobierno de SLP y el diputado Héctor Serrano se llenan la boca hablando de “dignidad”, “familia” y “defensa contra la desinformación”, organizaciones, periodistas y especialistas ven otra cosa: una ley garrote hecha a la medida para el enojo del gobernador. Artículo 19, el mecanismo federal de protección y redes de periodistas han advertido que la norma es regresiva, contraria a estándares internacionales y diseñada para intimidar a la prensa y a activistas.
El resultado está a la vista: las dos periodistas no salieron porque el Estado reconociera el exceso, sino porque se acogieron a una suspensión condicional del proceso, con condiciones como pago de “reparación del daño”, residencia fija y firmas periódicas, bajo la amenaza de reactivar el procedimiento si algo “no se cumple”. Traducido: te suelto, pero te dejo el mensaje bien claro de quién manda.
Una ley “Serrano”… con vocación serrana
Llamarle “Ley Serrano” es casi un acto de sinceridad involuntaria: es una ley que corta, pero siempre hacia abajo. No toca a los grupos criminales que exhiben públicamente sus mensajes, pero sí a las reporteras que documentan lo que el poder preferiría barrer bajo la alfombra. Se presenta como un muro contra los deepfakes, pero en los hechos se usa como filtro contra el periodismo incómodo.
En un estado donde ya hay denuncias de espionaje, amenazas y campañas de odio contra periodistas, aprobar esta reforma fue como ponerle uniforme de juez a un matón político: se viste de legalidad, pero se mueve con lógica de represalia. No es una ley para regular la inteligencia artificial; es una ley para formalizar la intimidación analógica de siempre, ahora con tipificación penal y narrativa tecnológica.
Al ser cuestionado ayer en el palacio de gobierno en Ciudad Victoria,sobre el “carro completo” del PRI en Coahuila, justamente donde su hijo opera la Delegación del Bienestar, el gobernador Américo Villarreal optó por la negación exprés: primero fingió no saber y luego soltó que su hijo “… es delegado de Bienestar”, borrando de un plumazo las denuncias de morenistas que lo acusan de desviar programas sociales para apuntalar la carrera de su ahora esposa la senadora Cecilia Guadiana.
Minutos después, atrapado por la insistencia del reportero, corrigió con un resignado “de bienestar, de bienestar”, pero ya había quedado claro que lo que intentaba ocultar no era un tecnicismo de cargo, sino el fracaso del laboratorio de clientelismo familiar que montaron en Coahuila.
El aun gobernador de Morena en Tamaulipas,Americo Villarreal, intentó vender como “análisis de resultados” lo que en realidad es el naufragio político de su hijo y de la estructura clientelar del Bienestar en Coahuila,tras el apabullante fracaso del partido en las pasadas elecciones del domingo que dejaron un estrepitoso 16-cero.
1. La escena: el gober acorralado
Fragmento original del video: “Gobernador, gobernador, carro completo para el PRI gobernador en Coahuila, donde tu hijo. — Ah, pues no sé, yo, como esté allá, no es delegado de bienestar. — ¿Considera que es una derrota para tu hijo? — Pues, yo creo que en su momento habrá que ver las circunstancias de los resultados en este momento electorales. Lo que vimos en las noticias, pues, efectivamente, la presencia porcentual a favor del Partido Revolucionario Institucional, creo que en segunda fuerza quedó el Movimiento de Regeneración Nacional y estaremos viendo la definición de los números para tener una condición más sólida y poder. — Precisamente donde tu hijo está como delegado, gobernador. — De bienestar, de bienestar.”
Traducción : Traducción: “Háganse tantito a un lado, que voy a fingir que todo está bajo control mientras el PRI nos acaba de poner una madriza histórica en la plaza donde mi hijo se supone que opera la maquinaria del Bienestar.”
“Carro completo para el PRI gobernador en Coahuila, donde tu hijo.” Traducción: “Gobernador, el PRI se llevó hasta las llantas en Coahuila, justamente donde su muchachito maneja las tarjetas y los padrones, ¿le avisaron que ya se les cayó el mito del voto amarrado con programas sociales?”
2. La primera mentira: “no es delegado de Bienestar”
Respuesta de Américo: “Ah, pues no sé, yo, como esté allá, no es delegado de bienestar.”
Traducción a mentiras: “Ah, pues no sé”: mentira 1. Claro que sabe, porque su hijo no es un militante más, es el Delegado del Bienestar en Coahuila, señalado públicamente, por morenistas, de desviar programas sociales con fines electorales.
Una nota de febrero de 2025 recoge que legisladores y regidores de Morena exigieron su destitución por usar la estructura del Bienestar para promover la imagen de Cecilia Guadiana y de un diputado local, desde instalaciones oficiales donde se entregaban tarjetas a adultos mayores.
Portales y crónicas lo identifican como “el Ameriquín”, hijo del gobernador de Tamaulipas, que convirtió la Delegación del Bienestar en franquicia familiar y plataforma política sentimental.
Es decir: cuando el gobernador dice “el es delegado de Bienestar”, no está corrigiendo al reportero; está intentando borrar, en una frase, toda la estructura de clientelismo que su hijo montó alrededor de los programas sociales.[
3. La segunda trampa: convertir una derrota política en “momento de análisis”
Pregunta: “¿Considera que es una derrota para tu hijo?”
Respuesta: “Pues, yo creo que en su momento habrá que ver las circunstancias de los resultados en este momento electorales.”
Traducción : “Pues, yo creo que… (pánico interno)… en su momento habrá que ver… (vamos a perder tiempo y marear la nota)… las circunstancias de los resultados… (no voy a pronunciar la palabra ‘derrota’ ni aunque me la escriban en la boleta).”
Por qué es evasivo:
El contexto inmediato: lo que se comenta es que el PRI arrasó en Coahuila y Morena quedó en segundo lugar, justamente donde el hijo del gobernador controla el aparato del Bienestar.
Se trata de una derrota política no solo para el hijo, sino para la narrativa de que los programas sociales garantizan voto duro a Morena cuando se manejan desde operadores familiares.
El gobernador intenta diluir la responsabilidad hablando de “circunstancias de los resultados”, como si una paliza electoral fuera una abstracción estadística y no el fracaso concreto de la operación política de su hijo.
Luego añade: “Lo que vimos en las noticias, pues, efectivamente, la presencia porcentual a favor del Partido Revolucionario Institucional, creo que en segunda fuerza quedó el Movimiento de Regeneración Nacional y estaremos viendo la definición de los números para tener una condición más sólida y poder.”
Traducción: “Sí, el PRI nos pasó por encima, Morena quedó en segundo, pero voy a usar tanto gerundio y tecnicismo hueco que parezca que estoy hablando de una encuesta de Mitofsky y no de la derrota del proyecto político de mi hijo.”
Aquí introduce una maniobra clásica:
Reconoce “la presencia porcentual a favor del PRI”, pero nunca pronuncia la palabra derrota, mucho menos la liga directamente al delegado del Bienestar.
Habla de “ver la definición de los números” cuando el dato político esencial ya es claro: Morena no logró convertir su control de los programas federales en votos suficientes, pese al uso clientelar denunciado meses antes.
4. El elefante en la sala: Bienestar, voto y escándalos del “Ameriquín”
Contexto que el gobernador borra del mapa con sus evasivas:
En febrero de 2025, regidores y legisladores de Morena en Coahuila acusaron al delegado del Bienestar, Américo Villarreal Santiago, de desviar recursos y programas sociales para promover a la senadora Cecilia Guadiana y a otros aliados políticos, usando instalaciones oficiales y la entrega de tarjetas a adultos mayores.
Las denuncias señalaron uso de camiones rotulados con propaganda de la senadora y del diputado local Alberto Hurtado estacionados en la Delegación del Bienestar, mientras se brindaba atención a beneficiarios de programas federales.
Militantes morenistas pidieron abiertamente la renuncia de “Ameriquín” y denunciaron que se estaba cayendo justo en lo que Morena decía combatir: el uso de programas sociales con fines electoreros.
Todo esto generó:
Una fractura interna en Morena Coahuila, donde el uso del Bienestar para favorecer a la pareja del delegado se percibió como un abuso familiar del aparato social y un descarado clientelismo.
Un desgaste público de la figura de Villarreal Santiago, que incluso fue tema de notas nacionales y contenido en redes, ligándolo al desvío de recursos, a la mezcla de intereses sentimentales y poder, y al riesgo de que la Delegación funcionara como agencia de promoción política personal.
En ese contexto, la Delegación del Bienestar y el voto no son mundos separados:
Los programas del Bienestar se operan mediante padrones y tarjetas que se entregan en territorio, y han sido históricamente leídos como herramientas de control y movilización electoral, aun cuando la ley prohíbe su uso partidista.[
Cuando el delegado es el hijo del gobernador y al mismo tiempo se le acusa de usar la estructura para beneficiar a su novia senadora, el vínculo entre Bienestar y voto se hace brutalmente explícito.
La derrota de Morena ahí, donde supuestamente el aparato federal y familiar operaba “a todo vapor”, desnuda el fracaso del experimento: ni la familia, ni los programas, ni el control de la nómina lograron frenar la victoria del PRI.
Eso es lo que el gobernador no puede admitir frente a la cámara, por eso recurre a:
Negar de entrada que su hijo sea delegado de Bienestar.
Hablar de “circunstancias de los resultados” en lugar de aceptar una derrota política asociada a un uso faccioso del aparato social.
5. El cierre cínico: “De bienestar, de bienestar”
En el remate del intercambio, cuando el reportero le recuerda: “Precisamente donde tu hijo está como delegado, gobernador.”
El gobernador responde: “De bienestar, de bienestar.”
Traducción: “Ándale, ya que me atoras y no lo puedo negar, lo reduzco a un dato administrativo: ‘delegado de Bienestar’. Como si solo fuera un cargo de oficina y no la bisagra entre programas federales, estructura electoral y proyecto político familiar que acaba de chocar contra la realidad en las urnas.”
En términos políticos, ese “de bienestar, de bienestar” funciona como:
Un intento de normalizar el cargo, vaciarlo de contenido electoral y presentarlo como algo neutro, técnico, casi burocrático.
Un guiño mínimo de aceptación, pero sin asumir una sola responsabilidad ni entrar al fondo del escándalo que ya traía arrastrando el “Ameriquín” desde 2025.
Las malas noticias continúan llegando al gobierno de México. La última fue la confirmación de que la visa del senador Adán Augusto López Hernández, una de las personas más cercanas al expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido revocada como parte de la profundización de la investigación en Estados Unidos por sus presuntos lazos con el crimen organizado. No hay detalles sobre la investigación en su contra, pero la pista que se le sigue desde el año pasado es conocida por el gobierno.
El interés en el senador se descubrió aquí en septiembre, cuando, tras el encuentro del secretario de Estado, Marco Rubio, con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, le entregaron al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, fichas de López Hernández sobre su involucramiento en el contrabando de combustible desde el sur del país, distinto al que manejaba el empresario Sergio Carmona en Tamaulipas y el norte del país, con el cual financió ocho campañas para gobernador en 2021.
La información que recibió García Harfuch fue la razón de la insistencia de la presidenta para que aceptara una embajada, que López Hernández se negó siquiera a considerar. Respaldado por López Obrador, se mantuvo al frente de la coordinación de Morena en el Senado, hasta que finalmente renunció a ella en febrero.
López Hernández, sin embargo, no fue sujeto de ninguna investigación en México, que es lo que sugería Rubio que se llevara a cabo, en buena parte porque esta carpeta habría tocado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente, sobre el cual existen evidencias en los dos países de su presunto involucramiento en el huachicolfiscal.
Las autoridades estadounidenses han cuestionado, en sus conversaciones con las mexicanas, la debilidad de las acciones contra Hernán Bermúdez Requena, a quien López Hernández nombró secretario de Seguridad cuando fue gobernador de Tabasco, desde donde fundó la organización criminal La Barredora, que era el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en el sur del país.
Esa organización se extendió a la frontera con Guatemala con el respaldo del exgobernador de Chiapas y cuñado del senador, Rutilio Escandón, actual cónsul en Miami, sobre el cual ya se abrió una investigación paralela.
La confirmación del Departamento de Estado al gobierno mexicano de la cancelación de la visa del senador levantó las alertas en Palacio Nacional ante la posibilidad de que siga una acción en contra de López Beltrán, o de alguno de los otros dos hijos del primer matrimonio del expresidente, por lo que la cancillería está monitoreando cualquier acción en Washington en contra de la familia del expresidente. Los hijos de López Obrador, en especial Andrés, tiene una cercana relación con el senador, presuntamente en el contrabando de combustible.
El gobierno estadounidense le confirmó al mexicano que las visas de los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas, Américo Villarreal, fueron revocadas. Los dos han negado que la información sobre sus visas que dio a conocer el diario Los Angeles Times fuera cierta.
La realidad, de acuerdo con la reciente información entregada al gobierno mexicano, es que, junto a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, ya son tres los mandatarios en activo contra quienes Estados Unidos está actuando, producto de sus investigaciones sobre las presuntas actividades criminales.
La información que se ha enviado desde Washington, por lo que ha trascendido, no se detendrá en esos gobernadores. Sin que se hayan dado a conocer los nombres de quienes están siendo investigados por sus vínculos con el crimen organizado, incluye a otro número no precisado de gobernadores, diputados, senadores y funcionarios de alto nivel de Morena; y aunque predominan los militantes de ese partido, también hay investigaciones contra funcionarios estatales y locales de otros institutos.
La información de la cancelación de la visa de López Hernández coincidió con una serie de acciones en el Capitolio para fortalecer la lucha contra el huachicol fiscal y ubicar su combate como un asunto de seguridad nacional. El 14 de mayo, el senador republicano, John Cornyn, miembro del Comité de Inteligencia y de Justicia, y la senadora demócrata Jacky Rosen, miembro del Comité de la Fuerzas Armadas y de Relaciones Exteriores, introdujeron una iniciativa de ley para reforzar el papel directo del Departamento de Guerra en el combate al huachicol y colocarlo como un tema de seguridad nacional. La iniciativa se encuentra bajo consideración del Senado.
No es el único presunto crimen por el que lo están investigando. Los servicios de inteligencia estadounidenses han detectado que buscó introducir ganado, aparentemente de Nicaragua, que en realidad provenía de Venezuela, y que creó una red criminal que atraviesa Chihuahua, un estado que tendrá elecciones para gobernador el próximo año, donde respalda con apoyo político y sus financieros, a la senadora Andrea Chávez. La información que se tiene de él, que no está judicializada, menciona lavado de dinero a través de factureras y de empresas que están a nombre de prestanombres vinculados también a Andy, como llaman al segundo hijo de López Obrador.
El senador ha sido discreto, pero eficaz. Su principal financiero, Fernando Padilla, que inyectó dinero en la precampaña de la senadora Chávez y se ha convertido en el principal fondeador de recursos de Iván Silva, que dirige la empresa consultora Heurística y que es el principal estratega electoral de la presidenta. La relación entre Sheinbaum y López Hernández no es buena, y, al igual que el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, fue invitado a no asistir al discurso de la presidenta hace dos domingos para celebrar dos años de su victoria en las urnas.
Las investigaciones contra el senador y los tres gobernadores, de acuerdo con la información que se hizo llegar al gobierno mexicano, ha provocado que algunas cuentas de ellos en Estados Unidos ya hayan sido congeladas, y que varias de sus propiedades, estén en proceso de ser embargadas. No se reveló quiénes de los cuatro son los que no pueden utilizar el dinero que tengan en cuentas en aquel país, ni sobre el detalle de las propiedades que asegurarán las autoridades estadounidenses.
López Hernández es uno de los políticos de mayor interés para Estados Unidos, por su presunto papel de haber abierto la puerta de la frontera sur a grupos político-criminales de otros países y por la supuesta red que tejió con el crimen organizado en México.
