En su primer año de gestión al frente de Pemex, Octavio Romero Oropeza no sólo resultó incapaz de corregir la alarmante situación financiera de la petrolera, sino la agravó: registró pérdidas por 348 mil millones de pesos en 2019 y “siguió sin estar en condiciones de ser rentable y generar valor económico para el Estado en ese año” y “presentó una alta probabilidad de quiebra técnica”, según determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Las medidas llevadas a cabo por Pemex, en ese año, fueron insuficientes para dar una respuesta efectiva a los riesgos financieros, de crédito y operativos a los que se encontró expuesta la empresa, los cuales se siguieron materializando, ya que: a) no generó valor económico agregado ni rentabilidad en su operación; b) se continuó degradando su calificación crediticia, y c) se redujeron las reservas de hidrocarburos (petróleo y gas), la extracción y producción de éstos, así como el procesamiento de petrolíferos, gas natural seco, petroquímicos y fertilizantes”, sentenció el organismo fiscalizador en su auditoría 414-DE.
Más allá de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador que la eliminación de la corrupción en Pemex salvaría la empresa y permitiría el “rescate de la soberanía”, la ASF observó que en el primer año de la llamada Cuarta Transformación “no logró avanzar en la mejora de su situación operativa y financiera”, y mostró profundas deficiencias en su gestión así como la persistencia de “problemáticas operativas y financieras”.
Así, Pemex no logró revertir la caída en la extracción de petroleo y de gas, las reservas probadas siguieron desvaneciéndose, la petrolera no reportó producción de amoniaco y urea de sus plantas de fertilizantes Agronitrogenados y Fertinal adquiridas durante el sexenio pasado.
Es más: tampoco pudo erradicar el robo de combustible, mejor conocido como huachicol, a pesar de las reiteradas declaraciones de López Obrador en este sentido, pues según la ASF, se reportaron 13 mil 54 tomas clandestinas en 2019, de las cuales fueron extraídos 2.2 millones de barriles de petroleo y 123 mil toneladas de gas, por un costo estimado a Pemex de 4 mil 334 millones de pesos.
De acuerdo con el organismo fiscalizador, en 2019 Pemex presentó un Retorno sobre Activos (ROA) de -18.1% --un 9.4% más grave que en 2018--, un Retorno sobre Capital Empleado (ROCE) de 9.3% --inferior en 10.5% al de 2018-- y terminó con todos los indicadores al rojo vivo, por lo que si fuera una empresa privada, estaría en quiebra.
Total, que en el arranque 2020 la petrolera arrastraba una deuda de 2 billones 461 mil millones de pesos, 550 mil millones de pesos más que la deuda que dejó el sexenio de Enrique Peña Nieto, durante el cual la petrolera estuvo envuelta en un sinnúmero de escándalos de corrupción, y con pasivos dos veces superiores a los activos.
Esta situación alarmante ocurrió un año antes de la caída brutal e histórica en los precios del crudo, que desencadenó la crisis económica global provocada por la pandemia de covid-19 y sacudió todavía más las finanzas de la petrolera mexicana.
Entre las debilidades que persisten en la petrolera, la ASF subrayó que no existe un perfil de idoneidad para seleccionar a las personas que ocupen asientos en el Consejo de Administración, y que Pemex no aplica un proceso de “debida diligencia” en sus procesos de contratación, dejando abiertos ciertos espacios para la corrupción.
En Pemex Producción y Exploración (PEP), los resultados no fueron mucho mejores: la ASF estimó que Pemex realizó una “deficiente gestión de la infraestructura para actividades de exploración y extracción de hidrocarburos y no sustentaron una adecuada planeación y programación basada en la capacidad operativa” de la filial más productiva de la petrolera.
“Cabe señalar que la caída en la producción de hidrocarburos y derivados obedece, por un lado, a la declinación natural de los yacimientos de hidrocarburos, y por el otro, a la insuficiente inversión en exploración”, insistió la ASF.
Estas deficiencias se reflejaron en que, en 2019, PEP no realizó el 74% de las perforaciones de pozos y desarrollo de campo planeados –aunque sí perforó mucho más que en el sexenio pasado--, y tampoco logró aumentar de manera significativa la producción respecto a años previos, “lo que limitó la contribución en la atención del problema de la baja producción de hidrocarburos e impactó negativamente en la generación de valor y rentabilidad para el Estado Mexicano”.
Señaló, entre otros, que PEP no actualizó sus inventarios y no supo acreditar las condiciones físicas de 120 equipos de perforación”, y que no supo decir a ciencia cierta quiénes son los dueños de 78 plataformas petroleras, de las 254 que tiene registradas –aparte, indicó que no utiliza el 32% de estas plataformas--.
Aparte, la ASF observó el desempeño “deficiente” de PEP en la administración de contratos, pues adjudicó de manera directa los contratos de 20 plataformas y 11 equipos modulares, y modificó las tarifas de renta diaria.
