Despachos internacionales salen ganando por los conflictos de México.
De acuerdo con los juicios enlistados en los anexos de los contratos encomendados a estas dos firmas legales, eran 15 los litigios contra México los que atenderían dichas firmas. Hasta ahora, el balance no es muy positivo: dos casos perdidos que ya costaron 63 millones de dólares a las arcas mexicanas; dos ganados, un desistimiento, y 10 pendientes y en creciente complicación.
De acuerdo con la revisión efectuada por EMEEQUIS de los expedientes en cuestión, buena parte de las demandas fueron generadas por decisiones tomadas en el sexenio anterior. Otras, por hechos ocurridos en la actual administración.
Destacan los casos de Vulcan Materials Company y Calizas Industriales del Carmen (Calica), que reclaman 500 millones de dólares de indemnización por afectaciones derivadas de un cambio de uso de suelo que sacó a la empresa minera de uno de los predios que tenía concesionados, y aún sin explotar, y que López Obrador ha condimentado con una serie de denuncias en sus conferencias, que merecieron un dictado de medidas cautelares por parte de la entidad arbitral.
El 23 de marzo dijo: “Ahora con lo de Calica lo mismo, senadores republicanos defendiendo a esta empresa estadounidense que se llevaba grava de Playa del Carmen, de la zona natural y de las costas del Caribe, de la zona natural y turística más bella de México y de las más bellas del mundo. Y utilizaban los terrenos como bancos para sacar grava y llevar ese material de construcción a Estados Unidos y usarlo en la construcción de carreteras”.
AMLO constantemente denosta a Calica. Esto fue el 23 de marzo pasado.
Los litigios se resuelven en el CIADI del Banco Mundial.
También está el litigio de Espíritu Santo Holdings (Lusad), que demanda el pago de 2.8 millones de dólares, más intereses, pago de abogados, y compensaciones adicionales eventualmente dictadas por el tribunal, debido a que el gobierno de Claudia Sheinbaum les canceló la concesión para la sustitución, instalación y mantenimiento de 138 mil taxímetros digitales, “por abusivos”.
Otra querella sobresaliente es la de Odyssey Marine Exploration Inc. y su filial mexicana, Exploraciones Oceánicas, que reclaman del gobierno mexicano una indemnización de 3 mil 500 millones de dólares por la obstrucción presuntamente injustificada de la extracción de fosfato en aguas de Baja California Sur.
Además, litigios que constituyen saldos del escándalo de corrupción de las empresas Oceanografía y Oro Negro con Petróleos Mexicanos (Pemex); reclamos por retiro o complicación de concesiones mineras, de telecomunicaciones y casinos.
Por si fuera poco, se han acumulado más reclamaciones contra México. Por ahora hay notificaciones de amenaza de demanda de: CMSA B.V. y Contecon Manzanillo, al amparo de APPRI México-Países Bajos; Ceur Mining Inc (TLCAN); Dl-Tile International Inc. y Dal Tile Corporation (TLCAN); First Majestic Silver Corp. (TLCAN); Gonzalo Mora Velarde (Acuerdo para la Promoción Recíproca de Inversiones México-España); y Jinlong Dongli Minera Internacional S.A. de C.V. (Acuerdo México-China para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones).
Y eso que las reclamaciones por afectaciones a inversiones energéticas, derivadas de las reformas obradoristas, aún no comienzan.
CALICA: RECLAMOS POR 500 MDD
El gobierno de Roberto Borge los desdeñó, la administración federal en tiempos de Enrique Peña Nieto no les prestó atención, y AMLO los denosta sistemáticamente en sus presentaciones matutinas.
Ahora, Legacy Vulcan LLC y Calizas Industriales del Carmen (Calica), del grupo Vulcan Materials, reclaman 500 millones de dólares de indemnización por afectaciones a sus inversiones, con grandes probabilidades de ganar, y AMLO clama por llegar a un arreglo.
Calica es una empresa que explota minas pétreas en Playa del Carmen, Quintana Roo, desde los años ochenta, principalmente cantera, la cual surte en la costa atlántica y del golfo de los Estados Unidos.
El conflicto detonó en 2009, cuando un cambio de uso de suelo sacó a la empresa de uno de los predios que tenía concesionados, y aún sin explotar, denominado La Adelita. La modificación le vetó la explotación en esa zona.
En 2014, tras una serie de negociaciones, Vulcan, de acuerdo con su propia exposición de hechos, cedió una serie de derechos sobre el predio con tal de recuperar los derechos de explotación, y el gobierno estatal y federal se comprometieron a rezonificar para diciembre de 2015 para hacerlo posible. Pero los acuerdos no se cumplieron.
Después de una serie de gestiones de los empresarios con el gobierno federal y local, el entonces gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, les dijo personalmente, según se refiere en el escrito de demanda: “Ustedes no van a entrar a La Adelita y punto”.
En 2018, las circunstancias se complicaron. En 2018, el gobierno también bloqueó la producción en El Corchalito, otro de los predios de Calica, con base, según la parte demandante, “en una inspección ambiental demostrablemente defectuosa que no tuvo en cuenta la ley mexicana. Para colmo, México ignoró el fallo final de su propio Poder Judicial, confirmando que la autoridad portuaria de Quintana Roo había cobrado ilegalmente millones de dólares en tasas portuarias, que se ha negado a reembolsar”.
Con el cambio de gobierno, la empresa tuvo la expectativa de una postura distinta, pero AMLO dejó muy claro que no estaba en su ánimo mostrar un rostro amigable con los inversionistas.
De modo que, finalmente, acudieron al arbitraje del CIADI. Fue en septiembre de 2019 cuando se constituyó el jurado para resolver la querella (Caso N° ARB/19/1 en CIADI).
Como respuesta, López Obrador buscó ablandar al grupo minero. En 2021, la Fiscalía General de la República (FGR) clausuró la planta Sac-Tun, de Calica, en Ciudad del Carmen.
El 31 de enero de 2022 emprendió un sistemático golpeteo en sus presentaciones diurnas. En esa fecha dijo, matizando la cifra que le reclamaban: “Como no se les amplió la concesión, estaban violando, destruyendo el territorio, se fueron a una denuncia internacional y están pidiendo una indemnización de millones de pesos, o sea que todavía nosotros les tenemos que pagar”.
Y siguió:
Febrero 22 de 2022: “Es como destruir el paraíso, y esto es lo que estamos viendo porque a lo mejor los dueños ni saben, y en una de esas hasta participan en los congresos de cambio ambiental. (...) Están pidiendo una indemnización, no sé, millones de pesos (...)”.
Febrero 2 de 2022: “Están destruyendo el medio ambiente. (...) Ya no se va a permitir nada de extracción (a partir de marzo) y ofrecemos darles facilidades para que utilicen los terrenos en un proyecto turístico, respetando las normas de uso de suelo, es decir, no se trata de construir 20 mil cuartos de hoteles sino los que de conformidad con la norma puedan realizarse, esa es la propuesta, y desde luego que quiten las demandas, y si no pues vamos a defendernos legalmente como se está haciendo y se va a proceder porque no tienen autorización, tienen vencidos permisos y tampoco tienen autorización para sacar material”.
25 de mayo de 2022: “Si no se llega a algún acuerdo, a Tribunales, tribunales nacionales y extranjeros”.
14 de junio de 2022: “Están muy molestos porque se clausuró el banco de Calica. imagínense, se llevaban material para construir carreteras en Estados Unidos, destruyendo. Una catástrofe ecológica. Y vamos a presentar una denuncia internacional. Afectaron cenotes, ríos submarinos (...), con permisos otorgados o sin permiso”.
16 de junio de 2022: “Llegamos al acuerdo de que, en tanto no se hacía el estudio (de viabilidad de un proyecto turístico en lugar de la extracción minera) se paraba todo. (...) Pero como al tercer mes (...), voy en uno de los últimos viajes, y entonces me informan de que estaban trabajando, de que no habían parado. (...) Y entonces ahí se tomó la decisión de parar por completo la obra”.
Para inicios de septiembre de 2022, el tabasqueño se había referido 48 veces a Calica y al desarrollo de las negociaciones con Vulcano.
El 16 de ese mes, el CIADI hizo pública la orden procesal en donde resolvió que son procedentes las solicitudes de Vulcan Materials Company para detener señalamientos del gobierno e incluir reclamos adicionales como consecuencia del cierre de operaciones ordenado por el presidente López Obrador. Algo semejante a lo que le pasaba con el Instituto Nacional Electoral (INE) por violar la vedas comiciales.
El tema sigue atorado, y no parece haber buenas noticias para México. Pero AMLO ha seguido “ablandando” a los empresarios desde sus presentaciones matinales.
Despachos internacionales son contratados por Economía.
LA APP CANCELADA POR SHEINBAUM
Espíritu Santo Holdings U.A, (Caso N° ARB/20/13 en CIADI), operadora canadiense de taxímetros, demanda el pago de 2.8 millones de dólares, más intereses, pago de abogados, y compensaciones adicionales eventualmente dictadas por el tribunal.
Controla la empresa Lusad S. de R. L. de C.V. o Servicios Digitales Lusad, que tenían la concesión para la sustitución, instalación y mantenimiento de 138 mil taxímetros digitales ―a través de tabletas― taxis de la Ciudad de México (taxi), “con sistema de geolocalización y para el desarrollo, operación y explotación de una aplicación móvil para solicitar el servicio de taxi de forma remota en la Ciudad de México”.
Claudia Sheinbaum canceló la concesión porque, dijo, la consideró onerosa y abusiva, y en cualquier caso, una mala herencia de la administración que la precedió, es decir, la de Miguel Ángel Mancera.
Sheinbaum dijo: “Ellos (empresa), están presentando una demanda legal y nosotros la estamos litigando, tanto del gobierno de la ciudad como del propio gobierno de México, dado que es una demanda internacional”.
En una entrevista de prensa, dijo que los empresarios son unos abusivos :“No fue una expropiación, nos pareció un verdadero abuso el contrato que se había realizado en la administración pasada en donde los taxistas tenían que pagar por la utilización de una tableta en la contratación para poder entrar a un servicio en donde se sustituye el propio taxímetro y además un servicio a distancia, tipo plataforma, era un servicio muy, muy oneroso para los taxistas”.
Agregó: “Los taxistas no estaban de acuerdo en que se contratara este servicio, era una sola empresa donde no hubo licitación, fue una asignación y lo que nosotros dijimos en ese momento pues, que si los taxistas no querían que se hiciera de esta manera, que además nos parecía que era un acto monopólico, pues que no se hiciera”.
Es un caso aún en litigio.
ORO NEGRO EXIGE MIL MDD Y DENUNCIA SOBORNOS DE LOZOYA
Alicia Grace y otros (Caso N° UNCT/18/4 en CIADI) demandaron a México por violaciones al principio de equidad establecido en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN.
Se trata en realidad de los inversionistas de Integradora Oro Negro, que poseen, según declaran en las actuacaicones del arbitraje internacional, “el 100% de Perforadora Oro Negro”, la empresa fundada por Gonzalo Gil White y José Antonio Cañedo White, hijo y sobrino, respectivamente, del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, actualmente prófugos de la justicia.
La demanda fue presentada en 2018 y en enero de 2019 se constituyó el jurado de la causa. Oro Negro alegaba haber sido objeto de represalias comerciales por parte de Petróleos Mexicanos (Pemex) por haberse negado a pagar sobornos a personeros de Emilio Lozoya, la cuales culminaron con la cancelación de contratos, especificiamente, de arrendamiento de cuatro plataoformas perforadoras.
Oro Negro refiere que sus ejecutivos mexicanos, Gil With y Cañedo Withe, fueron presionados para el pago de las compensaciones ilegales.
La empresa se acogió al concepto de “trato equitativo”, interpretado por la Comisión de Libre Comercio del ―entonces― TLCAN como el “no requerimiento de un trato adicional más allá del estándar mínimo del trato a los extranjeros del derecho internacional consuetudinario”.
La empresa litigó simultáneamente en tribunales mexicanos por la misma causa, hasta que en octubre de 2021 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó amparar a Perforadora Oro Negro, (Pemex por incumplimiento de contratos y exigía una compensación de mil millones de dólares.
El asunto se encuentra aún pendiente de fallo en el CIADI.
El contrato con Tereposky.
JUICIOS PERDIDOS
El (Caso N° ARB (AF)/15/2 en CIADI), es un litigio derivado de la denegación de la justicia por parte de México, en términos previstos por el arbitraje del TMEC, a Lion Mexico Consolidated L.P. , una multinacional franco-canadiense-estadounidenses a quien se le canceló indebidamente una hipoteca practicada a un deudor particular, que amparaban un préstamos por 33 millones de dólares a terceros para un desarrollo inmobiliario en Bahía de Banderas. México perdió, y fue condenado a pagar 47 millones de dólares más costas de servicios legales de la demandante.
PACC Offshore Services Holdings Ltd. (Caso N° UNCT/18/5 en CIADI), singapurense, en representación de sus filiales mexicanas: Servicios Marítimos GOSH Servicios Marítimos POSH, POSH Honesto, POSH Hermosa, Gosh Caballo Eclipse, y POSH Fleet Services México, presentó en 2018 controversia por la confiscación de seis buques que formaban parte de su activos, y en reclamo por una serie de actos y omisiones adoptados por las autoridades mexicanas en relación con su inversión. Perdieron. México fue condenado al pago de 6.7 millones de dólares.
El caso Odissey.
SALDOS DEL CASO OCEANOGRAFÍA
Shanara Maritime International S.A. y Marfield Ltd. (Caso n° UNCT/20/5 en CIADI), reclaman hasta 328 millones de dólares como indemnización por buques asegurados por autoridades mexicanas.
En 2014, a raíz de la investigación penal y del concurso mercantil iniciado a la empresa Oceanografía , la PGR y el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal aseguraron los buques “Caballo Marango” y “Caballo Maya” y los dejaron bajo la administración del SAE, una versión precedente del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).
Ambos buques, se encontraban sujetos a un contrato de fletamento celebrado entre Oceanografía y las empresas panameñas Shanara Maritime International, S.A. y Marfield Ltd. Inc. (Shanara y Marfield).
Shanara y Marfield reclaman dicho aseguramiento, así como otras medidas que consideran constituyen actos arbitrarios y discriminatorios. Por ello iniciaron un arbitraje el 18 de junio de 2015 en contra del Gobierno de México al amparo del APPRI con Panamá, reclamando la devolución de las embarcaciones, más los daños causados, los cuales ascienden a 80 millones de dólares estadounidenses o, en caso de que las embarcaciones no o le fueran devueltas, el pago de 328 millones de dólares estadounidenses.
El caso fue suspendido hasta el 24 de junio de 2020, cuando el Tribunal del caso de Terence Highlands contra México (Caso CIADI No. ARB/19/26) decidió conocer de manera paralela el caso Shanara Maritime International, S.A. y Marfield Ltd. Inc. c. los Estados Unidos Mexicanos (UNCT/20/5).
El señor Terence Highlands (Caso N° ARB/19/26 en CIADI) presume ser accionista único de Coastline Group, la cual es propietaria de Marfield Ltd. Inc. (“Marfield”) y Shanara Maritime International S.A. (“Shanara”), propietarias a su vez de las embarcaciones “Caballo Marango” y “Caballo Maya”.
“El Sr. Highlands reclama que el Estado mexicano le negó a Marfield el control y la posesión de Caballo Maya desde marzo de 2014 hasta febrero de 2017 y a Shanara el control y la posesión de Caballo Marango desde marzo de 2014 hasta julio de 2018. También alega que el Estado mexicano no conservó de manera adecuada ambas embarcaciones durante el aseguramiento realizado en contra de Oceanografía”.
También el gobierno de Sheinbaum tiene asuntos pendientes. Foto: Cuartoscuro.com.
PENDIENTES
Odyssey Marine Exploration Inc.y su filial mexicana, Exploraciones Oceánicas, reclaman del gobierno mexicano una indemnización de 3 mil 500 millones de dólares por la obstrucción presuntamente injustificada de la extracción de fosfato en el aguas de Baja California Sur.
La empresa de exploración minera en aguas profundas, que cuenta con participación accionaria de Altos Hornos de México (AHMSA) de Alonso Ancira, descubrió en 2011 el depósito sedimentario de arenas de fosfato ―utilizado principalmente para producir fertilizantes y alimentos para animales― más importante del mundo frente a las costas de Baja California Sur en el Golfo de Ulloa, dentro de la zona económica exclusiva de México, al que llamaron Don Diego.
Así que en marzo de 2012 constituyeron Exploraciones Oceánicas para emprender la explotación, y “el 28 de junio de 2012, obtuvieron “una Concesión minera por 50 años otorgada por la Dirección General de Minas (“DGM”), la agencia responsable dentro de la Secretaría de Economía, (...) sobre 2.680 km2 en la ZEE de México frente a las costas de Baja California Sur en el Golfo de Ulloa”, refiere la demanda.
Y todavía en abril de en abril de 2014, Exploraciones Oceánicas “solicitó y recibió una Concesión hacia el norte y otra hacia el sur del área original de Concesión.
Pero de acuerdo con Odyssey Marine Exploration, cuando solicitaron la aprobación de la Manifestación de Impacto ambiental para emprender la extracción, la Semarnat les negó, según la demandante de manera “ilegal y arbitraria”, la aprobación.
De acuerdo con su relación de hechos, el entonces titular de Semarnat, Rafael Pacchiano Alamán, “un designado político sin experiencia científica ambiental”, dio la “instrucción” a su personal para que “encontrara una razón para rechazar el permiso, diciendo que un representante de ExO lo había insultado”.
La demandante qlegaba que “no es posible imaginar una violación más grosera al estado de derecho. (...) No había motivos legítimos para rechazar el permiso”.
La empresa tampoco tuvo margen de negociación con el gobierno de López Obrador, que al parecer no recibió a los cabilderos. Odyssey Marine Exploration presentó su demanda (UNCT/20/1) en abril de 2019 y en marzo de 2020 quedó constituido el jurado respectivo. El pronóstico no luce alentador para la defensa.
Otros casos pendientes son:
E-Games. El caso de la operadora de casinos B-Mex ARB(AF)/16/3 en CIADI) es un litigio por la recuperación de un permiso de operador independiente de la empresa E-Games.
“La validez del permiso de 25 años de E-Games comenzó el 16 de noviembre de 2012, fecha en la que la (Secretaría de Gobernación) SEGOB otorgó favorablemente a E-Games un permiso independiente para operar los Casinos. El permiso de E-Games hubiera sido válido durante 25 años a partir de 2012, o hasta 2037, si no hubiera sido por la rescisión ilegal de la Resolución del 16 de noviembre de 2012”, alega el demandante. El tribunal encargado del caso se constituyó en 2017.
Carlos Esteban Sastre (La hamaca loca) y otros (Caso N° UNCT/20/02/), es una disputa de inversionistas hoteleros en el Ejido de José María Pino Suárez, en zona costera del municipio de Solidaridad, en Quintana Roo, que no pudieron continuar con su desarrollo debido al uso de suelo de la zona.
Eutelsat (Caso N° ARB/AF/17/2 en CIADI), la empresa francesa de telecomunicaciones que retransmite alrededor de 4,500 señales de televisión, adquirió en 2014 Satmex, que poseía tres concesiones satelitales para ocupar posiciones orbitales geoestacionarias de México.
Estas concesiones incluían una Capacidad Satelital Reservada al Estado (“CSRE”) que Eutelsat pretendía se redujera. Como la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) le negara dicha reducción, en 2017 emprendió el litigio alegando violaciones al Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de la Inversiones México - Francia, y exigía 120 millones de dólares de compensación.
El Tribunal del CIADI le negó dicha satisfacción en septiembre de 2021.
EN DEFENSA DE TELMEX
A finales 2017, Jorge Luis Blanco y Joshua Dean Nelson, en su nombre y en el de Tele Fácil, emprendieron un litigio reclamando a México el pago de 500 millones de dólares como compensación por la denegación de la justicia y afectaciones a sus inversiones, por el presunto incumplimiento de tarifas de interconexión (Caso N° UNCT/17/1 en CIADI).
Tele Fácil México fue constituida en enero de 2010. En mayo del 2013, el gobierno mexicano le otorgó una concesión para proveer todos los servicios de telecomunicaciones que permitan las tecnologías de la nueva generación, con excepción de televisión abierta y radiodifusión.
La empresa provee servicios, en México y Estados Unidos, que incluyen telefonía fija e inalámbrica, servicios de transmisión de datos e Internet; televisión Pay-Per-View, servicios de nube, servicios celulares de servidores fijos y MVNO (Operador Móvil de Redes Virtuales), coordinación logística, entre otras.
La querella surgió por medidas que habría beneficiado a Telmex, y según explicaba en ella la demandante, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) revirtió lo resuelto en su resolución de 2014 con motivo de un desacuerdo de interconexión entre Telmex y Tele Fácil con respecto a las tarifas de interconexión presuntamente acordadas y establecidas entre dichos actores.
Dicha resolución fue impugnada ante los tribunales mexicanos, sin embargo, Tele Fácil sostenía que éstos no atendieron apropiadamente la conducta del IFT al negarle la aplicación de las tarifas altas de interconexión acordadas originalmente con Telmex”.
El tribunal desechó la reclamación, y ordenó pagar a México, en julio de 2020, 2 millones con 50 mil dólares por los costos del litigio.
GANANCIAS MARGINALES
Otro litigio que ganaron los abogados estadounidenses y canadienses al gobierno mexicano fue el de Vento Motorcycles Inc, (Caso N° ARB(AF)/17/3), que el 7 de agosto de 2017 presentó por cuenta propia y en representación de Motor Bike, S.A. y Mototransp, S.A. (empresas mexicanas) una solicitud para someter una reclamación a arbitraje conforme al capítulo XI del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Vento reclamó la manera y el propósito conforme a los cuales se realizaron dos procedimientos de verificación de origen en 2003 y 2004 respecto de motocicletas producidas y ensambladas en EE. UU. Como resultado de dichas investigaciones de origen, las autoridades concluyeron que las motocicletas de Vento no calificaban para trato arancelario preferencial conforme al Anexo 401 del TLCAN, por lo que estaban sujetas a un arancel ad-valorem de 30%.
Según la Demandante, los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) aplicaron de forma discriminatoria la Regla General 2(a) del Artículo 2, fracción I de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación (LIGIE) durante los procedimientos de verificación.
El tribunal determinó que México no incumplió sus obligaciones emanadas del TLCAN y desestimó las reclamaciones sobre el fondo. De conformidad con el TLCAN y las reglas aplicables al arbitraje, el laudo se hará público con el consentimiento de las partes.
Hubo también un caso desistido, el de Coöperatieve Rabobank U.A. (Caso N° ARB/202/23 en CIADI), que emprendió un litigio contra México sobre el mercado de transporte marítimo. En enero de 2022, la demandante se retiró del caso.
Fuente.-@estedavid/
