Lejos de la espectacularidad del operativo Agave Azul –que bloqueó cuentas de 1 mil 939 sujetos vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación, incluidos tres ayuntamientos jaliscienses–, en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) la mayor parte del dinero asegurado se ha devuelto a quienes figuran, ante los ojos de la ley, como presuntos sospechosos de haber incurrido en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Y es que la oficina que encabeza el doctor Santiago Nieto Castillo ha desbloqueado cuentas bancarias por 13 mil 691 millones 535 mil 430 pesos, entre enero de 2019 y abril de 2020. En esos 16 meses, también ha descongelado cuentas por 56 millones 201 mil 350 dólares (unos 1 mil 236 millones 429 mil 700 pesos, a un tipo de cambio de 22 pesos por dólar), y por 9 mil 543 euros (238 mil 575 pesos, a un tipo de cambio de 25 pesos por euro).
En total, la UIF ha liberado alrededor de 14 mil 928 millones 203 mil 705 pesos en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, revela el informe Listas de Personas Bloqueadas (enero-abril de 2020), elaborado por el propio órgano dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
En contraste, en el mismo periodo bloqueó 14 mil 602 cuentas por 5 mil 362 millones 821 mil 716 pesos, 50 millones 495 mil 275 dólares (unos 1 mil 110 millones 896 mil 50 pesos) y 3 mil 560 euros (89 mil pesos). Esto es, unos 6 mil 473 millones 806 mil 766 pesos en total, correspondiente a 1 mil 635 personas físicas y morales. De lo anterior se deriva que ha descongelado 2.3 veces más el monto de lo que ha bloqueado.
Su reporte también revela que 2019 ha sido el ejercicio en el que más recursos se han desbloqueado –10 mil 928 millones 613 mil 85 pesos, 6 millones 612 mil 119 dólares y 9 mil 543 euros–, en comparación con los años en que gobernó el priísta Enrique Peña Nieto.
Y es que de acuerdo con el documento oficial, las aún “cifras preliminares” apuntan que en 2014 descongeló cuentas por 340 millones 527 mil 120 pesos y 4 millones 919 mil 293 dólares; en 2015, por 267 millones 706 mil 599 pesos y 808 mil 644 dólares; en 2016, por 1 mil 118 millones 292 mil 768 pesos y por 20 millones 637 mil 122 dólares; en 2017, por 890 millones 15 mil 65 pesos y por 1 millón 705 mil 983 dólares y 2 mil 660 euros; y en 2018, por 45 millones 890 mil 256 pesos y 7 mil 49 dólares.
La Unidad de Inteligencia Financiera apunta que son tres los mecanismos de desbloqueo que se aplican: garantía de audiencia desahogada ante la propia UIF; resolución judicial de jueces de amparo en las que se conceda la suspensión –provisional o definitiva– del bloqueo, y el amparo y protección de la justicia federal.
Establecida en el artículo 14 constitucional, la garantía de audiencia es el “derecho que tiene toda persona para ejercer su defensa y ser oída, con las debidas oportunidades y dentro de un plazo razonable, por la autoridad competente previo al reconocimiento o restricción de sus derechos y obligaciones”, refiere la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Entre enero y abril de este año, la mayoría del dinero que desbloqueó la Unidad fue precisamente gracias a la garantía de audiencia: 2 mil 742 millones 119 mil 840 pesos y 49 millones 284 mil 775 dólares; mientras que por medio de amparos fueron 14 millones 469 mil 392 pesos y 4 mil 120 dólares; y por suspensión, 6 millones 333 mil 112 pesos y 300 mil 334 dólares.
Respecto de 2019, el informe correspondiente a ese año (con cifras preliminares) indica que el mecanismo que más se aplicó para descongelar cuentas fue la suspensión: 10 mil 279 millones 483 mil 37 pesos, 3 millones 687 mil 250 dólares y 2 mil 937 euros. Mientras que por garantía fueron 189 millones 262 mil 920 pesos y 292 mil 887 dólares; y por amparo, 38 millones 137 mil 849 pesos, 705 mil 308 dólares y 6 mil 606 euros.
No obstante estos resultados, entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de abril de 2020, la UIF logró interponer 201 denuncias penales que implicaron a 1 mil 294 personas físicas y morales.
Según los datos oficiales, de éstas, 164 denuncias –contra 932 sujetos– corresponden a 2019: por delito fiscal, 53 –327 sujetos–; corrupción, 45 –317 sujetos–; delitos contra la salud y delincuencia organizada, 13 –139 sujetos–; robo de hidrocarburos, 19 –55 sujetos–; tráfico de personas, 19 –37 sujetos–; fraude, 10 –26 sujetos–; trata de personas, tres –22 sujetos–; delito electoral, dos –nueve sujetos.
Respecto del primer cuatrimestre de 2020, son 37 denuncias que involucran a 362 personas físicas y morales. Por delito fiscal, 15 –113 sujetos–; corrupción, 14 –198 sujetos–; extorsión, dos –18 sujetos–; fraude, dos –ocho sujetos–; narcotráfico, dos –15 sujetos–; fraude y extorsión, una –nueve sujetos; y delincuencia organizada, una que involucró un sujeto.
Los casos
En febrero de 2019, el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito ordenó a la Unidad descongelar las 32 cuentas bancarias del Grupo Hidrosina y sus dueños, los hermanos Karam Kassab (William, Paul y Jorge Gabriel), entonces investigados por su presunta participación en la venta de combustible robado a Petróleos Mexicanos. Este era uno de los primeros reveses más sonados para Inteligencia Financiera, considerando que los hermanos Karam también hicieron negocios en otros tiempos con Raúl Salinas de Gortari.
A éste se fueron sumando las decenas de casos que han hecho posible que la UIF haya desbloqueado casi 15 mil millones de pesos en los 16 meses que el doctor Nieto ha estado al frente. Tal vez a esto se deba el malestar del fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero con el titular de la UIF.
Otros han sido los ocurridos a mediados de este mes de junio. Por ejemplo, la suspensión provisional que concedió el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la Ciudad de México en relación con bloqueos de cuentas bancarias ordenados por la UIF, con lo cual fueron desbloqueadas 28 cuentas bancarias relacionadas al caso de la Cooperativa Cruz Azul.
Éstas habían sido congeladas el 28 de mayo, y no sólo afectaban a esa empresa, sino también a otras nueve personas morales, al propio presidente Guillermo Álvarez Cuevas, y a otras dos personas físicas.
O la decisión del pasado 16 de junio que tomó la propia Unidad de Inteligencia Financiera para desbloquear las cuentas de los municipios Autlán de Navarro, El Grullo e Ixtlahuacán de los Membrillos (Jalisco), que se habían congelado como parte de la investigación de Estados Unidos sobre el Cártel Jalisco Nueva Generación. La decisión se dio para que los tres ayuntamientos continuaran funcionando y se les pudiera pagar los sueldos a los trabajadores. Otro caso similar fue el de las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y, así, decenas más.
Fuente.-(Imagen S.Nieto/twitter)
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