VIOLENCIA "NO PARA" PORQUE MUCHAS ARMAS "NO PARAN de ENTRAR" por TAMAULIPAS...y no las paran porque muchas tienen "paro".

Los homicidios con arma de fuego en el País crecieron 400 por ciento en los últimos 14 años, al pasar de 2 mil 616 en 2002 a 12 mil 604 en 2016, según cifras oficiales.

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Esta cifras repuntaron a partir de 2006, cuando el Gobierno federal emprendió una lucha contra los cárteles de la droga y alcanzó su punto más alto en 2011 con 13 mil 24 ejecuciones con arma de fuego.

En paralelo, cada año ingresan a territorio nacional alrededor de 253 mil armas de manera ilegal, revela un estudio de la Universidad de San Diego sobre tráfico ilícito de armas.

De acuerdo con esta investigación, las autoridades de Estados Unidos y México sólo logran confiscar 14 por ciento de las armas que cruzan ilegalmente por la frontera.

Muchas de éstas son fusiles de asalto y pistolas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas que van a dar a grupos del crimen organizado en México.

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En los últimos cuatro años, se han transferido legalmente a México armas, municiones, granadas y bombas por un valor de más de 208 millones de dólares.

La mitad de esas armas y equipo han cruzado por Laredo, Texas, y han entrado a México por Tamaulipas, un estado controlado por grupos del crimen organizado, alertó John Lindsay-Poland, un activista especialista en tráfico de armas y violencia en México

"Hay una muy alta probabilidad de que haya una desviación de esas armas hacia grupos de narcotraficantes", dijo Lindsay-Poland al analizar los primeros 100 días de Trump para el Forum on Arms Trade, una red de expertos que analizan temas de armamentismo.

Los especialistas consideran que el número de armas en el País son un factor fundamental para el aumento de la violencia.

El subsecretario de Enlace Legislativo y Acuerdos Políticos de la Segob, Felipe Solís, consideró que hay condiciones para que el Congreso avance en la iniciativa que propone prisión preventiva oficiosa a la posesión y acopio de armas.

"Veo condiciones para un acuerdo. Incluso, la propia iniciativa es una iniciativa que no es del Ejecutivo federal, es una iniciativa que surgió de los propios grupos parlamentarios y creo que eso hace que haya mejores condiciones para que se pueda concretar", planteó.

Apenas este viernes, la Sedena informó del decomiso de más de cien fusiles de asalto, tres fusiles Barrett calibre 50 y 30 mil municiones en Nuevo Laredo, Texas.

Abarata armas llegada de Trump

Desde la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos disminuyó el costo de las armas de fuego tanto en el mercado negro y como en el comercio legal, aseguró Robert Muggah, director de investigación del Instituto Igarapé.

"Creemos que ha habido una caída en el precio legal de las armas de fuego en los Estados Unidos porque ha habido una fuerte caída en la demanda interna y una sobreoferta continua", dijo el experto en entrevista.

Mugahh fue uno de los especialistas que elaboraron el informe "The Way of the Gun" sobre el tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México.

En ese informe, de marzo de 2013, se calcula que unas 253 mil armas fueron traficadas anualmente a México de manera ilegal entre 2010 y 2012, mientras que entre 1997 y 1999 habrían cruzado unas 88 mil armas.

Un 2.2 por ciento de todas las ventas de armas en Estados Unidos están destinadas al tráfico ilegal hacia México, de acuerdo con esa investigación auspiciada por el Instituto Igarapé y la Universidad de San Diego.

El documento también señala que 46.7 por ciento de vendedores de armas en EU dependen de la demanda de mexicanos para mantenerse en el mercado.

Mugahh afirmó que todo parece que esta demanda de armas para ser traficadas a México se ha mantenido hasta ahora.

"Claramente la turbulencia actual en México es buena para los minoristas locales de armas que venden ilegalmente, así como para los vendedores comerciales que venden a agencias del Gobierno", explicó.

Según este especialista, con la llegada de Trump a la Casa Blanca el pasado 20 de enero hubo una reducción en el costo de las armas después de que durante la Administración de Brack Obama éstas se habían disparado.

Por ejemplo, entre 2008 y 2015, el costo promedio de un rifle de asalto, vendido en el mercado negro estadounidense, incrementó de menos de 500 dólares a más 2 mil, de acuerdo con la base de datos "Illicit Small Arms Trafficking (ISAT)".

Muggah adjudicó el incremento al miedo de posibles leyes restrictivas sobre la posesión de armas durante la Administración del ex Presidente Barack Obama, algo totalmente diferente a lo que sucede con Trump, favorable a la industria armamentista.

Añadió que la venta legal de armas de México ha ido al alza: en el 2000, la única tienda de armas en el País, ubicada en un edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Ciudad de México, vendió 549 armas. En 2015, vendió 10 mil 115 armas.

El especialista en seguridad aseguró que los manufactureros estadounidenses también buscan expandir sus ventas entre las policías y el Ejército mexicano.

Ejemplificó que, entre 2015 y 2016, los productores de armas estadounidenses firmaron acuerdos por 276 millones de dólares con las autoridades mexicanas, además de otros acuerdos por 560 millones de dólares para la venta de equipo militar.

Muggah afirmó que hay omisión del Gobierno estadounidense para contener el flujo de armas hacia México.

Para hacer frente al problema, insistió en que Estados Unidos necesita mayores restricciones en los mercados de venta de armas, como revisión de antecedentes de los compradores y la creación de un registro nacional de ventas.

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EVIDENCIA FORENSE CONFIRMA ESPIONAJE FEDERAL a EXPERTOS del GIEI...asombra la facilidad con que lo hacen y la facilidad con que se les descubre.

El último informe del Citizen Lab, publicado hoy en su página web, confirma que un teléfono perteneciente a un grupo internacional de expertos de varios países reunidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, encargado de investigar la desaparición de estudiantes en Iguala, en 2014, fue blanco de intentos de infección con el spyware desarrollado por el grupo NSO, una empresa israelí de "guerra cibernética".

Los intentos de infección que se documentaron ocurrieron a principios de marzo de 2016, poco antes de la publicación del informe final de GIEI sobre su investigación.

La desaparición en Iguala de 2014 se refiere a un horrible episodio en el que 43 estudiantes del Colegio de Maestros de Ayotzinapa fueron desaparecidos mientras tomaban autobuses para viajar a la Ciudad de México, pues participarían en un evento conmemorativo de otro trágico episodio del País, la Masacre de Tlatelolco.

La respuesta inadecuada del Gobierno mexicano a la desaparición masiva y las sospechas de que las agencias gubernamentales mexicanas estaban implicadas, condujeron a los llamados para la creación de una investigación internacional independiente.

Mientras llevaban a cabo sus investigaciones, los expertos de GIEI enfrentaron numerosas amenazas y hostigamiento, y finalmente un enfrentamiento público con la Fiscalía General de México.

Aunque Citizen Lab no puede atribuir definitivamente los intentos a una agencia o individuo del Gobierno mexicano en particular, es muy significativo que los documentos filtrados muestren que numerosas agencias gubernamentales mexicanas, incluyendo la propia oficina del Fiscal General mexicano, compraron el software espía de NSO Group.

Este último informe se suma al creciente número de casos que muestran claramente el abuso del spyware comercial en el contexto mexicano. Hasta ahora Citizen ha determinado positivamente que la tecnología vendida por una compañía israelí, para que los gobiernos indaguen hechos antiterroristas, criminales y de seguridad nacional, se ha utilizado para hackear a científicos de la salud y a los activistas contra la obesidad, periodistas (y su familia), políticos de la oposición y ahora, a miembros de una investigación internacional independiente sobre la masacre de 43 estudiantes.

Estos hallazgos indudablemente profundizarán la crisis de vigilancia en México.

Pero lo que está sucediendo en ese País es síntoma de un problema global mucho más amplio. Las compañías de vigilancia están haciendo millones vendiendo sus productos a los gobiernos que carecen de supervisión y responsabilidad pública, y utilizan estas herramientas poderosas y altamente invasivas para la sociedad civil, para promover sus objetivos corruptos.

Abordar este problema requerirá una respuesta política integral a través de múltiples dominios, desde el doméstico al internacional.

Documenta New York Times espionaje

Los investigadores, que fueron nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dicen que se toparon con muchos obstáculos en su trato con el Gobierno mexicano, como el rechazo a compartir documentos o permitir la realización de entrevistas clave e, incluso, con una indagatoria penal en represalia a su trabajo.

Ahora hay evidencia forense que demuestra que los integrantes del grupo también fueron blanco de tecnología de espionaje.
De acuerdo con un análisis independiente, el principal enlace del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recibió mensajes de texto con un hipervínculo que escondía un programa espía llamado Pegasus, un arma cibernética que el Gobierno mexicano compró por decenas de millones de dólares. Ese teléfono celular del secretario ejecutivo del grupo fue usado por casi todos los integrantes del GIEI al fungir como un nexo de comunicación entre los investigadores, sus fuentes, la CIDH y el Gobierno de México.

La nueva evidencia comprobó que la campaña de espionaje fue mucho más allá de los críticos en casa: al tener como blanco a los miembros del GIEI, afectó a oficiales internacionales que tenían una suerte de inmunidad diplomática y un acceso sin precedentes para investigar un caso que se ha vuelto paradigmático de la situación de los derechos humanos en México y, con ello, parte clave del legado del Presidente Enrique Peña Nieto.

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EL "COMANDANTE EMILIO",COMERCIANTE,VECINO,AMIGO y...SECUESTRADOR...traia la cruz en el pecho y al diablo en los hechos.

La desconfianza y el miedo dominaron durante 10 años a un sector de la sociedad en San Miguel de Allende, hasta que Ramón Alberto Guerra Valencia(quien era apreciado por sus empleados, vecinos y padres de familia del colegio de su hija), fue detenido, acusado de secuestro, y después identificado como terrorista en Chile, su país de origen. 

Foto: Jorge X. López

Raúl Julio Escobar Poblete, alias el comandante Emilio, era Ramón Alberto en esta ciudad; se decía poblano, aunque conservaba su acento sudamericano. 

Se metió en la vida social de las personas más adineradas del municipio y, de esa manera, consideran las familias de las víctimas, fue como logró una asombrosa red de información sobre sus bienes. 

“Todavía vivimos agazapados, es muy peligroso hablar sobre ese asunto; andan sueltos (los cómplices de Escobar Poblete) y no sabemos quiénes son, no hay nada de tranquilidad para nosotros”, comentó vía telefónica a 24 HORAS una persona que se considera una de sus víctimas.

Foto: Jorge X. López

Han pasado poco más de cinco años desde que recuperó su libertad, luego de ser secuestrado, y las cosas, aseguró, están lejos de resolverse en torno a la banda que lo privó de la libertad. 

“La Procuraduría no tiene información sobre el caso, aún no se da a conocer que tiene siete; son varios (los secuestradores), por eso es muy delicado dar información”, expresó. 

Sobre Escobar Poblete, coincide con los testimonios que lo describen como una persona afable: “sí, lo era, pero es un monstruo”, afirmó. 

Su cautiverio duró 9 meses 13 días y prefiere no dar detalles de aquellos momentos, porque “siempre es mejor recordar sólo las cosas buenas”. 

Después de su secuestro quedó quebrado y, con casi 50 años de edad, afrontó su situación sin salir de San Miguel, “no queda más que luchar por la vida”, concluyó antes de despedirse. 

Al chileno, dicen autoridades, era común verlo en el club de golf El Malanquín, donde ni siquiera necesitaba membresía, porque siempre era invitado por quienes lo consideraban su amigo. 

Foto: Jorge X. López

Pero ahora, a los afectados, a sus familias y amigos los aglutina un sentimiento: que no se vaya de México sin pagar por los delitos que pudo haber cometido aquí. 

San Miguel, relata una persona que conoció a las familias de las víctimas, es una ciudad pequeña, los sitios de reunión de los residentes son pocos, y fue así como el chileno llegó a conocer a personas con mucho dinero. 

“El nivel de información que tenían (los secuestradores) sobre las propiedades, dinero, e incluso valor de los inmuebles era sorprendente”, señala la fuente. 

Los datos que daban los delincuentes eran tan precisos, que una familia pensó que su casa estaba llena de cámaras y micrófonos, dice. 

Los secuestradores se comunicaban con las familias por medio de cartas enviadas a hoteles o amistades y en ellas daban instrucciones precisas. 

“Debían publicar un anuncio en algún diario vendiendo una propiedad ficticia, el anuncio debía tener una frase clave como: ‘en la cochera cabe una lancha’; el precio de venta era el dinero que había logrado juntar la familia”, recuerda. 

El comandante Emilio está recluido en el Cefereso de Ocampo, en Guanajuato, mientras se realizan los trámites de extradición con Chile, que lo reclama; al mismo tiempo, la Procuraduría estatal está aportando pruebas que confirmen su participación en el delito de secuestro. 

Sin embargo, su abogado, José Luis Vargas Ramírez, afirma que el chileno enfrenta un solo cargo por su probable participación en un secuestro. 

Esto aunque se le ha relacionado también con los secuestros de Eduardo García Valseca; Ricardo González; Carlos Araiza, Mónica Jurado Maycotte, la esposa de Jesús Calvo, e incluso con el de Diego Fernández de Cevallos. 

Esas versiones, dice el defensor, son filtraciones que han hecho las autoridades a la prensa y han resultado en una “vinculación mediática a esos delitos”. 

En la Secretaría de Seguridad Pública de San Miguel hablan del caso del chileno siempre y cuando sea a condición del anonimato. 

Un oficial de alto rango, y cercano a las familias que sufrieron secuestro, mencionó el caso donde se pagó rescate a los ocho meses, pero la víctima fue liberada seis meses después de esos. 

Expresa que la marca que dejó el comandante Emilio en la sociedad de la ciudad es profunda, pero se limita a la parte adinerada, de abolengo. 

Pero el temor trasciende fronteras. Un funcionario, recordó, rechazó la invitación de viajar a Chile para ser entrevistado debido a las redes que Escobar Poblete pudiera tener todavía allá. 

Por su parte, el alcalde de esta ciudad, Ricardo Villarreal, es de los pocos que hablan del asunto sin pedir reservar su nombre. 

“Era un problema enorme que teníamos, lo vivimos de manera continua desde el 2007, que se dio el primero, hasta el último, que fue el de una ciudadana franco-americana”, explicó. 

Según sus registros, el comandante Emilio y su grupo de amistades llegaron a principios de siglo, entraban y salían del municipio, dijo, para ir a  delinquir a otros países. 

Delincuentes al fin, expresó el alcalde, se les hizo fácil comenzar a operar donde también vivían y ése fue su error. 

Foto: Jorge X. López

 Buena imagen 

Hay otros sanmiguelenses que también trataron con Escobar Poblete, pero tienen otra versión sobre él. 

Una de sus ex empleadas en Pandora, la tienda de ropa que tenía en la calle San Francisco no. 1, lo recuerda como un comerciante sencillo, amable, noble y hasta espléndido. 

No discute su pasado como combatiente contra la dictadura pinochetista, pero de la acusación de secuestro, lo menos que dice, es que es falsa. 

“Le iba muy bien, en un día podíamos vender 15 mil pesos entre ropa, mascadas, antigüedades; a nosotras nos pagaba dos mil a la quincena, y no era para nada despilfarrador”, recuerda. 

La casa del comandante, ubicada en Agua 34, en la colonia Arcos de San Miguel, es un inmueble de dos pisos, ocupa una esquina y no se distingue de las demás en una zona de clase media alta. 

Una residente del fraccionamiento recuerda que Escobar Poblete fincó hace cinco años su casa, “después supe que la rentaba por fines de semana y hasta me enteré que cobraba 4 mil 500 pesos”. 

Quienes siguen impactados con las noticias sobre el comandante y los ha mantenido así, son quienes lo conocieron en el colegio donde asistía su hija y donde, además, fue el presidente de la Mesa Directiva de Padres de Familia. 

El Colegio Waldorf, Árbol de la Vida, es un sitio apartado en una zona conocida como Los Charcos, ahí, un padre de familia acepta dar su versión del comandante. 

“Es como si de repente te dijeran que tu suegro, alguien muy cercano a ti… es eso que dicen de él, en el colegio era querido porque era muy amable y generoso”, afirma. 

Este hombre va más allá en la defensa y llega hasta su etapa como combatiente en Chile: “tú que hubieras hecho si te matan a tu familia sólo por ser oposición a una dictadura como la de Pinochet, que fue brutal, que fue represora. ¿No hubieras hecho lo mismo?” 

Testimonios anónimos 

“En las cartas que enviaban llegaban al grado de sugerir a los familiares que no malbarataran sus bienes. ‘Hay tiempo’ les ponían en las cartas, ‘no vayas a vender en tanto porque esa casa que tienes vale mucho más’”

Amigo de los afectados 

“Para saber cuánto dinero habían juntado, tenían que estacionar un auto durante una semana en una glorieta, le ponían un precio como si estuviera en venta, esa cifra, más tres ceros, era lo que tenían para el rescate” Amigo de los afectados 

“El día que vinieron a asegurar su casa, cerraron todas las calles del fraccionamiento, había patrullas por todos lados, fue sorprendente saber quién era en realidad el vecino” Vecino de el comandante 

“Estamos tristes, preocupados, vimos las fotos de su pasado en Chile y no hay duda, es él, pero de ahí a todo lo que se está diciendo de los secuestros, no lo creemos” Padre de familia 

“Él peleó contra una dictadura que tomó el poder con un golpe de estado, te pregunto. ¿Eso es ser terrorista?” Padre de familia 

Escobar Poblete, un guerrillero y terrorista en Chile 

En la página de la Policía de Investigaciones de Chile, la ficha de Raúl Julio Escobar Poblete detalla los crímenes por los que se le busca en aquel país. 

Infracción a la Ley Antiterrorista en 1993; por infracción a la Ley Antiterrorista y asociación ilícita, en 1993;  por homicidio, en 1993; por robo con fuerza, en 1996; por homicidio e infracción de Ley Antiterrorista, no precisa la fecha, y por robo con intimidación, en 2002. 

Escobar Poblete, es también el comandante Emilio, del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que luchó contra el régimen militar de Augusto Pinochet. 

En 1990 participó junto a Ricardo Palma Salamanca, el Negro, en el asesinato de Luis Fontaine, director de la Dirección de Comunicaciones de Carabineros en Chile, a quien le dispararon 18 veces en la cabeza.

En octubre de ese año, asesinó, junto con el Negro, a Víctor Fuentes, escolta de Pinochet. En abril de 1991, en la Universidad Católica, se hicieron pasar como estudiantes y mataron al senador Jaime Guzmán. 

Durante cinco años nada se supo de él hasta diciembre de 1996, cuando planeó y ejecutó un espectacular rescate de cuatro frentistas de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago de Chile, entre ellos su amigo el Negro Palma, entonces sentenciado a cadena perpetua. 

Desde un helicóptero hizo bajar una canastilla en el patio de la cárcel y, protegidos por disparos desde la aeronave, los cuatro frentistas lograron escapar; luego, el comandante Emilio desapareció hasta 2002, cuando estuvo a punto de ser aprendido en Brasil, relacionado con un secuestro. 

Cabe destacar que, en Guanajuato, se encontraron registros del inicio de su estancia en San Miguel de Allende entre 2000 y 2002.

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LA "OTRA VIOLENCIA",CORRUPTOS DINAMITAN el SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCION...gobernar sin hacer negocio$ no es "rentable".

Explosiones, detonaciones, misiles, bombas molotov por todas partes. Cada semana, la clase política intenta dinamitar el Sistema Nacional Anticorrupción. Cada día los corruptos buscan tumbar el edificio ciudadano que se ha ido construyendo, poco a poco, ladrillo encima de ladrillo.

El esfuerzo empezó con la Ley3de3, continuó con el diseño de instituciones como la Fiscalía Anticorrupción, prosiguió con la designación de un Comité de Participación Ciudadana y la constitución de un Comité Coordinador, y sigue en construcción, a la espera de nombramientos pendientes y procesos por venir.

El objetivo fue y sigue siendo armar un andamiaje que permita identificar, prevenir, castigar lo que en México ha sido una forma de vida. El pillaje patrimonialista, el saqueo sexenal, el conflicto de interés que nunca es conflicto, casos como la Casa Blanca y OHL y Odebrecht y los Panama Papers.

La intención fue y sigue siendo lograr que el corrupto en México lo pierda todo.
Y precisamente por ello, quienes podrían perderlo todo han reaccionado con tanta violencia y con tanta virulencia en los últimos tiempos.

Pablo Escudero, Senador del detestable Partido Verde, cuestionando la transparencia en la designación del Comité de Participación Ciudadana.

El Universal, periódico que se ha vuelto panfleto del poder, lanzando acusaciones falsas para desacreditar a sus miembros, incluyendo editorialistas de sus propias planas.

Arely Gómez, entre otros funcionarios que se pliegan a lo que les pidan, rechazando el exhorto para investigar el espionaje gubernamental a periodistas, porque "no constituye un acto de corrupción".

El Senado, recinto donde se vota a modo, designando a jueces anticorrupción que no tienen la experiencia para llevar a cabo la tarea que les toca.

El Procurador Raúl Cervantes, Fiscal carnal, cabildeando con todo el que se deje para asegurar un puesto transexenal y que nunca surja una fiscalía independiente que sirva.

Tubo de dinamita tras tubo de dinamita. De lo que se trata es de destruir, derrumbar, acabar con lo que dignos miembros de la sociedad civil están tratando de edificar. De lo que se trata es de desacreditar a personas y a procedimientos que tendrían la capacidad de combatir la corrupción que todo lo corroe.

En el Senado, y en la PGR, y en la Presidencia y en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción conformado por miembros del Gobierno, están ocupados mezclando compuestos químicos para generar materiales explosivos. Quieren destruir políticamente a quienes los van a vigilar; quieren incinerar públicamente a quienes los van a investigar.
Sólo así se explica que el Senado arroje materiales inflamables a procesos de designación pulcros de ciudadanos irreprochables.

Sólo así se entiende que desde distintos ámbitos gubernamentales y periodísticos se lancen bombas repletas de clavos, cuya intención es hacer el mayor daño posible.

¿Con qué legitimidad puede el Senador Pablo Escudero criticar procesos de selección limpios, cuando él tiene las manos sucias y el PVEM también? ¿Con qué credibilidad puede El Universal cuestionar sistemas que combaten la corrupción cuando se ha beneficiado de ella? Avientan explosivos mientras habitan casas de cristal.

Un terrorismo de Estado desplegado de manera activa y concertada busca que el Sistema Nacional Anticorrupción se convierta en una pila de escombros, debajo de los cuales acabe el Comité de Participación Ciudadana.

Busca que caigan vigas sobre la posibilidad de un Fiscal Anticorrupción autónomo.

Busca que quienes intentan erigir vallas de contención a la corrupción terminen aplastados, muertos, bajo una pila de piedras.

Y cada uno de los participantes en esta tarea de destrucción se ha ganado un epíteto bien merecido, puesto por María Elena Morera: traidores. Pablo Escudero, traidor a la patria. El Universal, traidor a la patria. Cada miembro del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción que desechó el exhorto para investigar el espionaje gubernamental, traidor a la patria.
Ellos, caminando con cartuchos y detonadores en mano, lanzándolos cada vez que sienten que el Sistema Nacional Anticorrupción podría funcionar. Va la granada, va la bomba.

Ese TNT que contamina, que produce daños ambientales, que tiene efectos carcinogénicos. Ese TNT empleado por los corruptos a quienes no les importa dinamitar al País, con tal de seguirlo gobernando.
 
Fuente.-Denise Dresser  opinion@elnorte.com
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