En su libro El eslabón perdido. Historia secreta de los asesinatos que cambiaron la historia de México, el exlegislador y excónsul general de México en San Antonio, Texas, Humberto Hernández Haddad, aporta una exhaustiva documentación oficial –ocultada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República– sobre cómo el gobierno de Ernesto Zedillo intentó borrar todo rastro del diputado Manuel Muñoz Rocha, señalado por los asesinos materiales del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu como su cómplice.
Con autorización de la editorial Grijalbo, aquí se presentan algunos extractos.
El 1 de enero de 1994 comenzó la violencia política que frenaría a México, primero con el alzamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas, que puso a prueba la estabilidad política de México. El 23 de marzo el candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio fue asesinado en Tijuana, y el 28 de septiembre José Francisco Ruiz Massieu también sería privado de la vida. Cada uno de esos eventos generó una presión en los mercados contra el peso, con señales de fuga de capitales.
El 8 de octubre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) solicitaba en silencio la detención con fines de extradición del diputado Manuel Muñoz Rocha, por su presunta participación en el homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, informando al gobierno de los Estados Unidos que el procurador Víctor Humberto Benítez Treviño ya lo tenía localizado en Texas.
El 10 de octubre el presidente electo Ernesto Zedillo y la gobernadora de Texas, Ann Richards, se reunieron por primera vez en Matamoros, Tamaulipas, con gran cobertura de prensa. Sin embargo, lo que la opinión pública nunca supo es que 48 horas antes de ese encuentro el gobierno de México había solicitado formalmente al de Estados Unidos la detención con fines de extradición del ingeniero Manuel Muñoz Rocha en la ciudad vecina de Brownsville, Texas, quien en ese momento era todavía diputado federal precisamente por el estado de Tamaulipas.
El 19 de octubre de 1994, fecha de la detención con fines de extradición del ciudadano mexicano Enrique Fuentes León, marcó el inicio de un proceso judicial con audiencias en la Corte Federal del Distrito Oeste de Texas, que incluyó, entre otros asuntos delicados, los testimonios bajo juramento que entregaron agentes estadunidenses sobre la presencia de Manuel Muñoz Rocha en San Antonio. Las audiencias terminaron con la deportación del primero, y el 12 de enero de 1995 a las 21:30 fue entregado por el Departamento de Justicia a las autoridades mexicanas. Todo lo actuado en esas audiencias, con las sorprendentes pruebas que fueron exhibidas, incluidas las grabaciones subrepticias autorizadas por una corte federal estadunidense y las declaraciones de varios agentes encubiertos de la DEA y de Migración, se encuentran archivadas en los expedientes titulados The Government of The United States of America (Plaintiff ) versus Enrique Fuentes Leon (Defendant) [El Gobierno de Estados Unidos de América (denunciante) versus Enrique Fuentes León (acusado)].
En virtud de que un individuo procedente de la Ciudad de México trató de destruir esos expedientes, al día de hoy sólo pueden ser consultados en la corte federal de San Antonio mediante identificación y en una sala con vigilancia.
¿Cuál era la obligación del cónsul general de México en San Antonio tras recibir los informes de la fiscalía federal? Inexcusablemente debía informarlo mediante escrito foliado a la SRE y a la PGR, señalando con toda precisión cuál era la fuente oficial de esta información. Así lo hice día tras día conforme surgía esta información en las audiencias de la corte federal, sabiendo de antemano que los personajes corruptos que en México se han enriquecido con la cultura de la ilegalidad y se han encumbrado políticamente mediante sus redes de complicidades se molestarían por este hecho.
Debe tenerse en cuenta que para un agente diplomático dejar de informar y ocultar este tipo de sucesos resultaría constitutivo de responsabilidades penales y administrativas, además de tipificar una traición a México.
Todas las pruebas relacionadas con los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, presentadas en los expedientes judiciales del caso Manuel Muñoz Rocha, las solicité y obtuve de la corte federal en Estados Unidos y las entregué personalmente a la PGR a través de la Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, de la que era titular Marisela Morales, quien luego llegaría a ser procuradora general de la República. Solicité que fueran integradas a mis denuncias de hechos, donde hasta ahora duermen el sueño de la impunidad sin ser investigadas: no hubo averiguación ni consignación ni sentencia alguna derivadas de ello.
En realidad, desde el primer momento algunos servidores públicos de la SRE buscaron descarrilar la investigación del caso José Francisco Ruiz Massieu en colusión con otros en la PGR, lo cual se confirma al haberse ocultado el primer informe consular que envié el 30 de noviembre de 1994, con el cual Juan Manuel Gómez Robledo —entonces secretario particular del canciller Manuel Tello Macías y años después subsecretario para Derechos Humanos en Relaciones Exteriores— firmó el oficio de la SRE dirigido a la PGR en el que transmitía mi informe con el aviso del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre la ubicación del ingeniero Manuel Muñoz Rocha en San Antonio, el cual terminó siendo declarado inexistente por la PGR.
Oficialmente nunca se recibió en la procuraduría el citado oficio: la dependencia hizo constar, mediante oficio firmado por el licenciado Pedro Peñaloza, la inexistencia de ese comunicado oficial emitido por la Cancillería, a pesar de mostrar una leyenda manuscrita que dice: “Se informó al procurador Lozano Gracia. Archívese confidencial”.
En una estructura rígidamente jerarquizada como lo es la SRE, es muy fácil saber quién ordenó archivar ese informe consular; sin embargo, eso nunca le importó a la PGR, aunque varios órganos de control constitucional a cargo de jueces federales que conocieron este caso emitieron enérgicos fallos judiciales advirtiendo del atropello que se cometía.
El sargento Adrián Tejeda
Con motivo de varias reuniones sociales en San Antonio conocí a Charles Butt, presidente de la compañía HEB, empresa texana que toma su nombre de las iniciales de Howard E. Butt, su padre y fundador de esa cadena de supermercados. En alguna ocasión, durante una cena en su residencia, Charles Butt me presentó a su jefe de seguridad personal, el sargento Adrián Tejeda, nacido en Monterrey, Nuevo León, excombatiente en Vietnam, condecorado por acciones heroicas en combate y naturalizado estadunidense.
El 19 de agosto de 1991, día en que llegó al consulado en San Antonio el comandante Guillermo González Calderoni con un nombramiento que lo acreditaba como vicecónsul y agregado regional de la PGR en Texas y otros estados del sur de la Unión Americana, me presentó a su ayudante personal: era el mismo sargento Adrián Tejeda, a quien reconocí y le pregunté por su jefe; Tejeda me explicó que ahora trabajaba para el comandante González Calderoni.
González Calderoni solamente estuvo 28 días como vicecónsul en San Antonio, pero Tejeda permaneció varios años como empleado auxiliar de la oficina de la PGR. Un día de finales de octubre de 1994 se presentó en el consulado para informarme que había visto y seguido al diputado Manuel Muñoz Rocha en el hotel Sheraton Fiesta San Antonio; le pedí que no me lo contara y mejor llamáramos a su jefe directo, Jaime González Carrancá, agregado regional de la PGR, para que fuera él quien tomara conocimiento de su testimonio. González Carrancá llegó a los pocos minutos, escuchó a Tejeda y sin hacer ningún comentario se retiró del consulado.
Previendo que la Agregaduría Regional tardara en actuar o que nunca lo hiciera, levanté una minuta consular con el testimonio de Adrián Tejeda y la envié de inmediato a la SRE y la PGR. Ambas dependencias guardaron un ignominioso silencio.
“Los diplomáticos no somos policías”
Cuando el 13 de diciembre de 1994 hablé por teléfono con Gurría Treviño para informarle que era muy importante que leyera los informes consulares que se le estaban enviando desde San Antonio, de los cuales no obtenía respuesta, me dijo que lo haría y que hablaríamos al respecto en la reunión a la que me estaba convocando en la Ciudad de México, junto con otros cónsules generales, para el 19 de ese mes.
El 19 de diciembre tuvimos la reunión de trabajo con el secretario varios cónsules generales de México acreditados ante el gobierno de Estados Unidos; estuvo presente también Jesús Silva Herzog, quien sería el próximo embajador mexicano en Washington. La reunión duró casi todo el día e incluyó una comida en el piso 20 de la Torre de Tlatelolco, a la que asistieron Juan Rebolledo Gout y Jesús Silva Herzog, entre otros; en ningún momento ni Gurría ni Rebolledo me hicieron algún comentario sobre los asuntos a mi cargo en el Consulado General de México en San Antonio.
Cuando llevaba emitidos 120 informes del seguimiento consular que correspondía a este asunto, el secretario Gurría me llamó por teléfono la noche del 30 de mayo de 1995 alrededor de las 22:00 horas, para pedirme que no le enviara ninguno más, porque según su dicho, “los diplomáticos no somos policías”. Como su llamada telefónica estuvo acompañada de amenazas de muerte y las mismas fueron refrendadas días después por el entonces presidente por medio de un enviado personal indubitable, su propio hermano, el arquitecto Rodolfo Zedillo Ponce de León, procedí a presentar por escrito las denuncias penales correspondientes conforme a derecho: primero lo hice ante José Luis Cervantes, delegado de la PGR en San Antonio e hijo del entonces secretario de la Defensa Nacional, general Enrique Cervantes Aguirre, y posteriormente ante el propio procurador general de la República.
Documentos desclasificados
La desclasificación que hizo el gobierno de Estados Unidos por conducto del Departamento de Estado en Washington permitió conocer hasta 2014 documentos que permanecieron archivados desde 1994 y 1995, relacionados con la investigación del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, y que arrojaron nuevas luces que actualizan ese caso político- judicial.
Los documentos desclasificados permiten apreciar las conductas antijurídicas y las irregularidades administrativas en que incurrieron varios servidores públicos de la SRE y de la PGR, que buscaron descarrilar desde el primer momento la investigación del asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, propiciando investigaciones ministeriales que terminaron en sentencias judiciales lesivas del Estado de derecho.
La solicitud de extradición
20 años después
El 4 de agosto de 2014 la SRE me dio acceso a la petición de extradición del ingeniero Manuel Muñoz Rocha, que consta de cuatro páginas, como respuesta a una solicitud de transparencia que fue legalmente autorizada a través de un oficio fechado el 29 de julio de 2014.
En mi carácter de cónsul general de México de 1989 a 1995, nunca fui informado por la SRE ni por la PGR sobre la existencia de esa petición de extradición; 20 años después, hubo finalmente un reconocimiento de su existencia.
Está plenamente confirmado que dicha solicitud de detención fue recibida por el gobierno de Estados Unidos, como lo prueba otro documento recientemente desclasificado en los archivos del Departamento de Estado en Washington, fechado el mismo 8 de octubre de 1994 y dirigido al licenciado Alberto Pérez Blas, comisionado del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación, que aparece firmado por David Beall, encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en México en ausencia del embajador James Jones. Mediante este documento, la embajada confirma a la Secretaría de Gobernación que recibió la petición de detención provisional con fines de extradición del entonces diputado federal Manuel Muñoz Rocha, localizado en Brownsville, y que por lo tanto fue turnada a las oficinas regionales del FBI y del Servicio de Inmigración y Naturalización para realizar su aprehensión, aunque en México el Instituto Nacional de Migración lo ha declarado inexistente después de varias búsquedas exhaustivas en sus archivos.
La SRE nunca ha dado una explicación de cómo ubicó, el 8 de octubre de 1994, al diputado Manuel Muñoz Rocha en la ciudad de Brownsville. Tampoco ha explicado por qué no informó al Poder Judicial sobre la existencia del trámite de extradición que inició ante el gobierno de Estados Unidos.
El 26 de junio de 2014 el Poder Judicial reconoció formalmente que el procedimiento de extradición iniciado por la SRE no obra en los expedientes penales del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu, y resolvió su declaratoria de inexistencia.
Ante la evasión que la PGR hizo del cumplimiento de sus responsabilidades investigadoras, el fiscal Pablo Chapa Bezanilla nunca declaró ni aclaró qué hizo con el informe consular que le envié mediante el oficio san-722 de la SRE con los informes de la Corte Federal de San Antonio, el cual le fue remitido por valija diplomática desde el Consulado General de México en dicha ciudad, y que después de una larga búsqueda finalmente fue localizado en los archivos del secretario de Relaciones Exteriores con una leyenda manuscrita perfectamente legible, escrita con tinta negra, que contiene esta orden: “Se informó al procurador Lozano Gracia. Archívese confidencial”.
Fuente.-
