El tráfico de influencias corroe en México el sistema político, pero es un delito que no se investiga ni mucho menos se castiga. En los últimos 5 años la PGR no ha iniciado ninguna averiguación por este ilícito.
El tráfico de influencias encontró un gran escondite en su propia maraña.
Hay un amigo o un conocido que nos puede echar la mano. Las empresas que participan en una licitación buscan tener información privilegiada sobre cómo ofertó la competencia para ganar el concurso sin gastar en una investigación.
Los usuarios de los servicios públicos quieren a alguien que les condone sus impuestos.Vulgarmente, se le conoce como “tener palanca”.
De los ilícitos que involucran a servidores públicos federales, el tráfico de influencias es el delito menos investigado en el ámbito federal.
En los últimos cinco años la PGR no ha iniciado una sola indagatoria contra funcionarios federales y evidentemente tampoco ha habido detenciones.
Información recabada por Reporte Indigo, a través de solicitudes de información, detallan que el último caso de tráfico de influencias que la PGR investigó data de 2007 en Chihuahua, y es el único en el que se ha iniciado una investigación en los últimos diez años.
Son 15 los delitos federales que investiga la PGR y en los que pueden estar relacionados los funcionarios federales. Información otorgada a través de transparencia indica que el delito de peculado encabeza la lista con la apertura de 801 averiguaciones previas en las que están presuntamente implicados mil 589 probables responsables quienes fueron consignados.
Es el delito con la cifra más alta de 2010 a la fecha que se contempla en el informe.
En segundo sitio está el ejercicio indebido del servicio público, que en 664 averiguaciones previas ha implicado a mil 181 presuntos responsables consignados.
Luego está el abuso de autoridad, en el que dentro de 334 averiguaciones se consignaron a mil 215 personas.
En el listado sigue el delito de cohecho (270 averiguaciones y 423 consignaciones), la extorsión (250 indagatorias y 537 consignaciones), delitos contra la administración de la justicia (219 averiguaciones y 357 probables responsables consignados).
En el listado de 2010 a 2015 de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la PGR el delito denominado Uso indebido de atribuciones y facultades, en el que se inscriben 60 averiguaciones previas que implican a 124 presuntos responsables consignados.
El enriquecimiento ilícito tiene abiertas en el mismo periodo 17 indagatorias que implican 20 presuntos responsables. En lo referente al ejercicio abusivo de funciones hay 13 averiguaciones contra 35 presuntos responsables.
En lo referente a desaparición forzada de personas se aprecia una participación múltiple, pues en 12 indagatorias se implicaron a 143 funcionarios como probables responsables.
En lo referente a coalición de servidores públicos hay 9 averiguaciones que implican a 79 probables responsables consignados, le sigue en delito de concusión, que es la cobranza arbitraria hecha por un funcionario público en provecho propio, y presenta tres indagatorias que implican a cinco probables responsables en estos cinco años.
Al final del listado, están la intimidación, con una sola averiguación en contra de un solo responsable, luego está el cohecho a servidores públicos extranjeros, con la misma cifra, y al final el tráfico de influencias, del que no existe ni una sola averiguación en este periodo de 2010 a 2015 que revela la PGR.
Sentimiento de impunidad
Si no se castiga la corrupción y los delitos como el tráfico de influencias, aflora el sentimiento de impunidad entre la ciudadanía, asegura Joel Salas, comisionado nacional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
“Hoy tenemos mucha información, sospechamos que puede haber casos donde se involucran actos corruptos pero no hay consecuencias, y eso al final ha venido traduciéndose en un desencanto con el funcionamiento de la democracia.
Sólo dos de cada 10 personas están satisfechas con los resultados que nos ha dado nuestra democracia en los últimos 20 años”, indica el comisionado con una cifra de la última edición del informe denominado Latinobarómetro.
“Sólo el 19 por ciento de los mexicanos está satisfecho con el funcionamiento de la democracia y hay una cifra similar del Estudio de la Calidad de la Ciudadanía realizado por el INE y el Colegio de México”, apunta.
“Esa brecha entre lo que la gente vive en la calle y los resultados de las cifras oficiales es lo que hace que se aumente este sentimiento generalizado de impunidad”, añade.
La corrupción —expresada en delitos como tráfico de influencias, cohecho, entre otros— es “el impuesto más retrógrado” porque termina haciendo pagar a los más pobres algo que es un bien público.
“La corrupción es un impuesto sumamente retrógrado en el sentido de que la población que tiene menos recursos es la que más paga por acceder a servicios que deberían ser públicos (y gratuitos). Si tú quieres meter a tu hijo en la escuela pública, pero no tienes el contacto, tienes que pagar una mordida, que es como la fórmula más socorrida aquí en México.
¿Por qué lo tiene que pagar una persona que no tiene ingresos para llevar a sus hijos a una escuela privada? Si tú quieres acceder a una clínica del Seguro Popular, y en ese momento no hay medicamentos porque tú asististe en un momento en que hubo crisis, pues vas a tener que pagar un dinero adicional para poder acceder a ese medicamento”, apunta en entrevista.
Para el comisionado Joel Salas, un camino para el combate a la corrupción es la transparencia, que llevará a la rendición de cuentas para que las autoridades se hagan responsables de las acciones u omisiones que cometan.
Ayer y hoy, en la sede del INAI en la Ciudad de México se realiza el foro Cómo nos arreglamos, en el que participan especialistas y debaten en torno al combate a la corrupción en el país.
Los opositores a Lula da Silva dicen que el nombramiento fue diseñado para ayudar al exmandatario a evadir a los fiscales que lo acusaron de tráfico de influencias y lavado de dinero, entre otros delitos, en la que se considera ya la mayor investigación sobre corrupción en la historia de Brasil.
Corrupción tiene estímulo externo: SFP
Las tentaciones que provocan la corrupción están fuera del sistema institucional, dijo Virgilio Andrade, secretario de la Función Pública.
“El asunto de la corrupción no es un tema racial, sí es un tema cultural, pero cultural como seres humanos. ¿Por qué? Porque en nuestra racionalidad siempre buscamos rentabilidad y respondemos a incentivos.
Los incentivos nos lo dan las regulaciones que están fuera del sistema, las regulaciones que tienen que ver con el comercio, las regulaciones que tienen que ver con las actividades económicas, con los servicios o con las de carácter social”, expuso durante el foro “Cómo Nos Arreglamos” organizado por el INAI.
“Eso no es el sistema y, por lo tanto, existe aquí una invitación y una reflexión para poder estar presentes también no sólo en el sistema de manera endógena, sino también en estos fenómenos exógenos (externos) que a lo largo de 25 años hemos vivido paradójicamente olvidando no sólo en México, sino también en el mundo.No es un asunto de inquisición, es un asunto de incentivos”.
Andrade pidió combatir la corrupción desde la prevención.
“Es entendible que como sociedad nos estemos orientando a tratar de reforzar las cuestiones vinculadas con el castigo, es natural hacerlo, pero no es condición suficiente.
Si no se trabaja en los eventos previos de mejora a las regulaciones de nuestra vida cotidiana, los avances podrán ser importantes, pero nunca suficientes”, consideró.
Recordó que el Sistema Nacional Anticorrupción es un pacto constitucional sobre políticas públicas que concede a distintas autoridades nuevas facultades y además crea otras autoridades para el combate institucional en la materia.
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