De todos los anuncios de gabinete hechos por Claudia Sheinbaum, hasta hoy el más interesante, el que más conjeturas y análisis suscita, es el de Omar García Harfuch como próximo secretario de Seguridad Pública. Y eso dice mucho de la prioridad nacional.
La primera conclusión es que, contra lo que se declaró cienes de veces en campaña, México sí enfrenta un desafío criminal; o, para decirlo con todas sus letras, al Estado mexicano sí se le disputa, de manera evidente y en una escala comprometedora, el monopolio de la fuerza.
Porque si la situación fuera como se dice en Palacio Nacional que es, la próxima presidenta de México podría haberse acunado en la inercia: podría haber puesto a alguien en la SSC con quien no se juegue su capital, y dejar a la Guardia Nacional (al Ejército, se entiende) la chamba.
Todo lo contrario. El anuncio del jueves en seguridad es una presidenta manifestando que la seguridad la asume ella; no solo en términos implícitos —como jefa del Estado que es desafiado—, sino explícitamente con un cuadro que reta, en varios sentidos, el statu quo.
Con García Harfuch la virtual presidenta electa pone sobre la mesa una ficha que rompe la jugada de dominó que durante estos seis años dijo que la única salida al problema de la violencia (además de atacar las causas) es entregarle la tarea a los militares.
Sheinbaum no desmonta el modelo militarista de la seguridad de AMLO, pero sí innova. La tropa será “caqui-olivo” pero las órdenes operativas, la definición de la estrategia, el encargo de cada táctica será civil. Y recaerá, por primera vez desde 2018, en un funcionario con verdadera fuerza.
Es todo un cambio de paradigma. Otra cosa es que haya garantía de que funcione. Mas regatear a Sheinbaum su osadía con esta decisión lleva a perder de vista que quien gobernará desde octubre sí detecta que al diseño de seguridad del obradorismo le falta una pieza, y una no menor.
Desde 2018 lo que se tiene en la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) es un esquema donde un subsecretario (inicialmente fue civil y cuando éste renunció por causas electorales se nombró a un militar), era el verdadero ejecutante de las órdenes, de la estrategia.
En el actual gobierno la titularidad de la SSC es figurada. Una más de las jugadas de López Obrador para simular que hay titular en una secretaría cuando el único que toma decisiones es él. Alfonso Durazo y Rosa Icela Rodríguez se allanaron al esquema. Sheinbaum romperá ese molde.
La ganadora del 2 de junio asume que para combatir la extorsión —la creciente captura de todo tipo de mercados por parte de grupos criminales— requiere, sí, del Ejército, pero no dejará a los militares mandarse solos. Les pone encima a un civil de toda sus confianzas.
Es un mensaje muy potente también para la delincuencia. Sin romper con el discurso de construcción de paz, solapadamente se declara que el recreo está por terminar, que la nueva mandataria encargará operaciones que mermen significativamente el margen a los criminales. Y pronto.
Sin embargo, la sociedad —incluidos los que se dedican a labores delincuenciales— estarán atentos al experimento, unos deseosos de recuperar el libre tránsito en caminos, la paz en sus calles y la independencia en su trabajo, otros confiados en que será otro fracaso.
En tiempos de Miguel de la Madrid (1982-1988) se volvió inocultable el poderío, y la capacidad de fuego y de corromper a fuerzas policiacas, de grupos delincuenciales no politizados. Desde entonces, a su manera cada sexenio fracasa frente esa criminalidad.
Más de uno de esos descalabros es referente al escuchar que García Harfuch tendrá que coordinarse con las secretarías de Defensa y de Marina para cumplir con su labor. Para empezar, el de Vicente Fox.
En el primer sexenio de las alternancias se nombró a un comisionado de seguridad, cargo que recayó en Adolfo Aguilar Zinser. Se dirá que éste no tenía encargo operativo, y es cierto, pero sirva el antecedente para una advertencia: los uniformados solo reportan al comandante supremo.
El rechazo a una policía militarizada se sustenta en la opacidad con que actúan las fuerzas armadas y su inveterada resistencia a someterse a controles y juzgados civiles, pero también a que operativamente desprecian todo mando, salvo el del titular del Ejecutivo.
Aguilar Zinser lo padeció en carne propia, y renunció porque no se prestaría a ser figura de ornato. Así fue cuando las FFAA no estaban formalmente encargadas de la seguridad, ni tan empoderadas.
Los anteriores gobiernos también fracasaron por pugnas entre los distintos encargados de la seguridad y por la añeja disfuncionalidad de instituciones de procuración de justicia corroídas por la infiltración criminal o plagadas de llana incapacidad.
Eso no mejoró con la llegada de Andrés Manuel López Obrador. El volantazo del tabasqueño se dio en torno a la Policía Federal. Ésta, de donde surgió por cierto García Harfuch, fue desmantelada y en su remplazo se instituyó la Guardia Nacional. Mucho, pero insuficiente.
La inversión de enorme esfuerzo e ingente presupuesto en constituir el nuevo cuerpo policiaco no ha visto frutos proporcionales. Los especialistas suelen destacar la ínfima cantidad de arrestos, capturas, decomisos o puestas a disposición de los elementos militarizados.
En todo caso, el siguiente sexenio heredará el cuerpo policiaco más grande y el más dispersado territorialmente que haya visto México. Ahora la gran cuestión es qué hacer con ese gigantesco despliegue que no ha impedido que los criminales se apropien de regiones enteras.
Ahí es donde quienes saludan el nombramiento de Harfuch ponderan que tendrá a su alcance medios de inteligencia y mando, respaldo y decisión para ejecutar puntuales acciones para golpear quirúrgicamente a las organizaciones criminales a fin de someterlas.
El problema es que esas versiones parten de un supuesto muy cuestionable. Antes que nada, usan el pasado inmediato como ejemplo de lo que podría ser el futuro próximo sin tener en cuenta las obvias diferencias.
Sheinbaum misma incurre en tal paradoja. El jueves, al anunciar a quien será su secretario de Seguridad, recordó una vez más los resultados que ambos presumen que se alcanzaron en la Ciudad de México mientras hicieron mancuerna. Las condiciones para ello no existen a nivel federal.
En la capital de la República García Harfuch fue el súper policía que algunos añoraban. Dueño de un margen de maniobra inédito, suplantó las labores de una fiscalía atrofiada por sus incapacidades (que no han cambiado con tanto gobierno de “izquierda”).
A Harfuch se le permitió en la CDMX, para decirlo rápido, un modelo de excepción: era fiscal y policía, jefe de inteligencia y de los patrulleros, ministerio público y primer respondiente... En su oficina podía sentirse Batman al tiempo que era jefe de decena de miles de Matute.
El que haya entregado buenas cuentas, y padecido un atentado sin precedente y hasta malquerencias políticas por sus antecedentes familiares, elevaron su perfil al punto de disputar la candidatura de Morena en CDMX. Su derrota en esa aspiración fue también la de su jefa.
Porque pocos tan identificados con Sheinbaum como García Harfuch. Más aún si se descuenta de esos pocos a aquellos que vienen con ella desde el gabinete de López Obrador en la jefatura de gobierno capitalino. Esta dupla es AMLO-free y ahora la presidenta ha redoblado esa apuesta.
Claudia pretende incrustar a García Harfuch en un esquema donde no necesariamente es replicable la aquiescencia ni de la fiscalía, en este caso de la República, ni de los operativos, en manos de las fuerzas armadas o, problema nada menor, de los gobiernos de los estados.
Minimizar las resistencias de Alejandro Gertz Manero, el Ejército, y policías/fiscalías estatales a supeditarse efectivamente a Harfuch supondría un error de la mandataria. El fiscal y el general secretario, y lo mismo las entidades, dirán a ella y él que sí, pero eso no garantiza nada.
No sería la primera vez en que acatándose órdenes éstas no se ejecuten. Y no solo por una miope disputa de fueros. Es el diseño institucional, que no está dispuesto para la colaboración, y la realidad de la generalidad de fiscalías y cuerpos policiacos estatales, a cual más corruptas e incapaces.
Para la urgente construcción de paz, Claudia Sheinbaum tiene el histórico mandato de 36 millones de votos. Pocos como García Harfuch para ayudarle en esa tarea. El reto, sin embargo, es enorme. Si lograran una coordinación institucional inédita, tendrán otro escollo no menor.
Porque encima costará sangre y provocará mucho ruido romper el arreglo actual; ése donde, para decirlo con un ejemplo reciente, en Palacio se felicitan por lograr salvoconductos para funcionarios estadounidenses en Michoacán al tiempo que abandona a miles y miles de nacionales a sobrevivir bajo el yugo de los criminales.
La decisión de no permitir más eso, de arrebatarles a los criminales mercados y poblaciones, trasciende a García Harfuch, es única y nada más de la próxima presidenta. Y en ello no se juega solo su sexenio, sino nuestro futuro como nación.
