Tras una corta estancia en prisiones de Estados Unidos, el general Salvador Cienfuegos volvió a México el 18 de noviembre. Voló de Nueva Jersey a Toluca en un avión del Gobierno estadounidense. La Fiscalía General de la República lo recibió en el aeródromo. Eran las 18.48. En un comunicado divulgado entonces, la agencia investigadora explicó que los fiscales informaron al general de que había una investigación abierta en su contra, producto de las pruebas recopiladas por sus pares norteamericanos a lo largo de varios años. Luego dejó sus datos y su número de contacto. A las 19.12 le dejaron marchar.
Así iniciaba el caso Cienfuegos en México. La vuelta del general era la culminación de un esfuerzo diplomático sin precedentes en la actual Administración. Así lo vendió el Gobierno, que al día siguiente, 19 de noviembre, detalló cada petición, cada matiz de cada exigencia que le había trasladado a la Administración de Donald Trump durante las semanas anteriores. Ese día, en la conferencia de prensa del presidente, Andrés Manuel López Obrador, el canciller, Marcelo Ebrard, dijo: “México ha defendido su dignidad, señor presidente, su prestigio y también se habrá de hacer justicia conforme lo que la ley mexicana dispone y las investigaciones que llevará a cabo la Fiscalía General de la República (FGR)”.
58 días después, las investigaciones de la FGR han concluido que Cienfuegos es inocente. No hay nada en el comunicado de la agencia que detalle el análisis de las pruebas enviadas por la Fiscalía de Nueva York y la DEA, la agencia antidrogas de EE UU. Los primeros párrafos parecen más bien un recuento de las ofensas cometidas por las autoridades al norte del río Bravo, por no avisar de la indagatoria a la justicia mexicana.
Esa es una de las preguntas que quedan en el aire: qué decían las pruebas que acumuló el Departamento de Justicia desde 2013 y cómo las analizaron en México. Para el Gobierno de Estados Unidos, la evidencia fue suficiente para detenerlo, mandarlo a la cárcel y rechazar cualquier oferta de fianza. Solo un acuerdo político, ajeno a los esfuerzos de los fiscales, dio al traste con el caso.
La detención se había producido el 15 de octubre, en Los Ángeles. La Físcalía de Brooklyn le imputaba tres cargos de conspirar para traficar cocaína, marihuana y metanfetaminas al país y otro de conspirar para lavar dinero del narcotráfico. Esto al menos entre diciembre de 2015 y febrero de 2017. El caso se había llevado con sigilo. La justicia tenía una orden de detención contra él desde agosto del año anterior. No le dijeron una palabra al Gobierno de López Obrador.
En un escrito presentado ante el juez el 16 de octubre, los fiscales dieron detalles de la acusación. Cienfuegos, alias El Padrino, había abusado de su posición para favorecer al cartel del H-2, una organización de narcotraficantes extremadamente violenta, con base en Nayarit, al sur de Sinaloa. Aunque no lo explicaban ahí, el cartel del H-2 había sido parte del clan mafioso de la familia Beltrán Leyva, a su vez una de las ramas de la organización criminal del Pacífico, comandada durante años por los hermanos Beltrán, El Chapo Guzmán y El Mayo Zambada entre otros.
En las fechas que señalan los fiscales, diciembre de 2015 a febrero de 2017, El Padrino intercambió miles de mensajes vía Blackberry con integrantes del cartel del H-2. A cambio de sobornos, escribieron, Cienfuegos se aseguró de que el Ejército no atacara a la organización, también de que los militares apuntaran en cambio a grupos rivales; de que el cartel encontrara embarcaciones para sus cargamentos de droga; de hacer lo posible para ayudar al H-2 y su grupo en sus proyectos de expansión; de presentar a integrantes de la mafia con otros funcionarios dispuestos a ayudar a cambio de sobornos y de avisar de posibles operaciones de agencias de EE UU contra ellos.
Los fiscales detallaban, además, que Cienfuegos había intercambiado mensajes con el jefe del clan mafioso, Juan Francisco Patrón. En esos mensajes, Cienfuegos y Patrón habían tratado el apoyo que el primero había brindado a otro grupo de narcotraficantes. Los detalles de los escritos de los fiscales trasladaron la idea de que el caso estaba más que bien armado.
Pese a las dudas por su vuelta, la llegada del general a México aparecía como una oportunidad para la Fiscalía de resarcirse de viejas vergüenzas. Su recibimiento en Toluca alimentó las primeras dudas —¿Cómo? ¿No lo detienen? ¿Pese a los cargos que le imputaban en EE UU?— pero las declaraciones de Ebrard y López Obrador y la lucha contra la corrupción del Gobierno contuvieron las críticas. Se abre ahora una etapa extraña para la Fiscalía, que de momento se ha negado a añadir una palabra a su comunicado de este jueves
fuente.-Diario Español/Pablo Ferri
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