La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, informó que había 2 mil exfuncionarios de esa dependencia denunciados penalmente por diversos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones como servidores públicos, y añadió que algunos de esos casos ya fueron procesados y sentenciados, mientras que en otros la Fiscalía General de la República (FGR) continúa la integración de averiguaciones previas para, de encontrar elementos, consignarlas ante juzgados federales.
Entre esos miles de expedientes, la maestra Buenrostro se refirió en conferencia de prensa el martes pasado, sin dar nombres de los implicados para evitar violaciones al debido proceso, a uno en particular que es muy relevante porque se relaciona con el contrabando de combustibles.
Ese expediente en poder de la FGR y del cual Contralínea obtuvo información adicional, se relaciona con dos abogados, Rodolfo Raúl Peregrina Vasconcelos –exadministrador central de Asuntos Penales y Especiales del SAT, entre 2019 y 2021–, y Carlos Contreras Segovia –exadministrador desconcentrado Jurídico en la Zona Norte de la Ciudad de México–, quienes tienen procesos penales abiertos en la FGR por diversos delitos.
En el primer caso por el delito de delincuencia organizada con el contrabando de combustibles en vía marítima, el abogado Peregrina Vasconcelos está acusado de proteger a empresas que trafican en barcos con gasolinas robadas a Petróleos Mexicanos (Pemex) y después simulan con facturas apócrifas que se trata de importaciones de Estados Unidos para vender el combustible en territorio nacional.
El segundo expediente es el del abogado Contreras Segovia, quien fue despedido del SAT porque en sus funciones de atender a grandes contribuyentes, se dedicaba a alterar documentos para evitar que las empresas pagaran los impuestos correspondientes, por lo cual enfrenta una denuncia penal que fue presentada también en la FGR.
La coincidencia de ambos abogados fue cuando sus nombres aparecieron en una lista de siete personas que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, había enviado a la Cámara de Senadores para que fueran designados como magistrados de la sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Eso ocurrió en abril del año pasado, cuando la Consejería Jurídica y la Procuraduría Fiscal le presentaron al presidente López Obrador un documento de 13 cuartillas para que lo firmara, sin alertarlo de que los dos abogados mencionados habían sido despedidos del SAT por corrupción y que estaban bajo investigación penal.
Afortunadamente alguien en el Senado se dio cuenta de la maniobra ilícita y alertó hasta Palacio Nacional de la delicada situación si eran ratificados como magistrados los abogados Peregrina Vasconcelos y Contreras Segovia, por lo que de inmediato, por órdenes del presidente de la República, se solicitó al Senado detener la votación hasta que los litigantes fueran borrados de la lista.
Algunos senadores se oponían a la decisión presidencial y hasta amenazaron con denunciar que era una violación constitucional frenar la votación y borrar los nombres de los dos abogados, porque ya aparecían en un documento signado por el presidente López Obrador, así que no tuvo más remedio el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Julio Ramón Menchaca, que informarles a los dos abogados que si se presentaban al pleno para ser ratificados como magistrados, él denunciaría ante los senadores que se trataba de dos personas que habían sido corridas del SAT por corrupción y denunciadas penalmente ante la FGR. Lo que los hizo desistir.
En la conferencia de prensa, la maestra Raquel Buenrostro se refirió a este caso sin mencionar los nombres de los dos abogados, pero señaló que éste fue uno de los primeros casos que el SAT investigó sobre el contrabando de combustibles por mar.
La jefa del SAT contó que armó una estrategia legal con un equipo de abogados para elaborar una denuncia penal que no tuviera deficiencias, pero el problema fue que Peregrina Vasconcelos era el responsable de ese grupo en su calidad de administrador central de Asuntos Penales y Especiales y lo que hizo fue presentar a la Fiscalía General de la República una denuncia penal completamente diferente a la que se había elaborado de manera colegiada.
En referencia a Peregrina, Buenrostro explicó que ese abogado entregó a la Fiscalía informes por escrito llenos de mentiras, que no correspondían a la denuncia que se había trabajado en el grupo de abogados del SAT, con el propósito de que fuera desestimada.
Cuando fue cesado del SAT Peregrina Vasconcelos, la jefa Buenrostro ordenó revisar los expedientes que el abogado había armado de otros casos por diversos delitos, y encontraron que no solamente había manipulado la denuncia por contrabando de combustibles, “que toda estaba mal”, sino que otras denuncias penales las había integrado premeditadamente con deficiencias para que la Fiscalía las rechazara o las declarara improcedentes.
Por tal motivo, dijo la jefa del SAT, al abogado tiene varios procesos penales en su contra iniciados en la FGR por denuncias que el SAT presentó en su contra, y “nada me encantaría más, porque llevaba más de 20 años en el SAT”, que fuera procesado penalmente.
“En algún momento me lo querían promover de magistrado, porque tiene muchas redes muy complejas y muchos lazos, de tal manera que sí hay gente de la actual administración que ha sido despedida del SAT y acusada penalmente. De hecho, esos casos son los que presionamos más para darle seguimiento, porque son de los que tenemos más elementos porque se trata de casos más frescos, y nos consta porque son exfuncionarios que trabajaron en la actual administración”, explicó la funcionaria.
Agregó que “este como otros casos, deben de salir en el tiempo y ritmo de la Fiscalía General de la República, porque ya no depende de nosotros, del SAT. Nosotros ya cumplimos con mandarlos y darles seguimiento, y tratamos de tener reuniones para estar pendientes de lo proceda”.
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