El Cartel de Sinaloa señalaba en mantas a agentes vivos y muertos que supuestamente trabajaban con el Cartel de Juárez, el grupo criminal con el que se disputaba el control del territorio. Las fachadas de establecimientos baleadas, los secuestros y asesinatos impunes a propietarios, empleados y clientes comenzaban a ser costumbre. Pero José, un empresario local responsable de una cadena familiar al que llamaremos así por cuestiones de seguridad, había iniciado la expansión de su negocio y pararla significaba perder toda su inversión.
Según el estudio de México Evalúa “La extorsión empresarial en Ciudad Juárez. El impuesto criminal: lecciones y precauciones”, los primeros años del ciclo más violento de la historia reciente de Juárez vinieron acompañados con la expansión de la extorsión: entre 2008 y 2009 cerraron 10 mil pequeñas y medianas empresas, hubo establecimientos que fueron quemados porque sus dueños se negaron a pagar la “cuota” y unas 100 mil personas huyeron de la ciudad, algunas de ellas empresarios que decidieron marcharse para siempre con sus negocios.
Los grupos criminales que aterrorizaban a la ciudad en aquellos años comenzaron a cobrar a empresarios de todos los tamaños y giros para que los protegieran de ellos mismos: restaurantes, bares, salones de baile, gasolineras, farmacias, carnicerías, panaderías, funerarias, consultorios médicos, estéticas, tiendas de abarrotes y lugares de venta de autopartes. El derecho de piso se convirtió en una especie de impuesto universal.
“Caímos. Como era algo nuevo para lo que no estábamos preparados y no teníamos conocimiento, el miedo nos doblegó”, dice José. Once años después recuerda su primer encuentro con “El Contador”.
Un día de 2010, el que todavía es el año más violento de la ciudad con unas 3,800 víctimas de homicidio, un hombre de maneras amables entró a uno de sus negocios y le deslizó un papel con un número de teléfono. Sin perder las buenas formas, se presentó con el alias de “El Contador”, le explicó a José que era parte del grupo criminal local y que debía llamar a ese teléfono para recibir instrucciones. Antes de irse, como prueba y amenaza de que iba “en serio”, le anticipó algunos actos criminales que cometerían en los próximos días con detalles de lugar y hora.
Después de ese primer contacto, José habló con sus socios y los propietarios decidieron desatender la petición y continuar con su trabajo.
“Nosotros llegamos a estimar que en Juárez se metían entre 300 y 500 mil dólares a la semana del pago de extorsión. Si no pagabas te mataban y al estar pagándoles los pequeños negocios terminaban descapitalizados”, dice el empresario Jorge Contreras Fornelli, uno de fundadores del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec).
El estudio de México Evalúa sobre Ciudad Juárez recoge varios testimonios que muestran la realidad de una época en la que el dinero extorsionado a los negocios legales comenzaba a convertirse en una inyección fundamental para los ilegales. Este es el de un empresario de 66 años:
“(...) Me tocó vivir mucho el tema, muchísimos negocios que los quemaron... Ya cuando te caían con el papelito, lo siguiente, van y te queman el changarro. Incluso llegaban y le daban cachetadas a dos, tres empleados y al siguiente te lo mato, entonces mejor, más vale que empieces. Eran amenazas muy serias, ¿por qué? Porque había una total impunidad, protegidos por la policía, entonces, era más el miedo que había de que si la policía se daba cuenta que denunciaba.”
En el caso de José, la educación inicial de “El Contador” se esfumó. El siguiente contacto del grupo criminal con la cadena familiar fue una llamada en la que relataron un pormenorizado resumen del negocio y la vida de sus socios: domicilios, hijos…
“Teníamos dos opciones como empresarios: una era cerrar nuestros negocios e irnos a El Paso (Texas) y la otra era continuar”, dice José. Él y sus socios optaron por la tercera. Comenzaron a pagar una cuota. Lo harían durante cuatro años.
Colaboración contra el silencio
Según la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) de 2020, durante el año anterior el 18.2% de las empresas en México sufrieron extorsión. En total, se cometieron unas 912 mil extorsiones. La pérdida que provocó al empresariado mexicano ascendió a los casi 7 mil millones de pesos. Entre 2015 y 2019 las carpetas de investigación se incrementaron un 46%. Y, aún así, según datos del Inegi, sigue siendo el delito más silencioso: cerca de un 99% de los casos no se investigaron o ni siquiera se denunciaron.
En Ciudad Juárez, de acuerdo con el estudio de México Evalúa, el derecho de piso se ha reducido drásticamente en los últimos años. La tasa de extorsión de este municipio es diez veces menor a la nacional (0.59 y 6.26, respectivamente).
Pero todos estos datos hay que analizarlos con cautela. En Juárez, sigue siendo el tercer delito —por detrás del robo hormiga y del robo/asalto— que más afecta al empresariado.
El fiscal del Distrito Zona Norte de la Fiscalía de Chihuahua, Jorge Nava López, atribuye este descenso a la participación ciudadana, en especial del sector empresarial y la sociedad civil organizada, y a la creación de una unidad especializada antiextorsión con personal capacitado y procesos de control de confianza para evitar la infiltración del crimen organizado. Nava López asegura que en Ciudad Juárez no existe el cobro de piso, solo el engaño telefónico que realizan personas para imitar a los grupos de la delincuencia organizada. En lo que va de año la fiscalía solo ha recibido dos denuncias de extorsión, en ambos casos simuladas por personas cercanas a los empresarios.
Rafael Hernández Torres, empresario víctima de la inseguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua.
“Los logros que hemos tenido en Ciudad Juárez son por los esfuerzos que se siguen realizando, es una lucha constante en la que los empresarios han sido parte, a lo mejor fueron los que tuvieron que saltar porque eran los que estaban siendo extorsionados, secuestrados, asaltados y robados”, dice José Mario Sánchez Soledad, presidente de Coparmex en esta frontera y uno de los fundadores de la Mesa de Seguridad, un instrumento de colaboración entre empresarios, sociedad civil y autoridades creada en 2010.
Entre los comités que se conformaron en la Mesa de Seguridad había uno especial para la extorsión, donde se empezaron a generar análisis que les permitiera impulsar acciones para su combate y prevención. Por ejemplo, mencionan algunos empresarios entrevistados, uno de los principales retos era aumentar la cultura de la denuncia. Para ello, demandaron a las autoridades que depuraran la policía.
“Si hay alguien se la jugó realmente fueron las víctimas, informando a la policía, poniendo dinero, es decir, se convirtieron casi en cogestionadores de la seguridad pública”, dice Gustavo Fondevila, profesor investigador del CIDE y coautor del estudio de México Evalúa, que a través del análisis de datos y entrevistas a víctimas y victimarios profundiza en el ejemplo de Ciudad Juárez como una oportunidad para diseñar nuevas políticas públicas contra la extorsión empresarial.
“La gente todavía habla hoy con pánico”, añade Fondevila. “ uno de los empresarios siguió pagando la extorsión aún a pesar de que le habían dicho que la banda ya estaba totalmente desarticulada y en prisión, siguió pagándolo por las dudas. Ese es el efecto que tiene el miedo”.
Las heridas abiertas del miedo
Aunque a partir de 2008 los juarenses vieron cómo su ciudad se convirtió en un escenario de asesinatos y balaceras, muchos empresarios creyeron que era un combate ajeno a los negocios lícitos.
“Se empieza a dar uno cuenta que los demás negocios estaban siendo asaltados, que les estaban pidiendo cobro de piso, pero lo veía lejos que me llegara a mí, hasta que me llegó”, dice un restaurantero local que pide anonimato por seguridad.
Después de varios asaltos, unos hombres armados llegaron al restaurante, entonces un pequeño y austero negocio en el centro de la ciudad, para darle un número de teléfono y anunciarle que a partir de ese momento tenía que pagar una cuota. La persona que respondió la llamada aseguró al restaurantero que a cambio del pago de la extorsión contaría con protección para evitar que fuera víctima de otros delitos y le fijó un pago semanal de unos 2,500 pesos, una cantidad con la que el negocio podía seguir funcionando, pero que variaría a lo largo del siguiente año.
“Me dijo: eso es lo que te vamos a pedir, es lo que nos vas a entregar para que no te metas en problemas porque podemos levantar a tu familia, quemarte el negocio”, recuerda el restaurantero.
Los comerciantes de la zona, que en un principio no habían creído las amenazas, comenzaron a recortar sus horarios y a restringir los accesos a sus negocios. La mayoría, sin embargo, acabó pagando.
Cada semana diferentes personas acudían al restaurante a recoger el dinero bajo la advertencia de que no los intentaran seguir ni trataran de identificar sus vehículos. Pero harto de la impunidad, el restaurantero cuenta que en una ocasión llegó a retar a golpes a uno de los extorsionadores después de que amenazara a su esposa. Desesperado, comenzó a investigar por su cuenta, hasta que siguió a uno de los delincuentes a su domicilio. La Policía Federal lo arrestó, pero a los pocos días lo liberaron.
José, el propietario de la cadena de negocios familiares, también acudió ante las autoridades judiciales del estado para denunciar la extorsión de la que era víctima, pero, dice, fueron los mismos policías los que era mejor que no formalizara la querella. Recuerda que cuando salía de la corporación recibió una llamada en la que lo amenazaban a él y a sus hijos por intentar denunciar.
Con el tiempo, José decidió que una opción para frenar a los criminales era hacer un frente común con otros empresarios y las autoridades. Esa colaboración acabó con la detención de la banda que lo extorsionaba a él y a otros 20 comerciantes.
Recordando los años en que fueron víctimas de extorsión, tanto José como el restaurantero, consideran que han logrado superar el impacto económico y de salud. “Son heridas que pasan, pero se van sanando con el tiempo, son actos de terror en contra de las personas y nadie está exento. Creo que todo depende de qué tan fuertes somos… en nuestro caso creo que salimos avante”, dice José.
Este reportaje forma parte de #ImpuestoCriminal, un proyecto de México Evalúa que investiga lo que está detrás de un delito que se extiende en el país, pero que no se denuncia: la extorsión empresarial.
Millones de mexicanos campesinos y obreros participaron en el programa Bracero en Estados Unidos.
Las inspecciones y requerimientos en la frontera entre EE.UU. y México en El Paso se endurecieron a partir de 1916.
Los braceros eran inspeccionados de la cabeza a los pies en un centro de procesamiento en Hidalgo, Texas.
Los trabajadores eran inspeccionados a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos. Aquí, en un centro de procesamiento en Monterrey, México, en 1956.
Los trabajadores también eran vacunados contra la viruela.
Era común que las manos de los trabajadores fueran revisadas en busca de callos como prueba de que ya trabajaban la tierra.
Un grupo de braceros en un cultivo en Salinas, California, en 1956.
