El general de brigada José de Jesús Moreno Aviña se
convirtió en la última semana de abril, en el primer militar de alto rango en
ser condenado por un juez federal a 52 años de prisión por el delito de
tortura, en un caso que involucró la presunta detención y muerte de un civil en
Ojinaga, dentro de la Operación Conjunta Chihuahua, que dejó una estela de
decenas de muertos y cientos de desaparecidos.
El caso Ojinaga tiene aún
pendiente más resoluciones donde otros militares que pertenecieron a la Tercera
Compañía de Infantería No Encuadrada, con cuartel en esta ciudad fronteriza,
esperan sentencia en uno de los juicios que exhibió el actuar de los mandos
castrenses fuera de toda legalidad.
Abril
del 2008, la Operación Conjunta Chihuahua entraba en acción en los meses de
mayor beligerancia entre los pistoleros del cartel de Sinaloa y los del cartel
de Juárez. Gente Nueva y su infantería conocidos como “Artistas asesinos”,
huestes de Ismael “Mayo” Zambada y de Joaquín “el Chapo” Guzmán, contra la
Línea, pistoleros de la organización de los Carrillo Fuentes aliados con
pandillas como los Aztecas. La sangrienta disputa era por los caminos y rutas
de varias ciudades de la entidad encabezadas por Ciudad Juárez y Ojinaga.
En
el año 2007 en Ojinaga el tráfico de drogas había disminuido, en parte a la
labor de la Tercera Compañía de Infantería no Encuadrada (C.I.N.E.), compuesta
por 220 soldados al mando del teniente coronel Obdulio Jacinto Villegas, especializado
en operaciones especiales, apoyado en su segundo de abordo, el mayor Alejandro
Rodas Cobón especialista en inteligencia. El rasgo que distinguió su labor
mientras trabajaron juntos, fue que no hubo quejas ante organizaciones de
derechos humanos por posibles violaciones a garantías individuales.
Por sus resultados la 3ª CINE fue felicitada por el comandante de la XI región
militar con sede en Torreón, quien en una junta de comandantes realizada en
Chihuahua en aquellos meses, elogió a esa unidad por encima de la actuación de
batallones y del regimiento de caballería de Ciudad Juárez, que con mayores
recursos humanos y materiales tuvieron escasos resultados en las operaciones.
Poco después esta unidad con cuartel en Ojinaja, pasaría de la gloria al
infiernos cuando fue exhibida de manera pública por la secretaría de la Defensa
Nacional como la unidad que “denigró a las fuerzas armadas” durante su
actuación en la “operación conjunta Chihuahua”.
La
historia comenzó cuando en abril del 2008 el general Guillermo Galván, entonces
secretario de la Defensa del gobierno que encabezaba Felipe Calderón, mandó a
Ojinaga como nuevo comandante de la guarnición militar en esta ciudad al
general de brigada Manuel de Jesús Moreno Aviña. Con él llegó el teniente coronel
José Julián Juárez Ramírez, de nuevo comandante de la 3ª CINE en sustitución de
Jacinto Villegas.
Fue
a partir de la llegada de Moreno Aviña y Juárez Ramírez, ambos Diplomados de
Estado Mayor (DEM), que sus métodos de trabajo abrieron la puerta a violaciones
y situaciones de inconformidad de la población civil. Desde que comenzó a
crecer el número de quejas que llevó tiempo después al encarcelamiento del
general, el comandante y segundo comandante de la CINE, seis oficiales y 22 de
tropa.
El
general Moreno Aviña solía visitar todas las mañanas las instalaciones de la
Tercera Compañía. Tenía reuniones con Juárez Ramírez donde daba instrucciones
sobre la forma como debería ser conducidas las operaciones militares contra el
narcotráfico. Existía la instrucción del comandante de la Operación Conjunta
Chihuahua, el general de brigada José de Jesús Espitia Hernández, de lanzar el
programa de denuncia ciudadana para que la gente avisara al ejército de manera
anónima donde se presentaban algún tipo de delito e intentar actuar en
flagrancia.
“El método en algunas ocasiones dio resultado, pero en otras fue utilizado por
los mismos maleantes para incriminarse entre ellos, y por la población con
motivos de venganzas personales entre vecinos, hecho que ocasionó molestias y
posteriores denuncias al verse algunas personas afectadas por revisiones a
vehículos, acordonamiento de calles y cateos a sus domicilios, al final de ese
año 2008, la Tercera Compañía acumulaba más de 50 quejas ante la CNDH por
abusos de autoridad y robos (ninguno por homicidio), la mayoría infundadas”,
dice el expediente del caso enviado el año pasado a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos.
El general aliado
de narcos
Otro
método que implementó el general Aviña y el teniente coronel Juárez Ramírez,
fue el empleo de informantes que habían pertenecido al grupo de pistoleros del
cartel de Juárez conocidos como “la Línea”, quienes delataron a varios de sus
compañeros y condujeron a soldados hacia depósitos de droga. “Como reacción a
la persecución militar y a los aseguramientos, los narcos de Ojinaga asesinaron
al soldado Isauro Pérez López y agredieron a la familia del cabo Guillermo Arce
García, intentando el secuestro de su hijo sin lograrlo”. El homicidio del
militar continúa impune, mientras a los familiares del soldado Isauro,
originario de Puebla, nunca recibieron explicaron de las causas del deceso.
Los
narcos de Ojinaga al verse acorralados, se desplazaron a municipios cercanos
como Camargo, Chihuahua, y Aldama desde donde continuaron con la logística del
trasiego de droga. La Tercera Compañía detuvo con drogas y armas al principal
jefe de la plaza de Ojinaga, Víctor Samuel Romo Jr. alias “Zamudio”, en
compañía de cinco personas más. Fue enviado a prisión donde estuvo varios
meses, al salir libre por decisión de un juez federal de la ciudad de
Chihuahua, regresó y fue asesinado. Quienes quedaron al frente de la plaza de
Ojinaga fueron Benjamín Valeriano Valles apodado “el Cachitas”, detenido en
julio del 2012 por la policía federal en una casona de las Lomas de Chapultepec
en el DF; y Mario Dionisio Rivera, alias “Marco Renteria”, uno de los
operadores del narco en Camargo y la ciudad de Chihuahua hasta 2010.
Moreno
Aviña pronto se ganó la animadversión de la población hasta que un altercado
entre el alcalde y el jefe de la Tercera Compañía precipitó todo. El fin de
semana del 25 de junio del 2009, el teniente coronel Juárez Ramírez circulaba
en su auto particular por las calles de Ojianaga cuando policías municipales
intentaron detenerlo, al parecer sin motivo alguno. Luego declararían que el
militar conducía a exceso de velocidad. El oficial se negó a frenar, temía por
su integridad física por la información que tenía de que todas las
corporaciones policiacas estaban al servicio de “la Línea”, por lo que se
refugió en el campo de futbol donde soldados de su unidad disputaban un partido
y estaban escoltados por sus compañeros. Detrás del teniente coronel llegaron
los policías, quienes la bajar de sus vehículos fueron desarmados por los
soldados.
No
tardó en aparecer el alcalde César Carrasco Baeza, quien intervino a favor de
sus policías. Se hizo de palabras con el militar, un soldado cortó cartucho al
presidente municipal y le dijo que se retirara del lugar. El edil contestó que
él no tenía ningún derecho para correrlo ya que era la máxima autoridad del
municipio.
El
soldado dijo que ya lo sabía pero que no le importaba. Volviéndole a decir que
se fuera. El alcalde Carrasco Baeza se retiró del lugar con sus policías, antes
alcanzó a decir al teniente coronel Juárez Ramírez que ese “atropello” no iba a
quedar impune, que se quejaría con su primo, José Reyes Baeza, gobernador del
estado. Y que acudirían con el secretario de la Defensa y que él y sus soldados
irían a la cárcel.
A
mediados del mes de julio del 2009 el gobernador Reyes Baeza y su primo, el
alcalde de Ojinaga, visitaron en la ciudad de México al secretario de la
Defensa Nacional Guillermo Galván, a quien le presentaron una queja por abuso
contra el teniente coronel Juárez Ramírez además de acusar a sus soldados de
cometer violaciones a los derechos humanos de los pobladores de esta ciudad
fronteriza, con su supuesto consentimiento del general Moreño Aviña, comandante
de la guarnición.
Condena de 52 años
Casi
siete años después el general Moreño Aviña, preso en la cárcel de la Tercera
Región Militar en Mazatlán, fue sentenciado por un juez federal a 52 años y
seis meses de prisión acusado de los delitos de tortura, homicidio calificado y
violación a las Leyes de Inhumación en modalidad de destrucción de cadáver.
Fue
por el caso del asesinato de José Heriberto Rojas Lemus, uno de los tres
civiles por los que la justicia federal procesa al general, dos jefes, seis
oficiales y 10 de tropa que pertenecieron a la Tercera Compañía. La víctima era
un hombre de 25 años oriundo de Uruapan, Michoacán, presuntamente detenido y
torturado en las instalaciones militares de donde sacaron su cuerpo para
incinerarlo.
De
este caso durante el juicio salió a relucir que los testigos no coincidían ni
en la fecha ni en los probables protagonistas, inculparon a gente que estuvo en
sitios diferentes al señalado donde supuestamente se llevó a cabo la tortura y
muerte, según se desprende del expediente.
“Después
de que el agente del ministerio público militar presentó los cargos por
homicidio de Rojas Lemus, la Defensa Nacional paralelamente al auto de formal
prisión a los inculpados, realizó un procedimiento administrativo, mientras el
proceso insistió en que se privó de la vida al civil, en el resultado del
procedimiento administrativo número 424/2010/CNDH/QM concluyó que Rojas Lemus
no fue detenido por personal militar”.
Los
judiciales militares fueron a un sitio despoblado, donde recogieron los
supuestos restos de Rojas Lemus, del peritaje se desprendió que “dado las
condiciones de conservación en que se encuentran los indicios, específicamente
de carbonización parcial o total, opinamos que es muy poco probable que se
puedan realizar estudios de identificación genética en dichos huesos y
fragmentos óseos”. Sin embargo la conclusión fue que integrantes de la Tercera
Compañía detuvieron y torturaron y debido a ello Rojas Lemus murió, todo basado
solo en dichos de testigos.
De
la consulta al expediente se desprende que los familiares de Rojas Lemus nunca
se presentaron a testificar. Para la Sedena si bien la víctima nunca fue
detenida por personal militar, como lo afirma en su oficio la CNDH, el general
si aparece como acusado de su tortura y muerte.
En
la sentencia dictada contra Moreno Aviña el pasado jueves 28 de abril, no se
consideraron ésta y otras posibles irregularidades durante la investigación.
Como el que las declaraciones de los inculpados fueron arrancadas bajo tortura.
La
condena de 52 años de prisión, se dio en el contexto de fuertes
cuestionamientos al gobierno mexicano y a las fuerzas armadas por casos
documentados de este delito. El video donde una soldado y una agente de la
Policía Federal torturan a una detenida, fue uno de los botones de muestra que
tienen señalado al país como uno donde la práctica de este procedimiento es
cosa común y generalizada.
Fuente.-Juan Veledíaz
@velediaz424
