El desmontaje del legado de Barack Obama avanza. El presidente Donald Trump ha ordenado el cese de 46 fiscales designados por su antecesor.
Hasta que se proceda al nombramiento de los reemplazos, sus funciones serán asumidas por sus segundos, todos ellos pertenecientes a la escala técnica.
El golpe afecta a los denominados fiscales de distrito, con un enorme poder en sus circunscripciones y de los que dependen los casos habitualmente más sonoros.
La operación de limpieza ha sorprendido por su brusquedad. Las sustituciones son habituales en el cambio de presidencia, pero se desarrollan de forma más gradual y, salvo contadas excepciones, como en el primer mandato de Bill Clinton, que despidió a 93 acusadores de golpe, tienden a salvar algunas figuras especialmente relevantes.
En este caso, el barrido ha sido completo y ha afectado a fiscales tan reconocidos como el de Manhattan, que en noviembre, tras visitar la Torre Trump había logrado la aprobación del republicano.
El manotazo ha traído a la memoria el despido en enero pasado de la fiscal general interina, Sally Yates, por su negativa a defender los postulados del veto migratorio emitido por Donald Trump.
Su cese, tras 27 años de servicio, fue fulminante y emitió una clara señal política en los primeros días de mandato presidencial.
Con la decisión de forzar la salida de los últimos cargos de la era Obama en el ministerio público, Trump da manos libres al nuevo fiscal general, el halcón Jeff Sessions, para determinar el color del Departamento de Justicia.
Al igual que el Presidente, Sessions defiende las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados y ha mostrado su aversión al islam.
Hombre polémico, en los ochenta fue rechazado para un puesto de juez federal por sus actitudes racistas, y la semana pasado quedó malherido por el escándalo del espionaje ruso.
Al descubrirse que mintió ante el Senado sobre sus conversaciones en Washington con el embajador ruso Sergei Kislyak, se vio forzado a recusarse a sí mismo en todas las investigaciones abiertas sobre la presunta conexión entre el equipo de Trump y el Kremlin.
Hasta que se proceda al nombramiento de los reemplazos, sus funciones serán asumidas por sus segundos, todos ellos pertenecientes a la escala técnica.
El golpe afecta a los denominados fiscales de distrito, con un enorme poder en sus circunscripciones y de los que dependen los casos habitualmente más sonoros.
La operación de limpieza ha sorprendido por su brusquedad. Las sustituciones son habituales en el cambio de presidencia, pero se desarrollan de forma más gradual y, salvo contadas excepciones, como en el primer mandato de Bill Clinton, que despidió a 93 acusadores de golpe, tienden a salvar algunas figuras especialmente relevantes.
En este caso, el barrido ha sido completo y ha afectado a fiscales tan reconocidos como el de Manhattan, que en noviembre, tras visitar la Torre Trump había logrado la aprobación del republicano.
El manotazo ha traído a la memoria el despido en enero pasado de la fiscal general interina, Sally Yates, por su negativa a defender los postulados del veto migratorio emitido por Donald Trump.
Su cese, tras 27 años de servicio, fue fulminante y emitió una clara señal política en los primeros días de mandato presidencial.
Con la decisión de forzar la salida de los últimos cargos de la era Obama en el ministerio público, Trump da manos libres al nuevo fiscal general, el halcón Jeff Sessions, para determinar el color del Departamento de Justicia.
Al igual que el Presidente, Sessions defiende las deportaciones masivas de inmigrantes indocumentados y ha mostrado su aversión al islam.
Hombre polémico, en los ochenta fue rechazado para un puesto de juez federal por sus actitudes racistas, y la semana pasado quedó malherido por el escándalo del espionaje ruso.
Al descubrirse que mintió ante el Senado sobre sus conversaciones en Washington con el embajador ruso Sergei Kislyak, se vio forzado a recusarse a sí mismo en todas las investigaciones abiertas sobre la presunta conexión entre el equipo de Trump y el Kremlin.
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