No se trata de echar a perder el jolgorio por el triunfo presidencial de Claudia Sheinbaum. Tampoco de abonar a las teorías, algunas reales otras conspirativas que inundan ya las redes.
Que si Xóchitl Gálvez recibió la noche de la elección una amenaza sobre su familia. Que si le secuestraron a un hijo. Que si se dio un fraude cibernético que explicaría los elevadísimos números de la candidata de Morena. Que si la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se apoderó del PREP y cambió a los operadores.
Pueden tejerse mil y una teorías, pero lo que valen son las cifras reales, los números duros. Por eso hay que aplaudir que, en medio de todas las conjeturas, el Instituto Nacional Electoral haya anunciado el arranque de la revisión para su escrutinio del 60 por ciento de las casillas de la elección del pasado domingo.
Sólo con una revisión a fondo, como la que se hará a partir de hoy y hasta el domingo, podrá despejarse al menos si existió algún patrón para fraguar un potencial fraude.
Los paquetes que se abrirán en los 300 distritos, y que incluyen unas 102 mil actas, buscarán una de tres posibilidades. Una, que haya errores evidentes que deberán corregirse de inmediato. Dos, que el conteo de los votos nulos no sea superior a los votos emitidos por los dos partidos con mayor votación. Y tres, que no haya casillas “zapato”, es decir, aquellas en donde todos los votos estén contabilizados para un solo partido.
Y es que la verdad, como que innumerables ciudadanos no acaban de asimilar que la diferencia entre la candidata de Morena y la del Frente sea de dos votos de Claudia por uno de Xóchitl. Tampoco compran que la participación sea de apenas un 61.6 por ciento, cuando las casillas fueron abarrotadas como nunca.
La apertura de las actas permitirá establecer si existe algún patrón recurrente y, en base a eso, asumir una posición responsable que confirme si existe un fraude o la votación es realmente la que se reportó.
Hay que dejar en claro que, esa disponibilidad de abrir el 60 por ciento de las casillas, no es algo del otro mundo. Hace seis años, en 2018 cuando ganó el candidato López Obrador, con menos conflictos y dudas, la revisión alcanzó el 75 por ciento de las casillas.
Tras la revisión que comenzará hoy y que concluirá el domingo, si se confirma que Claudia Sheinbaum es la ganadora, por cualquier porcentaje, se le entregará su constancia de mayoría. Pero lo que es más relevante en estos momentos es si se confirma o no que Morena y sus aliados alcanzan en el Congreso la mayoría calificada para promover reformas constitucionales sin el consenso de la oposición.
A partir del domingo no se acaba el proceso. El lunes, el INE recibirá las impugnaciones que haga cada partido y vendrán semanas de revisiones. Así que, el jaloneo, apenas empieza.
Una tarjeta amarilla a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien indebidamente salió a anunciar que, de acuerdo a la votación, Morena y sus aliados tenían ya la mayoría calificada en el Congreso. Sobre todo, cuando lo hizo otorgándole al Partido Verde una sobre representación y dio cuentas alegres que a ella no le correspondían, como lo explicó el analista Jorge Alcocer, ayer en el noticiero de Carmen Aristegui.
En total de 37 candidatos murieron asesinados desde que comenzó la campaña hasta los comicios generales del domingo en México, lo que la convierte en la elección más violenta de su historia democrática, según informó este martes la organización civil Causa en Común.
El proceso electoral que se inició en junio de 2023 y que acabó el domingo con la victoria de la oficialista, Claudia Sheinbaum, pasará a la historia como el más violento registrado en México con 63 actores políticos muertos, 37 de ellos aspirantes a un cargo, de acuerdo al informe.
De los 32 estados del país, 17 sufrieron al menos el asesinato de un político, y principalmente la violencia se concentró en Guerrero (sur), con 12 muertes; Chiapas (sureste), con 11, y Michoacán (occidente), con 7 asesinados.
La mayoría de los asesinatos reportados, un 92 %, fueron en el ámbito municipal y afectaron a todos los partidos políticos.
El 43% de los homicidios afectó a la coalición oficialista Sigamos Haciendo Historia, un 42% pertenecía al bloque opositor Fuerza y Corazón por México, mientras que el resto se divide entre Movimiento Ciudadano y formaciones locales.
Estas cifras superan a las 30 muertes de candidatos registradas en la elección de 2021 y a las 24 de 2018.
Día de la votación no escapó de la violencia
La violencia estuvo presente incluso en la misma jornada electoral, cuando horas antes de la apertura de los centros de votación, mataron al candidato a síndico por Cuitzeo, Michoacán, Israel Delgado, del oficialista Partido del Trabajo (PT).
Además, también el domingo, la sede del Instituto Nacional Electoral (INE) en Acámbaro, Guanajuato (centro), sufrió un ataque con explosivos y, en Coyomeapan, Puebla (centro), se suspendieron las votaciones por la irrupción de un grupo armado.
“México enfrenta una criminalidad desbordada que debe reconocerse y enfrentarse con decisión política y todos los instrumentos del Estado“, denunció Causa en Común.
Las elecciones celebradas el domingo fueron las más grandes de la historia de México porque más de 98 millones de personas estuvieron convocadas a las urnas para renovar más de 20.000 cargos, incluida la presidencia, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado.
Rosalinda López Hernández, virtual senadora electa de Morena, por el estado de Tabasco, falleció este miércoles.
La candidata, hermana del ex Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y esposa del Gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, tenía 56 años de edad.
Fuentes cercanas a la familia informaron que la morenista sufrió una trombosis, por lo que fue hospitalizada en Houston, donde se declaró muerte cerebral.
López Hernández compitió y ganó en el proceso electoral de este año como candidata de mayoría relativa al Senado, por el estado de Tabasco, donde Morena arrasó.
Durante el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se desempeñó como Administradora General de Auditoría Fiscal Federal del SAT.
Fue diputada local en dos ocasiones, diputada federal y senadora.
Adán Augusto López informó la noticia esta mañana.
"Esta madrugada nos ha dejado mi hermana Rosalinda López Hernández, me quedo con su sonrisa, su compromiso y su generosidad. ¡Descanse en Paz!", puso en X.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de Rosalinda López Hernández.
Al iniciar su conferencia mañanera, López Obrador destacó Rosalinda había ganado la elección al Senado en Tabasco "porque ella y su familia son gentes muy queridas" en la entidad.
"Ánimo que estamos tristes, tenemos una mala noticia, falleció nuestra hermana, compañera Rosalinda López Hernández", lamentó AMLO.
"Ella trabajó aquí con nosotros, venía luchando desde hace muchos años en Tabasco".
"Pareja, compañera del Gobernador Rutilio Escandón, hermana de Adán Augusto López Hernández, y ganó el domingo la senaduría en Tabasco, ganó con mucho margen, mucha ventaja, porque ella y su familia son gentes muy queridas en Tabasco, que descanse en paz Rosalinda".
Marcelo Ebrard expresó sus condolencias.
"Lamento profundamente el deceso de Rosalinda López Hernández , amiga entrañable. Mis sinceras condolencias a Rutilio , Adán Augusto, familiares y amigos. Descanse en paz".
En una serie de operativos coordinados por autoridades de los tres niveles de gobierno en Sonora que no reportan "NINGUN DETENIDO', se llevó a cabo el aseguramiento de más de 40 vehículos y un importante arsenal en los municipios de Sáric, Caborca, San Luis Río Colorado y Guaymas.
El reporte, difundido por la Mesa Estatal de Seguridad de Sonora , destaca que en varios de los decomisos se encontraron vehículos con reporte de robo en los Estados Unidos.
Sáric fue uno de los municipios donde las autoridades lograron decomisos significativos. Personal de la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJS) aseguraron seis vehículos en las inmediaciones del rancho Botellas, entre ellos un vehículo blindado de la marca RAM, modelo 2023 con placas de Arizona, Estados Unidos; además de un Ford modelo 2006 sin placas de circulación y un Jeep modelo 2018 con reporte de robo en EEUU.
Mientras que la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) confiscaron un arma de fuego tipo fusil, calibre 7.62 x 39 mm, junto con seis cargadores y 170 cartuchos útiles del mismo calibre.
Varios de los vehículos tenían reporte de robo de EEUU. Foto: Mesa de Seguridad Estatal
En otro punto de Sáric, elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aseguraron seis cargadores calibre 7.62 x 39 mm y 493 cartuchos de diversos calibres, además de 12 vehículos. Entre estos vehículos destacan un Dodge modelo 2023 robado en Phoenix, un Chevrolet modelo 2015 robado en San Diego y un Toyota modelo 2022 robado en Nogales, EEUU.
En tanto, en Caborca, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) realizaron cateos en una casa habitación ubicada en la calle Tercera entre avenidas A y B del poblado Plutarco Elías Calles, logrando asegurar dos kilos de marihuana, ocho armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas y 1,639 cartuchos de diversos calibres de uso militar.
Foto: Mesa de Seguridad de Sonora
Además, se aseguraron 35 ponchallantas, cuatro chalecos tácticos y cuatro vehículos, incluyendo un Ford modelo 2010 blindado y un Chevrolet modelo 2005 también blindado.
Otros operativos en Caborca incluyeron el aseguramiento de tres armas de fuego tipo fusil, calibre 7.62 x 39 mm, 21 cargadores del mismo calibre y un vehículo tipo camioneta Chevrolet modelo 2013, con blindaje artesanal y de fábrica. La Guardia Nacional y elementos de la Sedena también incautaron un cargador para arma de fuego calibre 7.62 x 39 mm y un vehículo Jeep modelo 2023 con reporte de robo en Sedona, Arizona.
Por su parte, en San Luis Río Colorado, los elementos de la AMIC aseguraron dos armas de fuego tipo fusil y siete cargadores en la colonia Parque Industrial. Mientras tanto, en Guaymas, el operativo resultó en el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos y cargadores.
Según el reporte oficial, en las inmediaciones de San José de Guaymas se confiscaron siete bolsas con cocaína, una bolsa con marihuana, cinco fusiles exclusivos de las Fuerzas Armadas y 274 cartuchos útiles. Además, se halló una caja con chalecos, botas tácticas, diez placas balísticas, un radio sin pila, tres pilas y cuatro cargadores para radio.
En Trincheras, elementos de la Sedena lograron decomisar tres armas de fuego tipo fusil de uso exclusivo del Ejército, catorce cargadores y 272 cartuchos para arma de fuego de uso militar, además de dos chalecos balísticos y un vehículo Kia modelo 2021. En Sonoyta, se aseguraron 15 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm y un vehículo Ford línea Bronco. Se decomisaron también dos cargadores, 42 cartuchos útiles del mismo calibre, un vehículo blindado tipo Dodge Ram y un vehículo Jeep.
En El Sásabe, los operativos conjuntos de la Sedena y la Guardia Nacional resultaron en el decomiso de cinco armas de fuego tipo fusil de uso exclusivo militar, 73 cargadores de diversos calibres y 1,084 cartuchos para arma de fuego de uso militar. Así mismo, un vehículo Nissan línea Armada fue asegurado.
Todo el material decomisado quedó a disposición del Ministerio Público Federal para su respectiva investigación y seguimiento legal.
En Sonora operan diferentes células del Cártel de Sinaloa, como Los Durangos, Los Pelones, Los Yiyos, Los Paredes, entre otras, así como el Cártel de Caborca y Los Salazar.
Un juzgado federal negó una suspensión definitiva a Jorge Amílcar Olán Aparicio, presunto socio de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras una demanda de amparo que el empresario presentó en contra de intervenciones de comunicaciones privadas y localización geográfica en tiempo real, de las que asegura ha sido víctima.
La resolución fue de la jueza federal Gloria Luz Reyes Rojo, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien concluyó que no existe evidencia o prueba alguna que vincule a integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) con la filtración de los audios que han sido exhibidos en diversos reportajes publicados por el portal de noticias Latinus y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
“Las autoridades responsables negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados […] Lo anterior, sin que el quejoso hubiese aportado prueba alguna para demostrar lo contrario, por consiguiente […] lo procedente es negar la suspensión definitiva”, se puede leer en la sentencia.
Además, en dicho documento se establece que la audiencia incidental, celebrada el 23 de mayo de 2024, inició sin la presencia de las partes ni de ninguna otra persona, razón por la cuál no existió tampoco queja alguna por parte del equipo legal de Amílcar Olán ni del agente del Ministerio Público en contra de la resolución de la juez.
Desde el pasado 2 de mayo de 2024, Amílcar Olán presentó una demanda de amparo por el otorgamiento de la autorización relacionada con los procedimientos de intervención de comunicaciones privadas, localización geográfica en tiempo real y acceso a datos conservados por concesionarias de telecomunicaciones.
La demanda fue presentada en contra de un juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún y diversas autoridades.
El empresario responsabilizó al Poder Judicial Federal de los audios que han sido exhibidos en diversos reportajes publicados por el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus y por la organización MCCI.
En dicho recurso, Olán Aparicio aseguró que con las intervenciones telefónicas y localización geográfica autorizadas en su contra y su exposición, las autoridades judiciales violaron los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución, que establecen entre otras cosas sus derechos a no ser molestado y a no ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.
No obstante, los jueces de distrito señalados como responsables negaron tener alguna responsabilidad en el caso, razón por la cuál, al no existir pruebas que refieran lo contrario, la juez decidió negar la suspensión definitiva.
Los señalamientos contra Amílcar Olán
Desde el 6 de diciembre de 2023, MCCI publicó la investigación Del INSABI a gobierno morenistas: así beneficiaron recursos federales a empresas de amigo de Andy López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, en la que se expuso que entre 2020 y 2022 la empresa Romedic, propiedad de Olán Aparicio, recibió más de 490 millones de pesos del erario público.
De acuerdo con la investigación, este beneficio ocurrió gracias a la intermediación de los gobiernos morenistas de Tabasco y Quintana Roo, lo cual ocurrió pese a ser una empresa de reciente creación y no cumplir con la regulación sanitaria.
En el texto, además de su relación de amistad con Andrés López Beltrán, se detalló que Olán Aparicio también mantiene relaciones de negocios con César Mauricio Calderón Alipi, hermano de Alejandro Antonio Calderón Alipi, actual director general del IMSS-Bienestar y excoordinador nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos del INSABI, dependencia de donde salieron los recursos federales que terminaron beneficiando a su empresa.
Días después, el 14 de diciembre de 2023, MCCI publicó la investigación Amigo de Andy hace negocio millonario en Dos Bocas en la que se evidenció que Amílcar Olán compró en tan solo un millón de pesos un terreno de 180 hectáreas, precio muy por debajo de lo comercia, mismo predio que era rentado por la empresa ICA Flour, una de las mayores contratistas de la refinería Dos Bocas.
De acuerdo con la escritura obtenida por la organización, dicha compra se realizó el 7 de diciembre de 2018, tan solo seis días después de iniciado el gobierno del presidente López Obrador.
Más tarde, el 15 de enero de 2024, MCCI volvió a publicar otra nota titulada Amigo de Andy hace negocios con contratista de Pemex, en la que se mostró la compra de otro terreno de mil metros cuadrados en tan solo un millón 500 mil pesos, terreno que pertenecía a Luis Carlos Vizcarra Millán, dueño de la empresa Perfolat que ha ganado contratos multimillonarios con Pemex en la actual administración.
Esta última investigación fue especialmente importante debido a que, en días anteriores, se había expuesto que los hijos del presidente López Obrador presuntamente habían hecho negocio con la compra-venta del balasto, mineral utilizado para colocar los rieles del Tren Maya, en Cancún, Quintana Roo.
FGR niega investigaciones contra Amílcar
Pese a todo lo anterior, la Fiscalía General de la República niega tener investigaciones abiertas en contra de Amílcar Olán, al menos en un caso que involucra las supuestas contrataciones irregulares con gobiernos morenistas de tabasco y Quintana Roo para la venta de medicamentos y material de curación por 490 millones de pesos.
De acuerdo con expedientes judiciales del caso consultados por Animal Político, entre las instituciones que han negado tener alguna investigación en contra de Amílcar Olán por ese caso están la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOR), entre otras.
Mientras que diversos administradores y jueces de los reclusorios federales Norte, Sur y Oriente de la Ciudad de México niegan haber girado órdenes de aprehensión contra Amílcar Olán.
No obstante, el empresario continúa tramitando diversas demandas de amparo para conocer si alguna autoridad lo está investigando o si han girado alguna orden judicial en su contra.
Por ejemplo, el 21 de mayo pasado, mediante su empresa Romedic, Amílcar Olán presentó una nueva demanda por la “omisión o falta de respuesta al escrito de petición derivado de un reportaje” en contra de diversas áreas de la FGR.
Dicho recurso fue admitido a trámite por el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México quien solicitó a las autoridades señaladas como responsables rendir sus informes justificados -en los que deben pronunciarse sobre la falsedad o veracidad de las acusaciones-, señalando como fecha para resolver el asunto el próximo viernes 12 de julio de 2024.
Sin embargo, el juzgado decidió no tramitar el incidente de suspensión por el que se concede la suspensión provisional y la definitiva, dado que los representantes legales de la empresa Romedic no lo solicitaron.
El dirigente del PRI en Guerrero, Alejandro Bravo Abarca, reconoció que fueron derrotados electoralmente en Coyuca de Benítez porque la ciudadanía no salió a votar por miedo.
"La gente de Coyuca no salió a votar a las urnas porque tuvieron miedo y no vamos a impugnar", dijo Bravo en entrevista durante un acto político en Chilpancingo del ex candidato a la Alcaldía, Alejandro Arcos Catalán, quien lleva una ventaja en votos a Jorge Salgado Parra, postulado por Morena-PT-PVEM.
El pasado 29 de mayo, un hombre armado asesinó de cuatro balazos al candidato de la alianza PRI- PAN-PRD a la Alcaldía de Coyuca, José Alfredo Cabrera Barrientos, luego de burlar a su grupo de escoltas y agentes de la Guardia en su cierre de campaña en su comunidad natal de Las Lomas.
Los escoltas asesinaron a tiros al ejecutor del candidato.
El sábado 1 de julio, a 24 horas de las elecciones, las dirigencias nacional y estatal del PRI designaron a Yoselín Solís como candidata sustituta de su esposo José Alfredo Cabrera.
"No hubo mucha participación de los votantes porque días antes mataron a nuestro candidato", aseguró Bravo Abarca.
De acuerdo con los resultados preliminares del Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC) en Coyuca, Morena ganó la elección.
Bravo mencionó que en Coyuca de Benítez y en otros municipios de Guerrero hubo miedo durante la jornada electoral del pasado 2 de junio.
"Nosotros hicimos las denuncias de las intimidaciones que sufrieron nuestros candidatos durante sus campañas políticas", refirió el priista.
Tras exigir un recuento de votos en el 80 por ciento de las casillas que se instalaron el domingo en la elección, Xóchitl Gálvez afirmó esta noche que entraba "en resistencia" para defender la democracia.
"Hemos iniciado con la resistencia para proteger nuestra democracia, nuestra Constitución y nuestra libertad", anunció con un video difundido en sus redes.
La ex candidata opositora dirigió un mensaje a todos los que forman parte de la lucha en defensa del voto, dijo. Gálvez recordó que mañana miércoles se iniciarán los conteos distritales, "el momento real donde se revisan todas las actas de los centros de votación del país. En algunas casillas apuntó se han encontrado diferencias entre lo que dice el acta o la sábana de resultados de cada casilla con los datos contenidos en el PREP."
Xóchitl pidió a los electores que "tome una foto de los resultados que están colgados donde votaste, y que los compares con los datos del PREP. Si los números no cuadran, mándame un mensaje con la evidencia. Ten la certeza que ya está listo el equipo para el recuento en cada uno de los 300 distritos electorales y así asegurarnos que tu voto cuente.
"Por lo pronto abundó, son 80 por ciento de las casillas donde solicitaremos revisión voto por voto. Hasta este momento, el INE ya aceptó el recuento en por lo menos el 60 porciento de las casillas. Vamos a defender el voto de todas y todos. De la elección presidencial, Gobernadores, senadores, diputados federales, locales y presidentes municipales."
Gálvez informó que había instruido al equipo jurídico de su campaña para que inicien los procesos legales correspondientes "por la clarísima intervención del Presidente en el proceso electoral, por el evidente uso de recursos públicos en la campaña de Morena y por el alto nivel de violencia y la intervención del crimen organizado."
PAN identifica 17 mil casillas sin votos para el PAN
El Partido Acción Nacional (PAN) aseguró esta noche que identificó 17 mil 65 casillas que no reportaron ningún voto para el blanquiazul y mil 888 casillas "zapato" (donde todos los votos son para una opción política) en la misma circunstancia.
Marko Cortés, líder nacional del blanquiazul, difundió esta noche un video para anunciar que el partido publicará las 160 mil actas que tiene en su poder para practicar "una auditoría social" acta por acta.
El dirigente resaltó el hecho de que hay "cada vez más evidencias que demuestran que el PREP pudo ser manipulado en la captura de las actas. Hemos detectado hasta este momento 17 mil 65 casillas que no reportan la votación obtenida para el PAN.
"Además, hasta este momento también, hay 1,888 casillas en las zonas presuntamente controladas por el crimen organizado que tampoco reportan ningún voto para el PAN, otras actas que reportan el voto del 100% del listado nominal, cosa que es simplemente imposible, o peor aún, con más votos de los legalmente posibles según el listado nominal que les corresponde", reportó.
El dirigente anunció que en las próximas horas en la página oficial del partido se publicarán "las 160 mil 531 actas con las que contamos, que representan el 94% de la totalidad, para que juntos, de manera completamente transparente, hagamos una auditoría social acta por acta, para detectar cualquier inconsistencia y como corresponde solicitar que se aperture el paquete electoral contando voto por voto.
"En Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso por la democracia y la defensa de México, tengan la certeza que en los 300 cómputos distritales que comienzan mañana miércoles defenderemos cada voto obtenido para Xóchitl Gálvez y para todas y todos nuestros candidatos. Con absoluta responsabilidad con México y más allá de la revisión de actas y los cómputos que se realizarán, les informamos que hemos decidido impugnar esta elección de Estado, porque no fue limpia, no fue legítima, y nunca hubo una cancha pareja."
Alito encarga la defensa del voto
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, encargó a los jefes estatales del tricolor la defensa de "cada uno de los votos" que pudiese haber recibido la coalición opositora Fuerza y Corazón por México.
"Cada uno de los votos que tenemos, los vamos a defender. Y está en la responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos aquí. Los convoco a no faltar (a las sesiones de cómputo distrital), a que los presidentes de los comités directivos estatales chequen con claridad, con los órganos, el representante ante el consejo distrital, que estén los compañeros y nos hagan el favor y tengan el compromiso de estar presentes y de pasar lista", dijo.
'Alito' subió a sus redes un video del momento en que daba instrucciones a sus operadores y jefes estatales.
"Vamos a defender cada uno de los votos de las y los mexicanos en todo el país.
"Me reuní con las dirigencias de los 32 comités directivos estatales y la estructura nacional, para coordinar el trabajo en defensa de los votos de nuestros candidatos", explicó en su cuenta de X.
La violencia que azota N.L en medio de recurrentes, fantoches e inutiles reforzamientos militares que "nada inhiben",un hombre fue asesinado a balazos y dos mujeres resultaron lesionadas anoche cuando pistoleros entraron a pomadoso restaurante Noreste Grill de la Plaza Sendero, en Escobedo,matar a sujeto, dejar lesionadas mujeres y enseguida huir.
Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas en dicha plaza comercial ubicada en la Avenida Sendero Divisorio, en la Colonia Valles del Canadá, donde comensales y trabajadores entraron en pánico tras escuchar las detonaciones, y en medio del caos los pistoleros huyeron.
A la llegada de las autoridades encontraron junto a una mesa a un hombre de 30 años sin vida, quien presentaba al menos un disparo en la cabeza, mientras que las mujeres fueron trasladadas a hospitales.
Mientras en Tamaulipas bajo el inexistente gobierno de Morena de Americo Villarreal que tiene acompañamiento militar ,la suma oficial de desaparecidos es ya de 13 mil 229 personas, casi 1,000 en 20 meses de continua gobernanza de narcos que votaron por la continuidad del gobierno, porque con ellos se sienten cómodos ,tan a gusto que ostenta esta entidad la segunda mayor cifra de victimas en el pais y como mero saldo de la permisividad a "golfos y zetas" que son aliados "politico y criminales' del gobernador,el diario Español El Pais,se refirió a estos en el contexto de la pasada eleccion.
"...No es momento de agriar la fiesta democrática que viven millones de mexicanos, pero hay realidades que llaman a la puerta desde el primer minuto en que cambia el gobierno, sin dilaciones. En México hay, por redondear una aproximación, 113.000 personas que no pudieron ir a votar. Están bajo tierra.
En su mayoría jóvenes, los desaparecidos son víctimas, victimarios o ambas cosas, personas engullidas por la violencia que arrasa el país y en la que quedan atrapados a veces desde niños. Quizá nunca alcanzaron a votar. ¿Lo habrían hecho de haber podido? ¿En quién confiarían? La mayoría de ellos salieron de sus casas en los últimos 28 años y no volvieron. Desde sus enterramientos sin nombre recibirán el sol y la lluvia como pasan los gobiernos.
El pasado jueves, apagados ya los ecos del cierre de campaña, una voz se alzó de nuevo como un mazo. Ceci Flores, la más famosa de las madres buscadoras, localizó huesos humanos en un cerro de Iztapalapa, una de las alcaldías más populosas de la capital mexicana. No había dudas esta vez, eran cráneos.
La Fiscalía, con cierto desapego, anunció una investigación. Los muertos levantaban la mano, querían participar de la contienda política sin importarles si era o no jornada de reflexión.
El más sonado fracaso de esta Administración ha sido la fallida lucha contra la violencia. Más de 30.000 muertos al año. Y en otra casilla están los desaparecidos, la peor de las violencias, la que no deja lugar a las flores ni al duelo, la que se mete hasta la cocina como una obsesión sin lágrimas. ¿Sobre qué féretro derramarlas? Familias enteras destruidas que abandonan las rutinas de la vida cotidiana: ya no hay comidas de domingo, ni fiestas de 15 años, ni Navidades, ni partidos de fútbol con postre de carnitas. Solo el desasosiego corroyendo las entrañas. ¿Dónde estarán? Hoy tendrían 18 años, 22, 35, y no han ido a las urnas.
Las papeletas electorales en México incluyen una casilla en blanco donde se puede votar por quien a uno le dé la gana, se haya presentado o no a los comicios. Tradicionalmente, nombres como el de Cantinflas o Mickey Mouse aparecen en esos recuadros, pero también se usan con seriedad. Al salir del colegio electoral, Claudia Sheinbaum anunció que para la presidencia, a la que ella se postulaba y que ganó, había votado por Ifigenia Martínez, la política nonagenaria que es todo un símbolo para la izquierda mexicana.
Sheinbaum, la primera mujer que recibirá la banda presidencial de México, dedicaba así su particular homenaje a Martínez. Parecido hizo el presidente López Obrador en pasados comicios, votando por el escritor Carlos Monsiváis, por ejemplo, o escribiendo un ¡viva Zapata! en otra ocasión.
Leticia Hidalgo ha votado este domingo a Roy Rivera Hidalgo, su hijo, desaparecido un día de 2011 en Monterrey. La policía lo arrancó de su casa cuando tenía 18 años y nunca lo devolvió.
Muchas otras madres se han sumado a la propuesta de marcar en sus boletas electorales el nombre de aquellos que a los que buscan con pico y pala. Desde las cunetas, los basureros, cerros y barrancos, desiertos, solares urbanos, más de 100.000 personas han hablado en estas elecciones y su grito es el de todo México. El que le dice al candidato que resulte victorioso, sin mirar su color ni su ideología, que hay una prioridad insoslayable en este país: frenar la violencia sobre las tierras mexicanas y dejar que hablen de una vez para siempre a quienes vagan perdidos a dos metros bajo el suelo.
Hace dos años, en la pasada elección intermedia, algo muy preocupante ocurrió en el día de las elecciones en un rincón de Tamaulipas.
De lunes a viernes, y durante la mayor parte del tiempo, en contraesquina de la clínica del IMSS del municipio Hidalgo, hay un edificio que aloja a la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, pero que en cada jornada electoral se transforma en una embajada del crimen organizado disfrazada de la casilla 0360 Básica, supervisada por el INE.
En esa casilla, a un costado de una iglesia católica, el 6 de junio de 2022 se eligió, entre otros cargos, el de gobernador. Las encuestas pronosticaban una contienda cerrada entre dos: el morenista Américo Villarreal y el panista César Verástegui.
Aquel domingo, 593 vecinos fueron a las urnas y al sumar sus votos resultó un conteo extraño: 589 lo hicieron por la coalición Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, dos por Movimiento Ciudadano y dos votos nulos.
El PAN, PRI y PRD obtuvieron cero sufragios. El morenismo había ganado con el 99.3% de las preferencias. Y en otras casillas, como la 0351 y la 0352, el oficialismo triunfó con el 100% de los votos. Como si no hubiera rival. Como en las dictaduras.
Más raro resultaba ese saldo, si se veía la pasada elección a gobernador. En 2016, los punteros eran el panista Cabeza de Vaca y el priista Baltazar Hinojosa. De esa misma escuela Miguel Hidalgo salieron 520 votos, de los cuales 470 fueron para el PAN y solo dos para Morena. El panismo había triunfado con 90.3% de las simpatías.
Y en las casillas 0351 y 0352 los blanquiazules ganaron con el 95%. Otra vez, como en las dictaduras.
Más raro aún: en la elección anterior, es decir, la que ganó el último mandatario estatal priista, Egidio Torre Cantú, la casilla 0360 Básica, la 0351 y 0352 se volvieron “zapato”, es decir, diseñadas a la medida de un partido político para que se acercara atípicamente al 100% de los votos para un solo candidato. Un reflejo de un fraude electoral. O algo peor.
¿Cómo explicar ese comportamiento extraño de los votantes de Hidalgo, Tamaulipas? La explicación está en su ubicación: el municipio está dentro del distrito 13 con cabecera en San Fernando, donde el poder real es un grupo armado llamado Columna Armada Pedro J. Méndez, asociada al Cártel del Golfo.
En sus orígenes, “La Columna” era un brazo armado servil al priismo que agradecía con votos el apoyo a sus actividades ilícitas. Luego, ese grupo criminal cambió de bando y apoyó al PAN y a Cabeza de Vaca.
Y seis años más tarde dio su espaldarazo a Morena y, por ende, a Américo Villarreal. Tres veces la Columna Armado Pedro J. Méndez ha ayudado a elegir al gobernador de Tamaulipas a cambio de protección institucional para extorsionar, secuestrar, asesinar y traficar con migrantes indocumentados.
Su bastión es el municipio de Hidalgo, donde viven 17 mil habitantes, algunos de los cuales mandan a sus hijos a la escuela la Escuela Primaria Miguel Hidalgo, una casa de seguridad de sufragios secuestrados a punta de pistola. Ahí, los jefes de plaza deciden por quién van a votar los vecinos y cambian ese triunfo por impunidad.
Todos votan como la Columna Pedro J. Méndez ordena. En ese pequeño municipio la democracia es una dama pisoteada por hombres armados que se burlan de las campañas electorales y del llamado al voto libre y secreto.
En tiempos en que se usa con ligereza el concepto “narcodictadura”, vale la pena recordar que existe esa pequeña república de 2 mil 136 kilómetros de superficie en Hidalgo, Tamaulipas, donde el poder no reside en el pueblo, sino en el capricho del capo en turno y sus negocios con las autoridades locales, que incluyen gobernadores.
¿Cuántos Hidalgo, Tamaulipas, se activaron este 2 de junio en México?
Néstor Isidro Pérez Salas, alias ‘El Nini’ o ‘El 19′, fue extraditado a Estados Unidos el 25 de mayo de 2024, ocho meses después de que su exjefe, Ovidio Guzmán López, fuera entregado a las autoridades de dicho país.
Pese a esta diferencia de tiempos, un agente de la Administración de Control de Drogas (DEA) mencionó en entrevista con el medio Ríodoce que la llegada de Pérez Salas a EEUU estaba contemplada desde antes de que el hijo de ‘El Chapo’ fuera extraído del Penal del Altiplano e ingresado a una prisión de Chicago.
Esto podría derivarse del papel que ‘El Nini’ desempeñaba al interior de la facción de Los Chapitos, pues se presume que era uno de los jefes de sicarios encargados de la seguridad del más cercano círculo de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y sus hermanos.
“Tal vez para muchos es imperceptible, pero nosotros vemos que su extradición forma parte de una estrategia que se viene preparando desde antes que se llevaran a Ovidio”, comentó el agente de identidad anónima al periodista Miguel Ángel Vega.
La tarde del 30 de mayo, ‘El Nini’ acudió a su primera comparecencia ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en donde se le imputaron 10 cargos criminales. Ahí, ‘El Nini’ pidió que no se hiciera un recuento de dichos cargos y se declaró “no culpable” de los delitos de narcotráfico, homicidio y manejo de armas por los que fue señalado.
Ante esto, la jueza de distrito Katherine Polk Failla estableció el 5 de septiembre de 2024 como la fecha para su próxima audiencia.
Consideraciones que Ríodoce obtuvo de Mike Vigil, exjefe de operaciones especiales de la DEA, señalan que la extradición “en tiempo récord es para tener toda la evidencia posible contra Ovidio Guzmán”, uno de los objetivos prioritarios de EEUU debido a su liderazgo en las actividades del cártel relacionadas con el tráfico de fentanilo.
“Para mí está claro que si se lo llevaron en seis meses [a ‘El Nini’] es porque los fiscales ya empiezan a preparar el terreno para el juicio que se viene y la acusación es para presionarlo a que colabore”, opinó el agente anónimo de la DEA en su charla con el citado medio.
Varios de cargos por los cuales ‘El Nini’ es acusado en Nueva York contemplan, a nivel legislativo, una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
Las fuentes cercanas a la agencia antidrogas estadounidense consultadas por Ríodoce señalan que si ‘El Nini’ se integrara al programa de testigos protegidos, las autoridades podrían dejar de lado sus crímenes debido a que su información sería “oro puro” en el juicio contra Ovidio Guzmán.
“¿Quién más que ‘El Nini’? Conoció a Ovidio y al resto de sus hermanos, conoce sus actividades, y toda la organización criminal”, apuntó Vigil.
Superada la vorágine electoral, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este lunes con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, 10 meses después de la última cita.
El mandatario entregó 15 documentos militares a las familias, parte, al parecer, de los 800 que han reclamado estos últimos meses. López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, y su segundo, el subsecretario Arturo Medina, señalaron que los documentos en realidad formaban parte de su archivo y que los han encontrado ahora, en una nueva búsqueda.
El encuentro con López Obrador fue ríspido, como han sido las relaciones entre las partes en los últimos años del sexenio. El mandatario llegó a la reunión acompañado de Alcalde y Medina, y también de los secretarios de Marina y Defensa, además del director del Centro Nacional de Inteligencia y del fiscal especial del caso. Del otro lado, la convocatoria fue atendida por la mayoría. Estaba el grupo principal de familiares y el grupo minoritario, favorecido este último por el subsecretario Medina, sustituto de Alejandro Encinas, que ha mantenido una relación distante con el grupo principal. Quien no estuvo fue la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, cuyo papel en el futuro del caso resulta una incógnita.
El Gobierno ha cambiado el relato respecto al entuerto del archivo militar. Los documentos requeridos por las familias sí existen, negando así las líneas discursivas de meses anteriores, que señalaban que no existían.
Buena parte de las esperanzas de las familias para destrabar las investigaciones del caso pasaban por ahí. Un par de documentos del archivo castrense, divulgados hace casi cuatro años, mostraban conversaciones de integrantes de la red criminal que atacó a los estudiantes, hace casi ya 10 años, en el municipio de Iguala, en Guerrero. El Ejército había monitoreado esas conversaciones con software espía. En las conversaciones, los criminales hablaban del traslado de un grupo de normalistas durante el ataque.
En los años de mandato de López Obrador, el GIEI, grupo de investigadores independientes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mandó a México a seguir el caso, se zambulló en el archivo militar. También lo hizo la comisión especial de la Secretaría de Gobernación. Entre ambos equipos encontraron esos y otros papeles. Antes de su salida el año pasado, el GIEI señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aún debía entregar 800 documentos de su archivo, en que podría haber información parecida a la encontrada en los dos documentos divulgados años atrás.
El Gobierno siempre dijo que la Sedena había entregado todo y que esos archivos no existían.
Ahora han matizado el asunto: si existen, estaban en el acervo construido estos años y no los habían encontrado. Pero ya lo hicieron. Entregados el lunes en la noche a las familias, la mala noticia es que estos nuevos papeles apenas aportan información sobre el ataque contra los estudiantes normalistas. La esperanza era que abundaran en el monitoreo a los criminales vigilados entonces, pero al parecer no es así. La duda, claro, es si los documentos entregados corresponden a lo exigido por el GIEI estos años. Ausente el grupo de investigadores independientes, no hay forma de verificar los dichos del Ejecutivo.
Con la entrega, el Gobierno trata de cerrar uno de los reclamos principales de las familias y desactivar sus críticas. Pero más allá de los documentos militares, la falta de novedades se impone en el caso, alimentando la sensación de parálisis en las investigaciones. López Obrador siempre dijo que las pesquisas quedarían resueltas antes de acabar su mandato, pero las posibilidades de que eso ocurra son mínimas. Muchos procesos están atorados en los juzgados, como los del exprocurador Jesús Murillo Karam, o el de los militares implicados; otros sospechosos, caso del brazo derecho de Murillo, Tomás Zerón, siguen huidos. Y no hay forma de encontrar restos de ninguno de los 43 desde hace ya tres años.
El encuentro inició con las intervenciones del fiscal especial, Rosendo Gómez, que enumeró las búsquedas recientes de su equipo en terreno. En los últimos años, su unidad y la comisión de Gobernación han devenido casi exclusivamente en un grupo de buscadores sobre el terreno, agotando cada pequeña pista que llega a sus oídos, sobre el posible emplazamiento de restos de alguno de los 43. De momento, no han tenido éxito. Gómez informó de las búsquedas y también del estado de los procesos judiciales. No dijo una palabra de las líneas de investigación que maneja su unidad sobre el caso, dando la sensación de que el Estado asume que no hay forma de saber mucho más de lo que ya se sabe.
Y lo que se sabe es relativamente poco. En septiembre de 2014, policías locales de Iguala y Cocula atacaron un contingente de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, apoyados en el grupo criminal Guerreros Unidos, que usaba el municipio de base para tráfico de heroína y otras drogas al norte. El ataque, apoyado en la actitud activa u omisa de otras policías y militares, dejó seis muertos y 43 estudiantes desaparecidos, de los que solo han aparecido restos de tres. Es una incógnita por dónde pasaron los estudiantes desaparecidos a partir de cierta hora en la noche del ataque, el 26 de septiembre de 2014. Se ignora dónde los llevaron en las horas siguientes.
A pesar de la cantidad de información recopilada estos años, de las declaraciones de decenas de testigos acumuladas en la indagatoria, de las búsquedas realizadas en cuevas, pozos, barrancas y campos de cultivo, no hay forma de dar con el paradero de los muchachos. Los restos de dos aparecieron en una barranca entre 2020 y 2021. Huesos de otro lo hicieron en un río, en 2014, semanas después de la desaparición, en circunstancias controvertidas: los investigadores asumen que la ubicación de esos huesos fueron parte de un montaje para cerrar el caso rápido y evitar el desgaste al Gobierno, entonces en manos de Enrique Peña Nieto.
Estos años, Fiscalía y Gobernación han apuntado diferentes hipótesis de lo ocurrido. Algunas hilan la posibilidad de que criminales –o autoridades– hubieran deshecho parte de los cuerpos en algún rancho cercano a Iguala. Uno de los principales testigos protegidos, alias Juan, cabecilla en realidad de Guerreros Unidos, dijo que a una parte de los muchachos se los habían llevado a un batallón del Ejército en Iguala. El mismo López Obrador, en su último libro, incorporó la declaración de otro testigo protegido, que aseguraba que había participado en la quema y traslado de parte de los muchachos en dos funerarias, horas después del ataque.
Fiscalía y Gobernación juegan también con la idea de mandar al laboratorio decenas de fragmentos óseos encontrados en 2014 en el famoso basurero de Cocula, centro gravitatorio de la teoría del Gobierno de Peña Nieto. Esta versión, obtenida parcialmente con base a declaraciones obtenidas mediante tortura, señalaba que Guerreros Unidos habían llevado los estudiantes, algunos muertos ya, al vertedero, cerca de Iguala. Ahí habían matado a los vivos, habían arrojado los cuerpos al fondo del paraje y los habían quemado en una pira. Luego habían arrojado los restos a un río. Los investigadores encontraron entonces fragmentos de hueso allí, pero descartaron su análisis por su deterioro.
Pero todo son eso, hipótesis, versiones, posibilidades, lo mismo que hace seis años, cuando el mandatario llegó al Gobierno y colocó el caso Ayotzinapa en el centro de los problemas que su administración resolvería. En unos meses inicia una nueva. A estas alturas, resulta difícil saber cómo abordará Claudia Sheinbaum el caso. La virtual presidenta electa jurará el cargo el 1 de octubre, cinco días después del décimo aniversario del ataque contra los normalistas. La nueva mandataria no participará en el próximo encuentro entre familias y Gobierno, agendado para el 3 de julio. Podría hacerlo en el siguiente, seguramente el último, entre agosto y septiembre.
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Foto: Mesa de Seguridad de Sonora
