El
malestar al interior del ejército por una disposición del nuevo reglamento del
ISSFAM, que priva de su derecho a ascender al grado inmediato a todo militar
que pasa a retiro, tuvo una nueva escalada en días pasados cuando la
inconformidad se manifestó por medio de lonas dejadas en la vía pública con un
mensaje dirigido al presidente de la república Enrique Peña Nieto.
En el texto
“personal de las fuerzas armadas” pide a su comandante supremo que pare la
necedad del general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Defensa Nacional,
por aplicar esta disposición que lastima a todos los militares que se han
retirado en los últimos años y quienes lo harán en el futuro próximo.
Dos años y 11 meses después de que entró en
vigor el nuevo reglamento de la ley que rige al Instituto para la Seguridad
Social de las Fuerzas Armadas de México (ISSFAM), el malestar al interior del
ejército y fuerza aérea llegó a tal nivel que poco antes de Semana Santa,
apareció un mensaje dirigido al presidente Enrique Peña Nieto en una manta
colgada en un lugar impreciso, presuntamente en las inmediaciones de la
secretaría de la Defensa Nacional.
En cuatro párrafos del texto titulado “Abusos de autoridad en contra del
personal del ejército mexicano”, piden al jefe del Ejecutivo que de manera “muy
urgente”, intervenga en su calidad de Comandante Supremo de las Fuerzas
Armadas, para que le ordene al general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de
la Defensa Nacional, no siga aplicando una de las nuevas disposiciones que les
priva del beneficio de ascender al grado inmediato a todos los militares que se
retiran del servicio.
El artículo 16 del nuevo reglamento fue impugnado vía juicios de amparo por cientos de militares, entre los abogados que litigan los casos en tribunales federales, se estimaba al cierre del 2015 en más de 700 demandas. Durante este año la cifra rebasó el millar y no deja de crecer conforme más militares se jubilan. El precepto motivo del litigio señala que cuando un militar se retira, el ascenso al grado inmediato será “únicamente para el cálculo y el otorgamiento del beneficio económico correspondiente”. Ya no para portar insignias ni documentos de identidad con el grado inmediato superior al que ascienden según marca el artículo 27 de la ley. El primero de los alegatos contra la Sedena, dice que ha violado el principio constitucional de la no retroactividad de leyes y reglamentos. Todos los inconformes ingresaron al servicio cuando el artículo motivo de queja no existía.
En la manta se dirigen también a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el pleno deberá de pronunciarse en las próximas semanas sobre el primer caso que marcó un hito cuando el quejoso, un oficial de alta graduación, ganó su juicio de amparo con sentencia ratificada por un Tribunal Colegiado. En éste y otros fallos similares, la Defensa Nacional se negó a reconocer en la portación de insignias y documentos de identidad, el contenido de la sentencia. Solo aplicó el beneficio económico, otorgándole una pensión del grado militar inmediato al que tenía hasta antes del retiro. Hubo nueva impugnación que obligó a los tribunales a enviar el expediente a la Corte.
La historia detrás de esa nueva disposición que molestó a quienes se han retirado, ha sido motivo de varios comentarios al interior del ejército. Existe una versión que refiere una falta disciplinaria de un general de división retirado, que se negó a saludar con la señal marcial al titular de la dependencia en los primeros meses de su gestión como secretario. Aquel oficial se había jubilado como general de brigada, y para efectos de retiro ascendió a general de división. Como era de mayor antigüedad, pasó por alto el cuadrarse ante un superior al que veía como un igual. Una falta disciplinaria que de acuerdo a varias fuentes castrenses, devino como probable motivo de la nueva disposición.
En el último párrafo de aquella manta, quienes se identificaron como “personal de fuerzas armadas”, pedían a la población que dieran a conocer su mensaje para que llegara “a donde tenga que llegar”, y recordaban que los militares “siempre hemos estado donde ustedes nos han necesitado”.
El alcalde que demandó a la Sedena.
Salvador Martínez Villalobos alcalde de Apaxtla de Castrejón, se molestó cuando vio publicadas unas fotos de hombres armados que se plantaron en los primeros días de marzo en un camino a las afueras de este poblado. El edil de uno de los municipios de Guerrero sitiados por la delincuencia organizada, consideró que era “delicado” difundir las imágenes de un retén de testaferros de la organización criminal “la Familia Michoacana”, vestidos con uniformes del ejército.
“Para empezar, debe de haber respeto a las autoridades, en este caso las castrenses”, declaró a medios locales el hombre que llegó en septiembre del 2015 a la presidencia municipal como abanderado del Partido Nueva Alianza. Martínez Villalobos ha dicho a sus más cercanos que los problemas de seguridad que tienen en jaque al municipio, ubicado en la entrada a la Tierra Caliente guerrerense, lo tienen demasiado ocupado.
Apaxtla de Castrejón ha sido territorio en disputa entre la “Familia Michoacana” y “Guerreros Unidos desde hace varios años. El verano pasado durante la campaña, los pobladores expusieron la zozobra y el temor con el que viven desde hace tiempo ante la ola de secuestros, extorsiones y asesinatos que han provocado el desplazamiento de cientos de habitantes como ocurrió en el pueblo de Xochitepec en febrero del 2014. En diciembre pasado tras el secuestro de 17 personas, el presidente municipal declaró que la inseguridad era complicada pese al operativo puesto en marcha en la zona por la policía federal, la estatal y el ejército. El alcalde aseguró que eran “solo siete” pobladores los que estaban reportados como desaparecidos.
El retén de pistoleros de “la Familia”, vestidos con cascos y uniforme del ejército, era para localizar integrantes de las autodefensas agrupadas en “Movimiento Apaxtlense Adrián Castrejón”. Este grupo, según el ex alcalde perredista de Teloloapan, Marino Miranda Salgado, está infiltrado por la organización criminal “Guerreros Unidos”. La revisión carretera forma parte de la presencia de grupos armados que disputan la región que comprende el municipio serrano de Heliodoro Castillo, uno de los principales productores de amapola, que junto con Teloloapan y Apaxtla forman el corredor de droga que comunica con el Estado de México.
Martínez Villalobos es un general brigadier del ejército que no ocultó su origen con su disgusto por la publicación de aquella foto. Desde que es alcalde de Apaxtla de Castrejón, donde nació hace poco más de 60 años, no ha querido hablar de manera pública sobre el litigio que sostiene contra la secretaría de la Defensa Nacional por negarle su derecho a ascender a general de brigada para efectos de retiro.
Desde finales del 2013 cuando se jubiló como brigadier, comenzó una batalla judicial donde obtuvo sentencias a favor que lo convirtieron en el primer caso que analizará el pleno de la Suprema Corte en las próximas semanas. Otros juicios de militares de diferente grado que llegaron a la máxima instancia, aguardan este fallo que podría sentar jurisprudencia.
El general es un oficial de caballería cuyo último cargo en el ejército fue el de subdirector del Archivo Histórico. En la parte sustancial de su amparo que ratificó el 19 de febrero del 2015 el cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, se menciona que se le otorgó “para el efecto que la autoridad responsable no aplique en el presente y futuro el artículo 16 del reglamento de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, y emita un nuevo acuerdo, sin tener en cuenta el numeral referido, en el que se ordene el ascenso del quejoso al grado inmediato para efectos de retiro en términos del artículo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas y no solamente para el cálculo del beneficio económico o de la seguridad social”. Al paso de las semanas, a Martínez Villalobos no se le entregaron las insignias de general de brigada, ni se le renovó con este grado su tarjeta de identidad militar. Sus abogados se inconformaron y el caso llegó al máximo tribunal del país.
Del
malestar a la controversia
A partir de junio del 2014 los juzgados de distrito en materia de amparo en el país, comenzaron a recibir una “lluvia” de demandas de militares que se tradujeron en un pulso de cómo crecía la inconformidad en el medio castrense contra el nuevo reglamento del ISSFAM. Hubo casos que secundaron al de Martínez Villalobos, como el de los generales Carlos Mendoza Gallegos y Efrén Sánchez Velasco, quienes obtuvieron fallos a favor y no se les respetaron. Otros como el del mayor Jaime Gutiérrez Escobedo, quien ganó la revisión, sirvieron para ilustrar cuáles eran las franjas donde se concentraba la mayoría de inconformes.
A partir de junio del 2014 los juzgados de distrito en materia de amparo en el país, comenzaron a recibir una “lluvia” de demandas de militares que se tradujeron en un pulso de cómo crecía la inconformidad en el medio castrense contra el nuevo reglamento del ISSFAM. Hubo casos que secundaron al de Martínez Villalobos, como el de los generales Carlos Mendoza Gallegos y Efrén Sánchez Velasco, quienes obtuvieron fallos a favor y no se les respetaron. Otros como el del mayor Jaime Gutiérrez Escobedo, quien ganó la revisión, sirvieron para ilustrar cuáles eran las franjas donde se concentraba la mayoría de inconformes.
Hay tres tipos de militares que resintieron más la disposición que les niega su derecho a portar las insignias y acreditaciones del grado inmediato superior al que ascienden al retirarse, dice en entrevista el teniente retirado y maestro en derecho Alberto Carrera Álvarez, uno de los abogados que lleva varios casos de militares inconformes.
“La presente administración que encabeza la secretaria de la Defensa Nacional, de manera inexplicable ha tomado una serie de medidas legaloides tendientes a desmoralizar al personal que se encuentra en trámite y pendientes de pasar a retiro, utilizando una serie de artimañas desleales a quienes han servido a la nación. Los sargentos primeros que ascienden a oficial, se preguntan ¿a qué se debe esta medida? ¿Cuándo va a terminar? Son gente que con anhelo esperaban su retiro, no para andar uniformados presumiendo el grado o tratando de ejercer el mando, no, lo que buscan es ser considerados oficiales para poder tener acceso a un trabajo en el medio civil que les permita tener alguna remuneración que les ayude a seguir manteniendo a su familia. Los oficiales de grado de capitán primero que aspiraban a ser jefes al momento de su retiro, contaban con el beneficio de no pasar lista de supervivencia mensual, además de los créditos y financiamientos. Los coroneles que se encuentran en este supuesto, aspiran al grado de general que les permita tener acceso a un nivel de atenciones y créditos acordes a su jerarquía, y sobre todo a recibir ese reconocimiento ganado por su amplia trayectoria”.
El año pasado algunos de sus colegas litigantes denunciaron que personal del área jurídica de la secretaría de la Defensa Nacional, se apersonó ante los jueces para cabildear y tratar de echar abajo las resoluciones que venían a favor de los quejosos. El detalle no pasó desapercibido en todos los niveles de mando lo que ocasionó un malestar conjunto. El hecho de que la Sedena no haya acatado a plenitud los fallos, y que el caso haya tenido que llegar a la Corte, fue considerado como resultado de esas visitas.
“No es una aberración, un acto de indisciplina, una falta de respeto, es el reclamo de un derecho acordado por el Congreso de la Unión al momento de otorgar un reconocimiento a los varones y mujeres que han entregado su vida al servicio de la nación”, dice Carrera Álvarez. Cuando en el año 2010 se reformó el artículo 27 de la ley del ISSFAM, en la exposición de motivos se decía que esta disposición implicaba no solo un beneficio sino también un “reconocimiento a la carrera de los militares con mayor antigüedad en las Fuerzas Armadas”.
Por fuera de las disputas judiciales, varios mandos castrenses no han dudado en hacer explícito su malestar. Uno de ellos que ha preferido no dar a conocer su identidad, porque su decisión de demandar hace unos meses ya le valió represalias, considera acudir a instancias internacionales en caso de que la Corte no reconozca el beneficio que marca la ley y que el nuevo reglamento borra.
fuente.-
Juan
Veledíaz
@velediaz424
