En una red de corrupción que operó durante ocho años en por lo menos tres estados de México y en la que aparecen involucrados cinco gobernadores, funcionarios de su confianza y empresarios se beneficiaron de recursos públicos y entregaron sobornos que luego lavaron en la Unión Americana.
Entre diciembre de 2007 y enero de 2008, tres vuelos cargados con 80 millones de pesos llegaron ilegalmente a un hangar privado ubicado en Coahuila, parte de ese dinero debía ser entregado como soborno al entonces gobernador Humberto Moreira.
El remitente era el empresario Luis Carlos Castillo Cervantes, quien había acordado entregar 40 millones de pesos a Moreira como pago de un soborno por la entrega de contratos firmados con sobrecostos para realizar obras de pavimentación en la red carretera del estado, el resto de lo que portaba en el vuelo fue entregado a colaboradores del mandatario estatal, quienes lavaron su dinero en Las Bermudas.
Esta operación es parte de una trama sofisticada que se investiga desde Estados Unidos y que sólo se mostró una pequeña parte esta semana al desclasificar 79 páginas de una declaración ante una Corte Federal con sede en Corpus Christi. El expediente completo consta de 30 mil hojas, con datos sobre los mecanismos criminales que existieron durante ocho años y que implementaron al menos cinco exgobernadores, funcionarios estatales y empresarios para lavar dinero y desfalcar las haciendas de sus entidades.
Hasta el momento, la trama principal se extiende por Coahuila, en donde se investiga a los exgobernadores Humberto Moreira y Jorge Juan Torres López; Aguascalientes en donde es señalado por actos de corrupción el exgobernador Luis Armando Reynoso Femat, y a Tamaulipas, en donde son investigados los exmandatarios Eugenio Hernández Flores y el ya detenido Tomás Yarrington.
ejecentral tuvo acceso al testimonio que el empresario Luis Carlos Castillo Cervantes rindió el 3 de enero de 2017 como parte de la investigación ante la magistrada Janice Ellington, y en el que reveló una parte del modus operandi con el que sobornó a los exgobernadores y los enriqueció ilícitamente mediante el despojo de recursos públicos. Este documento fue desclasificado esta semana.
Castillo Cervantes, conocido como El Rey de los Dragones, narra cómo tejió una compleja red en la que, a través de empresas y cuentas fantasmas abiertas en difusas triangulaciones financieras transnacionales y prestanombres, consolidó un despojo cuyo monto asciende a millones de dólares y no puede ser definido, pues la investigación aún está abierta.
Las operaciones
Las operaciones de desfalco y enriquecimiento no habrían sido posibles si Castillo Cervantes no hubiera urdido una serie de empresas que desde Estados Unidos buscaron blindar los rastros que pudieran dejar el pago de sobornos a cuentas de los exgobernadores, así como el retiro y depósito de recursos públicos en cuentas de estos mismos funcionarios.
Castillo Cervantes utilizó como punta de lanza de sus operaciones a la empresa Rodmax, de la que era propietario, mediante la cual fueron hechos pagos entre 2006 y noviembre de 2014, a través de cuentas abiertas en una sucursal de International Bank, ubicada en McAllen, Texas.
La investigación da cuenta que el dinero que Castillo Cervantes recibía como pago por los trabajos de asfaltado que realizaba para gobiernos estatales era pagado a una cuenta en Estados Unidos vinculada a la empresa Rodmax, de la que posteriormente era enviado a cuentas fantasma abiertas en JP Morgan Chase Bank.
Rodmax cuenta con un antecedente registral en Texas en el año 2000, antes de esto, su propietario se dedicaba a la importación de maquinaria pesada de Estados Unidos a México, negocio que fue consolidando su influencia como empresario de obras públicas cuando obtuvo los derechos exclusivos de una máquina de pavimentación.
Sus operaciones no podrían ejecutarse sin su participación como accionista en International Bank, del que contaba con 7% de sus acciones. A través de esta institución financiera y mediante engaños, Castillo Cervantes operó para que exgobernadores como Jorge Juan Torres y Eugenio Hernández Flores lavarán “decenas de millones de dólares”, desde sus estados a través de manipular el sistema bancario.
Bolsas llenas de dinero
Coahuila fue uno de los escenarios en los que Luis Carlos Castillo Cervantes logró consolidar con mayor eficacia el modelo de sobornos que le permitía obtener recursos extraordinarios por la ejecución de obras públicas a sobreprecio con la protección de las autoridades, que también se enriquecieron de forma ilegal.
Su vínculo con el estado comenzó durante el gobierno de Humberto Moreira, quien operó a través de su secretario de Hacienda, Jorge Juan Torres López, quien posteriormente lo sucedería como gobernador interino, y Héctor Javier Villarreal Hernández, quien a su vez sería el secretario de Hacienda de Torres López.
En un testimonio que Villarreal Hernández rindió como parte de la investigación que se sigue en Estados Unidos, se relata que la relación con Moreira comenzó en 2008 con la entrega de 40 millones de pesos en efectivo que él y Torres López llevaron personalmente en sacos de tela a la residencia de Moreira ubicado en Saltillo, Coahuila.
“El señor Torres le dijo al señor Villarreal que ese dinero era para Moreira como parte de los sobornos que le enviaba el señor Castillo por haber inflado contratos”, revela el testimonio recogido en la investigación.
Castillo Cervantes logró replicar su modelo de corrupción en carreteras de todo el país bajo el amparo de las administraciones estatales, quedó asentado en el testimonio que Villarreal Hernández ofreció a los abogados acusadores Julie K. Hampton y Jon Muschenheim, como asistentes del Fiscal General de Estados Unidos.
AL CHAS CHAS. Jorge Torres López y Héctor Javier Villarreal llevaron al domicilio de Humberto Moreira, entonces gobernador de Coahuila, 40 millones de pesos en efectivo como parte de sobornos que le llegaban desde EU.
Pavimentando la corrupción
Con el patrón de corrupción asentado con Moreira, Castillo Cervantes no tuvo problema en continuar con sus operaciones una vez que Jorge Juan Torres López fue designado el 4 de enero de 2011 por el Congreso de Coahuila como gobernador interino, una vez que su jefe había solicitado licencia para abandonar el cargo para convertirse en presidente nacional del PRI.
La relación entre el funcionario y el empresario se consolidó durante el gobierno de Humberto Moreira. Por lo que la operación de corrupción continuó fluyendo y los contratos de pavimentación que fueron entregados a Castillo Cervantes durante la administración de Torres López alcanzaron 6.8 millones de dólares en sobornos que fueron pagados desde Estados Unidos a las cuentas personales del ahora exgobernador interino, en tan sólo 11 meses de gobierno.
Los negocios con Torres López fueron operados con una cuenta que el empresario Castillo Cervantes aperturó a su nombre en el International Bank, en la que le depositaron 730 mil dólares. Con ese dinero el entonces gobernador interino compró una propiedad en Montgomery, Texas, y para ocultar esta transacción creó una red de empresas fantasma a las que escrituró el inmueble y utilizó como blindaje para eliminar el rastro de la operación.
Para mantenerse lejos de los reflectores que pudiera acusarlo, Castillo Cervantes prefería operar desde Estados Unidos; sin embargo, en ocasiones viajaba a México como quedó asentado en la operación con la que entregó 40 millones de pesos a Moreira, lo que le sirvió para perfeccionar su trama criminal.
Las operaciones en favor de Moreira fueron ocultadas mediante una compleja red de transferencias bancarias que salían de bancos en México hacia instituciones financieras en Estados Unidos, las cuales concluían en International Bank y posteriormente en JP Morgan Chase Bank en donde se perdían en cuentas offshore.
Este esquema se replicó para los sobornos que pagaba a Torres López y a su secretario de Hacienda, Héctor Javier Villarreal Hernández, a los que se identificaron dos cuentas en Sun Secure Bermuda y en Old Mutual of Bermuda, ubicadas en este paraíso fiscal y sede de cuentas bancarias fantasma.
El reporte que recibió la corte estadunidense mostró que la cuenta de Villarreal Hernández estaba fondeada con 2.3 millones de dólares, mientras que la que fue abierta a nombre del exgobernador López Torres contaba con 2.7 millones de dólares. El testimonio que ofreció Villarreal Hernández como parte de la indagatoria reveló que, al momento de abrir las cuentas, en las que se depositó dinero procedente de sobornos de Castillo Cervantes, mintió a los funcionarios bancarios al asegurarles que los fondos procedían de la venta de aviones que eran propiedad de la empresa Imperial Air, que también es propiedad del empresario.
Para justificar la transferencia, Castillo Cervantes firmó documentación falsa de la compraventa en favor de Villarreal Hernández, que a su vez presentó a JP Morgan Chase Bank para consolidar la apertura de la cuenta bancaria.
Empresas fantasma
La evidencia que fue presentada en el juicio en contra de Castillo fue ratificada a través de testimonios que los abogados acusadores obtuvieron de Villarreal Hernández y del empresario coahuilense, Guillermo Flores Cordero, ambos presos y a la espera de sentencia por cargos que enfrentan en el Distrito Sur de Texas, en Corpus Chirsti.
La trama que el El Rey de los Dragones tejió con el apoyo del exgobernador y su secretario de Hacienda, Villarreal Hernández, también requirió de la triangulación de transferencias entre cuentas ubicadas en Estados Unidos, que fueron abiertas por Castillo Cervantes.
Una de estas cuentas fue abierta a nombre del exgobernador Torres López por la cantidad de 10 mil dólares, en International Bank, a través de la empresa Rodmax, de la que Castillo Cervantes era dueño, y que tenía el mismo domicilio que International Bank, el banco mediante el que se hacían las transferencias.
›Para la apertura de esa cuenta, Torres López mintió al asegurar a International Bank que era propietario de la compañía LAE y que se dedicaba a administrar empresas, cuando en realidad era un funcionario del gobierno de Coahuila, lo que, además, se constituye como un delito de fraude bancario.
La red en Coahuila requería complejizarse para evitar que el dinero que salía de las arcas del estado fuera rastreado. Prueba de esto fue la pista que siguió la investigación a través de los reportes de cuenta corriente de la empresa Rodmax, en los que detectó un cheque de Texas Money Exchange, otro negocio que también está vinculado con Castillo, con el que se pagaron más de 286 mil pesos a la cuenta que Torres López tenía en International Bank. Al mes siguiente fue pagado un segundo cheque por 184 mil dólares también emitido por Rodax Incorporated en favor del exgobernador de Coahuila, este cheque formó parte de la investigación, por lo que fue posible identificar que además de la firma de Castillo tenía escrita la leyenda “comisión Coahuila”.
“La declaración indica que el sr. Torres recibió un pago o un soborno del sr. Castillo para participar en proyectos de infraestructura carretera, lo que representa un delito de las leyes federales mexicanas”, cita el testimonio.
La investigación detalla que, en seis meses, Castillo entregó a través de su empresa Rodmax al menos 730 mil dólares al exgobernador de Coahuila a través de su cuenta en International Bank, lo que es equivalente a siete veces el sueldo que Torres López recibía en un año como gobernador.
Castillo y su red de lavado de dinero otorgó, por lo menos, un millón 184 mil 915 dólares procedentes de fondos públicos al exgobernador Torres López como parte de los sobornos que fueron entregados entre 2007 y 2011 a cambio de obras de pavimentación de carreteras, de infraestructura y de servicios de aviación. De agosto de 2012 a la fecha, se ha identificado que Torres López lavó dos millones de dólares a través de la cuenta de International Bank y de las operaciones de Castillo.
UN PIE AFUERA.
La Comisión de Justicia Partidaria del PRI está a punto de resolver la expulsión del exgobernador de Coahuila y exlíder nacional del tricolor, Humberto Moreira, quien fue postulado por otro partido a una diputación local.
Todo queda en familia
Otro modelo criminal que Castillo Cervantes reveló en su testimonio ante la Corte Federal del Distrito Sur de Texas mostró como a través de la conformación de empresas fantasma y de prestanombres, el exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, recibió sobornos y robó dinero del erario estatal.
La operación en Tamaulipas contó con la participación de Óscar Gómez Guerra, cuñado del exgobernador, que figuró en repetidas ocasiones como prestanombres para la apertura de cuentas y la compra de propiedades que pudieran involucrar a Hernández Flores en algún acto criminal.
El testimonio de Castillo Cervantes reveló que éste fondeaba al exmandatario a cambio de que su gobierno le otorgara contratos de pavimentación a precios inflados respecto a los costos promedio del mercado, cuyas ganancias eran repartidas entre el empresario y el funcionario estatal.
Bajo este esquema, Castillo Cervantes operaba en favor de Hernández Flores para abrir cuentas en International Bank a nombre de empresas fantasma, en las que no sólo se depositaba el dinero que el empresario le pagaba como sobornos, sino que fue un medio para que el exgobernador lavara alrededor de 30 millones de pesos a través de varios esquemas fraudulentos.
En la trama tamaulipeca también figura el empresario coahuilenses Guillermo Flores Cordero, el cual entre febrero de 2009 y enero de 2013 utilizó tres empresas fantasma de origen mexicano para lavar 31 millones de pesos procedentes de fondos públicos que había sido robados de la hacienda tamaulipeca, a través de depósitos a cuentas de Flores Cordero y de su esposa, ubicadas en Estados Unidos alojadas en International Bank y Wells Fargo Bank.
La participación de Flores Cordero, arrestado en agosto de 2013 bajo los cargos de lavado de dinero y de uso indebido de recursos, permitió blanquear recursos a través de movimientos interbancarios, comprar inmuebles con alto valor comercial en Estados Unidos y ocultar la identidad de sus propietarios, como el de Elsa Hernández, hermana del exgobernador, a través de la emisión de certificados de depósitos.
Tres planes para robar
La investigación de la trama también señala que entre julio de 2008 y agosto de 2012, Flores Cordero estuvo involucrado a través de la creación de cuentas bancarias fantasma que presuntamente eran utilizadas en operaciones de lavado de dinero, pago de sobornos a funcionarios estatales y tráfico de drogas.
›A través de un testimonio previo, Flores Cordero detalló que la red de corrupción en la que participó junto con el exgobernador Hernández Flores establecía tres planes para robar dinero del gobierno de Tamaulipas y enviarlo a Estados Unidos para beneficio del exgobernador.
El primero consideró el robo de 150 millones de pesos, el segundo de 180 millones de pesos y el tercero de alrededor de 36 millones de pesos, que fueron transferidos a cuentas en Estados Unidos.
En el caso de Eugenio Hernández Flores usó varias cuentas vinculadas a prestanombres a través de las que movía el dinero que extraía ilegalmente de la hacienda estatal. Una de las que fue detectada por el gobierno de Estados Unidos fue abierta a nombre de Álvaro García González, que fue director de la Comisión Municipal de Agua Potable de Reynosa, Tamaulipas.
El exfuncionario participó como titular falso de una cuenta en International Bank que en realidad estaba a nombre de la abuela del exgobernador, Celia Palomares. Esta cuenta ya fue asegurada por las autoridades judiciales estadunidenses.
El empresario Guillermo Flores Cordero aseguró en su testimonio judicial que la influencia de Castillo Cervantes se fortalecía por la amistad que tenía con los exgobernadores Humberto Moreira y Eugenio Hernández, e incluso con el presidente Enrique Peña Nieto, cuando éste fue gobernador del Estado de México.
Un ejemplo de esta influencia fue el proyecto carretero valuado en tres billones de pesos que le fue otorgado a empresas de Castillo Cervantes por el exgobernador Eugenio Hernández, a cambio de un soborno equivalente a 10% de las ganancias que
generaría.
“El señor Flores testificó que el costo del proyecto se sobreestimó o se infló excesivamente, además de que se beneficiaron con la reducción en la calidad de los materiales de construcción para el camino”, se cita en la testimonial judicial.
En esta misma investigación, las autoridades de Estados Unidos incluyeron por delitos de corrupción al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, aunque en este documento desclasificado no se especifica la forma en que operó el entonces funcionario. Todos los testimonios y pruebas contra el expriista detenido en Italia hace dos semanas, desde donde será extraditado a Estados Unidos, ya forman parte de tres procesos por los que podría recibir hasta 90 años de prisión.
En el caso de Aguascalientes, por recomendación de Castillo Cervantes el entonces gobernador Luis Armando Reynoso Femat abrió una cuenta en el International Bank, en la que “se transfirieron los recursos que robó del estado calculados en tres millones de dólares”.
Para aperturar la cuenta, Reynoso quien se identificó sólo como abogado y no como gobernador de Aguascalientes, dio al banco la dirección de una empresa que el empresario tenía en Reynosa, Tamaulipas, lo que se traduce en la legislación estadunidense en un delito de fraude.
De marzo de 2008 a julio de 2012, con la ayuda de Castillo Cervantes, el Reynoso Femat lavó más de 3.3 millones de dólares, de acuerdo con el informe, días después, el 9 de julio de ese año, la cuenta fue cerrada.
De millonario a testigo protegido
El empresario Luis Carlos Castillo Cervantes, de 56 años de edad y con la nacionalidad estadunidense, enfrentaba tres acusaciones por conspirar para cometer lavado de dinero, fraude bancario y por delitos cometidos contra “una nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público y apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos por un funcionario público o en beneficio de un funcionario público”.
Ante la posibilidad de ser sentenciado a 20 años de prisión, el empresario de la construcción se declaró culpable y se convirtió en testigo protegido, y en el acuerdo que firmó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Castillo Cervantes se comprometió a testificar todas las veces que se lo requieran en investigaciones o juicios.
El empresario debió permitir que le decomisaran un avión Learjet 45XR 2008, y un total de cinco millones de dólares. Aunque los detalles de la sentencia no se dieron a conocer y fueron sellados el pasado 12 de abril, por la Corte Federal del Sur de Texas en Corpus Christi.
fuente.
Francisco Pazos y Maria Idalia Gómez
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