Superada la vorágine electoral, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, se reunió este lunes con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, 10 meses después de la última cita.
El mandatario entregó 15 documentos militares a las familias, parte, al parecer, de los 800 que han reclamado estos últimos meses. López Obrador, la secretaria de Gobernación, Luis María Alcalde, y su segundo, el subsecretario Arturo Medina, señalaron que los documentos en realidad formaban parte de su archivo y que los han encontrado ahora, en una nueva búsqueda.
El encuentro con López Obrador fue ríspido, como han sido las relaciones entre las partes en los últimos años del sexenio. El mandatario llegó a la reunión acompañado de Alcalde y Medina, y también de los secretarios de Marina y Defensa, además del director del Centro Nacional de Inteligencia y del fiscal especial del caso. Del otro lado, la convocatoria fue atendida por la mayoría. Estaba el grupo principal de familiares y el grupo minoritario, favorecido este último por el subsecretario Medina, sustituto de Alejandro Encinas, que ha mantenido una relación distante con el grupo principal. Quien no estuvo fue la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum, cuyo papel en el futuro del caso resulta una incógnita.
El Gobierno ha cambiado el relato respecto al entuerto del archivo militar. Los documentos requeridos por las familias sí existen, negando así las líneas discursivas de meses anteriores, que señalaban que no existían.
Buena parte de las esperanzas de las familias para destrabar las investigaciones del caso pasaban por ahí. Un par de documentos del archivo castrense, divulgados hace casi cuatro años, mostraban conversaciones de integrantes de la red criminal que atacó a los estudiantes, hace casi ya 10 años, en el municipio de Iguala, en Guerrero. El Ejército había monitoreado esas conversaciones con software espía. En las conversaciones, los criminales hablaban del traslado de un grupo de normalistas durante el ataque.
En los años de mandato de López Obrador, el GIEI, grupo de investigadores independientes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mandó a México a seguir el caso, se zambulló en el archivo militar. También lo hizo la comisión especial de la Secretaría de Gobernación. Entre ambos equipos encontraron esos y otros papeles. Antes de su salida el año pasado, el GIEI señaló que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aún debía entregar 800 documentos de su archivo, en que podría haber información parecida a la encontrada en los dos documentos divulgados años atrás.
El Gobierno siempre dijo que la Sedena había entregado todo y que esos archivos no existían.
Ahora han matizado el asunto: si existen, estaban en el acervo construido estos años y no los habían encontrado. Pero ya lo hicieron. Entregados el lunes en la noche a las familias, la mala noticia es que estos nuevos papeles apenas aportan información sobre el ataque contra los estudiantes normalistas. La esperanza era que abundaran en el monitoreo a los criminales vigilados entonces, pero al parecer no es así. La duda, claro, es si los documentos entregados corresponden a lo exigido por el GIEI estos años. Ausente el grupo de investigadores independientes, no hay forma de verificar los dichos del Ejecutivo.
Con la entrega, el Gobierno trata de cerrar uno de los reclamos principales de las familias y desactivar sus críticas. Pero más allá de los documentos militares, la falta de novedades se impone en el caso, alimentando la sensación de parálisis en las investigaciones. López Obrador siempre dijo que las pesquisas quedarían resueltas antes de acabar su mandato, pero las posibilidades de que eso ocurra son mínimas. Muchos procesos están atorados en los juzgados, como los del exprocurador Jesús Murillo Karam, o el de los militares implicados; otros sospechosos, caso del brazo derecho de Murillo, Tomás Zerón, siguen huidos. Y no hay forma de encontrar restos de ninguno de los 43 desde hace ya tres años.
El encuentro inició con las intervenciones del fiscal especial, Rosendo Gómez, que enumeró las búsquedas recientes de su equipo en terreno. En los últimos años, su unidad y la comisión de Gobernación han devenido casi exclusivamente en un grupo de buscadores sobre el terreno, agotando cada pequeña pista que llega a sus oídos, sobre el posible emplazamiento de restos de alguno de los 43. De momento, no han tenido éxito. Gómez informó de las búsquedas y también del estado de los procesos judiciales. No dijo una palabra de las líneas de investigación que maneja su unidad sobre el caso, dando la sensación de que el Estado asume que no hay forma de saber mucho más de lo que ya se sabe.
Y lo que se sabe es relativamente poco. En septiembre de 2014, policías locales de Iguala y Cocula atacaron un contingente de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa en Iguala, apoyados en el grupo criminal Guerreros Unidos, que usaba el municipio de base para tráfico de heroína y otras drogas al norte. El ataque, apoyado en la actitud activa u omisa de otras policías y militares, dejó seis muertos y 43 estudiantes desaparecidos, de los que solo han aparecido restos de tres. Es una incógnita por dónde pasaron los estudiantes desaparecidos a partir de cierta hora en la noche del ataque, el 26 de septiembre de 2014. Se ignora dónde los llevaron en las horas siguientes.
A pesar de la cantidad de información recopilada estos años, de las declaraciones de decenas de testigos acumuladas en la indagatoria, de las búsquedas realizadas en cuevas, pozos, barrancas y campos de cultivo, no hay forma de dar con el paradero de los muchachos. Los restos de dos aparecieron en una barranca entre 2020 y 2021. Huesos de otro lo hicieron en un río, en 2014, semanas después de la desaparición, en circunstancias controvertidas: los investigadores asumen que la ubicación de esos huesos fueron parte de un montaje para cerrar el caso rápido y evitar el desgaste al Gobierno, entonces en manos de Enrique Peña Nieto.
Estos años, Fiscalía y Gobernación han apuntado diferentes hipótesis de lo ocurrido. Algunas hilan la posibilidad de que criminales –o autoridades– hubieran deshecho parte de los cuerpos en algún rancho cercano a Iguala. Uno de los principales testigos protegidos, alias Juan, cabecilla en realidad de Guerreros Unidos, dijo que a una parte de los muchachos se los habían llevado a un batallón del Ejército en Iguala. El mismo López Obrador, en su último libro, incorporó la declaración de otro testigo protegido, que aseguraba que había participado en la quema y traslado de parte de los muchachos en dos funerarias, horas después del ataque.
Fiscalía y Gobernación juegan también con la idea de mandar al laboratorio decenas de fragmentos óseos encontrados en 2014 en el famoso basurero de Cocula, centro gravitatorio de la teoría del Gobierno de Peña Nieto. Esta versión, obtenida parcialmente con base a declaraciones obtenidas mediante tortura, señalaba que Guerreros Unidos habían llevado los estudiantes, algunos muertos ya, al vertedero, cerca de Iguala. Ahí habían matado a los vivos, habían arrojado los cuerpos al fondo del paraje y los habían quemado en una pira. Luego habían arrojado los restos a un río. Los investigadores encontraron entonces fragmentos de hueso allí, pero descartaron su análisis por su deterioro.
Pero todo son eso, hipótesis, versiones, posibilidades, lo mismo que hace seis años, cuando el mandatario llegó al Gobierno y colocó el caso Ayotzinapa en el centro de los problemas que su administración resolvería. En unos meses inicia una nueva. A estas alturas, resulta difícil saber cómo abordará Claudia Sheinbaum el caso. La virtual presidenta electa jurará el cargo el 1 de octubre, cinco días después del décimo aniversario del ataque contra los normalistas. La nueva mandataria no participará en el próximo encuentro entre familias y Gobierno, agendado para el 3 de julio. Podría hacerlo en el siguiente, seguramente el último, entre agosto y septiembre.
Fuente.-Pablo Ferri/Diario Español/
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