Las tres personas que resultaron heridas durante un enfrentamiento ayer jueves entre civiles armados, en la colonia Guadalupe Victoria, se encuentran en estado grave de salud, reportó el Secretario de Salud estatal, Cuitláhuac González Galindo.
De acuerdo con el funcionario, Linda Fabiola, de 16 años, fue trasladada al Hospital General de Culiacán en estado delicado; Ricardo Antonio, de 19, con herida de bala en tórax y hombro, también fue internado en el mismo nosocomio; y otra persona de la cual no se aportaron sus datos, fue internado en el hospital del ISSSTE, también con herida en tórax, todos reportados en estado grave.
“El que nada debe, nada teme”: Una frase sin vigencia en Sinaloa
La expresión popular “el que nada debe, nada teme” sugiere que solo quienes están involucrados en actividades ilícitas tienen razones para preocuparse por la violencia en medio de la intervención de las autoridades. Sin embargo, los hechos recientes en Sinaloa, como este enfrentamiento armado en la colonia Guadalupe Victoria de Culiacán, demuestran que esta frase ha perdido toda vigencia en la realidad actual del estado.
Argumentos:
1. Víctimas colaterales: inocentes en la línea de fuego
En el enfrentamiento de ayer jueves, tres personas resultaron gravemente heridas: Linda Fabiola, de 16 años; Ricardo Antonio, de 19; y una tercera persona cuya identidad no fue revelada. Ninguna de ellas estaba involucrada en el conflicto, pero aun así terminaron hospitalizadas. Este hecho evidencia que, en Sinaloa, la violencia no distingue entre “quienes la deben y quienes nada deben”. Cualquier persona puede convertirse en víctima colateral de la reyerta entre armados del Cartel del Sinaloa y el mismo gobierno,simplemente por estar en el lugar y momentos correctos pero con gente equivocada.
2. El miedo cotidiano: vivir bajo amenaza constante
La normalización de los enfrentamientos armados genera un clima de miedo generalizado entre la población civil. Padres de familia, estudiantes y trabajadores viven con la incertidumbre de que una bala perdida o un tiroteo inesperado pueda cambiar sus vidas en segundos. Así, el temor no es exclusivo de quienes tienen cuentas pendientes con la ley, sino de toda la sociedad, pues cuando no te mata el crienlo hace la autoridad con la misma impunidad criminal.
3. Impunidad y ausencia de garantías
La falta de resultados efectivos en la prevención y persecución del delito incrementa la sensación de vulnerabilidad. La ciudadanía percibe que, aunque “no deba nada”, no hay garantías de seguridad ni protección por parte del Estado que por ciertos parte de su “mal estado”.
En este contexto, la frase pierde sentido: el miedo es una constante para todos que parece no incluir a los delincuentes, pero si a militares que disparan sin que les disparen, como delincuentes,convirtiendose en asesinos, pero en nombre de la ley.
4. Estigmatización y revictimización
Sostener la frase “el que nada debe, nada teme” contribuye a estigmatizar a las víctimas inocentes, insinuando que, si resultaron heridas o afectadas, de alguna manera “algo debían”. Esto no solo es falso, sino profundamente injusto para quienes sufren las consecuencias de la violencia sin haber tenido participación alguna en los hechos.
Conclusión
A la luz de los recientes acontecimientos en Sinaloa, queda claro que “el que nada debe, nada teme” es una frase obsoleta y peligrosa. Hoy, los que más deben temer son los ciudadanos común y de bien, que sin deberla ni temerla, puede verse atrapados en la espiral de violencia que azota la región.
Para poder servir y al mismo tiempo servil,Irving Barrios Mojica,aun fiscal general de Justicia de Tamaulipas,tenia que salir al paso ,pues la elección judicial de Tamaulipas estaba a la vuelta de la esquina, por lo que confabulado con Americo Villarreal, gobernador entregado al Cartel el Golfo,le hizo otro favor de esos que lo han mantenido en el cargo asi sea “mediotraicionando” a su mentor el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca que importo al hijo de militar desde 2016.
La negociación fue simple bajo la orden ;”dele para adelante oiga”, este es el trascendido mas cercano en torno al Comisario General de Investigación Olegario Contreras,subordinado del Fiscal,pero “Gato del primito del Cartel del Golfo” y el operativo, ya con permiso “Golfo” se puso en marcha.
Vendria enseguida la farsa para esclarecer el caso y no perder la elección donde paralelamente una operacion de estado se gestaba en favor de Tania Contreras,recien vilipendiada de corrupta en narcomensaje del “Primito y su carnal el “R8”, pues todo indica que las negociaciones se salieron de control por las tradicionales traiciones entre hampones y/o hamponas que nuevamente trasciende, buscan otra vez el arreglo.
El operativo
El testimonio de la familia de uno de los detenidos por el presunto quíntuple crimen del “Grupo Fugitivo”, es tan solo un botón de muestra de lo lejos que suele llegar el narcogobierno, por muy humanista que sea ,para resolver asesinatos como también lo hizo Cabeza de Vaca en aquel doble crimen del Bar de Reynosa ,“BB y VT” en 2019 donde asesinaron al ex-picther de los “Dodgers” y luego lo torcieron todo con ayuda del mismo Fiscal que ya debiera estar detenido.
La madre de uno de los detenidos
Natividad Alegría, madre de Andrés N, señaló en entrevista con Azucena Uresti que su hijo no está relacionado con la desaparición o muerte de los músicos de Grupo Fugitivo.
De acuerdo con Natividad, presuntos agentes de la Fiscalía de Tamaulipas (uniformados, armados, encapuchados) llegaron de madrugada a la casa de su hijo en días pasados para una detención con violencia: “Se metieron a su casa más o menos como a las 2 o 3 de la mañana. Le rompieron el candado, puertas. Ellos ya estaban acostados, lo golpearon y le quebraron todo lo que había dentro de su casa (…) golpearon a su esposa embarazada”.
Según su relato, a la esposa de Andrés le vendaron los ojos con una cinta y los amenazaron: “si él no hablaba, su hijo la iba a pagar: le iban a sacar el bebé de su panza”.
La señora Natividad apunta que Andrés es solo un conductor en taxis de aplicación: “Es chofer de Didi. Mi hijo no tuvo nada que ver en eso (…) El coraje que a nosotros nos da que todavía lo sacan con agresiones, golpean a la mujer embarazada y todavía quieren que acepten una culpabilidad que ellos no tienen nada que ver”.
Además, su familia no han tenido contacto con él tras su detención: “Nosotros no lo hemos visto. Hemos andado localizándolo. Nos dimos cuenta por redes sociales (…) por una foto que subieron los soldados, donde está esposado y detenido”.
La señora está se ha reunido con familias de otras personas arrestadas (Alfredo N, Juan Carlos N, Fernando N), así como de los músicos de Grupo Fugitivo y quieren que el caso lo atraiga la Fiscalía General de la República.
La cantante Alicia Villarreal rompió el silencio y lanzó una acusación directa contra su ex esposo Cruz Martínez, a quien calificó como un“maldito cobarde” por presuntamente haber intentado ahorcarla durante un episodio de violencia que, según ella, pudo costarle la vida.
Villarreal, de 53 años, relató que su vida estuvo en riesgo a manos de una persona fuera de control, pocas horas antes de presentarse en un show en Michoacán, donde incluso realizó la señal de auxilio para mujeres en peligro.
“Prácticamente él me pudo haber dormido para siempre con sus manitas”, reveló en entrevista con Telediario. “Sí, me quiso (ahorcar) no sé cómo funcionaba su mente en ese momento. Una persona enojada que no se puede controlar ya tiene una enfermedad”.
La intérprete de “Te Quedó Grande la Yegua” aseguró que nunca más permitirá que su vida esté en manos de alguien incapaz de controlar su ira.
“A mí no me agarres de sorpresa. No me agarres de sorpresa ni por la espalda, porque es un maldito cobarde. Eres un maldito cobarde. No puedes hacer eso. No te lo voy a permitir. Era la primera vez que me pescó de esa manera”, sentenció con firmeza.
Villarreal confesó que tras el ataque, su mayor angustia fue pensar en sus hijos llorando por ella sin saber si estaba viva; sin embargo, a pesar del trauma, cumplió con un concierto que ya tenía pactado, sin poder contar aún lo que había vivido.
“Realmente pasaron horas. Yo estaba viviendo una cosa muy tremenda y mi corazón no tenía paz y mi pensamiento era nada más regresar a ese par de horas que habían sucedido. Lo que más me afligía era: mis hijos me pueden estar llorando sin saber qué me pasó, y yo puedo estar muerta ahí. Era lo que más me aterraba”, agregó.
La cantautora presentó la denuncia por violencia el 16 de febrero en el Portal de Informe Policial Homologado Electrónico de la Fiscalía de Nuevo León, y el 19 ratificó la acusación ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres en Monterrey.
“Espero justicia y no espero que me la den, estoy luchando por ella. Yo como cualquier otra mujer, no porque sea artista o tenga dinero, me he ido sobre a como va la justicia y la verdad pues una mujer que tiene este tipo de situación y un riesgo es grave estar así esperando”, expresó.
Villarreal también criticó el vínculo laboral entre Cruz Martínez y el actor Arturo Carmona, con quien también tuvo una relación en el pasado.
“Los veo muy chistosos, la verdad. Uno se deja manipular y el otro le gusta tener el control. Que se junten y hagan sus cosas. Eso no tiene nada que ver conmigo”, aseveró.
Con más de tres décadas de trayectoria, Alicia Villarreal afirmó que hoy está en pie gracias al amor por su público, sus hijos y su fuerza interior.
“Tengo más amor que miedo. Subirme al escenario es una pasión muy grande mía, un compromiso, ha sido una terapia para mí, el público, el apoyo, sentirme protegida, arropada el escenario tiene eso que yo necesito, y entonces lo puedo lograr cada noche”, señaló.
En agosto de 2023, en un conocidísimo restaurante construido sobre un acantilado de las playas de Rosarito, Baja California, con una vista panorámica y maravillosa, los clientes vieron interrumpida su comida cuando una voz a todo pulmón empezó a llamar la atención. Y no por la melodiosa entonación, sino por la letra de las canciones interpretadas.
Lo que salía del diafragma del eufórico cantante era uno de los llamadas narcocorridos, en este caso una oda al crimen escrita en “honor” de los hermanos Arzate, Aquiles y René Arzate García, notorios cabecillas de una célula delictiva con influencia en Tijuana, Baja California, algunas zonas de Sinaloa y otras tantas de Baja California Sur.
Los hermanos Arzate, buscados en los Estados Unidos, país cuyo departamento de justicia ofrece una suma de miles de dólares por información que lleve a su captura al ser señalados de tráfico de drogas por la Corte de Distrito Sur de San Diego, California, en México se mantienen en la impunidad. No hay carpetas de investigación abiertas en su contra en el ámbito federal, y en el Estado de Baja California ni los buscan ni los persiguen.
Sin embargo, sí encabezan una célula del narcotráfico que responde al ala que solía liderar Ismael Zambada García, el Mayo, antes de su captura en julio de 2024. Los hermanos son conocidos por encabezar grupos de narcomenudistas y distribuidores de droga, así como por controlar criminalmente el puerto de Ensenada y otras regiones por las que hacen llegar su droga a la frontera noroeste de México.
Aquel día de agosto de 2023, el cantante que entonaba el narcocorrido dedicado a los hermanos Arzate, era Eduin Caz, la voz principal y titular de Grupo Firme; de acuerdo a comensales en el lugar, también se encontraban los inspiradores de la canción, o por lo menos uno de los hermanos Arzate, con quien el cantante de Firme convivía y cumplía sus peticiones musicales.
El 30 de mayo, Grupo Firme envió un “Aviso Importante” situado en la Ciudad de México: “Grupo Firme no se presentará el 1 de junio en La Onda Fest en Napa Valley, Ca.”. Justificaron su ausencia con el hecho de que “las visas de Grupo Firme y el equipo Music VIP se encuentran en proceso administrativo por parte de la Embajada de los Estados Unidos”, en lenguaje político diplomático, ya de hecho utilizado por la Gobernadora de Baja California, Marina Ávila Olmeda. Eso significa que las visas de Grupo Firme fueron revocadas.
20 días antes del anuncio de Grupo Firme, el esposo de la gobernadora morenista de Baja California, Carlos Torres Torres, quien se afilió a Morena en febrero de este año, había utilizado un lenguaje muy similar para informar en su cuenta personal de Facebook que su visa para internarse en los Estados Unidos había sido revocada.
El también expanista y ahijado personal y político del expresidente Felipe Calderón Hinojosa escribió el sábado 10 de mayo: “En días recientes fui notificado por autoridades consulares de Estados Unidos sobre la revocación de mi visa de no inmigrante, una medida que, como ocurre con muchas personas en contextos similares, responde a disposiciones internas del Departamento de Estado”.
Horas después, su esposa, la Gobernadora Marina Ávila, hizo lo propio: “En estos días he sido testigo, una vez más, de lo que verdaderamente significa el amor, la entereza y la lealtad. Mi esposo, Carlos, ha enfrentado una situación, y como en toda vida compartida, esa circunstancia también me ha alcanzado. Poco tiempo después de la medida consular que le fue aplicada a él, recibí una notificación similar”.
Aunque en días posteriores la mandataria dijo que se trata de un tema administrativo, la realidad, de acuerdo a información recabada por el semanario ZETA, es distinta. Su esposo es protagonista de investigaciones, en los Estados Unidos, confirmaron las fuentes, por lavado de dinero y conspiración para la comisión de delitos, y en México, de acuerdo a una fuente de la FGR, por huachicol y defraudación fiscal, entre otras posibles faltas graves, en una carpeta de investigación que incluye su nombre y el de su hermano Luis Alfonso Torres Torres, radicada en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.
En el caso del Grupo Firme, revela una de las notas informativas sobre su ausencia del Festival La Onda en Napa Valle en California: “El Departamento de Estado ha revocado las visas a varios artistas mexicanos debido a que su música glorifica la violencia de los cárteles, eso a pesar que recientemente, Grupo Firme ha dado un paso al tomar distancia de esos contenidos en sus letras”.
Firme no fue la única agrupación que se presentaría en el Festival La Onda, a la cual le revocaron las visas. De acuerdo a organizadores del acto musical, también padecieron esa situación el grupo La Receta.
De hecho, en los últimos días, varias agrupaciones identificadas en el género Regional Mexicano han declaraDo que sus visas para trabajar o ingresar a los Estados Unidos han sido revocadas, como los cantantes Julión Álvarez, Espinoza Paz, Javier Rosas, o el legendario Lorenzo de Monteclaro.
La revocación de visas a cantantes o agrupaciones que hiciesen honor a narcotraficantes en las letras de sus canciones, ya había sido advertida por las autoridades de los Estados Unidos, cuando en aquel país, los principales cárteles mexicanos fueron catalogados como “organizaciones terroristas”.
A inicios de abril de 2025, el entonces Embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau, y hoy Subsecretario de Estado de la Unión Americana, advirtió: “En la Administración Trump, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad con el acceso de extranjeros a nuestro país. Lo último que necesitamos es una alfombra de bienvenida para quienes ensalzan a criminales y terroristas”.
Se refería a lo que había informado en su cuenta de X: “Me complace anunciar que el Departamento de Estado ha revocado las visas de trabajo y turismo de los miembros de la banda”, en relación al grupo Los Alegres del Barranco, quienes unos días antes, en marzo de este 2025, habían hecho un homenaje en uno de sus conciertos en Jalisco, a Nemesio Oceguera Cervantes, “El Mencho”, líder criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, a quien no sólo habían cantado una canción con letra inspirada en su persona, sino exhibido una producción de video con las imágenes públicas del capo impune en México, pero buscado en los Estados Unidos.
Días después del retiro de las visas estadounidenses al grupo Los Alegres del Barranco, Eduin Caz, el cantante principal de Grupo Firme, quien ha aparecido en videos con la Gobernadora de Baja California, Marina Ávila, e incluso en imágenes con la Presidenta de México (y la mandataria de BC), Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que ya no cantarían narcocorridos, a pesar de ser, justificó, “historias ficticias”; pero ese compromiso no fue suficiente para que los Estados Unidos le mantuviera las visas a la agrupación, quienes ahora, como la Gobernadora Ávila, no pueden cruzar la frontera hacia la Unión Americana.
Los cantantes de “regional mexicano” hoy en día no tienen nada que ver con aquellos que representaron al género en la época del cine de oro en México, José Alfredo García, Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, entre otros. Ahora, los exponentes de moda están en la mira del Departamento de Estado de los Estados Unidos, por la asociación que tienen, a través de sus canciones, con lo que del otro lado de la frontera clasificaron como “organizaciones terroristas”, y en México se les identifica como cárteles de la droga, que en territorio nacional siguen en la impunidad, y siendo glorificados a través de una música que se ha vuelto popular en el país y en el mundo por razones equivocadas.
En el corazón de Cancún, entre lujosos resorts y playas turquesa, se escondió durante más de 15 años una red de esclavitud sexual dirigida por el exagente de inteligencia argentino Raúl Luis Martins Coggiola. Bajo la fachada de empresario hotelero respetable, Martins construyó un imperio criminal mientras aparentaba una vida de lujo y legalidad.
De la inteligencia argentina al paraíso mexicano
Martins Coggiola fue miembro de la Secretaría de Inteligencia del Estado Argentino entre 1974 y 1987, participando en la llamada “desperonización” del país. En 2002, se mudó a México, donde inició una nueva vida y, amparado en su experiencia y conexiones, logró camuflar actividades ilícitas detrás de centros nocturnos como The One, The Open y Divas Mix Sky.
El operativo y la caída
A los 70 años, Martins fue arrestado en octubre de 2019 por agentes de la Policía Federal y funcionarios de migración. El operativo fue discreto, pero marcó el fin de una farsa que había durado más de una década. Su detención evidenció la sofisticación de su disfraz: vestimenta sobria, accesorios discretos y una imagen de empresario exitoso.
Una empresa hecha para el crimen
La clave de su éxito fue la constitución de la empresa Turística Swing, S.A. de C.V., registrada con actividades legales como compra-venta de fraccionamientos y administración de restaurantes y hoteles. Sin embargo, detrás de esa fachada, operaba una red de prostitución y trata de personas. The One, en el bulevar Kukulcán, funcionaba como centro de captación y explotación de mujeres, muchas de ellas engañadas con falsas promesas de empleo.
La estructura empresarial estaba diseñada para proteger a los involucrados y dificultar el rastreo de las autoridades. Martins era el administrador único, con poder absoluto sobre las operaciones, mientras que sus socios y apoderados legales tenían funciones limitadas o desconocían los detalles más delicados del negocio.
El papel de la familia y la denuncia clave
El caso dio un giro cuando su hija, Lorena Martins, rompió el silencio en 2019 y denunció públicamente las actividades criminales de su padre, aportando pruebas concretas y testimonios de víctimas. Su valentía permitió abrir una causa judicial que escaló hasta la Corte Suprema de Argentina y ayudó a desmantelar parte de la red. También involucró a su hermano, Mariano Julio, acusado de lavado de dinero y sometido a un proceso de extradición desde España.
“Se acercó una chica que estaba borracha y me comentó que no podía trabajar sobria debido a las condiciones […]. Otra chica se lanzó por la ventana para no sostener relaciones sexuales con un integrante de los Zetas”, relató Lorena Martins sobre los testimonios recabados.
Impunidad y silencios institucionales
A pesar de la gravedad del caso, la Fiscalía General de la República en México no ha dado explicaciones claras sobre cómo Martins pudo operar durante años en una de las zonas más vigiladas del país. El caso expone las debilidades estructurales de las instituciones mexicanas, que permitieron que un criminal con conocimientos de inteligencia y recursos económicos disfrazara el delito con éxito empresarial.
Hoy, Martins enfrenta un proceso de extradición mientras permanece en prisión domiciliaria por decisión de un juez mexicano, bajo el argumento de violaciones a sus derechos humanos. Su historia es un ejemplo de cómo la trata de personas puede prosperar en la sombra de la legalidad y el turismo, y de cómo la denuncia de una hija fue crucial para derribar un imperio criminal.
Enlazado desde Washington, el abogado internacional Eddie James Varón Levy habla con Código Magenta sobre la percepción de la Elección Judicial mexicana en Estados Unidos.
El riesgo mayor, advierte, es que la pérdida de independencia judicial en la Suprema Corte ratifique la violación del T-MEC y la ruptura de México con el sistema jurídico internacional.
Maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de Educación de Guerrero (CETEG) actuando como criminales solapados por otros criminales en el gobierno, irrumpieron en instalaciones del SNTE en la Ciudad de México y Chilpancingo, donde quemaron playeras y papelería de ese gremio.
Diferencia entre Gobierno y Gobernanza
Gobierno y gobernanza son conceptos distintos pero complementarios en la administración pública y la vida política:
Gobierno: Se refiere a la estructura formal y las instituciones oficiales (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) que tienen la autoridad legítima para tomar decisiones, legislar, implementar políticas y hacer cumplir la ley. Es el aparato estatal encargado de mantener el orden y la estabilidad social a través de mecanismos normativos y procedimientos institucionales.
Gobernanza: Es un concepto más amplio y dinámico que abarca no solo al gobierno, sino también la interacción y coordinación entre múltiples actores: sociedad civil, sector privado, organismos internacionales y otros. La gobernanza implica procesos colaborativos, participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y la búsqueda de consensos para resolver problemas complejos. No se limita a la autoridad formal, sino que promueve la inclusión y la responsabilidad compartida en la gestión pública.
Concepto
Gobierno
Gobernanza
Alcance
Estructura formal, instituciones del Estado
Proceso amplio, incluye actores públicos y privados
Función
Tomar decisiones, legislar, hacer cumplir la ley
Colaborar, coordinar, promover participación y transparencia
Enfoque
Control y administración centralizada
Procesos participativos y responsabilidad compartida
Contexto: Protestas y Violencia de la CETEG/CNTE
Durante las recientes protestas, integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG) irrumpieron en instalaciones del SNTE en la Ciudad de México y Chilpancingo, causando destrozos, incendiando papelería y playeras, y enfrentándose con autoridades.
También se reportaron agresiones a la prensa y el uso de artefactos explosivos caseros en la Secretaría de Gobernación (Segob). Estas acciones han sido condenadas por la propia dirigencia de la CNTE, que se deslindó de los actos vandálicos y atribuyó la violencia a infiltrados.
Responsabilidad del Gobierno y de Claudia Sheinbaum
Desde la perspectiva del gobierno:
Claudia Sheinbaum, presidenta de México, ha reiterado que su administración no caerá en provocaciones ni usará la fuerza pública para reprimir protestas sociales, privilegiando siempre el diálogo, peor el cumplimiento de la ley no es opciónal.
Ha llamado públicamente a la CNTE y a los maestros a deslindarse o asumir la responsabilidad de los actos violentos, señalando que estos buscan provocar una reacción represiva para desacreditar al gobierno, de por si desacreditado.
El gobierno federal, a través de la Segob y la SEP, ha condenado cualquier manifestación de violencia y ha insistido en mantener el diálogo abierto como vía para resolver el conflicto, pero se ha convertido en comoplice al solaparlos.
Desde la perspectiva de la gobernanza:
La gobernanza exige no solo que el gobierno actúe conforme a la ley, sino que todos los actores (incluidos los sindicatos y la sociedad civil) asuman su responsabilidad en la gestión de conflictos, participen de manera constructiva y rindan cuentas por sus acciones.
La falta de aplicación efectiva de la ley ante actos vandálicos puede interpretarse como una falla tanto del gobierno (por no hacer valer el marco legal) como de la gobernanza (por no lograr que los actores sociales se conduzcan dentro de los límites legales y éticos).
Restregando la Responsabilidad Incumplida
Claudia Sheinbaum, como jefa del Ejecutivo federal, es la responsable directa de hacer valer la ley y garantizar el orden público. Bajo el concepto de gobierno, esto implica que debe asegurar que las instituciones actúen para prevenir y sancionar actos ilícitos, como los cometidos por la CETEG y la CNTE en las recientes protestas.
Sin embargo, al privilegiar únicamente el diálogo y rechazar el uso de la fuerza pública incluso ante hechos flagrantes de violencia y vandalismo, su administración ha dejado de cumplir plenamente con su función de gobierno: la de hacer valer la ley y proteger los derechos de terceros (como el SNTE, la prensa y la ciudadanía afectada por los disturbios).
En términos de gobernanza, la omisión del gobierno para actuar frente a la violencia erosiona la confianza en las instituciones y debilita los principios de responsabilidad y rendición de cuentas que deben regir la gestión pública. La gobernanza exige que tanto el gobierno como los actores sociales respondan por sus actos y colaboren para mantener el orden y la legalidad.
“El gobierno es la autoridad formal que debe legislar, implementar políticas y asegurar el cumplimiento de las leyes… La gobernanza enfatiza la importancia de la transparencia, la responsabilidad y la inclusión en los procesos de gestión y toma de decisiones”.
En síntesis:
El gobierno de Sheinbaum ha sido omiso al no hacer valer la ley ante actos vandálicos, incumpliendo su responsabilidad institucional.
La gobernanza se ve debilitada porque ni el gobierno ni los actores sociales asumen plenamente su responsabilidad para mantener el orden y la legalidad.
La presidenta no solo debe llamar al diálogo, sino también garantizar que la ley se aplique y que los responsables de actos violentos rindan cuentas, para evitar la impunidad y fortalecer la gobernanza democrática.
Esta omisión es la que debe restregarse: la responsabilidad incumplida de quien, por mandato constitucional y por principios de gobernanza, está obligada a hacer valer la ley y proteger el interés público.
