Tras una corta estancia en prisiones de Estados Unidos, el general Salvador Cienfuegos volvió a México el 18 de noviembre. Voló de Nueva Jersey a Toluca en un avión del Gobierno estadounidense. La Fiscalía General de la República lo recibió en el aeródromo. Eran las 18.48. En un comunicado divulgado entonces, la agencia investigadora explicó que los fiscales informaron al general de que había una investigación abierta en su contra, producto de las pruebas recopiladas por sus pares norteamericanos a lo largo de varios años. Luego dejó sus datos y su número de contacto. A las 19.12 le dejaron marchar.
Así iniciaba el caso Cienfuegos en México. La vuelta del general era la culminación de un esfuerzo diplomático sin precedentes en la actual Administración. Así lo vendió el Gobierno, que al día siguiente, 19 de noviembre, detalló cada petición, cada matiz de cada exigencia que le había trasladado a la Administración de Donald Trump durante las semanas anteriores. Ese día, en la conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el canciller, Marcelo Ebrard, dijo: “México ha defendido su dignidad, señor presidente, su prestigio y también se habrá de hacer justicia conforme lo que la ley mexicana dispone y las investigaciones que llevará a cabo la Fiscalía General de la República (FGR)”.
58 días después, las investigaciones de la FGR han concluido que Cienfuegos es inocente. No hay nada en el comunicado de la agencia que detalle el análisis de las pruebas enviadas por la Fiscalía de Nueva York y la DEA, la agencia antidrogas de EE UU. Los primeros párrafos parecen más bien un recuento de las ofensas cometidas por las autoridades al norte del río Bravo, por no avisar de la indagatoria a la justicia mexicana.
Esa es una de las preguntas que quedan en el aire: qué decían las pruebas que acumuló el Departamento de Justicia desde 2013 y cómo las analizaron en México. Para el Gobierno de Estados Unidos, la evidencia fue suficiente para detenerlo, mandarlo a la cárcel y rechazar cualquier oferta de fianza. Solo un acuerdo político, ajeno a los esfuerzos de los fiscales, dio al traste con el caso.
La detención se había producido el 15 de octubre, en Los Ángeles. La Físcalía de Brooklyn le imputaba tres cargos de conspirar para traficar cocaína, marihuana y metanfetaminas al país y otro de conspirar para lavar dinero del narcotráfico. Esto al menos entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. El caso se había llevado con sigilo. La justicia tenía una orden de detención contra él desde agosto del año anterior. No le dijeron una palabra al Gobierno de López Obrador.
En un escrito presentado ante el juez el 16 de octubre, los fiscales dieron detalles de la acusación. Cienfuegos, alias El Padrino, había abusado de su posición para favorecer al cartel del H-2, una organización de narcotraficantes extremadamente violenta, con base en Nayarit, al sur de Sinaloa. Aunque no lo explicaban ahí, el cartel del H-2 había sido parte del clan mafioso de la familia Beltrán Leyva, a su vez una de las ramas de la organización criminal del Pacífico, comandada durante años por los hermanos Beltrán, El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada entre otros.
En las fechas que señalan los fiscales, diciembre de 2015 a febrero de 2017, El Padrino intercambió miles de mensajes vía Blackberry con integrantes del cartel del H-2. A cambio de sobornos, escribieron, Cienfuegos se aseguró de que el Ejército no atacara a la organización, también de que los militares apuntaran en cambio a grupos rivales; de que el cartel encontrara embarcaciones para sus cargamentos de droga; de hacer lo posible para ayudar al H-2 y su grupo en sus proyectos de expansión; de presentar a integrantes de la mafia con otros funcionarios dispuestos a ayudar a cambio de sobornos y de avisar de posibles operaciones de agencias de EE UU contra ellos.
Los fiscales detallaban, además, que Cienfuegos había intercambiado mensajes con el jefe del clan mafioso, Juan Francisco Patrón. En esos mensajes, Cienfuegos y Patrón habían tratado el apoyo que el primero había brindado a otro grupo de narcotraficantes. Los detalles de los escritos de los fiscales trasladaron la idea de que el caso estaba más que bien armado.
Pese a las dudas por su vuelta, la llegada del general a México aparecía como una oportunidad para la Fiscalía de resarcirse de viejas vergüenzas. Su recibimiento en Toluca alimentó las primeras dudas —¿Cómo? ¿No lo detienen? ¿Pese a los cargos que le imputaban en EE UU?— pero las declaraciones de Ebrard y López Obrador y la lucha contra la corrupción del Gobierno contuvieron las críticas. Se abre ahora una etapa extraña para la Fiscalía, que de momento se ha negado a añadir una palabra a su comunicado de este jueves
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) concentra, como nunca, nuevas tareas, poder y presupuesto.
En el Gobierno del morenista Andrés Manuel López Obrador, el Ejército aumentó en casi 39 por ciento los fondos millonarios que maneja, al pasar de 81 mil millones de pesos, en el 2018, a más de 112.5 mil millones para este año.
El presupuesto del que dispondrán equivale al gasto total que recibirán ocho Secretarías de Estado, como Marina, Gobernación, Relaciones Exteriores, Cultura, Función Pública, Economía, Trabajo y Desarrollo Territorial.
De hecho, en el Presupuesto de Egresos 2021, Sedena aparece entre las cuatro dependencias con más recursos asignados después de Educación Pública, con 337 mil millones; Bienestar, con 191 mil, y Salud, con 145 mil millones de pesos.
En el Gobierno del panista Felipe Calderón se asignaron al Ejército casi 260 mil millones de pesos, un promedio anual de 43 mil millones.
Y para el sexenio del priista Enrique Peña, la cifra aumentó a 421 mil millones, un promedio de 70 mil millones.
En los poco más de dos años de esta gestión, se le han asignado más de 300 mil millones de pesos, lo que implica unos 100 mil millones cada 12 meses.
Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, advirtió que, junto con el aumento de funciones y presupuesto, el poder del Ejército dentro del Estado mexicano también crece.
"Esto del Banco del Bienestar, Santa Lucía, el Tren Maya", dijo Pérez, "todo lo que hacen y no tiene que ver con seguridad, son tareas en las que están directamente supliendo las funciones civiles del Gobierno, creando burocracia y creando intereses".
El también investigador del CIDE, José Antonio Caballero, estimó que esto no es culpa del Ejército sino de la política del Presidente.
El académico de la UNAM y experto en Fuerzas Armadas, Javier Oliva, destacó que las encomiendas que le ha asignado el Presidente al Ejército requieren de recursos.
Elvira Gómez López, quien busca a dos hijos desaparecidos, fue sustraída de su casa en Tierra Blanca, Veracruz, por sujetos armados.
Los hechos ocurrieron luego que la mujer regresara a su domicilio tras participar en una protesta de colectivos de familiares de desaparecidos en la ciudad de Xalapa.
Según los primeros reportes, hacia las 21:00 horas al menos cuatro sujetos armados entraron a la vivienda y se llevaron a Gómez López, ante la presencia de su hija.
A sus 50 años, la mujer, convertida por la violencia en activista y defensora de derechos humanos, busca a sus hijos Juan de Dios, de 19 años, y Rodrigo, de 22, desaparecidos desde el 19 de septiembre de 2013.
El reporte sobre la sustracción de Gómez López comenzó a circular en chats de diferentes colectivos de madres de desaparecidos en el Estado, que es gobernado actualmente por el morenista Cuitláhuac García.
Ante estos hechos, el Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas exigió la actuación inmediata de la Fiscalía General de la República (FGR).
"Exigimos a las autoridades federales @FGRMexico, @Busqueda_MX y estatales @CuitlahuacGJ, @cebver, su búsqueda y presentación con vida inmediatas y la apertura de una investigación penal, pues ha recibido constantes amenazas, que durante años se han ignorado", indicó el organismo.
Y detalló que Elvira Gómez López fue subida a una camioneta gris de cuatro puertas, con un golpe en el lado del conductor.
En Estados Unidos fue llevado en octubre pasado a la cárcel por narcotráfico y lavado de dinero.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo repatrió para investigarlo a fondo y la Fiscalía General de la República (FGR) ayer lo perdonó.
El General Salvador Cienfuegos, Secretario de la Defensa en el Gobierno de Enrique Peña, fue exonerado de vínculos con el narco y su caso quedó archivado.
En un comunicado, la FGR afirmó que el mando militar nunca tuvo conversaciones por chat ni vínculos con miembros del Cártel H-2, comandado por Juan Francisco Patrón Sánchez, "El H-2", como lo sostenía la DEA y que motivó su detención en Los Angeles, California, el pasado 15 de octubre.
Cienfuegos estaba siendo juzgado en una Corte de Nueva York, pero el Gobierno mexicano intercedió para que fuera repatriado a México con el compromiso de investigarlo, luego de protestar por la detención del mando castrense producto de una operación de la DEA en territorio mexicano, que consideró ilegal.
"Sería suicida traerlo y no investigarlo", dijo en su momento el Canciller Marcelo Ebrard.
Según la FGR, verificó conversaciones de Blackberry entregadas por la DEA y concluyó que no correspondían a Cienfuegos, quien desde noviembre está en su domicilio en el Estado de México.
"Tampoco se encontró prueba de que hubiera emitido orden alguna para favorecer al grupo delictivo", dijo la FGR.
Del análisis de la situación patrimonial y fiscal del militar, en razón de que también era investigado por lavado de dinero, la conclusión oficial fue que tampoco hay delito alguno relacionado con sus ingresos.
Durante décadas Jack Ma pareció capaz de volar. Este hombre de origen humilde logró, a base de empeño y tenacidad, levantar de la nada una de las organizaciones más valiosas del mundo, Alibaba, e ingresar en las listas de los ricos, poderosos y afamados. Pero en su ensueño olvidó que por arriba también hay límites. Su altura se volvió excesiva a ojos del Partido y, como si de un ícaro chino se tratara, sus alas comenzaron a derretirse. Ahora, en medio de una campaña contra sus empresas, el magnate ha desaparecido del ojo público, despertando rumores sobre su futuro y situación legal.
A la caída precede, siempre, el ascenso. En su caso, desde lo más bajo. Nacido en Hangzhou, Ma fue rechazado una y otra vez en todo tipo de empleos y centros educativos. Inasequible al desaliento, comenzó una carrera profesional como profesor de inglés hasta que, durante un viaje a Estados Unidos en 1995, descubrió una cosa llamada Internet. Cuatro años más tarde, fundaría desde su apartamento Alibaba, hoy la novena empresa del mundo por capitalización bursátil.
Alibaba comenzó como punto de encuentro para proveedores chinos y actores extranjeros interesados en hacer negocio con el gigante asiático: la puerta de entrada ideal a un mercado del que todos querían participar pero nadie sabía cómo. A partir de ahí y bajo la dirección de Ma, la compañía fue creciendo hasta transformarse en un gigante del comercio electrónico con presencia en múltiples industrias tecnológicas, desde servicios financieros hasta inteligencia artificial.
En septiembre de 2019, convertido en multimillonario y celebridad global, dio un paso al lado. “No quiero morir en la oficina, quiero morir en la playa”, había declarado un año antes al anunciar su decisión de abandonar Alibaba. Ya entonces su prematura retirada destapó especulaciones acerca de su relación con el Gobierno e hipotéticas presiones, algo que él, miembro del Partido Comunista Chino –más imperativo social que hecho anecdótico–, siempre negó.
Jack Ma, fundador del grupo Alibaba en la ciudad china de Hefei en junio de 2020. GETTY
Ma cumplía ese mismo día 55 años. De acuerdo a su filosofía, “de los 50 a los 60 hay que formar a la siguiente generación”, pretendía dedicar gran parte de su tiempo a la filantropía, al medio ambiente y a la formación de nuevos emprendedores. Desde entonces, su colaboración con diversas agencias de Naciones Unidas a través de su Jack Ma Foundation ha contribuido a mejorar la imagen internacional china. Cuando la pandemia se extendió en marzo, donó decenas de millones de mascarillas y equipamiento médico a países de todo el mundo.
Un as en la manga
Pero su jubilación no era definitiva. Ma, que lleva los negocios en las venas, se guardaba una última apuesta ganadora. Se trataba de Ant Group, la empresa de servicios financieros digitales que nació en el seno de Alibaba y de la que es accionista mayoritario. Esta estaba destinada a protagonizar la mayor salida a Bolsa de la historia en noviembre del año pasado, pero las autoridades chinas congelaron la operación cuando apenas faltaban 48 horas para la fecha señalada.
Dicho movimiento estaba motivado por el enorme poder que hubiera acumulado Ant y, por tanto, Ma. De haberse consumado su oferta pública inicial, la firma se hubiera colocado en posición de rebasar a los primeros bancos estatales. Con la ambición y la capacidad, además, de controlar un porcentaje significativo del crédito nacional gracias a sus préstamos, inversiones y seguros personalizados. En sus seis años de historia, Ant ya ha proporcionado liquidez a 500 millones de personas. Como el propio empresario ilustró, “pide prestado 100.000 y tendrás miedo del banco; pide prestado 1.000 millones y el banco te tendrá miedo a ti”.
El Partido, además, no iba a asumir riesgos con una persona que había puesto en duda su fidelidad absoluta. Ma siempre se había mostrado complaciente. “Si el Gobierno necesita Alipay [servicio de pagos electrónicos de Ant], se lo daré”, llegó a afirmar en 2013. Sin embargo, poco antes de la salida a Bolsa de Ant se desmarcó con unas declaraciones que las autoridades recibieron como un desafío. Durante un foro, criticó la legislación del país en materia financiera y su mentalidad de “tiendas de empeño”. “Debemos sustituir esa mentalidad por un sistema de crédito basado en big data, empleando las posibilidades tecnológicas actuales”, proclamó.
Jack Ma había volado demasiado alto. El debut bursátil de Ant fue paralizado y comenzó una campaña contra Alibaba. Desde entonces, los correctivos han sido constantes. En diciembre, además, la Administración Estatal para la Regulación del Mercado anunció la apertura de una investigación por prácticas monopolísticas. A consecuencia, Alibaba ha perdido casi un tercio de su cotización bursátil desde finales de octubre, equivalente a la evaporación de 340.000 millones de dólares (280.000 millones de euros).
Ma no ha sido visto en público desde entonces. Ni siquiera ha aparecido en la final de un concurso de televisión creado por él. “El señor Ma ya no puede participar a causa de un problema de agenda”, adujo al diario Financial Times un portavoz de Alibaba. Quien fuera el hombre más rico de China ha visto cómo en los últimos meses su patrimonio ha menguado de 51.000 millones de euros a 40.000, de acuerdo a datos de Bloomberg. Algunos medios apuntaban, incluso, que las autoridades le habrían advertido para no abandonar el país. Ma cogió una altura excesiva y olvidó que en China nada puede, no ya superar, ni siquiera acercarse demasiado al Partido. Está por ver si el daño en sus alas es transitorio, o si por contra está destinado a caer en el océano.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ordena al Presidente Andrés Manuel López Obrador no hablar sobre ejercicio de prerrogativas, vida interna y candidaturas de partidos, entre otras cosas, establece el resolutivo que discutirá este viernes el Consejo General del organismo electoral.
El documento establece que el Primer Mandatario no podrá hablar sobre: financiamiento público y acceso a radio y televisión, vida interna de los partidos políticos nacionales y locales y candidaturas de éstos e independientes (registro, postulación, entre otras).
Además de cualquier tema sobre postulaciones a cargos de elección; etapas del proceso electoral federal y locales; frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales; plataformas electorales; campañas electorales; estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local; así como encuestas de intención de voto o preferencias electorales.
"Se declara procedente el dictado de medidas cautelares para inhibir la comisión de conductas como la denunciada en este caso, en los términos y por las razones establecida en la presente resolución.
"Se ordena al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se abstenga de continuar realizando manifestaciones de naturaleza electoral señaladas de forma enunciativa más no limitativa en los efectos del presente Acuerdo, toda vez que implican la posible trasgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad contenidos en el artículo 134 constitucional, con la finalidad de resguardar el principio de equidad de los procesos electorales federal y locales en curso", indica el proyecto.
El documento, respuesta a la queja presentada por el representante del PRD, Ángel Ávila, a las declaraciones electorales del Primer Mandatario sobre la alianza opositora declara improcedente la adopción de medidas cautelares sobre el posible uso indebido de recursos públicos para fines electorales, al realizar pronunciamientos en las conferencias mañaneras.
Luego de que la Sala Superior ordenó al Consejo General pronunciarse, al considerar que por ser una medida "innovadora" no podría ser aprobado por la Comisión de Quejas, se establece que ese órgano integrado por tres consejeros sí tienen competencia para dictar medidas cautelares.
Se argumenta que el efecto de que el Presidente continúe declarando sobre temas electorales impacta en los principios constitucionales de imparcialidad, neutralidad y el de la equidad de la contienda, por ello se hace "necesario, justificado y urgente" aplicar acciones.
"Toda vez que ello implicaría una posible trasgresión a los principios de imparcialidad y neutralidad contenidos en el artículo 134 constitucional, y con la finalidad de resguardar el principio de equidad que debe regir en los procesos electorales federal y locales en curso.
"Se insiste, de manera enunciativa más no limitativa, pues las valoraciones, juicios u opiniones que pudiera emitir sobre la contienda político electoral el titular del Ejecutivo federal pueden favorecer o perjudicar a alguna o algunas fuerzas políticas lo que constituiría una afectación a la equidad en la competencia electoral, aunado a que se vulneraría el principio de neutralidad que, como ha señalado con claridad la propia jurisdicción, está obligado a respetar", agrega el proyecto, del que REFORMA tiene copia.
El INE prohíbe a AMLO hablar de esto:
1) Del financiamiento a los partidos políticos, y del acceso a radio y TV.
2) De la vida interna de los partidos políticos nacionales y locales.
3) De las candidaturas de los partidos políticos y de los aspirantes independientes .
4) De cualquier tema sobre postulaciones a cargos de elección.
5) De las etapas del proceso electoral federal y locales.
6) De los frentes, coaliciones electorales, fusiones, alianzas nacionales o locales.
7) De las plataformas electorales.
8) De las campañas electorales.
9) De las estrategias electorales de cualquier fuerza política nacional o local.
10) De las encuestas de intención de voto o preferencias electorales.
El presidente municipal de La Paz, Rubén Muñoz, ha declarado, tras perder la candidatura a la gubernatura de Baja California Sur, que contribuirá a la unidad de Morena y dijo ser: “un soldado de AMLO [Andrés Manuel López Obrador]”. Pero se empeña en generar división entre los regidores, el partido que representa y la ciudadanía que lo eligió en 2018. En la Vigésima Tercera Sesión Extraordinaria del Honorable XVI Ayuntamiento de La Paz, celebrada el pasado 16 de diciembre, Rubén Muñoz y siete regidores votaron en contra del dictamen de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, documento que ratifica que los integrantes del Ayuntamiento no están facultados para conceder el cambio de uso de suelo solicitado por los grupos inmobiliarios que impulsan el desarrollo habitacional y corredor urbano denominado “Misión Punta Norte”.
Al más puro estilo priísta de sus antecesores, Rubén Muñoz operó en contra del dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente, presidida por José María Avilés y las regidoras Marcela Amador Morga y Virginia del Pilar Villavicencio, quienes después de analizar varias solicitudes de cambio de uso de suelo a diferentes predios determinaron negar el trámite del cambio solicitado por los grupos SiNow de Century 21 y Firme para proceder a la urbanización del predio denominado como “Zacatecas”, ubicado entre la carretera Transpeninsular La Paz-Ciudad Constitución y la que conecta a San Juan de la Costa, mismo que ostenta la clave catastral 1-01-014-0165.
Para poder otorgar cambios de uso de suelo se debe modificar el Plan de Desarrollo Urbano (PDU). De acuerdo con este documento, el tipo de construcción autorizado para esos terrenos es el correspondiente a Vivienda Residencial Turística, debido a que se encuentran en una zona de Bienes Nacionales y de Protección Ecológica de Aprovechamiento. Pero el proyecto inmobiliario pretende edificar un megaproyecto de alta densidad poblacional, para lo cual necesita que el predio “Zacatecas” sea catalogado como predio Habitacional de Interés Medio y Corredor Urbano, esto de acuerdo con las categorías de uso de suelo. El proyecto “Misión Punta Norte” pretende edificar viviendas en más de 4 mil 500 lotes, mismos que ya ha anunciado para venta, lo cual no es posible de acuerdo a la reglamentación de planeación urbana vigente para el área en cuestión.
La Comisión de Desarrollo Urbano, Ecología y Medio Ambiente tiene en claro la situación y ha negado la continuación del proceso solicitado por los grupos inmobiliarios, pero Rubén Muñoz y los regidores Pedro Barroso (PRI), Pilar Eduardo Carballo (PRS), Irma Yolanda Robledo (Morena), Yudith Esmeralda Lizárraga (Movimiento Ciudadano), así como los independientes Beatriz A Hernández, Juan Ramón Domínguez Leyva y David Castillo Duarte votaron en contra de dicho dictamen. Lo anterior, pasando por alto que los integrantes del Cabildo no tienen la atribución de conceder trámites de cambio de uso de suelo. Tal acción le ha recordado a los sudcalifornianos los álgidos conflictos que se dieron contra administraciones municipales pasadas, panistas y priístas, cuando los entonces integrantes del Cabildo buscaron la manera de torcer la ley, pues ellos no tienen las atribuciones legales para conceder cambios de uso de suelo para establecimientos mineros y desarrollos inmobiliarios.
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo y la Ley de Desarrollo Urbano de Baja California Sur establecen que, para que el PDU pueda modificarse, se debe llevar a cabo un procedimiento que incluya una consulta pública y la intervención de todas las autoridades pertinentes, acto que fue solicitado por la comisión dictaminadora al presidente municipal para coordinar la reposición del proceso de actualización y modificación del PDU, pero conforme a la Ley. La respuesta de Rubén Muñoz y siete regidores fue votar en contra de dicho dictamen.
La maniobra de Muñoz para darle continuidad al trámite inmobiliario fue turnar el asunto a la Comisión de Gobernación, Seguridad y Tránsito, que él integra con Juán Ramón Domínguez y Pilar Eduardo Carballo, obteniendo nueve votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Cable aclarar que a dicha comisión no le corresponde discutir un tema de desarrollo inmobiliario.
Es importante señalar que votaron a favor del dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente los regidores: Jorge Pavel Castro (Morena), Cecilia Higuera Murillo (Morena), Marcela Amador Morga (sin partido), José María Avilés Castro (Morena) y Alicia Arvizu Higuera (BCS Coherente). Se abstuvieron de votar la síndica Martha Judith Páez y la regidora Virginia Pilar Villavicencio.
Todo parece indicar que el autodenominado soldado de López Obrador tiene intereses más allá de lo ciudadano y mantiene viva la solicitud de cambio de uso de suelo de los desarrolladores inmobiliarios. Cabe señalar que el proyecto tiene el visto bueno del gobernador Carlos Mendoza Davis, quien lo anunció en marzo de 2020 junto con los inversionistas involucrados. Es posible que un actuar del cabildo municipal por encima de la ley, para otorgar el cambio del uso de suelo y sin efectuar la consulta ciudadana correspondiente, lleve a la autoridad a una confrontación con los sudcalifornianos, como aquellas que ya se han dado en el pasado, lo que invariablemente distanciará a Rubén Muñoz de la cuarta transformación.
La Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador no ha aceptado equipo donado por Estados Unidos para combatir el tráfico de armas, reveló el Embajador de ese país en México, Christopher Landau.
Tras señalar que se requieren más esfuerzos en ambos lados de la frontera para contener ese delito, Landau mencionó que durante las visitas que realizó a México el ex Fiscal General estadounidense, William Barr, ofreció extraditar a traficantes de armas detenidos en Estados Unidos y que se les busca en México.
"Nunca recibimos una petición de extradición durante mi gestión, que me dio mucha pena porque me hubiera gustado ver una", apuntó Landau.
"También hemos ofrecido donar al Gobierno de México equipos no intrusivos para controlar el tráfico de armas en la frontera y no se han aceptado".
El representante diplomático insistió en que el País haga más para combatir el tráfico de armas.
"Para mí es como si nosotros estuviéramos mandando armas a Hitler durante la Segunda Guerra, la gente que compra armas ilegales de Estados Unidos aquí en México, el crimen organizado, es un problema no solo para México también para Estados Unidos", comentó.
"Creo que para mucha gente en México este punto de las armas es solamente una cosa que se hace para regañar a Estados Unidos, yo sí creo que hay más que nosotros podemos hacer, pero también hay más que México puede hacer para controlar eso".
Landau se refirió al "culiacanazo", cuando se detuvo en Culiacán, Sinaloa, a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo, y luego fue liberado, como una muestra del poderío en armas que tienen el crimen organizado en México.
Sobre la Iniciativa Mérida, aseguró que no es un programa fallido, sino que evoluciona con las estrategias de seguridad en México, por lo que dijo que ahora se enfoca casi en su totalidad en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, la capacitación de policías y maquinaria para laboratorios forenses de las Fiscalías de los estados.
El funcionario de Defensa Nacional a la que le mostraron el "dispositivo", debió haberse sentido como quien encuentra un oasis en un inhóspito desierto: que conveniente era que, precisamente en el momento en que la fuerza militar se incrementaba en todo el país, un "dispositivo" que podría encontrar droga a 700 metros de distancia salía a la venta.
El artefacto del tamaño de una pistola de silicón consistía en un mango de color negro, con una antena muy similar a la de un coche, que podría localizar, presumían sus vendedores de acento inglés, todo tipo de drogas (incluyendo marihuana), elefantes, humanos y hasta billetes. El truco consistía, dijeron, en tarjetas intercambiables donde cada una se ajusta a la frecuencia del objeto a buscar.
Era esencialmente un aparato casi mágico contra narcotráfico.
La Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), encantada, no compró uno, sino más de 700. Una ganga, debieron haber pensado, pues cada uno de ellos costó entre 20 y 38 mil dólares. La fiebre se esparció rápidamente en 2007 y 2008, años particularmente álgidos en materia de seguridad. Así, Defensa Nacional no fue la única instancia en adquirir los "modernos aparatos"; le siguieron la Marina, la Procuraduría General de la República, gobiernos estatales de Colima, Guanajuato, Estado de México, Sinaloa, Hidalgo, entre otros.
En total, se compraron 1,112 aparatos modelos GT-200, uno de los infames detectores moleculares de origen británico que provocó verguenza para instituciones mexicanas que gastaron cerca de 450 millones de pesos por las que, después se comprobó, eran cajas vacías de plástico con una antena de radio pegada. El dispositivo en realidad no lo crearon los vendedores ingleses, originalmente fueron creados y se comercializaron en Estados Unidos como detectores para pelotas de golf.
La fiebre de los detectores moleculares, todos querían el suyo
México fue parte de la tendencia iniciada por persuasivos vendedores británicos que fundaron sus propias empresas de venta de detectores moleculares. Aunque existieron media docena de ellas, las más prósperas fueron las de Samuel y Joan Tree que vendian el Alpha 6; la de James McCormick que vendía el ADE650 a través de 'Advanced Tactical Security & Communications' (ATSC); y Gary Bolton, el fundador de 'Global Technical Ltd'.
Pero el profeta de la fiebre de los detectores moleculares no provenía del antiguo continente, sino de Estados Unidos. Malcolm Stig Roe fue el precursor de hacer pasar el producto originalmente conocido como "The Golpher", por un sistema de detección mucho más avanzado. Vendiódecenas de "detectores de explosivos" a oficinas de policía local en Estados Unidos en la década de los 90.
Lo vendió con un nombre mucho más presuntuoso: el Quadro Tracker adquirió fama (y ventas) en Illinois y Georgia, lo que llamó la atención del FBI. Cuando la agencia hizo sus propios exámenes, llegó a la conclusión inevitable de que se trataba de un pedazo de plástico inservible, y emitió una alerta en contra de la estafa. Malcolm entonces mudó su negocio a Reino Unido, en donde ya conocía a Samuel y Joan Tree.
Los tres hicieron crecer el negocio, al que pronto se añadieron los ingleses Gary Bolton y Jim McCormick. Poco duró la alianza: la ruptura del grupo hizo que McCormick fundara ATSC y Bolton hiciera lo propio con Global Technical. Pero McCormick realmente entendió el negocio: vendió el detector molecular ADE650 a agencias de seguridad de Líbano, Nigeria y China, y aunque lo intentó, no pudo convencer a Canadá.
La explosión de la fiebre sucedió cuando McCormick consiguió vender la friolera cantidad de 5,000 dispositivos a Iraq, país resuelto a establecer medidas de seguridad más férreas, pues atentados entre 2006 y 2008 habían provocado ya la muerte de más de 1,000 iraquíes.
Los ingredientes eran claros: se necesitaba de lugares que, desesperados en sus búsquedas por concretar seguridad, estaban dispuestos a casi todo, incluso a los métodos más inverosímiles.
En 2007 ocurrió: los detectores moleculares llegaron a México, en particular, el GT200 de la compañía de Bolton. Como no podría ser de otra forma, en México se bautizó con un nombre bastante más dramático, 'La Ouija del Diablo'.
'La Ouija del Diablo': la sensación de 2007
Cuerpos armados estaban fascinados por la funcionalidad del dispositivo. Sedena incluso tuvo comunicación oficial a medios sobre operativos de incautación de armas y drogas que, dijeron, no se habrían conseguido sin la Ouija del Diablo.
En 2010 un texto de El Universal da detalles de ello. El texto titulado "Con detector molecular aseguran arsenal y dinero" explica que la Sedena hizo 11 operativos en Michoacán en los que se consiguieron 120 mil dólares en efectivo, y encontraron abandonados en maleza (con "ayuda" del detector) dos fusiles AK-47, tres pistolas revolver, ocho armas tipo escuadra, tres submetralladoras, y más armamento.
Excelsior en octubre de 2008 escribió sobre los detectores moleculares en la nota "Nueva arma de Sedena pone a temblar al narco", texto que asegura que la Ouija del Diablo es un invento británico que usa el ejército inglés desde el 2000. Aunque la nota fue eliminada de su sitio, se puede consultar vía web.archive.
La "inversión" tenía que dar frutos: Sedena ya contaba para entonces con 742 aparatos, Semar con 102 y hasta Pemex había conseguido 54, según solicitudes de transparencia conseguidas por medios.
Gary Bolton Los detectores moleculares fueron usados en Kenya, Líbano, Jordania, China, Iraq, México, entre otros. En el terreno occidental, no hay país que les haya institucionalizado como México lo hizo
Las instancias de México o ignoraron por completo la advertencia de una década atrás del FBI, o simplemente no hicieron ningún tipo de investigación previa sobre los "dispositivos". El Estado Mayor presidencial incluso llegó a decir que antes de la compra los aparatos fueron probados por personal experto en explosivos de ese mismo cuerpo. La Sedena comenzó a utilizarlos en sus retenes aleatorios en carreteras del país, y si la antena señalaba a alguien, era motivo suficiente para llevarlo a proceso por supuestamente haber tenido contacto con drogas o armas.
Las falsas acusaciones se arremolinaron, a tal punto que la Comisión Nacional de Derechos Humanos expidió recomendaciones sobre el uso del dispositivo. El caso de Ernesto Cayetano Aguilar fue uno de los más sonados: de origen mixe, Ernesto viajaba de Coatzacoalcos para visitar a su hijo, cuando el autobús en el que iba fue detenido para un retén. A varios asientos de distancia fue encontrado un paquete de marihuana, y cuando inspeccionaron a todos los pasajeros, el detector molecular lo apuntó a él. Aunque no se le encontró drogas o armas, fue recluido en el penal de máxima seguridad de Villa Aldama por ocho meses, hasta que se determinó que no había elementos jurídicos para procesarlo.
Como Ernesto, miles más de detenciones bajo condicione similares ocurrieron. La Ouija del Diablo habría llevado a 5,000 personas a la cárcel, según retoma Reporte Índigo, y habría ocasionado más de 1,000 cateos ilegales, motivados en que el "dispositivo" apuntaba a domicilios que tenían droga o armas dentro. Para 2015, 1,980 personas detenidas a causa de la Ouija del Diablo seguían detenidas. Incluso se iniciaron juicios penales contra Defensa Nacional.
La comunidad científica en México no se quedó callada. La Academia Mexicana de Ciencias ofreció hacer pruebas al "dispositivo" para comprobar su efectividad. El libro "The Impact of President Felipe Calderons War on Drugs in The Armed Forces" asegura que Defensa Nacional declinó la oferta de análisis argumentando que los detectores moleculares tenían que ver con "seguridad nacional".
Cuando el especialista del Instituto de Ciencias Físicas de la UNAM, Luis Mochán, se enteró que un artefacto con semejantes características había sido adquirido por gobiernos de los tres niveles, no podía creerlo. Era exactamente el mismo artefacto del que había oído hablar en la década de los 90.
Los detectores moleculares no usaban baterías. Los fabricantes aseguraban que se cargaban con "energía estática", solo necesitaban que el usuario que los portara caminara un poco antes de operarlo
Mochán, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), como otros científicos de la UNAM y de la AMC, insistieron en todo momento en que los detectores moleculares no podrían ser otra cosa sino una estafa. Mochán no se conformó con la negativa de la Sedena a experimentos hechos por civiles, y siguió intentando obtener por vías institucionales capacidad para hacer pruebas al GT200.
Simultáneamente tribunales de todos los niveles se llenaban de quejas provenientes de personas detenidas a causa del detector molecular. El caos fue tal que la CNDH exhortó a gobierno federal a dejar de usar en su totalidad la Ouija del Diablo. Con tal movimiento solo era cuestión de tiempo para que alguno de los casos llegara a la Suprema Corte de Justicia.
Luis Mochán.
Antes de que la Suprema Corte emitiera veredicto, Mochán consiguió su oportunidad. Un juzgado de Morelos recurrió a Mochán y a Alejandro Ramírez, científico de la Universidad del Estado, para hacer peritajes sobre la efectividad del detector molecular. El ejército también fue convocado.
Instalados en bodegones, en enero de 2011, cuatro años después de que los detectores aterrizaran en México, la ciencia consiguió su oportunidad. Tendrían solo una, si faltaba rigor metodológico o había razón alguna para sospechar de los resultados, el caso podría venirse abajo.
El experimento fue tan sencillo como se pudo: 1,700 pastillas de anfetaminas fueron colocadas, alternadamente, en distintas cajas de cartón. El ejército designaría a un soldado que desconocía el contenido de las cajas y que operaría el artefacto. Todo el proceso quedó documentado en un videoreportaje hecho por El Universal, único medio de comunicación invitado al experimento.
El Universal grabó cuanto pudo. En el video se ve a Mochán entrando y saliendo del bodegón para, junto con un elemento de la Sedena, colocar droga en distintas cajas.
El GT200 atinó en tres de 20 intentos.
Alertas del FBI siguieron a la primera emitida en 1995. Hubo también en 1999 y 2002. El Gobierno de Iraq ignoró todas y dijo en 2009 que el detector molecular sí funcionaba, en su experiencia. En 2010 el gobierno británico emitió alertas contra los detectores, todos ellos vendidos a nivel global desde Inglaterra.
Como Mochán, comunidades científicas de distintos países hicieron sus propios experimentos. Expertos en explosivos en Sidney dijeron que la caja negra del aparato era, esencialmente, una caja de plástico. El caso de Mochán fue tan trascendental que el investigador fue invitado dos años más tarde, al juicio contra Bolton.
Reino Unido no se habría quedado de brazos cruzados. Toda empresa importante en el sector (la de los Tree, la de McCormick y la de Bolton) provenía de su país. En 2009 lanzaron una prohibición de exportación de los productos, pero solo era aplicable a ciertos países, México entre ellos. Con los detectores moleculares encontrando formas de salir del país, Reino Unido decidió invertir recursos para armar un frente conjunto, con especialistas, abogados e investigadores, contra todos aquellos influenciados por Malcolm, el persuasivo vendedor que en los 90 popularizó hacer pasar a los detectores de pelota de golf como detectores de explosivos.
En 2013, Mochán acudió a Reino Unido para testificar en contra de Bolton. El empresario Gary Bolton recibió siete años de condena y saldrá de prisión este 2020; los Tree recibieron solo algunos meses además de multas, y McCormick, el exitoso vendedor del ADE651 en medio oriente, fue condenado también en 2013 a diez años de cárcel, la máxima pena por el delito de fraude.
McCormick fue condenado a 10 años. Foto por Vanity Fair.
En México, el experimento de Mochán sirvió como insumo para cuando el caso terminó de llegar a la Suprema Corte de Justicia. En agosto de 2012 la Suprema Corte declaró que el detector molecular no era válido en la persecución de presuntos narcotraficantes, mucho menos para presentar acusaciones en tribunales.
Aún así, en retrospectiva, Mochán recuerda al experimento como una anécdota agridulce. Dijo a Proceso que los militares presentes preguntaron si los vecinos estaban tomando medicamentos, e incluso hicieron sacar del salón la mesa del café, pues podría "falsear los resultados".
Mochán pudo probar que el "dispositivo" funcionaba azarosamente , pero los militares que estuvieron presentes siguieron sin creer lo que veían.
En México no hubo ni un solo responsable por las compras o las órdenes dadas para utilizar detectores moleculares. El distribuidor de la Ouija del Diablo en México, la empresa Segtec, opera con normalidad.
La sangrienta lucha por el control territorial de México entre los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa podría estar detrás del homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval, ocurrido en Puerto Vallarta. En la principal zona de influencia del CJNG –Jalisco– se ensancha la presencia del Cártel del Pacífico, revela información de la inteligencia mexicana. Más del 75 por ciento de las rutas, áreas de producción y de venta de estupefacientes estaría en pugna entre esas dos grandes organizaciones criminales
El calculado homicidio del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval –ocurrido la madrugada del 18 de diciembre en Puerto Vallarta– volvió a poner bajo la lupa nacional la sangrienta lucha que existe entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa por el control territorial no sólo de la entidad que gobierna Enrique Alfaro, sino de todo México.
Y es que más del 75 por ciento de las rutas de tráfico de drogas ilegales con destino a Estados Unidos, las áreas de producción –siembra y laboratorios clandestinos, incluido el llamado Triángulo Dorado– y las zonas de comercio al menudeo formaría parte de esa guerra violenta entre las dos grandes organizaciones, revela información elaborada por las áreas de inteligencia mexicana.
En el caso de Jalisco –antes considerado uno de los principales bastiones del CJGN–, las disputas habrían derivado en que el Cártel de Sinaloa controle unos 50 municipios, incluidos Puerto Vallarta –donde ocurrió la ejecución del político priísta–, Guadalajara y Zapopan, de acuerdo con el mapa de las zonas de influencia de los cárteles con el cual trabaja la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para asestar golpes económicos a los criminales.
Por su parte, el Informe sobre delincuencia y seguridad de México 2020: Guadalajara –elaborado por el OSAC, Overseas Security Advisory Council– señala que México es el tercer productor mundial de opio, es productor y distribuidor de éxtasis, uno de los principales proveedores de heroína y el mayor proveedor extranjero de marihuana y metanfetamina del mercado estadounidense, así como el principal país de tránsito para la cocaína procedente de América del Sur con destino a Estados Unidos. “Se estima que el 95 por ciento de los embarques anuales de cocaína hacia Estados Unidos pasan por México”.
Respecto del impacto de estos negocios ilícitos en la costa del Pacífico, el Informe indica que el Oeste de Jalisco, Nayarit y Colima son las principales zonas de cultivo de marihuana y amapola. “La región también es conocida como una zona importante en la producción de metanfetamina. El puerto de Manzanillo (estado de Colima) es una importante puerta de entrada para precursores químicos”.
Respecto del Cártel Jalisco Nueva Generación, apunta que es la organización de narcotráfico más poderosa en el área de operaciones del Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara. “Si bien la violencia relacionada con los cárteles ha ido en aumento, en gran medida está dirigida contra cárteles rivales y, a menudo, no afecta a las poblaciones civiles”.
El mapa de la UIF ubica como líderes territoriales a los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa: a ambos se les atribuyen áreas de influencia en las costas del Pacífico –con disputas en Baja California Sur, Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Michoacán–, el llamado Triángulo Dorado –el primero dominando la parte correspondiente a Chihuahua, y el segundo en los territorios sinaloense y duranguense– y la frontera Norte del país.
Entre México y Estados Unidos, la zona más codiciada para los grupos criminales, el Cártel de Sinaloa controlaría la línea fronteriza en Baja California, Sonora –en los territorios de San Luis Río Colorado, Puerto Peñasco, General Plutarco Elías Calles, Caborca, Altar, Sáric, Nogales y Santa Cruz–, la mitad de Chihuahua –Janos, Ascensión, Juárez, Guadalupe y Praxedis–, y una tercera parte de Coahuila –Jiménez, Piedras Negras y Nava–; mientras que el CJNG tendría bajo su influencia en Sonora, la franja de Agua Prieta y Naco; en Chihuahua, lo correspondiente a Ojinaga; y en Coahuila, Guerrero e Hidalgo.
Dicho mapa geolocaliza a 11 organizaciones delictivas de alto impacto, de las cuales dos –precisamente el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel del Pacífico– son consideradas de “naturaleza supranacional”.
En esa geografía criminal también se ubican el Cártel del Golfo, Los Zetas, La Familia, Los Beltrán Leyva, Fuerzas Antiunión, Cártel Santa Rosa de Lima, La Unión Tepito, Cártel de Noreste y ‘Guerreros Unidos’.
Mapa del narcotráfico
El mapa del narcotráfico –con el que la UIF elabora sus estrategias antilavado de dinero– indica que los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa serían los dominantes del territorio nacional.
De esta información oficial se deprende que el CJNG tiene presencia en 24 entidades del país; el Cártel del Pacífico se localiza en 19 estados; el Cártel del Golfo, en 14 entidades; Los Zetas, en 13; el Cártel del Noreste, en cinco; Guerreros Unidos, en cuatro; La Familia, en tres; Los Beltrán Leyva, en tres; el Cártel Santa Rosa, en dos; Unión Tepito, en dos; y Fuerzas Antiunión, en dos.
También se descubre que el Cártel de Sinaloa y el CJNG se disputan territorios de 15 entidades: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Sinaloa, Zacatecas, Jalisco, Colima, Querétaro, Estado de México, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo.
La información de inteligencia que ha sido integrada en la Evaluación nacional de riesgos 2019-2020 apunta que en otra disputa relevante es la del Cártel Santa Rosa de Lima con el CJNG, con impactos muy severos en el ámbito de la seguridad pública de Guanajuato y Querétaro.
Sobre la disputa encarnizada entre Sinaloa –antes el cártel “predominante de México”– y Jalisco Nueva Generación –“su competidor agresivo”–, el informe Mexico: organized crime and drug trafficking organizations observa que de ésta se deriva la violencia “desde la ciudad fronteriza de Tijuana hasta la costa Este de México”. Agrega que el CJNG estuvo involucrado en enfrentamientos violentos con rivales para controlar los cruces fronterizos y el contrabando.
Asimismo, destaca la lucha entre el segundo y el Cártel Santa Rosa de Lima por el mercado de combustibles robados, que potenció los asesinatos en Guanajuato, el estado más violento de México en la primera mitad de 2020.
De acuerdo con reportes locales, los 11 representantes de barrios le ataron las manos por considerar que el Alcalde les mintió sobre una obra que traerá agua potable a la cabecera municipal.
Sin embargo, el pasado martes, Ramírez Aguilar apareció en un video negando la presión de los habitantes en la región limítrofe con Guatemala.
"Es una nota falsa que ellos están circulando, sí tuvimos una reunión con 11 representantes de la cabecera municipal para afinar algunos detalles de una obra de alto impacto que estamos realizando, que es agua potable, que ellos se van a beneficiar, más de 7 mil familias, que ellos durante muchos años no habían tenido agua potable y habían venido gestionando", aseguró.
"Ninguna Administración le había puesto importancia al proyecto, les estamos ya por cumplir finiquitando la obra para los 11 barrios de la cabecera municipal".
En septiembre de 2020, habitantes del barrio de Loma Bonita bloquearon la vía estatal para exigir al Alcalde la pavimentación de calles.
El Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, aseguró que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, quien había sido detenido por nexos con el narcotráfico, fue devuelto a México sin ninguna condición.
En una conferencia virtual, a casi una semana de que deje el cargo, Landau también culpó a la burocracia de Estados Unidos de no haber informado con anterioridad a México sobre el proceso en contra del ex funcionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
"Cuando el General Cienfuegos fue detenido, obviamente causó un gran impacto en México, y el Fiscal General de Estados Unidos mismo, que ya había visitado México en varias ocasiones y estaba muy comprometido con la colaboración de México, él investigó cómo esto llegó a pasar y él fue quien tomó la decisión de devolver al General Cienfuegos", señaló.
"Es importante decir, destacar, que nosotros devolvimos al General Cienfuegos sin condiciones, porque el Fiscal revisó todo el caso y él decidió que en este caso le correspondía a México en primer lugar investigar".
Aunque destacó que la Fiscalía General de la República inició una investigación en México al respecto, apuntó que él no sabe en qué va dicha indagatoria.
Landau aseguró que dos días antes de que llegara a México como Embajador, en agosto de 2019, hubo una comunicación de la Procuraduría de Brooklyn sobre la acusación formal contra el General Cienfuegos.
"Cuando yo llegué estábamos en una posición donde ya era demasiado tarde para compartir esto", justificó.
"Ambos países somos países grandes, y tenemos Gobiernos grandes, burocracias grandes, con muchos componentes distintos, que a veces no se comunican como lo deberían de hacer entre sí, y francamente ese fue el caso, con el caso del General Cienfuegos, de nuestro lado".
Consideró que deben generar entendidos entre los países sobre cómo se manejarán este tipo de casos en el futuro para evitar "este tipo de sorpresas".
"Yo creo que los Fiscales en nuestro país son autoridades que no tienen todo el conocimiento del marco internacional y no necesariamente entienden todas las repercusiones de sus decisiones", agregó.
