“SIN GANAS y TARDE pero SIN SUEÑO”: LA “FGR INICIA PESQUISAS por TRANSFERENCIAS de MILLONES de DOLARES del CDS a CASA de BOLSA que TAMBIEN USÓ la MADRE de SENADORA OLGA SOSA”…una esculcada seria,sería reveladora.

México ha comenzado a mirar con lupa a las instituciones financieras sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos por presuntamente blanquear activos del narcotráfico. 

La Fiscalía General de la República (FGR) de México ha iniciado una investigación en torno a transferencias millonarias pagadas a Vector por parte de Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V.,una empresa fachada que encabeza una red de blanqueo de dinero al servicio del Cartel de Sinaloa.

La firma, que ya fue inhabilitada por la Secretaría de Hacienda, depositó a Vector 97,6 millones de pesos (5,2 millones de dólares) mediante 53 depósitos efectuados en 2017, de acuerdo con información fiscal obtenida por EL PAÍS y que forma parte de la indagatoria.

La FGR a cargo de Alejandro Gertz ha turnado el expediente a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Este diario ha contactado a un portavoz de Vector para solicitarle un posicionamiento a propósito de la nueva investigación de la Fiscalía; el vocero ha señalado que la casa de bolsa no comentará al respecto. 

El Departamento del Tesoro de EE UU acusó la semana pasada a CI Banco, a Intercam y a Vector de desempeñar “un papel clave y prolongado” en el blanqueo de millones de dólares de los carteles de la droga mexicanos, y de fungir como vehículo de pago para la adquisición de precursores de fentanilo provenientes de China.

La casa de bolsa también sirvió para que el cartel gestionara pagos por precursores de fentanilo, según la acusación. La organización de El Chapo es el principal productor de la droga sintética que ha inundado el mercado de EE UU, donde las muertes por sobredosis se cuentan por miles al año.

El Gobierno estadounidense documentó que Vector presuntamente ha prestado sus servicios al Cartel de Sinaloa y al Cartel del Golfo. Según esas pesquisas, entre 2013 y 2021, un empleado del cartel de Joaquín El Chapo Guzmán lavó dos millones de dólares mediante envíos desde EE UU a México a través de Vector. 

Vector es una firma de corretaje de valores en la que participa como accionista Alfonso Romo, que fue consejero empresarial del expresidente Andrés Manuel López Obrador entre 2018 y 2020. Según el Departamento del Tesoro, la casa de bolsa gestiona 11 mil millones de dólares en activos. Tras el bombazo, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ha exigido a sus contrapartes de Estados Unidos pruebas de las acusaciones de blanqueo de dinero del narco por parte de las instituciones financieras. 

La semana pasada, una organización civil presentó ante la Fiscalía una denuncia contra Vector y Murata por los presuntos delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y lavado de dinero, y entregó pruebas de las decenas de facturas que confirman las operaciones entre la empresa y la casa de bolsa. 

Las transferencias se realizaron entre enero y julio de 2017. En ese periodo hubo depósitos tan pequeños como para no levantar sospechas, por ejemplo, uno de 187 pesos, y otros por enormes cantidades, como uno de 19,9 millones de pesos. En un solo día, el 12 de mayo de 2017, Murata hizo ocho transferencias a Vector que suman 27 millones de pesos.

En 2021, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) clasificó como empresa fantasma definitiva a Murata, que fingía ser una firma dedicada a la industria militar. En otras palabras, para la autoridad hacendaria, se trataba de una compañía de papel que simulaba operaciones y emitía facturas con la finalidad de lavar recursos. Detrás de Murata hay una familia señalada por la propia Fiscalía como operadora financiera del Cartel de Sinaloa. La compañía fue constituida en 2014 por el hijo de Nino Ferrari Gleason, administrador de Manuel Rodolfo Trillo Hernández, La Trilladora, que era a su vez operador financiero del cartel de El Chapo. Murata se conecta con más empresas factureras con las que comparte testaferros y se transfiere recursos, una práctica típica de blanqueo de dinero. 

La FGR y la UIF, la agencia antilavado del Gobierno, señalan que La Trilladora, detenido en 2015, blanqueó más de 6.000 millones de pesos para el Cártel de Sinaloa haciéndose pasar por un próspero empresario. La Fiscalía General también le acusa de haber financiado la construcción del túnel por el que El Chapo Guzmán escapó del penal del Altiplano, Estado de México, en 2015, en la segunda fuga del capo de una cárcel mexicana. Aun estando en prisión, La Trilladora blanqueó al menos 901 millones de pesos gracias a Ferrari. 

Una indagatoria de la FGR, adelantada por Reforma el año pasado, señala que Ferrari utilizó como prestanombres a meseras de Sanborns y a su propia hija para constituir las empresas fantasma de La Trilladora. Según ese diario, Ferrari fue detenido en julio de 2024, acusado de lavado y delincuencia organizada. En tanto, La Trilladora fue sentenciado en febrero de este año a una condena mínima, luego de que el juez desestimó los principales cargos presentados por la Fiscalía en su contra.

Además del Cartel de Sinaloa, entre los principales clientes de Murata se encuentran instituciones y gobiernos encabezados por el PRI, que durante años le pagaron en contratos más de 301 millones de pesos, según la documentación fiscal a la que ha accedido este periódico. El Estado de Nuevo León fue su mina de oro. De todo el monto que le pagaron las instituciones priistas, al menos 279 millones de pesos —el 92% del total— provinieron de contrataciones en ese Estado. Varios de los contratos fueron suscritos directamente por Paolo Ferrari, el hijo del operador de La Trilladora que constituyó la empresa. 

Aunque presumía dedicarse al ramo militar, muchos de los negocios que le contrataron las instituciones oficiales eran radicalmente distantes; por ejemplo, la alcaldía de Monterrey, capital de Nuevo León, le encargó a Murata impartir talleres sobre accidentes viales, alcoholismo y sexualidad, a cambio de un pago de 10 millones de pesos. En ese entonces, el alcalde de Monterrey era el priista Adrián de la Garza, que ha retomado el cargo tras la elección de 2024.

Murata está vinculada a otras empresas que desviaron recursos millonarios en Chiapas durante la gestión de Manuel Velasco (del PVEM, durante años aliado del PRI y ahora de Morena); también se conecta con dos personajes involucrados en negocios ilícitos: Eduardo Felipe Moisés Salomón y Salvador Campillo Talavera. El primero participó en el fraude electoral de las tarjetas Monex en los comicios presidenciales de 2012, en los que fue electo el priista Enrique Peña Nieto. El segundo colaboró en la estafa piramidal de ads-broker con la que fueron embaucados más de 5.000 inversores, la mayoría españoles. Los ilícitos de Murata ya habían sido denunciados a nivel local en Nuevo León. Ya ahora, la presión de Estados Unidos ha sido la percha perfecta para poner en la mira de la justicia federal a esta poderosa red criminal de blanqueo.

Con informacion: PABLO FERRI/DIARIO ESPAÑOL/ELPAIS/

“OIGANLA NOMAS”: “ESCUCHEN a la MORENA ARTIFICE de la INCONGRUENCIA y VIRTUOSA del DOBLEZ con PALABRAS que se CURVAN y se PLIEGAN CRITICANDO con FIEREZA la LEY que ACABAN de APROBAR”…mero sintoma del mal gobierno.

En 2014 era un insulto. Ayer dejó de serlo. Hace 11 años, los ahora líderes de Morena se opusieron a las reformas que impulsaba el Gobierno de Enrique Peña para autorizar la intervención de las comunicaciones a fin de combatir la inseguridad.

La incongruencia como síntoma de mal gobierno, inmoralidad y engaño

La incongruencia entre el discurso y la acción es uno de los síntomas más claros de un mal gobierno. Cuando quienes ostentan el poder cambian de postura según la conveniencia política, no solo traicionan la confianza ciudadana, sino que también revelan una profunda falta de principios y coherencia ética.

La aprobación de nuevas leyes en telecomunicaciones y seguridad por parte de Morena es ilustrativo. En 2014, figuras como Ricardo Monreal y Luisa María Alcalde, entonces en la oposición, denunciaron con vehemencia la reforma de Enrique Peña Nieto que permitía la intervención de las comunicaciones para combatir la inseguridad. Alcalde, en particular, calificó la medida como “un insulto a la inteligencia ciudadana” y criticó la autorización de la geolocalización en tiempo real sin una investigación previa. Sin embargo, once años después, los mismos actores políticos han respaldado una legislación prácticamente idéntica desde el poder.

Esta inconsistencia no es un simple cambio de opinión; es un acto de incongruencia que evidencia la falta de compromiso con los principios defendidos ante la sociedad. Cuando el discurso se adapta al interés inmediato y se traicionan las convicciones expresadas públicamente, el mensaje que se envía a la ciudadanía es devastador: la palabra de los gobernantes carece de valor.

La incongruencia, en este contexto, es sinónimo de inmoralidad. Quien defiende hoy lo que ayer condenaba, no solo engaña a sus electores, sino que siembra la desconfianza y el cinismo en la vida pública. 

El gobierno pierde legitimidad cuando sus acciones contradicen sus promesas y sus argumentos previos. La política deja de ser un ejercicio de responsabilidad y se convierte en un juego de simulaciones.

En suma, la incongruencia entre lo dicho y lo hecho no es un asunto menor ni un simple error humano; es un síntoma de un mal gobierno, incapaz de sostener principios y de actuar con honestidad. Es, además, una forma de engaño que erosiona la democracia y debilita el tejido social, pues la ciudadanía aprende que las palabras de sus representantes pueden ser vacías y cambiantes, según sople el viento del poder.

Quienes forman y deforman el quehacer de ser gobierno

Cada vez y con mayor frecuencia, el actuar de morena y el gobierno nos esta dejando ver esos personajes cuya presencia se asemeja a la de sombras insidiosas que se deslizan entre los pliegues del poder, revestidos de un aura de respetabilidad que no resiste el escrutinio de la memoria colectiva. Son los artífices de la incongruencia, virtuosos del doblez, cuya palabra se curva y se pliega con la misma facilidad con la que el viento dobla la hierba.

Estos entes, ajenos a la brújula moral que orienta a los espíritus íntegros, han hecho de la simulación su oficio y del olvido su refugio. Su ética es maleable, su discurso mutable, y su lealtad, un tributo que rinden únicamente a la conveniencia y al cálculo. En ellos, la coherencia es un estorbo, la verdad un adorno prescindible, y la dignidad, una moneda de cambio en el mercado de la ambición.

Se presentan ante la sociedad con la prestancia de los oráculos, pero sus palabras, desprovistas de raíz y sustancia, se disuelven en el aire como promesas rotas. Son los arquitectos de la desconfianza, los sembradores del escepticismo, pues han demostrado que, para ellos, el poder no es un instrumento de servicio, sino un escenario donde la impostura se representa una y otra vez.

La historia los reconoce por su huella de desencanto: donde pisan, florece la decepción y se marchita la esperanza. Son, en suma, otros heraldos de la amoralidad, funambulistas del cinismo, cuya permanencia en la vida pública sera otro recordatorio lacerante de que la incongruencia, cuando se normaliza, erosiona los cimientos mismos de la democracia y la convivencia civilizada que deja ver que entre unos y oírosla unica diferencia es en el nivel de sinverguenzas.

Con informacion: ELNORTE/

EL “MES MAS SANGRIENTO de la HISTORIA”: “CARTEL CONVIRTIO SINALOA en CAMPO de BATALLA a CIELO ABIERTO con HARFUCH y el EJERCITO de CUENTA y LEVANTA MUERTOS”…cada minuto de ineficiencia y/o complicidad se paga con mas sangre.

La incapacidad manifiesta de Omar Hamid Garcia Harfuch,de las autoridades estatales,federales y militares para frenar la violencia en Sinaloa ,no solo es un error administrativo: es un acto criminal por accion y tambien por omisión, porque cada día que la estrategia fracasa, se condena a la sociedad a vivir bajo el yugo de la impunidad y el terror, mientras los responsables se escudan en discursos y cifras fantasiosas mas que victoriosas que no salvan vidas ni devuelven a los desaparecidos.

El mes mas sangriento de toda la historia de Sinaloa

Junio de 2025 marcó un punto de quiebre en la historia de Sinaloa: con 212 homicidios y 29 hallazgos en fosas, el estado vivió su mes más violento desde que existen registros, superando incluso los peores años de la “guerra contra el narco”. 

Pero esta violencia desbordada perpetrada por dos facciones del Cartel de Sinaloa ,no es, ni ha sido un fenómeno aislado ni accidental: es el resultado directo del accionar de criminales,pero también de la criminal incapacidad del gobierno federal y de las fuerzas armadas para contener la guerra interna entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayitos”, que desde septiembre de 2024 han convertido a Sinaloa en un campo de batalla a cielo abierto que ha dejado mas de treintena de inocentes abatidos por criminales y el criminal actuar del gobierno.

El despliegue militar, lejos de pacificar, ha evidenciado el fracaso de la estrategia federal. Ni el envío de casi 10 mil efectivos —entre Ejército, Guardia Nacional y SSPC— ni la presencia de altos funcionarios han logrado frenar la escalada de masacres, secuestros y ejecuciones públicas. 

El 30 de junio, Culiacán amaneció con 20 cuerpos: 16 dentro de una camioneta, uno decapitado, y cuatro más colgados y decapitados en un puente, en una escena de terror que ni la militarización pudo evitar. Ese mismo día, la violencia se extendió a Navolato, Elota y Mazatlán, con asesinatos y ataques indiscriminados, mientras la población vivía bajo el miedo, los negocios cerraban y las escuelas suspendían clases.

Las cifras son demoledoras:

• 1,629 homicidios dolosos y 1,667 personas privadas de la libertad en menos de 10 meses.
• Un promedio de 11.9 asesinatos diarios, el máximo histórico para Sinaloa.
• Más de 5,800 vehículos robados y apenas 1,159 detenidos, lo que evidencia la impunidad reinante.

A Flourish chart

La respuesta oficial ha sido tan insuficiente como desconcertante. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch anuncian refuerzos y “compromiso permanente”, la realidad es que la violencia se multiplica tras cada operativo, y los cárteles desafían abiertamente al Estado con mensajes de terror y ejecuciones públicas. 

Incluso el comandante de la Tercera Región Militar admitió que la reducción de la violencia “depende de los criminales”, no de las fuerzas armadas, dejando claro el vacío de autoridad y la falta de control territorial.

La senadora sinaloense Paloma Sánchez (PRI) lo resumió ante el pleno:

“La paz no llegó, pero los militares sí… Morena ha renunciado a la pacificación y ha optado por la militarización como reconocimiento tácito de su fracaso. Amanecimos con cuatro cuerpos colgados en el puente y 16 más en una vagoneta. La Guardia Nacional llegó… pero solo a recoger los cadáveres”….REVISTA ESPEJO

Sinaloa arde, y el Estado —federal y militar— ha sido rebasado.La militarización, lejos de ser solución, se ha convertido en símbolo de derrota: cuarteles crecen, pero la justicia y la seguridad no llegan. La sociedad sinaloense, atrapada entre el fuego cruzado y la ausencia de autoridad, paga el precio de una estrategia fallida que ha normalizado la barbarie y la impunidad.

Con informacion:NOROESTE/ MEDIOS

“SENADO LEGALIZA ILEGALIDAD”: EN “NOMBRE de la SEGURIDAD ENTREGAN al POLICIA de GARCIA LUNA que NUNCA PASÓ un EXAMEN de CONFIANZA y le PAGABAN NARCOS 200 MIL DOLARES toda la INFORMACION de CIUDADANOS”…¿mantienes compromisos con la delincuencia organizada?,era la pregunta que reprobada.

El pleno del Senado aprobó por mayoría la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, que da acceso a las autoridades a cualquier registro público o privado con información que sea útil para “generar productos de inteligencia”.

Alcances legales y riesgos de la ley

La Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública aprobada en México representa un caso paradigmático de cómo un marco legal puede institucionalizar prácticas que, en otros contextos, serían consideradas violaciones a derechos fundamentales, particularmente el derecho a la privacidad y la protección de datos personales. 

Esta ley otorga a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a cargo de la curricula “mañosa” de Omar Garcia Harfuch y al Centro Nacional de Inteligencia ,acceso sin precedentes a registros públicos y privados —incluyendo datos biométricos, bancarios, fiscales, de salud, telecomunicaciones y más— con el argumento de “generar productos de inteligencia” para la seguridad pública.

• Acceso amplio y centralizado: La ley permite a las autoridades consultar, interconectar y procesar bases de datos y registros administrativos de cualquier ente público o privado, sin requerir necesariamente una orden judicial para cada acceso.
• Obligatoriedad para particulares: Empresas y particulares que manejan bases de datos relevantes están obligados a compartir su información con la Plataforma Central de Inteligencia, que estará bajo control del Centro Nacional de Inteligencia.
• Procesamiento automatizado: Se autoriza el uso de inteligencia artificial y sistemas automatizados para organizar, clasificar e interrelacionar la información recabada, con la finalidad de identificar amenazas y coordinar operativos.
• Sin controles judiciales robustos: Especialistas y legisladores de oposición advierten que la ley carece de mecanismos efectivos de control judicial y supervisión independiente, lo que abre la puerta a abusos y vigilancia masiva sin contrapesos.

Por qué legalizar la vigilancia no garantiza inteligencia efectiva

1. Legalidad ≠ legitimidad ni eficacia: El hecho de que una práctica sea legal no implica que sea legítima ni, mucho menos, que produzca inteligencia útil. La legalización de la vigilancia masiva puede institucionalizar el abuso, pero no garantiza el desarrollo de capacidades analíticas, metodológicas ni éticas para generar inteligencia de calidad.
2. Riesgo de sobrecarga y ruido informativo: El acceso irrestricto y masivo a datos puede generar una sobrecarga de información (big data) que dificulta distinguir lo relevante de lo irrelevante. Sin criterios claros de análisis y depuración, la abundancia de datos puede entorpecer, no mejorar, la labor de inteligencia.
3. Desincentivo al profesionalismo y la rendición de cuentas:Cuando la ley otorga poderes amplios sin controles ni auditoría independiente, se fomenta la opacidad y el uso discrecional de la información, lo que puede derivar en persecución política, espionaje a opositores, periodistas o defensores de derechos humanos, en lugar de enfocar los recursos en amenazas reales a la seguridad.
4. Erosión de derechos y confianza pública: La vigilancia masiva sin salvaguardas erosiona derechos fundamentales y la confianza ciudadana en las instituciones. Esto puede llevar a la autocensura, inhibir la participación social y, paradójicamente, dificultar la colaboración ciudadana en tareas de seguridad.
5. Precedentes de abuso: En México existen antecedentes documentados de espionaje ilegal a periodistas, activistas y opositores políticos, incluso antes de la aprobación de esta ley. Ahora, esas prácticas pueden tener un soporte legal, pero eso no las convierte en inteligencia legítima ni útil para la seguridad pública.

Harfuch enemigo del poligrafo

A la pregunta, ¿mantienes compromisos con la delincuencia organizada? por lo menos en tres ocasiones diferentes, registró reacciones significativas de falta de veracidad,según quedó asentado en los informes correspondientes.

El polígrafo 

El 13 de enero de 2009, el 18 de mayo de 2011 y el 6 de octubre de 2011, quedó sembrada la duda de si el funcionario contestó con la verdad sobre sus vínculos con la delincuencia organizada. 

Mas poder a quien antes no pudo y se prostituyó

Entregar poderes extraordinarios —como el acceso irrestricto a bases de datos personales y la capacidad de coordinar tareas de inteligencia y seguridad— a un funcionario policial que nunca aprobó los exámenes de control de confianza implica riesgos graves y multidimensionales para la seguridad, la legalidad y los derechos humanos en México.

Principales riesgos identificados:

• Vulnerabilidad a la corrupción y cooptación criminal: Los exámenes de control de confianza, incluyendo el polígrafo, están diseñados para detectar posibles vínculos o compromisos con la delincuencia organizada. En el caso de Omar García Harfuch, los informes oficiales indican que en al menos tres ocasiones registró reacciones significativas de falta de veracidad al ser cuestionado sobre sus nexos con el crimen organizado. Permitir que una persona con estos antecedentes acceda a información sensible y a la toma de decisiones estratégicas incrementa el riesgo de filtraciones, protección a grupos criminales o uso faccioso de la inteligencia.
• Falta de idoneidad y competencias profesionales: Los reportes señalan que García Harfuch no solo reprobó los controles de confianza, sino que su perfil intelectual y profesional fue considerado “inferior al término medio” y carente de experiencia relevante al momento de su ingreso y ascenso meteórico en la Policía Federal. Esto puede traducirse en decisiones erráticas, ineficacia operativa y abuso de poder, ya que el puesto exige altos estándares éticos y técnicos.
• Riesgo de abuso de poder y violaciones a derechos humanos:El historial de cateos sin orden judicial, detenciones arbitrarias y abusos documentados durante su gestión refuerzan la preocupación de que, con mayores atribuciones legales y menos controles, se multipliquen las prácticas de vigilancia arbitraria, persecución política o uso indebido de datos personales.
• Deslegitimación institucional: Otorgar cargos clave a personas que no cumplen con los requisitos mínimos de confianza y probidad debilita la legitimidad de las instituciones de seguridad, erosiona la confianza ciudadana y envía el mensaje de que la ley es negociable para quienes detentan el poder.
• Precedente negativo para la función pública: Según la normativa, quien reprueba los exámenes de control de confianza debe ser separado del cargo. Ignorar este principio en el caso de Garcia Harfuch,sentó un precedente peligroso, pues abre la puerta a la impunidad y al uso discrecional de los mecanismos de control, debilitando todo el sistema de seguridad y justicia.

En suma, el mayor peligro de entregar este nivel de poder a un policía que nunca aprobó los exámenes de confianza es que se institucionaliza la ilegalidad y la vulnerabilidad criminal dentro del aparato estatal, comprometiendo no solo la eficacia de la inteligencia, sino la seguridad y los derechos de toda la población.

Con informacion: ELNORTE/ redes/medios

“YA ESTAMPÓ la FIRMA MATONA”: “OVIDIO ACEPTA DECLARARSE CULPABLE por ESCRITO y ASI ESCRIBE el FUTURO de CARCEL de MUCHO GARGANTON HUMANISTA”…las mentiras de la transformacion van a morir jovenes.

Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán, firmó un documento judicial en el que acepta declararse culpable ante la justicia de Estados Unidos y autoriza que su caso sea resuelto en el Distrito Norte de Illinois, lo que también le permitirá cerrar el proceso penal que enfrenta en el Distrito Sur de Nueva York.

“Yo, Ovidio Guzmán López, acusado, he sido informado de que una acusación formal (acusación, información o denuncia) está pendiente en mi contra en el distrito indicado arriba. Deseo declararme culpable del delito imputado, consentir que el caso sea resuelto en el Distrito Norte de Illinois, donde me encuentro detenido, y renunciar al juicio en el Distrito arriba mencionado”.

La firma de Ovidio Guzmán aparece en el documento junto con las de los fiscales federales de Nueva York e Illinois, lo que confirma el acuerdo entre ambas jurisdicciones.

La declaración de culpabilidad firmada por Ovidio Guzmán López bajo la Regla 20 del Código Federal de Procedimientos Penales de EE.UU. tiene varias implicaciones clave en términos de cooperación y resolución judicial:

• Concentración del proceso: Guzmán López acepta que todos los cargos federales pendientes en diferentes distritos (en este caso, Nueva York e Illinois) sean resueltos en un solo tribunal, el del Distrito Norte de Illinois, donde está detenido. Esto agiliza el proceso y permite que se dicte una sola sentencia por todos los cargos federales.
• Renuncia al juicio: Al declararse culpable y firmar este acuerdo, renuncia expresamente a su derecho a un juicio por jurado en el Distrito Sur de Nueva York y acepta que el caso se resuelva únicamente en Illinois.
• Posible reducción de sentencia: En el sistema federal estadounidense, declararse culpable de manera oportuna y aceptar responsabilidad puede resultar en una reducción de la sentencia recomendada por las guías federales, hasta tres niveles menos, dependiendo de la cooperación y la aceptación de responsabilidad. Esto no garantiza una pena menor, pero sí es un factor que el juez puede considerar al sentenciar.
• Acuerdo entre fiscalías: La firma de los fiscales de ambos distritos en el documento confirma que hay un acuerdo entre las fiscalías para transferir y consolidar el caso, lo que suele indicar que se busca eficiencia procesal y, en ocasiones, puede estar vinculado a acuerdos de cooperación más amplios, aunque en este caso no se menciona explícitamente cooperación con las autoridades.
• Impacto en la cooperación: En muchos casos federales, la cooperación activa —como testificar o brindar información relevante— puede traducirse en beneficios adicionales en la sentencia, pero esto debe estar especificado en acuerdos separados y no necesariamente está implícito en la declaración de culpabilidad por sí sola.
• Cierre de procesos: Al aceptar la transferencia y declararse culpable, Guzmán López puede cerrar simultáneamente procesos penales en distintos distritos, evitando juicios múltiples y potencialmente sentencias acumulativas, lo que representa una ventaja procesal significativa para el acusado.

En resumen, la declaración de culpabilidad de Ovidio Guzmán López bajo la Regla 20 significa que acepta los cargos federales, renuncia a su derecho a juicio en Nueva York y permite que todo se resuelva en Illinois, lo que puede facilitar una resolución más rápida y, dependiendo de los términos del acuerdo y su cooperación, podría influir en la severidad de la sentencia. No obstante, la cooperación activa con las autoridades solo se confirmaría si existieran acuerdos adicionales explícitos en ese sentido.

Guzmán López, conocido como “El Ratón”, fue extraditado a Estados Unidos en septiembre de 2023 y enfrenta cargos por narcotráfico como presunto líder de una facción del Cártel de Sinaloa.

Con informacion: ELNORTE/

“PUEBLO ENARDECIDO de PURO LORENZO…de MONTECLARO deja AMARRADOS de un POSTE a TRANSITOS y les QUEMA las PATRULLAS”…por fastidiosos extorsionadores.

Una protesta de pobladores que acusan abuso de autoridad y extorsión derivó en la quema de al menos dos patrullas y la retención de agentes, a quienes golpearon y amarraron frente a las oficinas de Tránsito y Vialidad Municipal en Tezonapa, Veracruz.

El incidente escaló a un nivel de violencia inusual tras años de denuncias por presuntos abusos y extorsiones de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal.

Cientos de habitantes de la cabecera municipal y comunidades rurales se congregaron en la Avenida 1 de la colonia Centro, exigiendo el cese de extorsiones, hostigamiento y cobros ilegales a automovilistas, motociclistas y transportistas. 

Los pobladores, muchos con el rostro cubierto, retuvieron a dos agentes de tránsito, a quienes desnudaron, golpearon y amarraron frente a las oficinas de la corporación. En redes sociales circularon videos donde se observa a los oficiales sometidos y rodeados por vecinos armados con machetes.

Durante los disturbios, los manifestantes incendiaron al menos dos patrullas (un vehículo y una motocicleta), así como vehículos particulares presuntamente pertenecientes a mandos de la corporación, y varias motocicletas oficiales. Un auto particular, identificado como propiedad del director de tránsito, también fue quemado. Además, los inconformes amenazaron con linchar a los agentes retenidos, acusándolos de decomisar vehículos sin justificación legal, exigir pagos de hasta 10 mil pesos para evitar el decomiso y amenazar con fabricar cargos falsos.

La protesta se desató tras un operativo reciente en comunidades rurales, donde agentes intentaron llevar al corralón motocicletas de pobladores, lo que avivó el enojo acumulado por la falta de respuesta de la alcaldesa Claudia Rosales Colina (PVEM), a quien los manifestantes acusan de omisión y falta de atención a sus denuncias previas.

Ante la gravedad de los hechos, se activó el “código rojo”, movilizando a fuerzas estatales y federales, incluyendo elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, quienes arribaron para intentar controlar la situación. Hasta el momento, las autoridades municipales y estatales no han emitido una versión oficial sobre lo ocurrido ni sobre el estado de los agentes retenidos.

El contexto de la protesta refleja un hartazgo social ante la corrupción y la impunidad percibida en la corporación de tránsito local, así como la desconfianza en las autoridades municipales para atender y resolver las demandas ciudadanas.

Con informacion: ELNORTE/