El pasado 4 de abril, un órgano especializado de la ONU anunció que revisará la “preocupante” acumulación de desapariciones forzadas en México. En respuesta, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, negó la existencia de esta problemática en el país y retó a la organización internacional “a que presente un solo caso de desaparición forzada durante nuestro gobierno”.
Sin embargo, reportes oficiales generados por la Comisión Nacional de Búsqueda –órgano dependiente de la Secretaría de Gobernación federal– reconocen que, desde diciembre de 2018, cuando el país comenzó a ser gobernado por el partido Morena, y hasta agosto de 2023, en México se registraron al menos 141 víctimas de desaparición forzada, a las que “se le(s) privó de la libertad por una corporación policiaca o militar”.
De acuerdo con la lista oficial de personas desaparecidas en México, publicada por las autoridades federales en agosto de 2023, estas 141 víctimas fueron raptadas por agentes gubernamentales en 25 entidades federativas.
De este grupo de 141 personas desaparecidas por autoridades, cuando el partido Morena ya gobernaba a nivel federal, al menos 68 fueron raptadas en entidades cuyo gobierno estatal también era encabezado por Morena, o bien por sus partidos aliados, como el Partido Verde Ecologista de México en San Luis Potosí, o por el Partido Encuentro Social en Morelos.
Cabe destacar que estas 141 desapariciones forzadas que han sido perpetradas por autoridades, desde que Morena llegó al poder, no son todos los casos ocurridos, sino sólo aquellos que la Comisión Nacional de Búsqueda aceptó incluir en la lista de víctimas, presentada en agosto de 2023. A ese conteo deben sumarse los casos ocurridos luego de la publicación de la lista (que no ha sido actualizada hasta la fecha), así como los casos que la autoridad se ha negado a registrar, aunque la participación de agentes del Estado quedó plenamente probada.
El caso de desaparición forzada de Claudia Uruchurtu
El primer caso de desaparición forzada en el que quedó plenamente probada la responsabilidad de agentes de un gobierno encabezado por partido Morena fue perpetrado el 26 de marzo de 2021 (durante la presidencia del morenista Andrés Manuel López Obrador), día en que la activista Claudia Uruchurtu Cruz fue raptada por trabajadores del Ayuntamiento de Nochixtlán, Oaxaca, luego de denunciar actos de corrupción cometidos por la alcaldesa morenista Lizbeth Victoria Huerta.
Claudia Uruchurtu, una convencida seguidora del partido Morena y de López Obrador, fue desaparecida por funcionarios públicos, en el marco de un operativo policiaco para reprimir una manifestación ciudadana en la plaza central de dicho ayuntamiento, que había sido convocada precisamente para protestar contra actos de corrupción y abuso de la fuerza, por parte del gobierno morenista en Nochixtlán.
En el caso de Claudia Uruchurtu, cuatro funcionarios públicos recibieron sentencias condenatorias: tres de ellos por el delito de desaparición forzada, mientras que la alcaldesa morenista Lizbeth Victoria Huerta fue hallada culpable únicamente de obstruir las investigaciones destinadas a esclarecer los hechos. Esta determinación fue impugnada por los familiares de la víctima, quienes consideran que dicha obstrucción constituye una prueba de complicidad en el crimen cometido contra la activista, cuyo paradero permanece desconocido hasta la fecha.
El caso de José Alberto Serna
Otro caso de desaparición forzada en el que la responsabilidad de servidores públicos ha quedado plenamente probada, es el del jovenJosé Alberto Serna Rojas, quien fue detenido por policías preventivos de la Ciudad de México el 4 de septiembre de 2021, es decir, cuando la capital del país era gobernada por la morenista Claudia Sheinbaum, quien tres años después llegó a la presidencia del país.
El joven José Alberto Serna Rojas fue detenido por al menos tres agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, luego de discutir en voz alta con su expareja, en la banqueta. Sin embargo, los policías no presentaron a José Alberto ante el Ministerio Público, sino que lo asesinaron a golpes y luego ocultaron su cadáver en una barranca del Bosque de Chapultepec, con el objeto de que no fuera localizado por sus familiares.
Sin embargo, el cuerpo de José Alberto fue hallado tres días después, por accidente, luego de que ciclistas se aventuraron a las zonas de más difícil acceso del bosque.
En junio de 2024, los tres policías involucrados fueron sentenciados a 60 años de prisión, por el delito de “desaparición forzada agravada“.
Paradójicamente, aunque las desapariciones forzadas de Claudia Uruchurtu y de José Alberto Serna han sido oficialmente reconocidas como tales en sentencias judiciales, estas víctimas no se incluyeron en la lista de personas desaparecidas por autoridades, divulgada por el gobierno federal en 2023.
Con informacion: ANIMAL POLITICO/
