Los senadores que rechazan convertir la iniciativa ciudadana 3de3 en una ley que obligaría a los funcionarios y legisladores a hacer pública su declaración patrimonial, de intereses y fiscal, no han transparentado sus datos de forma voluntaria.
Sólo 17 de 128 senadores han publicado la información sobre sus bienes, sus actividades y relaciones que pueden intervenir en su ejercicio público y el reporte de pago de impuestos en la página de internet creada por 20 organizaciones sociales.
Los líderes de las bancadas del PRI y PVEM, Emilio Gamboa y Fernando Herrera, respectivamente, forman parte de ese 87% de senadores que han declinado hacer pública esa información y fueron los principales detractores durante la discusión de la iniciativa en el Senado la semana pasada.
Su propuesta de ley preveía que “los montos, valores, especificaciones, ubicaciones de inmuebles y demás datos contenidos en la declaración patrimonial, sólo podrán ser públicos con la autorización expresa del servidor público”; es decir, le quitaba la obligatoriedad de transparencia que había propuesto la sociedad civil.
El próximo lunes 9 de mayo, la comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana sesionará para elaborar el dictamen de las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque sólo existe consenso en 4: Adecuaciones a la Ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, a la Ley orgánica de la administración pública federal; la Ley general del sistema nacional anticorrupción y la Ley orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
De acordar este y los dos dictámenes pendientes sobre mando único policial y despenalización de la mariguana, la Comisión Permanente podría llamar a un periodo extraordinario de sesiones para discutirlos y aprobarlos, toda vez que el primer periodo concluyó el 30 de abril.
El presidente de la comisión Anticorrupción es Pablo Escudero del PVEM y tampoco ha publicado su información. De los nueve integrantes, sólo tres lo han hecho: Marcela Torres (PAN), Laura Rojas (PAN) y Ernesto Ruffo (PAN).
Los seis restantes que harían el dictamen del Sistema Nacional Anticorrupciónhan declinado a la invitación ciudadana de transparentar su patrimonio. Se trata de Anabel Acosta (PRI), Daniel Amador (PRI), María del Rocío Pineda (PRI), Raúl Cervantes (PRI), Luis Fernández (PRD) y Armando Ríos Piter (PRD).
La iniciativa ciudadana 3de3 consiguió la firma de 634 mil mexicanos, superando seis veces el número requerido para que los legisladores integraran la propuesta en su discusión.
Sin embargo, el coordinador de los priistas, Emilio Gamboa, aseguró que la aprobación de la iniciativa 3de3 propiciaría una “cacería de brujas” debido a un artículo que incluía un esquema de recompensas para quien denunciara actos de corrupción.
Hasta el momento, los ciudadanos no pueden saber cuál es el patrimonio de este político que tiene 34 años en el servicio público mexicano. Tampoco se puede comprobar que no tiene conflicto de interés ni el registro de sus declaraciones fiscales.
Entre los cargos que ha ocupado está la dirección de la Lotería Nacional, en la administración del ex presidente Ernesto Zedillo; secretario de Comunicaciones y Transportes en el sexenio de Carlos Salinas y diputado federal, entre otros.
Aunque los coordinadores del PAN y PRD dicen apoyar la ley 3de3, tampoco han publicado su información patrimonial. El perredista Miguel Barbosa inició su carrera legislativa en el 2000 y ha ocupado distintos cargos de dirección en su partido.
El coordinador de los panistas, Fernando Herrera, inició su carrera política en Aguascalientes en 1992 y desde entonces ha tenido cargos en su partido y en la Secretaría de Desarrollo Social durante la administración de Heriberto Félix.
Desde abril de 2015, una veintena de organizaciones lanzaron la plataforma 3de3 para que la clase política publicara su información patrimonial, de intereses y fiscal como parte de su compromiso con la transparencia hacia los ciudadanos.
A un año del lanzamiento, un porcentaje mínimo ha respondido a este ejercicio de transparencia. Entre los rubros menos participativos están los presidentes municipales, pues sólo 1% de los más de 2 mil 400 ha publicado su información, mientras que en la administración federal, sólo uno de 18 secretarios de Estado lo ha hecho.
Fuente.-ANIMAL POLITICO.
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