El Congreso quitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la obligación de informar del bloqueo de cuentas a personas físicas y morales lo que, a decir de expertos, pone en indefensión a ciudadanos.
La decisión tomada la semana pasada consuma una reforma impulsada desde 2019 por el entonces titular Santiago Nieto, que permitía bloquear cuentas sin autorización judicial. Ahora, el Congreso delegó en los bancos la obligación de informar a usuarios del congelamiento de cuentas ordenado por la UIF, además de que se eliminó la regla de notificarlo por escrito.
Para Carlos Mendoza, consultor en seguridad, estas modificaciones son peligrosas porque violan el debido proceso y la presunción de inocencia, pues permiten a la autoridad actuar sin contrapesos.
"Y utilizan como ariete al sistema bancario para afectar a las personas y que no tengan como primer frente a la autoridad sino a las instituciones bancarias", sostuvo.
Obligar a los bancos a notificar generará problemas para los ciudadanos que injustamente sean señalados, porque tendrán que agotar los tortuosos mecanismos de reclamo de la banca antes de dirigirse a las autoridades competentes, agregó.
Se podría, incluso, desincentivar la actividad económica y promover la informalidad ante la falta de certeza de quienes hagan uso del sistema bancario.
Patricia Terrazas, especialista en Derecho fiscal y diputada del PAN, coincidió en que el paquete de reformas abre la puerta al uso político de la UIF y que las personas bloqueadas sólo podrán hacer valer sus derechos ante la misma institución, lo que la convierte en juez y parte.
Terrazas afirmó que las modificaciones violentan diversos derechos, entre ellos el establecido en el Artículo 116 de la Constitución, el cual establece que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones sino en virtud de un mandamiento escrito por la autoridad competente.
La legisladora advirtió que estas reformas tampoco garantizan un combate más efectivo a la delincuencia organizada.
La panista informó que su bancada ya analiza presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de las modificaciones.
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