Fue un “relanzamiento” de la estrategia de
seguridad para la Tierra Caliente de Guerrero donde no estuvo presente ningún
mando del ejército. Ante la ola criminal que tiene sitiados a los habitantes de
los nueve municipios que conforman esta región de la entidad, que colinda con
Michoacán y Estado de México, el gobierno federal decidió enviar 200 agentes
federales más para reforzar el despliegue.
El territorio guerrerense, con todo
y nuevo gobernador, sigue sumando ingredientes al coctel explosivo que lo tiene
colocado como el estado más violento del país durante el 2015.
Los asesinatos,
secuestros y extorsiones que campean a sus anchas en ciudades y poblados, se le
suma el control territorial en comunidades serranas de grupos armados al
servicio de la delincuencia organizada. Mientras las movilizaciones
magisteriales y estudiantiles no paran un solo día de protestar por la
impunidad en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la
propaganda criminal tampoco deja de sacar a relucir nombres de funcionarios
supuestamente coludidos con el narco.
Por
ningún lado apareció alguna autoridad castrense como el general de brigada Raúl
Gámez Segovia, comandante de la 35 zona militar en Chilpancingo. Era el medio
día del pasado sábado 5 de diciembre cuando el gobernador de Guerrero, Héctor
Astudillo acompañado del Comisionado Nacional de Seguridad Pública, Renato
Sales Heredia, “relanzaron” en ciudad Altamirano el “Operativo Tierra
Caliente”. Esta estrategia de seguridad la cual cumplió su primer año, en el
inicio estuvo a cargo del general Enrique Dena Salgado, de quien poco o nada se
supo después.
Una
reunión privada en palacio municipal con ocho de los nueve alcaldes de esta
región, que colinda con Michoacán y Estado de México, antecedió al evento donde
el anfitrión fue Ambrosio Soto Duarte, empresario que encabeza el ayuntamiento
de Pungarabato, cabecera de ciudad Altamirano. El perredista denunció en días
pasados que en la zona operaba una célula del grupo criminal denominado “Templarios”,
y que como otros habitantes de la comunidad había sido víctima de extorsión.
Fue uno de los últimos funcionarios en pedir ayuda al gobierno federal ante la
ola criminal que tiene paralizada a la región.
A
un año también de que el general Gámez Segovia asumiera la comandancia de la 35
zona militar, en sustitución del divisionario Alejandro Saavedra Hernández,
actual comandante de la novena región que abarca todo el estado, los
secuestros, asesinatos, extorsiones se han desbordado. Ha sido la impunidad con
que se mueven los grupos delictivos que sus amenazas han orillado por igual a
profesionales de la salud a dejar Altamirano, que a empresas como Coca Cola a
cerrar sus plantas en la zona.
Soto
Duarte, alcalde de Pungarabato, alertó sobre lo que nadie quiere voltear a ver.
“Vivimos una situación complicada, todo mundo lo sabe y no podemos seguir así,
créanme no podemos seguir así. Necesitamos prevención social en la región,
necesitamos normas elementales de convivencia, necesitamos justicia de lo cotidiano
y algo que es un reto, necesitamos romper el pacto de silencio para denunciar.
Hay que decir las cosas, no vamos a decir mentiras, no vamos a decir algo que
no es. Tenemos mucho tiempo viviendo así”, declaró ante medios locales.
Astudillo,
gobernador de extracción priista, se contuvo al salir de la reunión, dijo que
“se trataron cosas delicadas” y no podía abundar “por obvias razones”. Reportes
del gobierno federal señalan que más del 80 por ciento de las presidencias
municipales en el estado de Guerrero tienen a su policía infiltrada o al
servicio del narcotráfico. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública señalan que entre enero y octubre de 2015 se
registraron mil 651 asesinatos en toda la entidad, 383 casos más durante el
mismo lapso de 2014. La cuota que la Tierra Caliente aportó es similar a la de
otros municipios donde el narco, los grupos paramiliares y la narco política
son autoridad.
Un actor que nadie
mira
Uno
de los últimos días de finales de septiembre pasado, la capital guerrerense
amaneció tapizada de “narcomantas” dirigidas contra Salvador Anaya del Carmen,
subdelegado de la PGR en Guerrero, quien junto al fiscal del Estado, Miguel
Ángel Godínez Muñoz, han sido señalados varias ocasiones por los diversos
grupos delictivos de estar vinculados al crimen organizado.
Lo
que llamó la atención del caso del funcionario de PGR es que lo mismo ha sido
relacionado con el grupo denominado “los Rojos”, como ocurrió el 28 de
septiembre en Chilpancingo, que con “Guerreros Unidos” como pasó meses atrás
cuando también se dijo que era compadre de Felipe Flores Velázquez, el prófugo
ex secretario de seguridad pública de Iguala, vinculado a la desaparición de
los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa ocurrida en septiembre del 2014.
Anaya
del Carmen es el responsable por parte de la PGR de llevar las indagatorias
relacionadas con delitos federales, los que se han incrementado de manera
exponencial en los últimos meses, de acuerdo a estadísticas de la secretaría de
Gobernación. El mensaje que dejaron contra él aquella ocasión decía: “A todas
las autoridades, Sedena, Semar, Seido, Gendarmería y Policía Federal
Ministerial, investiguen al subdelegado de la PGR en Chilpancingo el Lic.
Salvador Nava del Carmen y sus chalanes Antonio de León y Gerónimo por sus
nexos con Gueyo Seron, Trine, Senen Nava alias el Chaparro, Carmen Nava, el
Pescado, Jorge Higachi perteneciente a la banda de los Rojos (…)”. Más adelante
decían que el funcionario tenía por lo menos “más de 10 años” dando protección
a esta organización desde diferentes puestos. Su actuación era, añadían, un
ejemplo de cómo había abonado a la inseguridad.
Las
imágenes de mantas colgadas en la vía pública en Acapulco o en Chilpancingo, se
han convertido más que en una estrategia de propaganda del crimen organizado,
en un directorio de funcionarios municipales, estatales y federales
presuntamente coludidos con las diversas organizaciones que se disputan rutas y
áreas de producción de droga en la sierra de Guerrero.
Si
la vía pública de estas ciudades la usan los criminales para difundir sus
mensajes, la estrategia del terror para el dominio territorial campea en
poblados sierreños como los municipios de Leonardo Bravo y Heliodoro Castillo.
Grupos armados han hecho de caminos y brechas en esta zona, coto privado donde
los asesinatos, secuestros que devienen en desapariciones se han desbordado en
los últimos meses.
El ejército pasivo
Los
hombres armados que patrullan por las brechas del municipio de Heliodoro
Castillo son los que tienen sumido en el terror a la región, dice un ex
munícipe del lugar que pidió no ser citado por su nombre. El mes pasado
habitantes de la sierra decidieron protestar y retuvieron a soldados de una
compañía de infantería, que por esos días habían detenido a guardias
comunitarios, quienes habían decidido confrontar a los criminales que operan en
la zona.
Tras
la detención de los comunitarios, los criminales atacaron a varios pobladores
en los alrededores, se reportaron muertos y lesionados pero la llegada del
ejército impidió conocer a detalle cuántos fallecieron en total. El
enfrentamiento sucedió en el municipio de Ojo de Agua, perteneciente a
Heliodoro Castillo, donde comunitarios y narcos se enfrascaron durante varias
horas hasta la llegada de los soldados. Los militares solo desarmaron a los
policías civiles y se llevaron a algunos detenidos, lo que desató la ira de los
habitantes quienes acusaron al ejército de actuar del lado de los criminales,
dice este ex presidente municipal.
Comisarios
ejidales del municipio vecino de Leonardo Bravo así como de Heliodoro Castillo,
movilizaron a varios centenares de habitantes quienes interceptaron al convoy
militar. Después de un lapso de tensión y pláticas entre los mandos castrenses
y los líderes, liberaron a los detenidos y les devolvieron las armas que habían
decomisado.
Hace
unos meses el general Gámez Segovia acusó a la sociedad de la capital del
estado por el nivel de violencia e impunidad que prevalece en Chilpancingo.
Dijo que para actuar las autoridades requieren que haya una denuncia, y pese a
que la gente sabe quiénes son los delincuentes, no lo hacen.
Lo
que este oficial de infantería no dijo es que la sociedad no denuncia porque no
cree en sus autoridades, ni estatales ni federales. Gamez, quien tiene en su
hoja de servicios militares el haber sido profesor de materias como grupos de
comando, guerra irregular, disturbios civiles y paracaidismo militar, pasó por
alto la corrupción, parte nodal del clima de inseguridad y hartazgo que priva
en Guerrero. Raro para un militar con su perfil, después de que pasó cinco
años, entre 1992 a 1997, en la sección segunda, inteligencia militar, del
Estado Mayor de la Defensa. Extraño en alguien que estudio en 1995 inteligencia
militar en el Pentágono, para después ser nombrado director de la Escuela
Militar de Inteligencia.
En
Guerrero a un año de su arribo como comandante de la 35 zona militar, que
abarca el norte del estado parte de la sierra y la Tierra Caliente, el general
Gámez Segovia ya entendió que mientras la hidra de la narco política siga
vigente, como en varios municipios calentanos, sus apariciones serán
esporádicas, y sus dichos meros comentarios alrededor de un incendio que
amenaza con crecer y arrasar con todo.
fuente.-
Juan Veledíaz
@velediaz424
