Cualquiera que sea el concepto de “justicia” que se adopte —dar a cada uno lo que le corresponde; aplicar la norma general al caso concreto para dirimir una controversia, etc.—, la justicia acaba siendo un intangible que, como el viento, no se ve, pero se siente, pues transita de la solución de los conflictos individuales a una percepción generalizada, con mayor o menor autoridad moral dependiendo de las circunstancias y contextos. La autoridad moral de la justicia funciona, entonces, como el fundamento esencial de esa percepción. Y en intangibles, percepción es realidad.
Esa autoridad no depende de la forma en que se resuelven ciertos casos, sino del prestigio individual de quienes lo hacen: los/as jueces; esas personas de cuyo recto actuar, de cuyo honesto vivir, depende la fuerza moral de la justicia. Decía Pietro Calamandrei que “en los jueces, aun en la vida privada, se reprochan como indignas de la seriedad de sus funciones, ciertas pequeñas debilidades o ciertas inocentes distracciones que se perdonan o hasta se miran con simpatía en otras personas”. Es por ello que el caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, acusada de haber plagiado su tesis de licenciatura, no es menor. Haber hecho —si lo hizo— fraude durante su proceso de titulación no sería una pequeña debilidad, una mera travesura de juventud o una inocente distracción que pudiese pasarse por alto. Pondría la autoridad moral de la justicia, de por sí mermada, en peligro.
¿La entonces estudiante plagió un trabajo anterior? ¿La directora le vendió la tesis? ¿El otro estudiante le robó a la futura ministra una investigación original acabada? Las pruebas tendrán que hablar. Sin embargo, hay que reconocerlo, todas ellas apuntan en contra de la hoy ministra, máxime que no ha aportado evidencia alguna que haga creíble su inefable justificación: que ella es la víctima. La decisión, por lo pronto, está en la UNAM, que en este tema también se juega su prestigio. Ya resolvió que ambas tesis son casi idénticas, o sea, que hay plagio y que hay fraude en uno de los procesos de titulación. Falta que establezca quiénes son responsables y qué consecuencias deben aplicarse.
Ahora bien, de resultar culpable la ministra, me parece, sin embargo, que no se le podría anular la cédula profesional dado el tiempo transcurrido y las prescripciones consecuentes, amén de los efectos devastadores que tal medida provocaría en perjuicio de cientos o miles de personas. Sí, seguiría siendo ministra, pero difícilmente alguno de sus votos, de sus proyectos, de sus fallos, de sus expresiones, tendría autoridad moral y ello no le conviene a ella, ni a nadie, mucho menos a una justicia, como la nuestra, urgida de credibilidad.
A la ministra Esquivel la alcanzó el pasado. Desistir de sus pretensiones de encabezar el Poder Judicial de la Federación eliminaría el dilema entre sus pares de votar en contra de ella o a favor de la trampa. Debería de hacerlo y dejar que la investigación continúe sin prisas ni presiones. Total, en una de esas resulta inocente y pueda volver a buscar la presidencia, ahora sí con la fuerza moral de su lado. A menos, claro está, de que su agenda no le pertenezca…
Fuente.-Abogado penalista. @JorgeNaderK/
Gráfica: Jovani Pérez - Infobae
