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lunes, 16 de abril de 2018

PERIODISTA EJECUTADO era "EMPLEADO" por CABEZA de VACA y USA HOMICIDIO para INCRIMINAR a CANTUROSAS de MORENA...camino a los votos pasa por la prostitucion de las leyes y la justicia.

El caso del periodista Carlos Domínguez Rodríguez, asesinado el pasado 13 de enero, se ha convertido en una auténtica novela negra de tintes políticos y la fabricación de seis presuntos culpables encarcelados, con base en el testimonio de un santero testigo protegido, que cobró una recompensa de 2 millones de pesos a cambio de declarar haber escuchado a dos personas decir que mataron al periodista de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

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A tres meses de su asesinato, ninguna organización de periodistas de Nuevo Laredo o de Tamaulipas ha reivindicado la exigencia de justicia. De acuerdo con testimonios y fotografías, Carlos Domínguez Rodríguez era cercano al actual gobierno y presumía de su amistad con el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El michoacanazo, un antecedente

A diferencia de 98 por ciento de los asesinatos de periodistas en México, que permanecen en la impunidad, el procurador Irving Barrios Mojica –conocido por ser el autor del llamado michoacanazo, un fallido operativo que terminó con 38 funcionarios y jefes policiales detenidos y luego liberados– resolvió el crimen en dos meses y anunció en conferencia de prensa, la detención de seis hombres, tres de ellos periodistas: Rodolfo Jorge Alfredo N, Juan Jesús N, Luis Ignacio N, Gabriel N, David N y Adrián N.

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Todo es una farsa, afirma en entrevista con La Jornada, el activista y defensor de derechos humanos Raymundo Ramos Vázquez, director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por la violación al debido proceso contra los acusados de este homicidio, en particular los tres periodistas:

Se trata de un caso con tintes políticos, es una aberración jurídica la propia carpeta de investigación, con fabricación de culpables de seis personas que entre sí no se conocen; dos son de Zacatecas y cuatro de Nuevo Laredo. Es una farsa, como las que acostumbra a hacer el procurador Irving Barrios, quien ya lo hizo en Michoacán y con el caso de una ciudadana española secuestrada.

Añade: Es un asunto político. Lo que pretende el gobernador de Tamaulipas con su procurador es incriminar al ex presidente municipal Carlos Enrique Cantú Rosas Villarreal para impedirle que participe por el partido de Morena por la alcaldía de Nuevo Laredo. Este es el fondo real y verdadero de este caso fabricado y quien se convierte en una víctima del gobernador es el propio Carlos Domínguez Ramírez.

Ni independiente ni periodista

Con más de 20 años en el activismo de derechos humanos en Tamaulipas y toda la vida radicado en ese estado, Ramos Vázquez asegura conocer a los periodistas y dice que Carlos Domínguez Rodríguez no tenía una trayectoria profesional que lo situara en riesgo, más bien, simpatizaba con el Partido Acción Nacional (PAN) y presumía su amistad con el gobernador García Ca­beza de Vaca en cuyo equipo de campaña estuvo su hijo.

Con todo el respeto que nos merece su memoria y su asesinato, Carlos Domínguez no fue víctima de su labor periodística. De 2015 a 2017, él nunca se sintió amenazado por el ex alcalde Cantú Rosas; eso evidencia que él estaba trabajando no como periodista serio o de investigación, sino escribiendo columnas de trascendidos e informaciones dolosas, sin fuente, y todo contra Cantú Rosas por ser antagónico de Cabeza de Vaca.

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Carlos Domínguez publicaba su columna en redes sociales y en algunos medios online considerados pasquines, porque viven del presupuesto gubernamental: “Él publicaba en dos portales de Internet y su ingreso era de 800 pesos semanales, lo cual no correspondía a su tren de vida como para hacer viajes, adquirir ropa de marca y llevar una vida sin preocupaciones económicas. Nos consta que viajaba cada mes a Ciudad Victoria a la oficina de Comunicación Social donde –nos dicen– recibía instrucciones de qué tipo de informaciones manejaría en su columna”.

En sus cuentas en redes sociales, Carlos Domínguez Rodríguez publicaba fotos con el jefe de Prensa del gobierno, Francisco García Juárez, y otros funcionarios. Su hijo Carlos Domínguez reclamó al gobernador la falta de justicia, pero luego se unió a la versión del procurador:

Su hijo se está aprovechando de la situación para sacarle partido, porque es muy probable que también esté recibiendo dinero del gobierno del estado para acusar sin pruebas y de manera dolosa al ex presidente municipal Carlos Enrique Cantú Rosas como autor intelectual del asesinato, porque hay un trasfondo político por la alcaldía de Nuevo Laredo que está en juego. El objetivo de este caso fabricado es que Cantú Rosas no pueda contender con Morena.

Ramos Vázquez afirma que el periodista asesinado no era independiente, sino más bien, cercano al gobierno actual y era considerado por otros compañeros como gacetillero: Hay fotografías y publicaciones que el propio fallecido hace con el actual presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, y con el gobernador de Tamaulipas, a quien defendía en sus columnas y presume de su amistad. Él ofrecía dinero del gobierno del estado a otros periodistas para obtener información contra otros políticos.

Comenta que el ex presidente municipal pretendía contender en las próximas elecciones por Morena y eso significa una amenaza para el gobernador Cabeza de Vaca: Es así como traman esta investigación, que carece de todo fundamento legal, porque está basada en un testigo protegido que incrimina a los detenidos a cambio de 2 millones de pesos de recompensa.

Testigo protegido

La investigación judicial del asesinato del periodista Domínguez Rodríguez está sustentada en el testimonio de Juan Carlos Yáñez Osorno, un testigo protegido que es santero, que fue policía y estuvo detenido por secuestro: Además de santero es un ex policía estatal que tiene antecedentes de secuestro, cerece de calidad moral o jurídica. Fue el instrumento que utilizó el procurador Irving Barrios para armar este caso.

Señala que el primer móvil del asesinato fue el crimen pasional, ya que fueron detenidos dos periodistas que son pareja y a quienes mediante presiones sicológicas intentaron relacionarlos sentimentalmente con Carlos Domínguez: Dos periodistas detenidos [que] son pareja fueron torturados para que confesaran que lo habían asesinado por asuntos pasionales entre homosexuales. Cuando no pudieron fortalecer el caso, inventaron la [versión] del santero testigo protegido. Es una aberración jurídica y vamos a evidenciar la fabricación de este caso.

Luis Anzaldúa del Llano, abogado del implicado Rodolfo Cantú García, tío del ex presidente municipal Cantú Rosas, dice a La Jornada, que la carpeta de investigación es muy endeble sin datos para vincular a proceso a las seis personas detenidas: La procuraduría de Tamaulipas sólo se está basando en una entrevista de una persona sin identidad, pero que sabemos que es un santero o un brujo quien dice haber escuchado a dos personas decir que habían matado un periodista.

Añade: No hay pruebas, sólo tienen esa entrevista del santero a cambio de 2 millones de pesos de recompensa. Cualquiera dice que escuchó que ese fue el que lo mató.

De acuerdo con el expediente –comenta–, el gobernador García Cabeza de Vaca y su procurador quieren instalar al periodista asesinado en un nivel que no le corresponde: Lo quieren elevar a ser alguien importante a escala internacional, cuando en realidad no alcanza ni siquiera la categoría de periodista. El señor, con todo respeto, era sólo un columnista cercano al poder político.

No tienen nada de pruebas




Agrega que el ex presidente municipal Cantú Rosas, quien iba a ser candidato de Morena, se vio obligado a exiliarse para no ser involucrado en este homicidio: Este caso no está agarrado ni con alfileres, sino con un chorro de agua; no tienen nada de pruebas. Además los dos supuestos autores materiales, Adrián Fernández y David Mejía, ya declararon que ellos no fueron contratados por Rodolfo y niegan conocerlo ni a los tres periodistas y niegan haber estado en Nuevo Laredo el día de los hechos.
Por su parte, Dora Elia Vielma Aguilar, esposa del periodista Gabriel Garza, uno de los detenidos por el homicidio, afirma en entrevista que su marido es inocente y que sólo recibió una llamada de Carlos Domínguez: “Lo están acusando injustamente. Lleva 32 años trabajando para el periódico El Diario, su trayectoria es limpia. Es inocente”.

El activista Ramos Vázquez solicita la creación de una comisión de la verdad: El crimen debe esclarecerse y condenarse, pero no a costa de la libertad e inocencia de personas ajenas. Se tiene que ver la intención del procurador y del gobernador para sacar provecho a un homicidio que podrían haber fabricado ellos mismos desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. (La Jornada.




CUAL ESTRATEGIA ? TAMAULIPAS MAS de 1,000 SECUESTROS y PEÑA NIETO "ROMPERA RECORD",CASI 7,000...casi 3 mil millones tirados a la basura en combatirlo.

Las carpetas de investigación por secuestro del fuero común iniciadas en cincos años y dos meses de la administración de Enrique Peña Nieto, superaron en 22% a las registradas durante el mismo periodo (De 2007 a febrero de 2012) del panista Felipe Calderón Hinojosa.

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Todo apunta a que antes de que concluya este sexenio se establecerá un récord en el número de plagios reportados por las 32 procuradurías y fiscalías del país, al contabilizar 6 mil 582 casos, frente a los 6 mil 584 de los seis años anteriores, una diferencia de sólo dos secuestros.
Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señalan que a pesar de reducir el número de carpetas en los primeros cinco años y dos meses de la presente administración al sumarlos se abrieron 6 mil 582 expedientes por este delito, mientras que en el mismo periodo del gobierno anterior se iniciaron 5 mil 386, una diferencia de mil 196 investigaciones, que incluyen una o más víctimas.
Los estados con mayor incidencia en lo que va del sexenio fueron Tamaulipas, con mil cuatro expedientes; Estado de México, 962; Veracruz, 676; Guerrero, 549; Tabasco, 449; Morelos, 382; Michoacán, 367; Ciudad de México, 265; Oaxaca, 194; Nuevo León.
El 2013 fue el año con más privaciones ilegales de la libertad reportadas con mil 688 carpetas de investigación. Le sigue 2014, con mil 396; 2017, mil 149; 2016, mil 131 y 2015, con mil 69. Hasta julio del año pasado, el gobierno federal había destinado 2 mil 268 millones de pesos para disminuir este delito en el país, siendo la región centro, integrada por la Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Querétaro e Hidalgo, la más beneficiada con 681 millones de pesos.
“Desde la federación se ha venido asignando todos estos años un suma de acuerdo a las necesidades de cada estado. El total nacional de recursos que se han asignado ha sido de 2 mil 268 millones de pesos, que se distribuyeron a las cinco regiones en las que se dividió el país”, dijo hace unos meses la titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro (Conase),Patricia Bugarín Gutiérrez.
Señaló que hay un desequilibrio en los recursos que destinan la federación y los gobiernos estatales para atender este delito, que afecta principalmente a las entidades del noreste y sureste del país. Reveló que han detectado que en muchos casos donde se piden recursos, pasan los meses y no es utilizado por las autoridades estatales, lo que consideró grave que haya subejercicio en este tema.
Ha funcionado la coordinación. Sandra Aguirre, directora de la coordinación de Ministerios Públicos de la Unidad Especializada del Combate al Secuestro, resaltó que el trabajo entre las unidades antisecuestro en los estados ha logrado la reducción de este delito. “En Michoacán se ha reducido 70%, es uno de los mayores logros que presumimos en la entidad. Hemos salido de los primeros lugares como estado que tenía el índice más alto”.
En general, la coordinación entre las unidades estatales ha sido buena, aunque precisó que hay aspectos en éstas que se pueden mejorar, como aumentar la plantilla de trabajadores, así como incrementar la capacitación del personal.
Comentó que en las estrategias que se implementan para erradicar este ilícito existe una constante comunicación para identificar las necesidades de las unidades estatales, se les proporciona equipo como grabadoras para realizar las negociaciones y se envía al personal a cursos de capacitación en México y a otros países.
Para el investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Rodrigo Soto, la estrategia antisecuestro del gobierno federal y de los estados falló, por lo que consideró que quien gane la elección presidencial debe replantear el combate de los delitos que afectan a la sociedad.
Aseguró que las autoridades locales siguen “teniendo una dependencia parasitaria” de las instituciones de seguridad federales para atender los problemas de violencia. “Esto no puede seguir, la atención a la seguridad pública depende mucho de la policía local y el estar pidiendo que sea la autoridad federal la que tenga mayor incidencia en términos de seguridad local, es un error estratégico”.
Según Pablo Carstens Madero, especialista en el tema de secuestro, gran parte del problema en el tema de los secuestros en los últimos cinco años, es que no hay confianza en las policías estatales, debido a que algunos de los elementos que la integran están coludidos con los propios secuestradores.
“Para que pueda actuar una policía estatal se tiene que tener confianza, y en los estados hay poca, además de que no se cuentan con cuerpos que estén debidamente especializados para atender este delito. Hay policías en algunos estados que han hecho un buen trabajo, pero también hay que reconocer que algunas corporaciones estatales no han hecho nada o incluso, algunos policías están implicadas con los delincuentes”.
Entre algunas medidas que se podrían implementar para reducir el delito, está invertir en capacitación para la prevención, investigación y seguimiento, porque “el gran problema del secuestro no termina cuando la víctima es rescatada, sino que se debe de dar continuidad en el tema. En esto tiene gran relevancia las áreas de inteligencia y criminalística, que necesitan contar con todos las herramientas necesarias para actuar”.
El coordinador del programa de Seguridad Nacional de la Universidad Iberoamericana, Erubiel Tirado, refirió que el próximo gobierno deberá revisar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de plantear un nuevo esquema de combate a los delitos que más lastiman a la sociedad mexicana.
El director del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Rivas Rodríguez, lamentó que “el secuestro se ha convertido en un problema sustancial” al pasar de 10 entidades a 28 con aumentos sustanciales.
Fuente.-(imagen/web)

EL "BRONCO" INDEPENDIENTE,"PAYASO ENGAÑABOBOS y AUSTERO" USA CINTO de 8 MIL PESOS...no niega el ADN priista.

Aunque presume austeridad, el candidato presidencial independiente, Jaime Rodríguez, lució el sábado durante el arranque de su campaña nacional un cinto con un costo superior a los 8 mil pesos.

En su evento en el Domo Care, en Guadalupe, "El Bronco" portó un cinturón de piel de becerro con una hebilla brillante de doble Gancini de la marca exclusiva italiana Salvatore Ferragamo.

De acuerdo con el portal de internet de Ferragamo, el producto tiene un costo de al menos 8 mil 400 pesos.


El cinto fue portado por el también Gobernador con licencia en su primer acto multitudinario como candidato presidencial, donde reiteró sus criticas al gasto excesivo de los políticos tradicionales y reiteró su promesa de hacer la campaña más austera.

fuente.-

domingo, 15 de abril de 2018

TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL "PALERO" del PRI y BAJO DOMINIO de "LOS PINOS"...titeres de la democracia doblegados al sistema.

En octubre de 2016 fueron enviadas al Senado siete ternas de candidatos a ocupar una magistratura en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para ganar la plaza, los 21 aspirantes debieron presentar un tema y defenderlo ante la Comisión de Justicia. Pero algunos de los siete que resultaron ganadores no lo lograron sólo por la defensa de sus tesis, sino por el intenso cabildeo que en su favor realizaron algunos priistas, destacadamente Humberto Castillejos, a la sazón consejero jurídico de la Presidencia. Varios de esos “apoyados” son quienes esta semana determinaron que El Bronco entrara a la contienda electoral por la Presidencia de la República.
Tres de los cuatro magistrados que votaron por incluir a Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, en la boleta electoral –Felipe Alfredo Fuentes Barrera, José Luis Vargas y Mónica Aralí Soto Fragoso– fueron apoyados mediante intensos cabildeos en el Senado por quien en 2016 era consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos.

El cuarto magistrado que votó a favor, para hacer la mayoría, fue Indalfer Infante Gonzales. En octubre de 2016 lo apoyó el entonces coordinador de la bancada del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, así como el magistrado Constancio Carrasco Daza y el exdelegado morenista en Cuauh­témoc y exsenador perredista Ricardo Monreal, quien había impulsado en 2007 a este personaje para incorporarlo al Consejo de la Judicatura.
De los tres magistrados que votaron en contra, dos fueron apoyados por el entonces presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth: Felipe de la Mata Pizaña –quien también fue respaldado por la exsenadora priista y actual titular de la Secretaría de la Función Púbica, Arely Gómez– y Reyes Rodríguez Mondragón, exprofesor del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), que tuvo también el soporte de la bancada perredista.
La magistrada presidenta Janine Otálora, quien votó y argumentó contra la polémica decisión a favor de El Bronco, llegó con el apoyo del PRD y del PAN. Ella hizo carrera en la Ciudad de México y se vincu­ló con la exsenadora y actual candidata a Jefa de Gobierno Alejandra Barrales, y con Amalia García, exdirigente nacional perredista y exgobernadora de Zacatecas.
Según cuentan a Proceso varios de los senadores que estuvieron en la negociación para integrar en 2016 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para los nueve años siguientes, la designación de estos siete magistrados –seleccionados de sendas ternas– estuvo teñida y jaloneada por el reparto de las posiciones entre los tres principales partidos: el PRI y su aliado el Partido Verde; el PAN, que ya estaba fracturado entre calderonistas y anayistas, y el PRD, que se fragmentó un año después, con la salida de 16 legisladores.
“Es un defecto institucional la elección de este Tribunal. Es un error que las ternas provengan de la Suprema Corte y que los actores partidistas que tú vas a juzgar como magistrados sean, al mismo tiempo, quienes te eligen”, afirma Rubén Islas, experto en derecho electoral y asesor de la bancada del PRD, consultado por Proceso.
Las negociaciones en 2016 dejaron al margen al Partido del Trabajo (PT) y a Morena –que no tenía bancada en el Senado– y fueron ampliamente criticadas por académicos y especialistas electorales del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Centro de Investigación y Docencia Económicas y del ITAM.
En una carta enviada al Senado, este grupo de especialistas, encabezados por Hugo Concha, Pedro Salazar, Sergio López Ayllón y Saúl López Noriega, advirtieron que los integrantes de las siete ternas enviadas por el Poder Judicial carecían de “experiencia jurisdiccional especializada en la materia con carrera judicial”.
Red de intereses priistas
Uno de los casos más polémicos fue precisamente el del magistrado ponente de la resolución a favor de Jaime Rodríguez: Fuentes Barrera, quien carecía de experiencia en materia electoral. En 2015 fue impulsado por el consejero jurídico de Los Pinos, Humberto Castillejos, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero finalmente quedó fuera ante la candidatura de Eduardo Medina Mora, exprocurador general y exembajador en Estados Unidos.
Fuentes Barrera concentró su trayectoria en el Estado de México. Fue abogado y jefe de la oficina de Asuntos Legales del Instituto Mexicano del Seguro Social y supervisor de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación Pública, pero sin ninguna experiencia en materia electoral. Su trayectoria previa en el Poder Judicial fue como secretario de estudio y cuenta en la SCJN (junio 1997), juez de distrito en Tabasco, la Ciudad de México y el Estado de México, y profesor en la Universidad Autónoma del Estado de México.
La ponencia de Fuentes Barrera ante la Comisión de Justicia del Senado para lograr la ratificación como magistrado electoral versó sobre el tema del presupuesto de las autoridades jurisdiccionales electorales. Su propuesta fue reforzar la autonomía presupuestal.
El tema del dinero, que tanto preocupó a este magistrado electoral, no ha pasado inadvertido en el propio tribunal. Es el magistrado que recibe el mayor volumen de recursos: además de sus ingresos por 4 millones 564 mil pesos anuales (380 mil pesos mensuales de salario), recibe cada año 45 millones de pesos para su equipo de 37 personas.
Recibe más recursos que la propia magistrada presidenta, Janine Otálora, quien dispone de 43 millones 673 mil pesos para un equipo de 48 personas.
El otro magistrado que votó a favor del Bronco es José Luis Vargas Valdés, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (FEPADE) entre 2010 y 2012 y que terminó confrontado con el entonces presidente Felipe Calderón a raíz de la candidatura de su hermana, Luisa María Calderón, al gobierno de Michoacán.
Vargas Valdés fue apoyado por el PRI y el Partido Verde y duramente impugnado por el senador Ernesto Cordero, colaborador del gobierno calderonista. En un artículo publicado el 28 de junio de 2013 en Nuevo Excélsior, Vargas Valdés acusó de “cínico” a Cordero por “pagar con recursos públicos artículos como el champú para su calvicie o los chicles para disimular el mal aliento”.
Cordero presionó ante Emilio Gamboa Patrón para que Vargas Valdés fuera sustituido por Daniel Francisco Cabeza de Vaca, procurador general durante el gobierno de Vicente Fox, pero su aspiración fue frustrada. De última hora, el también panista Santiago Creel, secretario de Gobernación foxista, apoyó a Vargas Valdés.
Licenciado en derecho por el ITAM, Vargas Valdés analizó en su ponencia ante la Comisión de Justicia el concepto de “determinancia” en materia electoral para la anulación de comicios. Analizó el caso de Colima, donde fueron anuladas las elecciones para gobernador en 2004.
Su interés por Colima no fue casual. Vargas, socio del despacho JL Vargas y Asociados, SC, asesoró en 2015 a Ignacio Peralta, exsubsecretario de Comunicaciones, amigo de Luis Videgaray y candidato priista, para definir la segunda vuelta electoral en las elecciones a gobernador de esta entidad a favor del propio Peralta.
Soto Fragoso tuvo el apoyo del coordinador priista Emilio Gamboa Patrón para ser electa en 2016. Entre 2013 y 2016 se acercó al PRI como magistrada electoral de la Sala Regional de Guadalajara. Fue la primera mujer que integró y presidió esa sala.
Su ponencia ante la Comisión de Justicia del Senado para ser electa magistrada del TEPJF versó respecto a la “acción afirmativa” para garantizar la equidad de género.
Por su parte, Indalfer Infante, apoyado en octubre de 2016 por el PRD y una parte de la bancada del PAN, tampoco tenía experiencia en materia electoral, salvo algunos cursos y diplomados en la FEPADE y en el TEPJF.
Infante Gonzales hizo carrera en el Poder Judicial como secretario de estudio y cuenta en la SCJN, juez de distrito en Tabasco y Morelos, magistrado de estudio y cuenta y presidente de la Comisión de Carrera Judicial en el Consejo de la Judicatura.
Su ensayo ante la Comisión de Justicia del Senado aludió a la acción de inconstitucionalidad contra la ley electoral en Morelos por el tema de la falta de equidad de género. Abogó también por las “acciones afirmativas” a favor de las candidaturas de mujeres.
“Premio” a los magistrados
El “reparto de cuotas” entre el PRI, PAN y PRD para elegir a los siete magistrados del TEPJF fue “planchado” por el propio Emilio Gamboa Patrón, líder de la bancada priista, en una jornada tensa. Incluso, la mañana del 19 de octubre de 2016 el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, canceló su comparecencia porque los tres principales partidos no habían logrado ponerse de acuerdo en el reparto de las siete posiciones.
“Debemos tener claro que ésta es la decisión más importante de este Senado. Estamos eligiendo a los máximos árbitros electorales de aquí a los próximos nueve años”, afirmó a Proceso en ese momento el propio Gamboa Patrón.
La bancada del PT, coordinada por Manuel Bartlett, no quiso avalar el reparto de las cuotas. En tribuna, la senadora Layda Sansores ironizó diciendo que no sabía “en qué sótano, cantina o yate se tomó la decisión” y calificó la selección como un proceso “fraudulento, ilegal y dañino”.
La mayoría de los siete magistrados fueron electos por más de 95 votos a favor y sólo uno (Indalfer Infante) tuvo 88 votos el 20 de octubre de 2016.
Lo peor de este proceso sucedió el siguiente 25 de octubre, cuando se aprobó, fast track, una iniciativa para ampliar el periodo de cuatro de los siete magistrados electos: de tres a siete y de seis a ocho años. La decisión benefició justo a los cuatro magistrados que votaron a favor del Bronco.
Fuentes Barrera, electo sólo para un periodo de cuatro años, extendió su periodo a ocho; Vargas Valdés aumentó de tres a siete años, igual que Infante, su periodo como magistrado electoral, devengando un salario mensual de 380 mil pesos, superior al del propio presidente de la República.
Los impulsores de este cambio argumentaron que con la expansión del plazo “se favorecía la pluralidad de los criterios que conformarán dicha instancia jurisdiccional, lo que mejora la calidad de la misma” y también así garantizarán la labor de los tribunales electorales que “ejercerán su labor con imparcialidad”.
El cambio de última hora al artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral generó una agria disputa en la bancada del PAN. El coordinador Fernando Herrera, leal a Ricardo Anaya, no consensuó con su propia bancada y tuvo el voto en contra de 10 legisladores panistas.
Gil Zuarth abogó a favor de la ampliación del plazo porque “tiene por objeto establecer una temporalidad razonable que abona a la consolidación del estado de derecho”. El magistrado que él apoyó, Reyes Rodríguez Mondragón, se benefició con la ampliación de cuatro a ocho años.
En tribuna, Bartlett acusó a los coordinadores del PRI, PRD y PAN de repartirse las posiciones “como botín” y consideró “inconstitucional” que fuera la Junta de Coordinación Política y no la Comisión de Justicia la que dictaminara este cambio de última hora, que modificó la composición del TEPJF, porque “están prefigurando el fraude electoral de 2018”.
Por primera vez senadores panistas como Luisa María Calderón, Jorge Luis Preciado, José María Martínez (ahora con Morena) y Héctor Larios coincidieron en tribuna con la posición de Bartlett.
Más escatológica, la senadora Layda Sansores, de Morena, afirmó que “habían convertido el proceso en una mierda y ahora quieren aromatizarlo”. Señaló que “el PRI quedó ardido porque el PAN les salió más priista que ellos y se quedó con las mejores canicas” del TEPJF.
“Tribunal esquizofrénico”
Entrevistado en el Senado, Rubén Islas considera que en el tema de Jaime Rodríguez hay un problema doble por “el mal diseño en materia de candidatos independientes y la falta de un reglamento claro”.
“Tengo la impresión de que todos los aspirantes a candidatos presidenciales hicieron trampa, porque colocaron un umbral muy alto para llegar al número de firmas, de más de 800 mil. Estoy de acuerdo con la crítica que hizo José Woldenberg en su momento: los candidatos independientes tienen que contar con una estructura similar a la de un partido político para cumplir con los requisitos del INE”, puntualiza.
–¿Es un problema entonces del INE y no del tribunal? –se le cuestiona.
–Es un error de la reforma electoral de 2014. Se hizo un mal diseño institucional para los independientes, un mal diseño del tribunal electoral, donde seguramente hubo mano negrapara favorecer al Bronco y un mal reglamento del INE.
“Es un tribunal esquizofrénico. Le ordenan al INE: ‘Registra a un candidato independiente’, como en el caso del Bronco, pero a los otros sólo les ordena un plazo para llenar el derecho de audiencia, como en el caso de Armando Ríos Piter. Lo que hicieron con esta decisión fue formalizar jurídicamente la esquizofrenia”, remata.
Fuente.-Reportaje contenido en la Revista Proceso # 2163

OCULTAN DETENCION de la "CHISPA" del CDG y TRASCIENDE RETRATADO JUNTO a ISMAEL GARCIA CABEZA de VACA...delincuencia politica y organizada.

Delincuencia Politica Organizada "Panista",podria ser el calificativo perfecto acuñado por el propio Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier Garcia Cabeza de Vaca en su tiempo de "excelente opositor" para referirse a aquellos actores de la politica vinculados a criminales y actuando en contubernio, hoy el trascendido de una imagen de esas que "dicen mas que mil palabras",exhibe en redes sociales al MANDO DELICTIVO del CARTEL del GOLFO en REYNOSA MARIO GUITIAN ROSAS alias "LA CHISPA" junto a ISMAEL GARCIA CABEZA de VACA aspirante Panista a SENADOR por TAMAULIPAS,hermano del gobernador que dice combatir a los criminales,en los hechos la imagen exhibe la podredumbre y lo "cerca" que esta el poder criminal del poder politico en la administracion de Garcia Cabeza de Vaca",quien fuera un buen opositor hoy encabeza  un mal,pero muy mal gobierno.

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Y es que de acuerdo a los multiples trascendidos ,el gobierno de "Cabeza" estaria ocultando la detencion de la "Chispa" ocurrida este fin de semana en Reynosa,pues presumiblemente  desde la tarde noche del jueves fue capturado en esta frontera sin que exista confirmación oficial,aunque inicialmente otras versiones apuntaban la hipótesis del "levanton" en el contexto del "pleito narco" que sostiene el Cartel del Golfo en Reynosa y que esta semana se tradujo en la infausta muerte de 6 inocentes mas abatidos en el fuego cruzado entre criminales y policias,dentro de la violencia enrarecida  por los sesgos de parcialidad con que acusan actua el gobierno estatal al ponerse al descubierto otro amasiato "politico-criminal",la relacion de parentesco de otro hombre cercano a Cabeza de Vaca,el ex-diputado panista Jesus Maria Moreno Ibarra y primo del capo del cartel del Golfo Petronilo Moreno Flores alias "El Panilo",la violencia extrema en reynosa esta conectada con los hombres del poder politico y  ahora se entiende porque no los encuentran teniendolos tan "cerca".


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Fuente.-Redes Sociales/