Un juzgado federal negó una suspensión definitiva a Jorge Amílcar Olán Aparicio, presunto socio de los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras una demanda de amparo que el empresario presentó en contra de intervenciones de comunicaciones privadas y localización geográfica en tiempo real, de las que asegura ha sido víctima.
La resolución fue de la jueza federal Gloria Luz Reyes Rojo, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, quien concluyó que no existe evidencia o prueba alguna que vincule a integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) con la filtración de los audios que han sido exhibidos en diversos reportajes publicados por el portal de noticias Latinus y la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
“Las autoridades responsables negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados […] Lo anterior, sin que el quejoso hubiese aportado prueba alguna para demostrar lo contrario, por consiguiente […] lo procedente es negar la suspensión definitiva”, se puede leer en la sentencia.
Además, en dicho documento se establece que la audiencia incidental, celebrada el 23 de mayo de 2024, inició sin la presencia de las partes ni de ninguna otra persona, razón por la cuál no existió tampoco queja alguna por parte del equipo legal de Amílcar Olán ni del agente del Ministerio Público en contra de la resolución de la juez.
Desde el pasado 2 de mayo de 2024, Amílcar Olán presentó una demanda de amparo por el otorgamiento de la autorización relacionada con los procedimientos de intervención de comunicaciones privadas, localización geográfica en tiempo real y acceso a datos conservados por concesionarias de telecomunicaciones.
La demanda fue presentada en contra de un juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún y diversas autoridades.
El empresario responsabilizó al Poder Judicial Federal de los audios que han sido exhibidos en diversos reportajes publicados por el periodista Carlos Loret de Mola en Latinus y por la organización MCCI.
En dicho recurso, Olán Aparicio aseguró que con las intervenciones telefónicas y localización geográfica autorizadas en su contra y su exposición, las autoridades judiciales violaron los artículos 1, 14, 16, 17 y 20 de la Constitución, que establecen entre otras cosas sus derechos a no ser molestado y a no ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil.
No obstante, los jueces de distrito señalados como responsables negaron tener alguna responsabilidad en el caso, razón por la cuál, al no existir pruebas que refieran lo contrario, la juez decidió negar la suspensión definitiva.
Los señalamientos contra Amílcar Olán
Desde el 6 de diciembre de 2023, MCCI publicó la investigación Del INSABI a gobierno morenistas: así beneficiaron recursos federales a empresas de amigo de Andy López Beltrán, hijo del presidente López Obrador, en la que se expuso que entre 2020 y 2022 la empresa Romedic, propiedad de Olán Aparicio, recibió más de 490 millones de pesos del erario público.
De acuerdo con la investigación, este beneficio ocurrió gracias a la intermediación de los gobiernos morenistas de Tabasco y Quintana Roo, lo cual ocurrió pese a ser una empresa de reciente creación y no cumplir con la regulación sanitaria.
En el texto, además de su relación de amistad con Andrés López Beltrán, se detalló que Olán Aparicio también mantiene relaciones de negocios con César Mauricio Calderón Alipi, hermano de Alejandro Antonio Calderón Alipi, actual director general del IMSS-Bienestar y excoordinador nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos del INSABI, dependencia de donde salieron los recursos federales que terminaron beneficiando a su empresa.
Días después, el 14 de diciembre de 2023, MCCI publicó la investigación Amigo de Andy hace negocio millonario en Dos Bocas en la que se evidenció que Amílcar Olán compró en tan solo un millón de pesos un terreno de 180 hectáreas, precio muy por debajo de lo comercia, mismo predio que era rentado por la empresa ICA Flour, una de las mayores contratistas de la refinería Dos Bocas.
De acuerdo con la escritura obtenida por la organización, dicha compra se realizó el 7 de diciembre de 2018, tan solo seis días después de iniciado el gobierno del presidente López Obrador.
Más tarde, el 15 de enero de 2024, MCCI volvió a publicar otra nota titulada Amigo de Andy hace negocios con contratista de Pemex, en la que se mostró la compra de otro terreno de mil metros cuadrados en tan solo un millón 500 mil pesos, terreno que pertenecía a Luis Carlos Vizcarra Millán, dueño de la empresa Perfolat que ha ganado contratos multimillonarios con Pemex en la actual administración.
Finalmente, el 4 de abril de 2024, MCCI publicó otra investigación titulada Nuevo audio: Amílcar Olán afirma que hijo de AMLO le prometió unas minas en Oaxaca, en el que se exhibió un audio -sin editar- entre Amílcar y otro interlocutor, quienes hablan sobre una nueva oferta de mina en Oaxaca para producir balastro.
Esta última investigación fue especialmente importante debido a que, en días anteriores, se había expuesto que los hijos del presidente López Obrador presuntamente habían hecho negocio con la compra-venta del balasto, mineral utilizado para colocar los rieles del Tren Maya, en Cancún, Quintana Roo.
FGR niega investigaciones contra Amílcar
Pese a todo lo anterior, la Fiscalía General de la República niega tener investigaciones abiertas en contra de Amílcar Olán, al menos en un caso que involucra las supuestas contrataciones irregulares con gobiernos morenistas de tabasco y Quintana Roo para la venta de medicamentos y material de curación por 490 millones de pesos.
De acuerdo con expedientes judiciales del caso consultados por Animal Político, entre las instituciones que han negado tener alguna investigación en contra de Amílcar Olán por ese caso están la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) y la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOR), entre otras.
Mientras que diversos administradores y jueces de los reclusorios federales Norte, Sur y Oriente de la Ciudad de México niegan haber girado órdenes de aprehensión contra Amílcar Olán.
No obstante, el empresario continúa tramitando diversas demandas de amparo para conocer si alguna autoridad lo está investigando o si han girado alguna orden judicial en su contra.
Por ejemplo, el 21 de mayo pasado, mediante su empresa Romedic, Amílcar Olán presentó una nueva demanda por la “omisión o falta de respuesta al escrito de petición derivado de un reportaje” en contra de diversas áreas de la FGR.
Dicho recurso fue admitido a trámite por el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México quien solicitó a las autoridades señaladas como responsables rendir sus informes justificados -en los que deben pronunciarse sobre la falsedad o veracidad de las acusaciones-, señalando como fecha para resolver el asunto el próximo viernes 12 de julio de 2024.
Sin embargo, el juzgado decidió no tramitar el incidente de suspensión por el que se concede la suspensión provisional y la definitiva, dado que los representantes legales de la empresa Romedic no lo solicitaron.
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