El mensaje llegó al teléfono personal del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo. “Amigo… Detuvimos a tus estatales”.
Había sido enviado por un grupo de policías comunitarios de Zumpango. Exigían la liberación “inmediata” de 20 de sus elementos, detenidos a fines de septiembre por autoridades estatales.
Ese día, un llamada anónima advirtió a la Secretaría de Seguridad Pública que un conjunto de hombres armados y embozados con pasamontañas o tapabocas “con figura de calavera” había entrado en el municipio de Eduardo Neri. Buscaban a un joven estudiante “para llevárselo”.
En Guerrero, desde hace tiempo, la gente sabe lo que eso puede significar. El 21 de febrero pasado, por ejemplo, dos muchachos detenidos por policías comunitarios en una gasolinera de Tixtla aparecieron al día siguiente en Chilapa, desmembrados y envueltos en bolsas de plástico.
La llamada anónima movilizó a la policía estatal. Los agentes llegaron a Eduardo Neri cuando los comunitarios aún se encontraban en la zona. Aprehendieron a 17. Viajaban con ellos dos menores de edad. Según el gobierno del estado, las camionetas en las que se desplazaban tenían reporte de robo.
La detención de los embozados provocó que un segundo grupo, de 28 comunitarios, bloqueara las entradas a Zumpango. Este segundo grupo detuvo a seis agentes —cuatro estatales y dos municipales— y los trasladó a Mezcala.
En ese momento fue lanzado por WhatsApp el desafiante mensaje dirigido a Astudillo. ¿Cómo habían obtenido los comunitarios el teléfono personal del mandatario? Nadie lo sabe.
Varios agentes estatales salieron en busca de sus compañeros. Luego de momentos de gran tensión lograron detener a 49 “autodenominados guardias comunitarios” que poseían armas largas (un reporte oficial dice que 54) y cuatro pistolas.
La Fiscalía del Estado formuló cargos a 42 de ellos, por “portación de arma de fuego de uso exclusivo, portación de arma sin licencia, posesión de cartuchos de uso exclusivo, privación ilegal de la libertad, delincuencia organizada en su modalidad de utilizar vehículos robados, y robo de vehículos”.
Pronto salieron a marchar policías comunitarios, taxistas, transportistas, mujeres y niños: cerca de 500 personas.
Demandaban la liberación de los detenidos y exigían a Astudillo que “saque a sus corporaciones policiacas”: aseguraban que a partir de ese momento ellos y nadie más se haría cargo de la seguridad en aquella parte del estado: la zona de mayor producción de amapola en el país.
Un solo grupo de autodefensas, el del municipio de Heliodoro Castillo, por ejemplo, se extiende, según declararon voceros suyos al periódico Milenio en mayo pasado, a lo largo de 70 comunidades de la Sierra.
De acuerdo con reportes de inteligencia federal, tras estos movimientos se suelen esconder intereses de los grupos criminales que operan en la entidad y “que buscan el control de la franja minera del río Mezcala, la Sierra y la región Centro”.
Entre los grupos que buscan dicho control se hallan Los Rojoso Los Jefes, liderados por Zenén Nava Sánchez, El Chaparro, y por su socio Juan Castillo Gómez, al que apodan El Teniente.
Por otro lado, en guerra abierta con los anteriores, se encuentra la sociedad criminal formada por Celso y Antonio Ortega Jiménez, jefes de Los Ardillos, y el Cártel de la Sierra, que dirige Isaac Navarrete Celis, El Señor de Chichihualco.
Los reportes del gobierno federal indican que los comunitarios hacen las veces de brazo armado de los grupos “y evitan que organizaciones rivales suban a la sierra”, donde se siembra y cosecha la amapola.
Las principales organizaciones criminales que operan en el estado han intentado armar su propia policía comunitaria.
Los enfrentamientos entre autodefensas de diversos bandos han dejado ya en Guerrero decenas de muertos. El abandono histórico de las comunidades y la violencia desmedida que las azota creó el círculo vicioso en el que ellas mismas fueron a entregarse a los jefes del narco.
De este modo se formó una bomba que tarde o temprano va a explotar.
