En México, según la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), existen al menos 82 mil 881 carpetas de investigación sobre personas reportadas como desaparecidas y que son víctimas de diversos delitos.
Sin embargo, apenas hay un registro de 35 sentencias condenatorias de primera instancia por los delitos de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares; es decir, el nivel de impunidad en este tipo de delitos alcanza 99%.
En lo que va de 2021, han desaparecido 96 personas. Los estados con mayor número de personas no localizadas son Jalisco, con 11 mil 503; Tamaulipas, con 11 mil 344, y le sigue Estado de México, con 8 mil 777.
El 2019 fue el año en el que se reportaron más desapariciones, con 8 mil 970.
La desaparición es un tipo penal, al igual que otros delitos. Se contempla en la Ley General de Desaparición Forzada.
Anterior a la aparición de esta norma, sólo las autoridades trabajaban en la búsqueda de personas, pero no constituía delito alguno. Gracias a la presión y trabajo de organizaciones civiles y colectivos de familias de desaparecidos, ahora se permite sancionar y castigar la conducta desplegada por una persona.
Aun con la ley de su lado, las familias señalan no tener respuestas sobre el paradero de sus seres queridos, pues las investigaciones presentan poco o nulo avance y no hay detenidos ni reparación del daño.
“Las familias investigamos y buscamos. Les entregamos toda la información sobre nuestros casos y ellos no nos dan respuesta. Tenemos que estar detrás de ellos para que hagan su trabajo”, señalan los miembros del Colectivo Una Nación Buscando T.
En diciembre, la CNB mostró su rechazó a la iniciativa de ley orgánica de la Fiscalía General de la República, presentada en el Senado de la República y que pretende sacar a la fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda.
“[Esa norma] es un retroceder en la impartición de justicia y transparencia en un país con 98% de impunidad de los delitos que se denuncian, ni siquiera de los que suceden.
“No sólo es en tema de búsqueda. En materia de acceso a la justicia hay sólo 35 sentencias a nivel nacional y no todas son de la Fiscalía General.
“Son sentencias entre autoridades federales y locales. Muchos casos de desapariciones tienen que ver con delincuencia organizada, lo que corresponde a la Fiscalía General de la República, pero que se quedan en jurisdicción local, estatal”, comenta Karla Quintana, comisionada de búsqueda nacional.
La postura de la Comisión Nacional de Búsqueda es que la fiscalía no puede aislarse del resto de las instituciones, pues necesita seguir trabajando en coordinación con los miembros del Sistema Nacional de Búsqueda.
“Tenemos una grave crisis en materia de desaparición y la única manera de empezar a dar respuesta a las víctimas es trabajando de manera conjunta y no dividiendo.
“La ley es muy clara en el hecho de que se tiene que compartir información con todas las autoridades que tengan elementos que puedan incidir en la búsqueda. La razón de la fiscalía de no querer compartir información es porque, en muchos casos de los que tenemos conocimiento, hay muy poco o nulo avance en las carpetas de investigación”, expresa Karla Quintana, en entrevista con EL UNIVERSAL.
“Las fiscalías y las procuradurías no han sabido o no han podido dar respuesta a la búsqueda de personas. Tenemos que ver cómo operamos un sistema de manera coordinada, en igualdad de circunstancias con los recursos. Falta empezar a tener una discusión abierta sobre un sistema de justicia más integral “, asegura Quintana.
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