Ha pasado poco menos de un mes: en enero pasado la Procuraduría General de la República (PGR), anunciaba la detención de nueve integrantes de Los Rojos, una célula que operaba como brazo armado del cártel del Golfo en el sur de Tamaulipas.
Según afirmaba, entonces, la Procuraduría, con ese golpe se lograba afectar sustancialmente la estructura criminal del cártel, entre ellos, el segundo nivel de mando y el de jefe de plaza en Tampico de esa organización criminal. El principal detenido era Héctor Crescencio de León Fonseca, El R3, El Teto o ElChencho, quien era el segundo al mando dentro de Los Rojos, principalmente en los municipios de Tampico, Ciudad Madero y Altamira. Con él fue detenido Jesús Israel Briones Bandala apodado El Morro, quien era el jefe de plaza y comandaba al grupo de sicarios en Tampico.
La División de Investigaciones de la Policía Federal, informó que ese grupo criminal, encabezado por El R3, se dedicaba al tráfico de droga, de armas, al robo de hidrocarburos, al secuestro y a la extorsión, en Tampico, Ciudad Madero y Altamira, así como el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.
El operativo, decía la PGR, “logró afectar sustancialmente la estructura criminal. En el operativo se aseguraron dos camionetas doble cabina con blindaje artesanal, dos armas de fuego tipo Barret calibre 50, seis fusiles AR-15, un fusil calibre 308, cuatro fusiles AK-47, un arma corta calibre .38 súper, 1,500 cartuchos útiles de diferentes calibres, diversos cargadores, un arma larga y equipo de comunicación satelital”.
Un mes después, con semejante bagaje de información, habiendo sido detenidos estos personajes con tal arsenal e incluso con testimonios de personas secuestradas por este grupo, lo menos que deberíamos pensar es que El R3 y su jefe de sicarios tendrían que estar ya en un penal de alta seguridad. Pues bien, no se ha dado a conocer públicamente, pero El R3, Héctor Crescencio de León Fonseca, acaba de ser dejado en libertad por un juez de Tampico, en una decisión tan precipitada que no permitió, siquiera que la justicia local o federal pudieran presentar un amparo para que continuara detenido. Hoy está en la calle y le puedo apostar que está nuevamente dedicado a su “oficio”. Pasará tiempo para que las fuerzas de seguridad lo vuelvan a detener.
Ocurre una y otra vez: tenemos los grandes comunicados tras operativos exitosos, con detenciones de personajes importantes, pero éstos en muchas ocasiones se van a sus casas en forma anónima tiempo después, habiendo cumplido condenas insignificantes o siendo dejados en libertad por incompetencia o corrupción de los encargados de hacer justicia. Las faltas al debido proceso se han convertido en la mejor coartada para hacerlo y eso se aplica para personajes tan importantes como Rafael Caro Quintero o El R3 o para simples desconocidos.
Con toda razón nos indigna cuando un personaje como El Chapo se puede fugar de una cárcel construyendo un túnel, pero debería ser mucho más indignante que ese tipo de criminales salgan de prisión por la puerta grande, dejados en libertad por los mismos jueces que deberían condenarlos. Pero ese es un tema que, casi siempre, queda oculto a la opinión pública.
Y atención porque viene una historia similar. Dos de los asesinos de la colonia Narvarte, un año después de los hechos, en los que mataron en forma brutal a cuatro mujeres y un hombre (el fotorreportero Rubén Espinosa) ahora argumentan que fueron torturados y que ellos en realidad estaban en otro lugar. Es absolutamente falso: no sólo ahí están los testimonios, sino todo tipo de pruebas documentales, incluyendo sus imágenes filmadas por las cámaras de seguridad de la zona, sus huellas dactilares en la casa y hasta en el automóvil que se robaron, sumado a las declaraciones que durante un año mantuvieron acusándose recíprocamente. Habrá que estar atentos a que en este caso no se termine argumentando las fallas al debido proceso para dejar a los criminales en libertad.
También poco más de un año después, algunos de los policías de Iguala y Cocula que participaron en el secuestro de los jóvenes de Ayotzinapa, están reclamando que fueron torturados. En su caso también existen numerosas pruebas documentales y testimonios cruzados que muestran su participación en los hechos. Pero también se debe prestar atención a lo que allí ocurra porque, por una de esas extrañas paradojas, vía la partidización incuestionable que han tomado esos casos, resulta que son algunos de los supuestos defensores de las víctimas, los más interesados en que esos criminales queden en libertad: si no son ellos los responsables podrán decir, entonces, que “fue el Estado”. Y lamentablemente casi siempre parece haber un juez dispuesto a encontrar fallas en el debido proceso y, en lugar de reponerlo, otorgar la libertad a los delincuentes.
fuente.-Excelsior
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