Alrededor de un centenar de militares presos en penales castrenses fueron remitidos a otros de carácter civil para enfrentar acusaciones de delincuencia organizada, luego de que el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, ordenó separar “las manzanas podridas”. Y aunque la mayoría de ellos no han sido sentenciados, ahora comparten espacio con miembros de los cárteles a los que enfrentaron, lo cual contraviene lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2014.
Los afectados tienen algo más en común: casi todos pertenecen a los grados más bajos del Ejército.
El movimiento fue sorpresivo. La madrugada del 16 de octubre las grandes puertas metálicas de las prisiones del Ejército en distintos puntos del país se abrieron para dar paso a decenas de policías castrenses con equipo antimotines. Apoyados por fuerzas federales, algunos se apostaron en puntos estratégicos de las instalaciones; en los dormitorios, los encargados de la operación, con lista en mano, comenzaron a separar a los internos.
Luego los agruparon en las explanadas, les ordenaron bajar la cabeza y guardar silencio; finalmente los subieron a camiones blindados –los llamados rinocerontes, los mismos que usan las fuerzas federales en sus operativos antinarco y para trasladar a reos de alta peligrosidad– y los entregaron a agentes ministeriales de la Procuraduría General de la República (PGR).
La escena se repitió en los penales del Campo Militar Número 1, en la Ciudad de México; en el de Zapopan, Jalisco; y en el de Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con abogados y familiares, fueron 99 los trasladados: 47 del Distrito Federal, 33 de Sinaloa y 19 de Jalisco. Casi todos soldados y oficiales.
Llegaron a distintos Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) como si fueran simples narcotraficantes e internados en penales de Veracruz, Nayarit y del Bajío. Hasta el cierre de edición, ni la defensa ni los familiares habían sido notificados oficialmente del cambio de prisión.
Ellos se enteraron cuando el operativo se había consumado y los militares estaban recluidos en penales donde integrantes de organizaciones delictivas a las que se ha enfrentado el Ejército purgan sus condenas, según comentan.
Varios de los efectivos trasladados ni siquiera han sido sentenciados en primera instancia, pues no se le han probado los delitos contra la salud que se les imputan. Y aunque ya están en prisiones civiles, sus expedientes aún siguen en los juzgados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque los jueces castrenses no declinaron su competencia, agregan.
El general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Sedena, dio la orden a los jueces militares de separar “las manzanas podridas” y, obedientes al mando, “aplicaron a rajatabla la orden del traslado. Nunca había ocurrido un movimiento masivo de internos”, dice a Proceso un militar bajo proceso penal.
La medida es contraria a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En octubre de 2014, el máximo tribunal determinó que los soldados juzgados por delitos contra la salud en que no estén implicados particulares pueden ser juzgados por tribunales castrenses, por tanto deben ser recluidos en prisiones de la Sedena.
Traslados inconstitucionales
Poco antes, la primera Sala de la SCJN había definido otros criterios respecto a la reclusión de personal de esa dependencia. En marzo de ese año, concedió un amparo a tropas acusadas de delincuencia organizada para evitar su remisión a un reclusorio de máxima seguridad, a menos de que hubiera la autorización del juez militar que instruyó la causa penal.
A propuesta del ministro José Ramón Cossío, los ministros resolvieron que ese tipo de traslados sólo puede hacerse con autorización de un juez castrense y no por orden del director general de Justicia Militar, que es una autoridad administrativa. Precisaron que la orden de traslado debe estar “debidamente fundada y motivada”, garantizando condiciones para una adecuada defensa del procesado.
Entre los afectados, algunos tenían amparos en sus procesos, pero el argumento de la justicia castrense para cambiarlos fue que el movimiento es un acto de autoridad distinto.
La propia SCJN emitió un criterio, apenas el pasado 7 de octubre, según el cual el cambio de un centro de reclusión a otro es impugnable mediante amparo indirecto en un plazo de 15 días. Algunos oficiales ya han comenzado a impugnar su traslado.
El operativo policiaco militar del pasado 16 de octubre fue similar al realizado por el gobierno federal el 30 de septiembre pasado, cuando efectivos de la Marina Armada de México, también con el apoyo de fuerzas federales, ingresaron a penales federales de máxima seguridad para extraditarlos a Estados Unidos o enviarlos a otros Ceferesos, a pesar de la existencia de amparos.
El movimiento más significativo de septiembre fue la dispersión de los narcotraficantes que compartieron con Joaquín El Chapo Guzmán el área de Tratamientos Especiales del Cefereso número 1 del Altiplano, y que fueron testigos de las actividades previas a la fuga del sinaloense (Proceso 2031).
Entre los encarcelados en las prisiones del Ejército por cargos de delitos contra la salud existe el temor de que también sean transferidos. Sólo podría ser cuestión de tiempo, dicen sus familiares y litigantes.
El 28 de octubre, por la mañana, incluso se reunieron en distintos puntos de la Sedena en el Campo Militar número 1 para protestar contra el operativo del día 16 de ese mes, que calificaron de inconstitucional. Los manifestantes fueron acompañados por el movimiento Yosoy26, organización dedicada al apoyo de militares presos.
A pesar del temor de represalias contra los procesados, llegaron familiares de los afectados. Algunos integrantes de la Federación de Militares Retirados (Femirac) se concentraron por casi dos horas en Avenida Industria Militar y Periférico, en la entrada principal de la Sedena, según informó la propia organización.
Frente a la puerta 3 del Campo Militar número 1, algunos de los participantes en esa movilización colgaron una manta que decía: “Cienfuegos, queremos que regreses a nuestros militares a sus prisiones, aya (sic) en las prisiones civiles los están matando, ¡¡Responde por tus soldados!!”.
Encabezados por Ana Zavala, directora de la Organización Humanista por el Progreso Social e integrante de YoSoy26, los familiares de los presos entregaron un pliego petitorio al coronel de infantería Rolando Domínguez, en el que le piden al general Cienfuegos respetar el proceso penal de los trasladados.
El escrito fue entregado también al Senado de la República, a la Organización de Naciones Unidas y a Amnistía Internacional, entre otras organizaciones, a las que pidieron intervenir ante la Sedena para esclarecer la situación de los trasladados. Los organizadores pretenden que la reunión sea la próxima semana en la secretaría de Gobernación y no en la institución castrense. “Queremos un lugar neutral”, comenta Zavala a este semanario.
“Necesitamos saber en qué situación se encuentran. No nos han informado oficialmente a dónde fueron enviados, aunque hemos podido establecer que fueron 99 los trasladados”, añade. Según la activista, 30 de ellos estaban amparados para no ser cambiados de prisión.
Más arbitrariedades
Los familiares buscan también que se aceleren los procesos penales, pues hay casos de soldados con varios años de prisión sin que hayan recibido sentencia ni en primera instancia.
En las prisiones de la Sedena hay molestia sobre todo entre quienes enfrentan delitos del fuero común. Al no enfrentar delitos del orden militar, también temen ser enviados a prisiones civiles, pues corren el riesgo de tener contacto con delincuentes que tropas de la dependencia detuvieron y presentaron ante el Ministerio Público para ser encarcelados. “Los están enviando al matadero”, insiste Zavala.
En conversación con Proceso, militares presos aseguraron que el general Cienfuegos ya había manifestado su interés en que los elementos acusados de delitos contra la salud fueran separados del resto de quienes están acusados de delitos netamente castrenses, como desobediencia, deserción o abuso de autoridad.
Pero la idea de “separar a las manzanas” no toma en cuenta que muchas de las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) son por consigna. “Las averiguaciones de la PGJM llegan a ser ridículas o manipuladas. Parten de dichos o sospechas, anónimos telefónicos o manuscritos en pedazos de papel. Dicen que tienen informes o sospechas de que alguien se dedica a pasar información o a la protección de narcotraficantes. Y no siempre presentan pruebas”, aseguran.
Notan además que la mayoría de los detenidos son elementos de bajo rango, contrario a que muy pocos jefes o mandos de la Sedena han sido procesados por narcotráfico. Uno de los casos más conocidos fue el del general Mario Arturo Acosta Chaparro, quien después de siete años –durante el gobierno de Felipe Calderón– fue absuelto cuando el titular de la dependencia era el general Guillermo Galván, su compañero de generación en el Colegio Militar. Poco antes de que acabara ese sexenio, en abril de 2012, fue asesinado en la Ciudad de México.
Muy distinto es el caso de Ricardo Martínez Perea, el último general táctico del Ejército; es decir, hecho en el campo de operaciones y que no pasó por la Escuela Superior de Guerra, por lo que no es Diplomado de Estado Mayor. En 2001, durante el gobierno de Vicente Fox, fue acusado de proteger a Gilberto García Mena, El June, líder del Cártel del Golfo. Fue condenado a 15 años de prisión, sin pruebas, a pesar de haber sido reconocido por sus logros en el combate al narcotráfico.
Otro mando que tampoco recibió la gracia de la justicia castrense fue el general Jesús Gutiérrez Rebollo, exdirector del Instituto Nacional de Combate a las Drogas, quien fue detenido en 1997, condenado a 40 años de prisión por delincuencia organizada, en particular por proteger al Cártel de Juárez. Murió en diciembre de 2013.
Su hijo, César Gutiérrez Priego, ahora defensor del general Martínez Perea, litiga también a favor de los oficiales que fueron cambiados de prisión el pasado 16 de octubre y enviados al Cefereso número 4 de Nayarit, cuando no habían sido sentenciados ni siquiera en primera instancia.
Ambos están acusados de delitos contra la salud, pero sus causas penales siguen abiertas en juzgados militares; aunque ahora están en penales civiles. Insiste en que, de acuerdo con lo resuelto por la SCJN el año pasado, los soldados procesados en casos donde no haya civiles no pueden ser procesados por causas federales.
El 16 de octubre, los familiares de los soldados confinados en Zapopan, en la Quinta Región Militar, detallaron en Facebook que luego del ingreso de la policía castrense, poco después de las cinco de la mañana, los internos fueron separados de acuerdo con una lista elaborada por la Sección de Política Criminal de la Dirección de Justicia Militar.
Según el relato, ingresaron más de 70 elementos de seguridad, entre agentes de la Policía Federal y elementos de Fuerzas Especiales del Ejército; tomaron posiciones estratégicas y acordonaron la zona para facilitar el ingreso de un grupo de 40 elementos de la Policía Militar.
De ahí sacaron a 18 internos sujetos a procesos por delitos contra la salud: dos tenientes, un subteniente, un sargento, cuatro cabos y 10 soldados, y los entregaron a los agentes del Ministerio Público.
El personal de la Sedena formó un convoy hasta la base aérea militar de Zapopan. Ahí, tres aeronaves tipo Boeing 727 de la Fuerza Aérea Mexicana y una similar de la Policía Federal ya los esperaban con otros reos.
fuente.-
